Tras celebrar audiencias y reuniones temáticas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó que las mujeres de América Latina y el Caribe son una población sumamente afectada por la inseguridad y exclusión estructural, a lo que se suma la falta de acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva.
La CIDH emitió su informe sobre su 153 Periodo Ordinario de Sesiones, realizado en Washington del 23 de octubre al 7 de noviembre de 2014, en el que señaló que durante la revisión de peticiones de casos y medidas cautelares, así como en las 53 audiencias públicas y 31 reuniones de trabajo, “la Comisión recibió con preocupación información sobre la situación de exclusión estructural en la que viven millones de personas en la región, lo cual genera graves violaciones a los Derechos Humanos (DH)”.
En su informe, el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que en varios países persiste el “trabajo esclavo” y la explotación laboral, la discriminación racial es todavía un problema extendido, y se evidenció la preocupación por los elevados índices de violencia y el impacto desproporcionado que ésta tiene en las y los adolescentes y jóvenes de grupos sociales tradicionalmente excluidos.
La CIDH destacó que las mujeres son una población particularmente excluida que también se ve afectada por las barreras para acceder a la educación y a servicios de salud sexual y reproductiva.
Durante una sesión con la relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres, Rashida Manjoo, y la presidenta de la CIDH y relatora sobre los Derechos de las Mujeres, Tracy Robinson, se discutió el “vacío normativo” sobre la violencia de género en el sistema internacional de DH, y se debatió sobre los potenciales beneficios y riesgos de la adopción de un tratado internacional sobre la violencia contra las mujeres.
CASO MÉXICO
México celebró cinco audiencias ante la CIDH, en las que el Estado presumió sus presuntos avances en la legislación, pero grupos civiles denunciaron las reiteradas violaciones a las garantías humanitarias que enfrenta la población, lo que tuvo eco en las y los comisionados.
Por ejemplo, en la audiencia “Programa Nacional de Derechos Humanos de México”, la CIDH lamentó la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, y manifestó su interés por conocer las medidas que tomará el Estado para dar respuesta a estos graves hechos, en particular, la relativa a la implementación de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.
Asimismo, la CIDH se refirió al desafío que enfrenta México a fin de lograr una coherencia entre la buena voluntad de las autoridades federales y las actuaciones de los gobiernos estatales y municipales.
Mientras que en otra de las audiencias, la CIDH “subrayó la necesidad de generar un cambio real en la cultura institucional de las autoridades encargadas de aplicar la ley, y también consideró que graves violaciones a DH no son una realidad que se limita únicamente a las entidades federativas donde éstas se producen, sino que el gobierno federal tiene el deber de desarrollar los mecanismo pertinentes para ejercer una función más concreta de supervisión y control de lo que en estos casos ocurre en las entidades federativas”.
La CIDH recibió con preocupación los reportes sobre la supuesta tendencia de las autoridades mexicanas a restringir la libertad de expresión y la protesta social desde 2012.
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