Antonio Gershenson
Tenemos que recordar una experiencia anterior, la del llamado
macropréstamo a principios de 1995. El gobierno de Carlos Salinas de
Gortari logró heredar sus deudas al siguiente, el de Ernesto Zedillo.
Éste firmó un, digamos, macropréstamo. El gobierno estaba
superendrogado y los prestadores fijaron tremendas condiciones, que
fueron aceptadas.
En unos casos, se seguía con la privatización, y en otros se
iniciab, de ferrocarriles, comunicaciones vía satélite, plantas de
energía eléctrica, sistema bancario, puertos, aeropuertos y plantas
petroquímicas.
En este contexto, las autoridades se comprometen a llevar a cabo operaciones de privatización y concesión que se estima generarán alrededor de 6 mil millones de dólares en 1995 y de 6 a 8 mil millones de dólares en los dos años siguientes.
En pocas palabras, se pagaba la deuda con bienes de la nación, incluso estratégicos.
Yo era asesor de la que sería la Comisión de Energéticos de la
Cámara de Diputados, con lo que no sólo me enteré del proceso de las
petroquímicas, sino que participé en él. Y fue una sucesión de fracasos
de los intentos de privatización de plantas.
El gobierno de Zedillo, al fracasar esta última privatización, quiso
hacerlo con el sector eléctrico. Propuso al Congreso la privatización
de las plantas eléctricas de la nación, cambiando los artículos 27 y 28
de la Constitución. Se enviaron al Senado en febrero de 1999. Poco
menos de año y medio antes de las elecciones presidenciales.
Hubo una enorme resistencia. Se movilizó el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME). También varias secciones, que volvieron a ser
democráticas, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana (Suterm) y varios otros sectores.
Para
Zedillo se acercaba peligrosamente la fecha de las elecciones. Todavía
no se sabía que el Partido Revolucionario Institucional perdería por
primera vez las elecciones, pero había un temor al respecto. Unos tres
meses antes de las elecciones, el Senado rechazó el proyecto
privatizador de la electricidad.
Fue la segunda vez que se frenaba el intento de privatizar la
energía. El anterior, iniciado por las entregas petroleras de Miguel
Alemán, fue derrotado totalmente en 1960 al reformarse el artículo 27
de la Constitución, prohibiendo el contratismo y en general la
participación privada en el petróleo, y además nacionalizando la
industria eléctrica.
El actual gobierno, con su tremendo endeudamiento en sólo dos de los
seis años, puede enfrentar un problema similar al de Zedillo.
Podría lograr, como hizo Salinas de Gortari, echarle la bronca a su
sucesor. Pero, insistimos, van sólo dos de los seis años. Y si lo tiene
que enfrentar, tiene un gran problema frente al mencionado caso
anterior: todo lo que entonces pidieron los prestadores ya se les
concedió, unos entonces, otros después y otros en el régimen actual.
Entonces, ¿qué podrían exigir los prestadores al que solicita el
megapréstamo? A estas alturas ya prácticamente todo eso está ya
entregado o en proceso de entrega.
No se ve fácil que copien, con otro u otros estados, a Santa Ana con
la venta de Texas. Aunque teóricamente podrían intentarlo, está por
verse si la gente se deja.
¿Qué más se puede ofrecer? ¿Una aún mayor entrega económica? ¿De
dónde? ¿De dónde puede el gobierno sacar tantísimo dinero, si ya lo
entregó o comprometió todo?
Tratará de exprimir en todo lo posible a la población, acaba de
haber un mayor aumento al precio de la gasolina y del gas, pero eso no
alcanza.
Vale la pena revisar lo que ya sucedió y los problemas que se presentaron. Ahora debemos agregar los asesinatos colectivos y
desapariciones, el desprestigio nacional e internacional por la reforma energética, que ya hemos mencionado, y demás.
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