(Artículo)
Por Araceli Damián
Desde que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval)
publicó su método de medición multidimensional, en 2009, fue evidente
que los criterios adoptados para medir la pobreza por parte de los
consejeros y el director general reflejaban, por un lado, su falta de autonomía frente al gobierno federal
y, por otro, su desprecio por la población, al suponer que a las
familias en México les basta contar con medios precarios de subsistencia
para tener “cubiertos” sus derechos sociales.
Es tal el daño que han provocado en materia de percepción sobre esta
problemática en el país, que hasta la Comisión Nacional de Derechos
Humanos toma como válidos los datos oficiales de pobreza
multidimensional (1), cuando la mayoría de los umbrales de
insatisfacción son violatorios a los derechos humanos.
Es fundamental iniciar la discusión sobre los umbrales de pobreza
multidimensional del Coneval, porque este organismo ha iniciado un
proceso de revisión de los mismos y temo que sólo habrá modificaciones
cosméticas.
Fiel a la tradición impuesta por el Banco Mundial en materia de medición de la pobreza, el Coneval
utilizó las formas de vida de los más pobres del país para definir las
normas de lo que significa vivir “sin” pobreza en este país, por ejemplo, bajo nivel educativo, acceso parcial a servicios de salud, vivienda hacinada, etc.
Hubo muchos académicos que participaron en las discusiones y los
seminarios organizados por el Coneval para que, supuestamente, ayudaran a
definir las normas. A algunos de ellos se les pagó por realizar sesudos
análisis sobre los umbrales de satisfacción en diversas necesidades
humanas y para definir el ingreso requerido para no ser pobre. Incluso
el Coneval pagó para que una empresa realizara una encuesta para
conocer las percepciones de los adultos en México sobre lo que es
necesario para no ser pobre. Pero, los consejeros tomaron de
aquellos estudios sólo los resultados “convenientes” y desecharon otros
que mostraban la cruda realidad de nuestro país.
La historia de cómo algunos académicos han legitimado las decisiones
tomadas por el gobierno federal en materia de medición de pobreza inició
en el sexenio de Vicente Fox, con la creación del Comité Técnico para
la Medición de la Pobreza.
Ese Comité identificó, con datos de 2000, a casi dos terceras partes
de la población en pobreza, pero guardó silencio cuando el gobierno
federal descalificó, sin argumentos, su medición y tomó como línea de
pobreza (LP) una intermedia del Comité. En su momento Josefina Vázquez
Mota, entonces Secretaria de Desarrollo Social aseguró, con base en
dicha LP, que la pobreza en México ascendía a 53.7%, en lugar de a 65
por ciento de la población del país en 2000.
Algunos miembros de ese Comité son consejeros del Coneval y
participaron en la toma de decisiones para tener una nueva medición de
la pobreza, ahora con un enfoque multidimensional, ya que este fenómeno
se venía midiendo sólo con el ingreso. En 2009, cuando dieron a conocer
la nueva metodología se cuidaron de no dar cifras discrepantes a las del
gobierno federal.
Lo que llamó la atención fue que el nivel de pobreza identificado
resultó ser más bajo al que resultaba con el método anterioridad, a
pesar de que utilizaron más variables para medirla. El Coneval aseguró
que, según el nuevo método, en 2008 sólo 44.2 por ciento de la población
vivía en pobreza multidimensional, cuando con el método anterior,
basado sólo en el ingreso, resultaba 47.4 por ciento de personas en
pobreza en 2008 (2). Así, la “innovación” metodológicas el Coneval borró a 3 millones 400 mil de personas de la contabilidad oficial de la pobreza.
Lo que no pueden ocultar las cifras es que la precariedad ha seguido aumentando en el país.
Además, la distancia entre ambas mediciones de pobreza ha crecido con
el tiempo. En 2014, la pobreza multidimensional fue de 46.2 por ciento,
mientras que la que resulta al aplicar la metodología anterior, basada
exclusivamente en el ingreso, ascendió a 55.1 por ciento de la
población. El número de personas excluidas de la contabilidad
oficial de la pobreza por la adopción del nuevo método y, por tanto, de
cualquier ayuda gubernamental para la reducción de este flagelo casi se
triplicó al llegar a 12.7 millones.
Una particularidad de la metodología multidimensional del Coneval es
que algunas de sus normas de satisfacción corresponden a programas del
gobierno federal, más que a derechos sociales. Así, por ejemplo,
consideran satisfecho el derecho a los servicios de salud, cuando las
personas cuentan con Seguro Popular, lo cual es abiertamente violatorio
al derecho a los servicios de salud, ya que el programa ofrece un
listado limitado de servicios. Si una persona inscrita en el
Seguro Popular se enferma de un padecimiento que está fuera del listado,
tendrá que asumir las consecuencias, entre las que se encuentra la
posibilidad de morir por falta de recursos para pagar
medicamentos, hospitalización y operaciones. ¿Es esta una situación en
la que el Estado mexicano viola un derecho humano básico, al no tener
cubierta a su población en materia de salud?
Los consejeros del Coneval dicen que no, que no hay violación de derechos, sólo se trata de mala suerte.
Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares,
2016, el Coneval consideró que 48.3 millones de personas pertenecientes
al Seguro Popular sí tienen cubierto el derecho a la salud y sólo a
21.3 millones de personas (15.5 por ciento) están privados del acceso a
los servicios de salud; de igual manera, el único detalle es que tienen
que preocupar no enfermarse de algún padecimiento que quede fuera del
cuadro básico, de lo contrario, sólo habrán tenido mala suerte.
Turbadora por no decir patética postura.
1 “Pobres, 40% de adultos mayores, revela la CNDH”
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/24/sociedad/031n3soc
2 Para consultar los datos de ingreso 1992-2016 véase
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de- las-dimensiones- de-pobreza.aspx
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