Fue planeado desde 2015, afirma Grupo de Expertos
A
dos años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos hondureña,
Berta Cáceres, el Ministerio Público de aquél país sigue impidiendo el
acceso a documentos, diligencias y pruebas que acreditan la
participación de cuatro personas más, además de las ocho ya procesadas
por el crimen de Cáceres.
Berta Cáceres, quien era víctima de persecución, intimidación y
criminalización por actores estatales y no estatales debido a su labor
de defensa del pueblo Lenca, era Coordinadora General del Consejo
Indígena hondureño (Copinh). Dedicó su vida a la defensa de los derechos
territoriales y culturales, de los pueblos indígenas, de las mujeres,
los pueblos garífunas y el campesinado. Además, fue reconocida por su
lucha en defensa de los territorios y los bienes naturales con el Premio
Goldman en 2015.
El 2 de marzo de 2016 fue asesinada en su casa en la Ciudad de
Esperanza, y desde entonces sus familiares y compañeros defensores de
Derechos Humanos esperan justicia por su crimen.
El informe presentado en 2017 por el Grupo Asesor Internacional de
Personas (GAIPE) -creado a partir de las demandas de familiares de la
defensora y organizaciones ante la ineficiencia de las investigaciones
realizadas por el MP- confirmó que éste sí ha cometido irregularidades
en el caso de Berta Cáceres al concluir hipótesis sin fundamento como
que se trató de un “crimen pasional”.
En el informe, consultado por Cimacnoticias, el GAIPE afirmó que pese
a las pruebas que ha presentado que acreditan ataques contra
integrantes del Copinh, y de las comunidades indígenas por parte de
empleados de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) quien tiene a
su cargo el proyecto hidroeléctrico contra el que Berta Cáceres luchaba,
éstas no han sido investigadas como un móvil del asesinato.
El GAIPE documentó que la empresa DESA, estableció estrategias como
campañas de desprestigio, infiltración, amenazas, seguimiento y sabotaje
al equipo de comunicaciones del Cophin con el fin de controlar y
eliminar cualquier resistencia hacia su proyecto.
Desde el 2009, Berta Cáceres era beneficiaria de medidas cautelares
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin
embargo en el informe se evidenció que la Secretaría de Seguridad de la
entidad sólo protegió al personal de las instalaciones del Proyecto
Agua Zarca y omitió a la lideresa, pese a conocer el riesgo que corría.
Según el GAIPE, de acuerdo con la información recabada el asesinato
de la defensora fue planeado desde 2015 durante las movilizaciones de
las comunidades indígenas y del Copinh que se oponían al Proyecto Agua
Zarca.
El informe “Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en
Mesoamérica 2012-2014”, registró un aumento en las agresiones a mujeres
defensoras de DH, donde Honduras ocupó el tercer lugar con más
defensoras agredidas, después de Guatemala, con un total de 318
agresiones.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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