Autor:
Nancy Flores / @Nancy_Contra
El próximo 27 de febrero se conmemoran 40
años de la desaparición forzada de Benjamín Maldonado Santos, estudiante
de medicina, militante popular y empleado de Correos de México.
Ese crimen se cometió en el contexto de la Guerra Sucia, de la cual
son responsables tanto el Estado como el Partido Revolucionario
Institucional, que en aquel momento se encontraba enquistado en el poder
al igual que ahora.
Una desaparición forzada se comete con “el arresto, la detención, el
secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra
de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con
la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de
la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la
protección de la ley”, indica la Convención Internacional para la
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Maldonado Santos fue secuestrado en su lugar de trabajo –la
administración de correos 25, ubicada en Calzada de Tlalpan 705– por
seis agentes de la Brigada Blanca (la desaparecida Dirección Federal de
Seguridad, que fungía como policía política), recuerda la no
gubernamental HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el
Olvido y el Silencio), capítulo México.
De acuerdo con la narración de su hermana Ofelia (La Jornada,
27 de febrero de 2008), “los agentes lo subieron a uno de los dos
automóviles sin placas que traían y regresaron a las pocas horas para
también desaparecer su automóvil”.
Así, 1978 marcaba para la familia Maldonado Santos una herida que
jamás sanará. Herida que causó el Estado, obligado a garantizar la vida y
seguridad de sus ciudadanos.
La carta de Ofelia explica que a partir de la desaparición forzada de
su hermano, la familia comenzó una búsqueda intensa para encontrarlo.
“Tiempo después supimos que estaba en el Campo Militar número uno,
pues la Dirección Federal de Seguridad, conocida como Brigada Blanca, lo
tenía como centro de operaciones y durante su existencia contó siempre
con el consentimiento presidencial de Luis Echeverría que, sabiendo de
todas las infames injusticias de torturas que ahí se cometían, ni él ni
ninguno de los procuradores de la República de aquel tiempo hicieran
caso de las denuncias de nuestra familia, al igual que los presidentes
de la República, y fallaron en todas sus promesas de campaña.”
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México considera que “la desaparición forzada se ha
usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los
ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se
limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su
comunidad y al conjunto de la sociedad”.
Terrorismo de Estado
Infundir el terror en los ciudadanos es característico de los
regímenes autoritarios y funciona para múltiples propósitos, incluido el
de la desmovilización social en tiempos donde se limitan todos los
derechos y se rematan los bienes nacionales.
Por eso el terrorismo de Estado se inflige desde las instituciones y
lo encabeza quien ostenta el máximo cargo público. Y en el caso de
México, éste se ha instaurado desde hace años, décadas. Y de ello se
desprende que los partidos Revolucionario Institucional y Acción
Nacional sean ya expertos en eso.
Durante su paso por la Presidencia de la República, ambos han
cometido atrocidades inenarrables contra la sociedad, a la que se supone
deberían servir.
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura,
allanamientos, detenciones arbitrarias son apenas el inicio de una
interminable lista de crímenes políticos que generan miles y miles de
víctimas, sin que haya justicia. Las peores épocas han sido, sin duda,
la Guerra Sucia –en las décadas de 1960 y 1970– y la mal llamada
“guerra” contra el narcotráfico, que inició Felipe Calderón y de la que
fue comparsa Margarita Zavala.
En la actualidad, el clímax de esa violencia parece no haber llegado
todavía, pues cada vez se profundizan más las graves violaciones a
derechos humanos.
El caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero,
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, es uno de los más
emblemáticos ejemplos. En todo este tiempo, al gobierno no le ha
importado el costo social de este crimen. Con cinismo, el propio
presidente Enrique Peña ha declarado que los normalistas rurales están
muertos, sin que presente prueba de ello.
Para la Oficina del Alto Comisionado, “la desaparición forzada se ha
convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región
concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron
principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden
perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno,
especialmente como método de represión política de los oponentes”.
A la fecha, oficialmente se reconoce que hay más de 30 mil personas
desaparecidas en México. El problema es que no existe una metodología
para determinar cuántas de ésas son víctimas del crimen de lesa
humanidad.
No obstante, por doquier se conocen casos de este tipo. Veracruz, Tamaulipas y Guerrero siguen siendo focos rojos, pues ahí se cometen con mayor frecuencia desapariciones forzadas.
Y al ser un tema estructural que involucra a la más alta esfera del
poder público –al punto de convertirse en una política pública de
facto–, su gravedad va más allá del hecho mismo: incluye todos los
elementos de protección que se extienden a favor los perpetradores
materiales e intelectuales.
Sólo así podemos entender los niveles de impunidad que se viven en
este país. Ni el caso de Maldonado ni el de los 43 normalistas, y mucho
menos el del resto de las víctimas, serán resueltos por los propios
criminales en el poder. La voluntad política que se requiere para ello
necesariamente debe venir de un gobierno democrático, que aún no
tenemos.
Y aunque en nuestro círculo cercano no hayamos sufrido un dolor tan
grande como el de una desaparición, demandar justicia por las víctimas
es lo mínimo que podemos hacer. Para estos crímenes de Estado, ni perdón
ni olvido.
Nancy Flores
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario