Acerca de la constitución moral

Carlos Martínez García

La reconstrucción de México tiene que darse en varias áreas. El país padece distintos flagelos que castigan cotidianamente a la ciudadanía. La propuesta más amplia para renovar integralmente a la nación es la de Andrés Manuel López Obrador. Él ha bosquejado lo necesario que es reorientar el modelo político, económico y social, pero también incluir en la reorientación los valores ciudadanos con el fin de construir un entorno más hospitalario para todos.

La propuesta de López Obrador necesariamente debe profundizarla él mismo. Tiene qué definir lo que busca significar cuando dice que necesitamos una constitución moral, y que convocará a distintos sectores y personas para redactarla. ¿Se refiere acaso a la convocatoria de un constituyente moral, como el que originó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que norma derechos y obligaciones ciudadanas y actuar de los órganos del Estado? El concepto constitución tal vez no sea el más acertado para nombrar el acuerdo ético/moral que busca lograr el candidato del partido Morena a la Presidencia de la Repú­blica. Constitución no es un concepto unívoco, y lo ilustra bien el doctor Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el artículo ¿Qué es una constitución? (http://www.miguelcarbonell.com/do cencia/que_es_una_Constitucion.shtml).

En la presente campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador reitera lo que propuso meses antes del proceso electoral de 2012. Entonces convocó a la construcción de una república amorosa y cuáles deberían ser sus fundamentos (http://www.jornada.unam.mx/2011/12 /06/opinion/009a1pol). En su escrito, Andrés Manuel planteó la necesidad de una reconstrucción ética, nacida de convicciones morales abrevadas en muchas fuentes. A varias de éstas se refirió llamándolas reservas morales. La fuente a la que más recurrió en su escrito fue la Cartilla moral, de Alfonso Reyes.

El mayor helenista mexicano dice en su pequeña obra, publicada en 1944, que el ser humano “debe educarse para el bien. Esta educación, y las doctrinas en que ella se inspira constituyen la moral o ética […] Todas las religiones contienen también un cuerpo de preceptos morales, que coinciden en lo esencial. La moral de los pueblos civilizados está toda contenida en el cristianismo […] Podemos figurarnos la moral como una constitución no escrita, cuyos preceptos son de validez universal para todos los pueblos y para todos los hombres. Tales preceptos tienen por objeto asegurar el cumplimiento del bien, encaminando a este fin nuestra conducta”.

Reyes replica lo que varios autores del siglo XIX mexicano intentaron al redactar catecismos cívicos y/o políticos: contribuir a formar ciudadanos virtuosos, que a su vez con su virtuosidad contribuyesen a crear un ambiente social más generoso para todos. Por ejemplo, en 1831 José María Luis Mora publicó Catecismo político de la federación mexicana, en el cual delineó las características que deberían tener las instituciones de la nación cuya independencia cumplía una década. Liberales como Ignacio Manuel Altamirano, Juan A. Mateos, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez (cuyo bicentenario de su natalicio en este año será celebrado con varios actos) y Benito Juárez, consideraron imprescindible transformar el régimen político, pero también las conciencias ciudadanas.

Es importante discutir, razonar, dialogar acerca de los cambios éticos/morales y su papel en la construcción de nuevos y mejores horizontes para el gobierno y los ciudadanos. Es un grave error banalizar el asunto, pero también lo es romantizarlo sin caer en cuenta de que lo moral tiene sus entretelones, y que no son fáciles de abrir. El cambio moral tiene lugar mediante la persuasión, mediante un proceso educativo. No puede ni debe ser resultado de la imposición.

Es clara urgencia de que el país se funde sobre bases firmes, una de ellas es la honestidad personal, comunitaria, social y gubernamental. Si la honestidad ciudadana, y sobre todo de sus gobernantes, resulta de fuertes convicciones morales, el fruto es bueno para todos y todas. Pero cuando el comportamiento honesto no es provocado por voluntad propia, entonces corresponde a las instituciones del Estado hacer valer los marcos legales y las instancias que hagan realidad su cumplimiento por aquellos que buscan, y se organizan, para evadir el acatamiento de normas necesarias para salvaguardar la armonía social. Uno de los pendientes en nuestra transición democrática es la penalización a los altos grados de deshonestidad de las élites políticas. Si la persuasión moral no es suficiente para hacer que se conduzcan honestamente en sus muy bien remunerados puestos gubernamentales, que sean los inescapables efectos de las leyes y su inmediata aplicación los que sirvan de diques a su voracidad. Lo mismo debe ser cierto para ciudadanos que en la cotidianidad vulneran el bienestar de otros ciudadanos.

Un camino ineludible para moralizar la vida pública mexicana pasa por el fortalecimiento del estado de derecho. Es urgente sanear las estructuras gubernamentales, viciadas por el uso faccioso e intereses particulares de camarillas partidistas. La tarea es inmensa y demanda ir más allá del cambio moral que reorienta la vida para ponerla al servicio de los demás