Las mujeres se enfrentan a sistemas autoritarios, violencia y exclusión, en medios de comunicación Escrito por Cirenia Celestino Ortega 13 marzo, 2025

 

Foto: Cirenia Celestino Ortega.- Enviada especial

Nueva York.- Durante el cuarto día del 69 período de sesiones de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), mujeres expertas en medios de comunicación alertaron sobre el arribo de grupos conservadores y autoritarios a los gobiernos de algunos países y señalaron que los impactos de esta situación, trascienden en las agendas informativas de los medios de comunicación.

Esta discusión fue sostenida en uno de los paneles paralelos: “Mujeres y medios, transformando narrativas para la igualdad de género” convocado por la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), la Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLC) y la Red de Mujeres Periodistas y Escritoras de Naciones Unidas en el marco de la 69 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW69) que se lleva a cabo en Naciones Unidas.

El panel dedicado a la revisión del Capitán J de la Plataforma de Acción de Beijing, la mujer y los medios de difusión, brindó un panorama mundial del avance de las derechas en el mundo y sus impactos en la agenda de los medios de comunicación.

En el marco del 20 aniversario de la RIPVG, Alicia Oliver, coordinadora de la red destacó el papel de los medios en la construcción del imaginario social en el que los gobiernos se han montado para controlar la narrativa.

“Comparten el dominio de las redes sociales para controlar a un público poco politizado y desinformado.”

La experta criticó el uso de los medios por parte de los gobiernos para instrumentar campañas de desinformación y alertó del arribo de autoritarismos como fue en el pasado, “decimos «no pasarán» como fue el slogan de la guerra civil española, pero en España pasaron y arrasaron, acabaron con políticas de la segunda república y con derechos como el divorcio y el aborto. Estoy nos recuerda que es posible que pasen, así llegó la larga noche de 40 años del franquismo”.

La representante de la RSMLC, Sandra Castañeda, recordó el activo movimiento feminista. Después de 1975 en la Primera Conferencia Internacional de la Mujer en México, en América Latina las feministas se han reunido cada 3 años en la Conferencia de la Mujer Latinoamericana.

“El movimiento feminista latinoamericano es muy político y participativo para lograr avances en la construcción de políticas para las mujeres”.

En el análisis de América Latina, Castañeda también nombró los autoritarismos presentes en la región, “transitamos de la apertura y fortalecimiento de democracias, al regreso de los autoritarismos y la negación de las agendas que construimos con tanta dificultad. Hoy vemos mecanismos debilitados por prácticas que neo nazis basadas en los esquemas de la propaganda que pensamos que no volveríamos a ver”.

La especialista también destacó el uso de las redes sociales como herramientas, frente a ello “el papel de las organizaciones no gubernamentales es avanzar, mantener, resistir, persistir en construir alianzas para fortalecer agendas políticas para vivir en dignidad y levantar la voz para contrarrestar influencias negativas de la región.

Cemre Ulker, representante de la Red de Periodistas y Escritoras de Naciones Unidas analizó los desafíos de los medios digitales y la inteligencia artificial que reproducen los estereotipos de género discriminatorios y la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con la Unesco sobre violencia contra mujeres periodistas, en 2024 las periodistas enfrentaron un gran riesgo expresado en amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias y acoso legal.

Los países más peligrosos para el ejercicio periodístico de las mujeres en 2024 fueron Turquía, Rusia, Venezuela, Estados Unidos, Georgia, Irán, México, Israel, Argentina, Arzervaijan e India.

De acuerdo con el estudio, las mujeres han abandonado algunos países donde las leyes restringen su labor informativa como Azerbaijan, Belarus, Etiopía, Irán, Malasia, Russia, Turquía y Venezuela.

Sandra Chaher, integrante de la organización Comunicar Igualdad de Argentina refirió que los ataques a las periodistas tienen impactos profundos en las sociedades.

“Mas allá del ataque contra periodistas y mujeres públicas en el espacio digital es un socavamiento de las mujeres para retirarnos del espacio público. No solo silencia las voces de mujeres, es el silenciamiento de la agenda de género a través de las voces de las mujeres. Sacarnos del espacio público afecta la toma de decisiones y los debates, es decir, afecta la democracia”.

Chaher coincidió en el avance de las extremas derechas después de los movimientos internacionales de mujeres de gran alcance como lo fue el movimiento MeToo y la Marea Verde

Sumó otros desafíos en la agenda como la ausencia de financiamiento al periodismo feminista, la reducción del rol de editoras de género y la incremento de las campañas de desinfomación y discurso de odio.

Sarah Macharia, coordinadora del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés) enfatizó en las condiciones que enfrentan las periodistas en el ecosistema de los medios como la brecha salarial de género “son las peor pagadas, están en la periferia del mercado de los medios con emprendimientos pequeños para sobrevivir”.

La desigualdad de género en los medios atraviesa la gestión, la propiedad y el empleo. Las mujeres enfrentan discriminación en posibilidad de ascenso y enfrentan techo de cristal.

Créditos: Cirenia Celestino Ortega

Créditos: Cirenia Celestino Ortega

Créditos: Cirenia Celestino Ortega

Mónica Maccise: jugará Conapred papel clave en el combate a la exclusión

Presupuesto de $140 millones, suficiente

Grandes retos, la inserción de los indígenas en programas de salud y seguridad a trabajadoras del hogar, indica la titular del organismo

▲ Mónica Maccise Duayhe es experta en estudios de género.

Mónica Maccise Duayhe asume la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) convencida de que este órgano jugará un papel preponderante en esta administración, que ha puesto en el centro el combate a la exclusión.

Entre los desafíos que se encaran, menciona la inserción de los indígenas en programas de salud, el otorgar seguridad completa a la trabajadoras del hogar y que las instituciones, en su práctica, no limiten los derechos.

Expuso que su proyecto está alineado con el Plan Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, que calificó de revolucionario, ya que garantiza la inclusión de los grupos históricamente discriminados. Afirmó que el presupuesto de 140 millones de pesos para el Conapred y la estructura que tiene son suficientes para avanzar en el combate a la discriminación.

Maccise Duayhe es maestra en sociología política por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Además, cuenta con una especialidad en sociosicoanálisis y es experta en estudios de género y no discriminación.

Antes de ser designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular del Conapred, el 19 de noviembre pasado –después de que terminara la gestión de su antecesora, Alexandra Haas Paciuc–, se desempeñó como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.

–¿Cómo logrará que el Conapred figure?

–En este momento histórico le irá muy bien al Conapred, ya que el Presidente ha puesto la erradicación de la desigualdad en el centro y ésta es precisamente una de nuestras estrategias. En esta materia el Conapred tiene muchos insumos y herramientas. La no discriminación es una vía para lograr la meta de la igualdad.

–¿El presupuesto y la estructura del consejo son suficientes?

–Nosotros estamos de acuerdo con la política de austeridad del Presidente. Creemos que para atender a la población que está en desventaja se requieren recursos y para tenerlos hay que recortar ciertas estructuras. El Conapred, ciertamente, es una institución pequeña pero con gente muy comprometida, con muchas ganas de trabajar y bien organizada internamente.

–¿Dónde enfocará su trabajo?

–En cinco temáticas que se contemplan en el Plan Nacional para la Igualdad y la No Discriminación: salud, educación, trabajo, seguridad social y acceso a la justicia. Estos cinco ejes son los pivotes para el cambio. Están interrelacionados: si tienes mejor educación podrás conseguir un mejor empleo, si tienes mejor salud y seguridad social, también. Éste te da autonomía económica, te abre opciones.

–Es muy visible la discriminación a los migrantes, ¿cómo combatirla?

–Hay muchos prejuicios hacia esa población y hay muchas cosas que se les atribuyen que no son ciertas. Hay que ir desmitificando. Por ejemplo, se asegura que los migrantes tienen más enfermedades que el resto de la población. Eso no es cierto y hay que decir que no lo es.

“En eso consiste la campaña que presentamos la semana pasada: ‘No a la xenofobia’, para ir desmitificando lo que se piensa sobre esta población”, añadió.

Para finalizar la charla y sobre los mensajes de odio que se difunden en redes sociales y medios de comunicación masiva, Maccise Duayhe dijo que para combatirlos el Conapred difunde información sobre los temas que se abordan en ellos y señala cuando los discursos son xenofobicos, sexistas, misóginos, racistas y homofóbicos. Añadió que sólo con la divulgación de datos certeros la sociedad podrá avanzar en contrarrestar las prácticas discriminatorias.

Foto Jesús Villaseca

Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

El mito de la civilización

A propósito de la violencia contra las mujeres, también están el racismo y la exclusión

Carolina Vásquez Araya

Rebelión

Los avances tecnológicos no son la única muestra de avance cuando hablamos de civilización

Si nos detenemos a analizar con los ojos bien abiertos nuestro entorno y más allá, es probable que deseáramos pertenecer a una especie distinta. Una noble, una que se desarrolle en armonía con la tierra, incapaz de hacer lo que los humanos hacemos a diario: matar por placer, sin más razones que el hecho de poder hacerlo; acabar con nuestro entorno natural porque nos convencieron de ser superiores a todo y de detentar el poder para disponer de él a nuestro antojo. Así es como hemos llegado al extremo de carecer de lo más esencial: la sensibilidad y la conciencia.

Nuestro concepto de civilización, esa palabra tan ambigua como engañosa, es algo muy distinto de su significado real, el cual aludía al conjunto de ideas, creencias, artes y costumbres característicos de un conjunto humano determinado. En la realidad, su significado ha variado hacia la capacidad de enriquecimiento de unos a partir de la explotación de otros. En el léxico de la lucha de poderes entre gigantes por la consolidación de sus privilegios, significa la imposición; la capacidad de obtener sin dar a cambio y, por encima de todo, el poder de subyugar a los más débiles después de llevarlos casi a la extinción.

Resulta saludable repasar –como uno de los ejemplos más ilustrativos- la trágica historia del continente africano a partir de las invasiones europeas, la explotación irracional y sanguinaria de sus recursos humanos, minerales y naturales en un afán expansionista cuyo saldo fue la pérdida de identidad de sus habitantes, la esclavitud, las guerras de exterminio, las enfermedades y el hambre. Una estrategia aplicada contra nuestros países latinoamericanos con similares resultados en la imposición de dictaduras, abolición de libertades políticas y la devastación de las riquezas naturales para incrementar el poderío de compañías multinacionales protegidas por los Estados más poderosos del planeta.

Dentro de este escenario, la violencia de género está implícita en la fórmula para anular cualquier intento de cambiar las reglas del juego, evitando que una mitad de la población tenga igual poder que la otra. Las mujeres, tanto por nuestra capacidad reproductiva como por el papel central del segmento femenino en la organización social a partir del núcleo de familia, entramos en un esquema mucho más amplio de dominio y en el cuadro general constituimos un “bien” al cual resultaría riesgoso cederle capacidad de decisión en los campos económico, social y político.

Este esquema de poderes se ha perpetuado a lo largo de generaciones. Los importantes avances en la lucha feminista son pálidos comparados con lo que falta por conquistar. El voto femenino, por ejemplo, un derecho negado por generaciones, representó siempre una amenaza contra el patriarcado, como también lo fue el derecho al trabajo y a la salud reproductiva. En países como los nuestros, con sus centros de poder atado a las normas de la iglesia y a los estereotipos sexistas de la época colonial, los derechos de la mujer continúan bajo un absurdo y criminal embargo político, pero no solo eso las afecta. También su destino como un “producto” para el contrabando a través de poderosas redes de trata, trabajo forzado, esclavitud.

La idea de una civilización como fuente de riqueza moral, ética, intelectual y científica ha sido sustituida por un esquema basado en la riqueza material concentrada en una esfera de poder carente de visión humanitaria y de valores. Volver a plantear su significado a la luz de un humanismo real es otra de esas locas utopías y en ella las mujeres jugamos un importante papel.

Blog de la autora: www.carolinavasquezaraya.com

Indígenas de México aún padecen exclusión, dice relatora de la ONU

Sin opción de desarrollo, algunos se ven obligados a unirse al crimen organizado

Falta voluntad política para frenar abusos contra las comunidades autóctonas, apunta Tauli-Corpuz

Victoria Touli-Corpuz, relatora especial de Pueblos Indígenas de la ONU, en la conferencia de prensa de ayer

Los pueblos originarios de México siguen enfrentando graves problemas de exclusión, discriminación y falta de cumplimiento de sus derechos básicos, lo cual obedece tanto a la falta de capacidad suficiente de las instituciones gubernamentales como a la carencia de voluntad política para resolver el problema.

Así lo advirtió la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien destacó que en muchas ocasiones la falta de alternativas de desarrollo en comunidades remotas obliga a los integrantes de los pueblos originarios a unirse al crimen organizado, o ser torturados, desaparecidos o asesinados.

Tras su visita a México, del 8 al 17 de noviembre, la especialista filipina dio una conferencia de prensa, en la cual detalló algunos de sus hallazgos más importante,s luego de recorrer los estados de Chiapas, Guerrero y Chihuahua, donde se reunió con más de 200 representantes de 23 pueblos indígenas, así como con activistas y funcionarios de todos los niveles.

Cumplimiento de recomendaciones

Tauli-Corpuz indicó, en primer lugar, que el objetivo de su visita era examinar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones hechas en 2003 por su antecesor en el cargo, el mexicano Rodolfo Stavenhagen, así como evaluar la forma en que México ha incorporado sus compromisos internacionales con los derechos de los indígenas.

Aunque celebró que México haya tenido un papel protagónico en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la relatora especial lamentó que las comunidades originarias siguen siendo vistas únicamente como sujetos de interés público, pero no como titulares de pleno derecho.

En ese sentido, afirmó que el gobierno mexicano no ha adoptado medidas para garantizar el derecho de los pueblos autóctonos a disfrutar y controlar sus tierras, territorios y recursos naturales ni ha sido capaz de solucionar disputas en esta materia a través de las autoridades agrarias.

Por otra parte, Tauli-Corpuz indicó que los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y la libre autodeterminación están reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, pero el ejercicio de esas garantías lo encierra con candados que hacen difícil su aplicación en la práctica. Pese a ello, saludó que diversas comunidades ya estén desarrollando sus propios modelos de autonomía.

Acerca del desarrollo económico de las comunidades aborígenes, la especialista destacó que, según datos oficiales del gobierno mexicano, 71.9 por ciento de los indígenas mexicanos viven en la pobreza o la extrema pobreza, una proporción mucho más alta que 40.6 por ciento de la población no indígena.

Uno de los aspectos centrales del informe de la relatora fue el de los megaproyectos y la falta de consulta a las poblaciones indígenas donde aquéllos se asientan.

Un ejemplo de ello, dijo, es que hasta 2013 había en México unas 2 mil 600 concesiones mineras, muchas de las cuales están situadas en comunidades originarias que nunca fueron consultadas al respecto ni otorgaron su consentimiento.

Durante mi visita, he escuchado quejas reiteradas sobre proyectos de desarrollo económico que no fueron adecuadamente consultados y han conducido al despojo de tierras, a impactos ambientales, a conflictos sociales y a criminalización de los miembros de las comunidades indígenas que se oponen a ellos, enfatizó.

Impunidad y violencia

Al destacar los altos niveles de impunidad y violencia que sufre la población, en general, y la indígena, en particular, dijo haber tomado nota de numerosos casos de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y desplazamientos forzados en el país. Cuando se le preguntó cuál era la razón de que los derechos de los pueblos indígenas sean violados con tanta frecuencia, Tauli-Corpuz subrayó que hay falta de capacidad institucional para entender el tema, así como de recursos disponibles, pero también creo es falta de voluntad política, para resolver dicho fenómeno.

Foto María Luisa Severiano

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 18 de noviembre de 2017, p. 3

Criminalización del aborto: exclusión, persecución y cárcel para salvadoreñas

Revela informe de OSC

El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas en el mundo. El 20 de abril de 1998, entró en vigor un nuevo Código Penal en El Salvador, que eliminó las causas en las que el aborto se encontraba despenalizado hasta ese momento: en caso de riesgo para la vida de la mujer; en casos de violación o estupro; y en caso de graves malformaciones en el feto.

Además, en enero de 1999, se reformó el Artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, en el que se estableció el reconocimiento de la persona humana desde el momento de la concepción. Este cambio hacia una legislación más restrictiva va en contra de la tendencia global de liberalización que se ha dado desde 1994, año en que se celebró la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y a partir de la cual más de veinticinco países en el mundo han liberalizado sus leyes sobre aborto.

El Salvador, junto con unos pocos países como Polonia y Nicaragua, restringió las condiciones en las cuales el aborto está permitido. A pesar de la legislación restrictiva de El Salvador, se calcula que para el periodo entre 1995 y 2000, hubo un total de 246 mil 275 abortos con una incidencia del 11.1 por ciento en la mortalidad materna. De acuerdo con datos de la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud, entre enero de 2005 y diciembre de 2008, se registraron en el país 19 mil 290 abortos, de los cuales el 27.6 por ciento ocurrieron en adolescentes.

En febrero de 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, reiteró que la prohibición absoluta del aborto pone en riesgo a las mujeres y jóvenes, pues ante la necesidad de interrumpir el embarazo, muchas acuden a abortos clandestinos Estos datos sobre aborto son estimaciones, pues dada la ilegalidad de la práctica, no es posible tener datos confiables.

VULNERACIÓN ABSOLUTA

La situación en El Salvador es una manifestación clara de cómo la criminalización absoluta del aborto viola las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta criminalización absoluta vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la autonomía de las mujeres. Igualmente, la aplicación de esta normativa genera violaciones a los derechos al debido proceso, a la privacidad, a estar libre de violencia, y de trato cruel e inhumano.

El informe “Excluidas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador”, publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico,  documenta y denuncia las consecuencias de la penalización total del aborto en el país, desde una perspectiva de derechos humanos desde dos ángulos.

Primero, el análisis da voz a cinco mujeres que fueron procesadas injustamente por los delitos de aborto u homicidio agravado por el parentesco, tras sufrir emergencias obstétricas sin haber recibido atención médica. Sus experiencias son evidencia de cómo el Estado salvadoreño traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de sus mujeres mediante el ejercicio de su poder sancionador y las consecuencias que ello genera en el sistema de salud, judicial y penitenciario, con consecuencias tan graves como condenas infundadas de hasta 35 años de cárcel. Igualmente, muestra cómo la criminalización tiene un impacto desproporcionado en las mujeres en situación de más vulnerabilidad, por encontrarse en situación de pobreza, sin acceso a educación, y por ser mujeres jóvenes.

Segundo, el informe aborda la penalización total del aborto desde un estudio cualitativo que revisa los perfiles de las mujeres que han sido procesadas por aborto y delitos conexos entre los años 2000 y 2011. El análisis usa las distintas variables como la edad, la escolaridad, la ocupación y el nivel de ingresos, entre otras, para ilustrar cómo las consecuencias de una legislación tan restrictiva crea patrones de violación a los derechos humanos, que afectan sobre todo a las mujeres en situación de más vulnerabilidad en El Salvador.

El estudio también analiza las condiciones de los procesos judiciales, como el origen de la denuncia, el tipo penal por el que fueron acusadas y luego juzgadas y las resoluciones judiciales dictadas en los procesos. El estudio revela cómo los profesionales de la salud que atienden a las mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros o por emergencias obstétricas que nada tienen que ver con abortos provocados, entienden que tienen la obligación legal de denunciar a las pacientes ante la policía para evitar ser involucrados en un eventual proceso judicial.

Estas denuncias resultan problemáticas, no sólo por la violación al secreto profesional que suponen, sino también porque las mujeres dejan de buscar los servicios de salud que necesitan si no se garantiza la confidencialidad. Esto es particularmente preocupante en los casos de las mujeres que tienen emergencias obstétricas o requieren cuidado post aborto.

LOS PROCESOS JUDICIALES

En el periodo comprendido entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011, la Agrupación Ciudadana para la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador realizó una investigación en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia de El Salvador y analizó los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos. Se identificaron 129 mujeres que fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado. De estas, 49 fueron condenadas: 23 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados. La investigación cuantitativa muestra que las mujeres más afectadas por la criminalización absoluta del aborto son las mujeres jóvenes y de bajo nivel socioeconómico:

– El 68.22 por ciento de las mujeres se encuentran entre los 18 y 25 años.

– De las mujeres procesadas, 6.98 por ciento eran analfabetas, 40.31 por ciento tenían algún tipo de educación primaria, 11.63 por ciento tenían estudios de bachiller y 4.65 por ciento tenían educación superior (estudios técnicos o universitarios).

– El 73.64 por ciento de las mujeres son solteras y sin pareja.

– El 51.16 por ciento de las mujeres no recibían remuneración económica por su trabajo y 31.78 por ciento contaban con empleos de remuneraciones muy bajas.

– El 57.36 por ciento de las denuncias surge de los profesionales de la salud que atienden a las mujeres y el 22.48 por ciento de las denuncias proviene de los familiares y vecinos.

– El 49 por ciento de los casos las denuncias no tienen fundamento y son archivadas.

– En el 46.51 por ciento de los casos el delito se tipifica como homicidio, lo que tiene serias consecuencias frente al respeto del principio de proporcionalidad de la pena, pues se puede condenar a las mujeres con penas de hasta 50 años de prisión.

– En el 43.41 por ciento de los casos se aplica la detención provisional, en donde las mujeres deben ir a la cárcel durante el proceso.

– En el 51.94 por ciento de los casos las mujeres son defendidas por defensores públicos.

Los datos muestran que las 129 mujeres procesadas se encontraban, en su mayoría, en situación de pobreza. Ellas han sido excluidas de la educación, del acceso a servicios esenciales de salud y de condiciones que brinden herramientas para cambiar su posición social. Los determinantes sociales hacen que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad y que no tengan herramientas para enfrentar el poder sancionador del Estado.

*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 

CIMACFoto: Gladis Torres

Por: la Redacción* Cimacnoticias | Madrid, Esp .-

Pobreza y exclusión incrementan riesgo para ser víctima de trata

 OSC se reúnen en Chiapas

La pobreza, violencia y exclusión social generan que haya mujeres y niñas vulnerables a la trata de personas en tanto que la migración y movilidad humana incrementan los riesgos para ser víctimas de ese delito, coincidieron defensores de las mujeres y las personas migrantes.

 

En un encuentro regional realizado la semana pasada en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, las organizaciones civiles aseguraron que los casos de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral son más complejos y desafiantes que los términos que establecen las leyes para prevenir, atender y sancionar este fenómeno de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

 

Convocados por Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos (PCS); la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración; y Formación y Capacitación (Foca), las y los activistas

hicieron un análisis de las actuales normas que regulan la migración y sancionan la trata de personas; cabe decir que en México desde 2012 existe la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

 

Las organizaciones reflexionaron que en el actual contexto centroamericano hay una cosificación de las personas, los cuerpos, los bienes materiales y los territorios, por lo cual advirtieron que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante para brindar atención a las personas en vulnerabilidad.

                                

Además señalaron que México, Guatemala, El Salvador y Honduras, tienen una responsabilidad ineludible, para prevenir, proteger y resarcir a las víctimas, investigar y sancionar este delito, así como tomar acciones para atender la pobreza, los distintos tipos de violencias y otros factores que provocan la trata de personas.

 

En el encuentro donde participaron organizaciones mexicanas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, La 72, el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar y el Instituto para las Mujeres en la Migración también se hizo un pronunciamiento por el respeto a las personas que se asumen como “trabajadoras del sexo”.

 

CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.-  

Musulmanas en la cárcel de sus vestidos

Octavio Rodríguez Araujo

La Jornada 

Hace menos de 20 días se llevó a cabo la última reunión del Foro Social Mundial (FSM), esta vez en Montreal, Canadá. En el foro estuvo presente la Marcha Mundial de las Mujeres con un mensaje de gran actualidad a raíz del debate por lo ocurrido con mujeres islámicas vestidas con chador (que no burka) en las playas del sur de Francia. Una de sus condenas es al patriarcado, sistema milenario de desigualdades, explotación, privilegios, discriminaciones, valores, normas, políticas, por el que la autoridad y el poder recae en los hombres y en lo masculino, basado en la premisa de una supuesta inferioridad natural de las mujeres en tanto que seres humanos, que lleva a una estratificación en la cual ellas ocupan un papel inferior, un sistema que genera violencias (Desde 2007, en su Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad, ya habían afirmado su oposición a que un ser humano pertenezca a otro: las mujeres a los hombres.)

Tiende a asociarse el burka, el chador, el niqab y el hiyab, usados por muchas mujeres, con el islamismo. Pero en no pocos casos dichas vestimentas son preislámicas, siglos antes del nacimiento de Mahoma, como es el caso de los pastunes en lo que hoy es Afganistán y Pakistán. Tampoco puede decirse que siempre y en todos los casos se trate de una imposición de los hombres sobre las mujeres, aunque en general así ha sido, comenzando con los mencionados pastunes, y más cuando fueron asimilados al islamismo extremista. En las dictaduras teocráticas musulmanas, al igual que entre los más extremistas del Islam, es un hecho incontrovertible. En los países incluso monárquicos de población musulmana, pero de gobiernos más o menos liberales (Jordania y Marruecos, por ejemplo), el uso del velo en la cabeza (hiyab) e incluso del burka o del niqab o el chador (que cubren todo el cuerpo y normalmente también el rostro), es opcional. Durante el gobierno de la dinastía Pahlaví en Irán (1941-1979), las mujeres vestían incluso con minifalda y sin nada cubriendo el pelo. Con la república islámica instaurada por Jomeini en 1979, se impuso el vestido que cubre cuerpo y pelo, y en ciertas circunstancias también la cara.

Con los talibanes en Afganistán y Pakistán, que en su mayoría son pastunes-musulmanes, el burka se volvió una prenda obligatoria para las mujeres de las poblaciones bajo su dominio. El burka, para evitar confusiones, es una túnica con una rejilla de la misma tela frente a los ojos. Pero no sólo es un vestido, sino que tiene relación con otras restricciones que van más allá de las intenciones protectoras y tradicionales de los pastunes preislámicos. La periodista Aina Díaz publicó un interesante artículo titulado Burkas y burkinis . 

El dulce triunfo del patriarcado islámico (InfoLibre.es, 20/8/16), en el que señala que “el uso del burka llevaba aparejada la exclusión social de las mujeres afganas. Los talibanes les prohibieron trabajar, ir a la escuela o universidad, tener sanidad, acudir a hospitales, leer, salir a la calle sin ir acompañadas por un hombre de su familia… Las clínicas donde daban a luz tenían prohibido tener insumos médicos para atender a las parturientas. Sin anestesia se realizaban la mayoría de las cesáreas. Las cirujanas a las que dejaban operarlas debían operar con burka. El uso del burka, del niqab o del chador implica una dependencia total de la mujer hacia el hombre. El maltrato físico y síquico es constante. Una disputa se arregla con una paliza. Bajo un burka sobrevive la propiedad de un hombre. Ninguna mujer libre elige vivir así”. (Recomiendo, a propósito y ampliamente, la lectura de la estremecedora novela Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini, editada por Salamandra.) Y ciertamente, las mujeres dominadas por los hombres, convertidas en objetos de su propiedad y vestidas para protegerlas incluso de las miradas de otros, no son libres en ningún sentido, ni siquiera para protestar, y algunas ni siquiera para conservar su clítoris, ya que se les practica la ablación (mutilación genital femenina) para que no tengan placer sexual.

Los llamados burkinis, inventados por una australiana como trajes de baño para las mujeres musulmanas supuestamente ortodoxas, son un ingenioso negocio de su inventora, pero no un símbolo de afirmación religiosa y cultural en el mundo occidental. Es más bien una manera de reproducir en Occidente, sea en las playas de Francia o en las grandes tiendas de Londres, París o Milán, el sometimiento de que son objeto en sus sociedades y familias patriarcales. Cuando Mir-Hossein Mousavi, político iraní reformista, fue candidato a la presidencia de su país en 2009, tuvo muchos seguidores, entre ellos gran cantidad de mujeres que no sólo descubrieron su pelo, sino que se maquillaban, como hacían durante la monarquía de los Pahlaví que, pese a su poca democracia, era laica y secular, como lo consigna también la constitución de Turquía, pese al giro que está dando el actual gobierno hacia el Islam. Wikipedia señala que Turquía prohíbe por ley el uso del hiyab religioso y símbolos teo-políticos en los edificios públicos, escuelas y universidades.

La liberación de las mujeres, musulmanas o no, comienza por sacudirse el dominio de los hombres y la sumisión a las tradiciones creadas por éstos. La vestimenta es una cárcel en que las encierran los hombres de la familia, de la sociedad y del gobierno, y no un símbolo de su afirmación como mujeres ante otras culturas. Prohibirles el uso de sus ropas en las playas o en la calle tampoco es signo de la tolerancia que se supone debe acompañar la democracia tan cacareada en Occidente. Cada mujer debe tener el derecho de vestir como quiera, y no por imposiciones masculinas y de religiones también inventadas por hombres

rodriguezaraujo.unam.mx

Aprovechan mineras exclusión de mujeres para destruir la tierra

   Ven más fácil cooptar a varones; ellas carecen de decisión

Es común observar que en los movimientos opositores a la rapiña de las empresas mineras haya pocas opiniones femeninas, mujeres comuneras, ejidatarias, propietarias de la tierra  o comisariadas, y menos frecuente es que ellas tomen decisiones para combatir la degradación de la tierra y el territorio de las comunidades afectadas. 

Esa falta de voces de las mujeres favorece a las mineras, concluyen Hilda Salazar Ramírez y Maritza Rodríguez Flores, integrantes de la organización civil Mujer y Medio Ambiente, que realizó una investigación sobre los impactos de esta actividad económica en localidades de los estados de Oaxaca, Guerrero e Hidalgo.

Así surgió el libro “Miradas en el territorio. Cómo mujeres y hombres enfrentan la minería”, editado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung, y en el que se deja en claro que el hecho de que estas luchas sociales no consideren las opiniones de las mujeres, hace más fácil que las empresas convenzan a los varones de vender o rentar sus tierras, o simplemente que los despojen de los bienes comunales.  

Al estudiar la escasez o contaminación del agua en comunidades del territorio mexicano, Mujer y Medio Ambiente –agrupación que se especializa en temas ecológicos desde una visión de género– detectó que en tales problemas muchas veces había mineras involucradas. De ahí nació la idea de analizar a la industria extractiva y sus impactos en las mujeres.

Al presentar el libro en esta localidad oaxaqueña, las autoras dijeron que los lugares donde permea una comunidad patriarcal hay pocas propietarias de la tierra.

Las escasas mujeres con títulos de propiedad son adultas mayores, quienes obtuvieron sus derechos por viudez, por lo que no tienen capacidad de decisión cuando las empresas entran a los pueblos a negociar la instalación de sus proyectos mineros.

Esa fue la realidad que las investigadoras encontraron en las tres localidades revisadas: la primera fue Carrizalillo, en Guerrero, comunidad donde opera la empresa canadiense “Gold Corp”, que desde 2005 explota la tierra para la extracción de oro con químicos venenosos como el cianuro.

En Hidalgo se estudió la región de Molango, considerada el principal yacimiento de manganeso a nivel nacional (químico utilizado para fabricar pilas, fertilizantes, fármacos y cerámica), y el segundo en América Latina. Desde 1960 ahí opera la compañía mexicana “Minera Autlán”.

En Oaxaca la organización se centró en Capulálpam de Méndez, lugar donde desde los años 30 la compañía “Minera de la Natividad y Anexas” extrajo oro y plata.

También es un pueblo emblemático porque en 2007 paró actividades gracias a la movilización de la población que se inconformó porque la empresa pretendía un proyecto de minería a cielo abierto. 

Para Hilda Salazar y Maritza Rodríguez, el caso de Carrizalillo es un ejemplo de los estragos ambientales, en salud y en la vida comunitaria, además de problemas asociados con el crimen organizado.

Mientras que Molango es una región donde los impactos de la minería son menos visibles, y Capulálpam se considera un caso exitoso de resistencia civil, pues la población logró en 2007 que la mina de oro y plata se cerrara.

Pero en las tres regiones no hay presencia importante de mujeres en las luchas de resistencia, a pesar de que ellas viven las consecuencias directas de la minería: enfermedades, irritación en la piel y ojos, escasez de alimento agrícola, pobreza, y falta de educación y servicios básicos.

Aunque las mineras argumentan que llevan “riqueza” al generar empleo, en realidad el estudio indica que las comunidades pasan de ser agriculturas a obreras, y las empresas invierten poco en la infraestructura del lugar, además de que devastan el medio ambiente y trastocan las relaciones sociales.

En este contexto, dejar de lado a las mujeres hace más fácil el triunfo de las estrategias empresariales para dividir a las comunidades al hacer distintas ofertas a cada poblador, ofrecer empleos, fomentar “la fiebre de oro popular”, es decir contagiar a la gente con la idea de que podrá ser rica, o prometer “buenas” sumas de dinero por la compra o renta de la tierra.

“Y las mujeres totalmente ausentes. Nos dábamos cuenta que un sistema así, dominado sólo por los hombres le conviene a la minería. Primero, porque deja fuera a la mitad de la población; segundo, porque las mujeres tienen una mirada diferente en términos de la importancia que tienen los recursos económicos y naturales para la vida cotidiana”, explicó Salazar Ramírez.

Agregó: “Entrevistábamos a las mujeres y nos decían: ‘preferíamos seguir con nuestros trabajos, pobres pero contentos, nunca hubiera entrado la minería’. También lo escuchas de los hombres, pero es menos contundente porque como proveedores ellos tienen la necesidad del ingreso, y las mujeres tienen una perspectiva más amplia, de la vida, de las y los hijos, del futuro y de los recursos naturales”.

Para analizar toda esa situación, los pasados días 27 y 28 de octubre en Capulálpam de Méndez se realizó el encuentro “Género y minería: defendiendo nuestros territorios con igualdad”.
 

CIMACFoto: César Martínez López, enviado

Por: Anayeli García Martínez, enviada

Cimacnoticias | Capulálpam, Oax.- 

Neoliberalismo es igual a explotación y exclusión de las mujeres

   Presentan estudios del impacto de género de política económica

A más de 30 años de haberse implementado en México el modelo económico neoliberal, sus efectos se traducen en la precarización laboral, la sobrecarga de trabajo y la exclusión social de las mujeres, que cada vez más se están convirtiendo en las únicas proveedoras de sus familias.

Así se advierte en al menos cinco investigaciones académicas de diversas universidades que se presentaron hoy durante el XXI Coloquio Internacional de Estudios de Género, al que convocó el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las y los investigadores que participaron en la Mesa 10 de este coloquio –sobre pobreza y precarización– coincidieron en que las prácticas neoliberales, que privilegian a las empresas y desatienden servicios básicos como salud, seguridad y empleo, obligan a las mujeres urbanas y rurales a asumir sobrecargas en tareas de cuidados, y aceptar trabajos precarios y de baja remuneración que les permitan sobrellevar esta doble jornada.

Como ejemplo, Monserrat Olivera, académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, analizó las estrategias de sobrevivencia de cuatro jefas de familia tlaxcaltecas con hijas o hijos con enfermedades como leucemia.

La especialista observó que la falta de servicios médicos y de cuidados gratuitos orilla a estas mujeres a insertarse en empleos con ingresos de apenas 100 pesos diarios y sin ninguna prestación en salud.

“Todas estas situaciones estructurales van generando en ellas una serie de desventajas sociales que se acumulan y las están llevando a una pobreza que es un círculo sin salida, ya que es muy difícil que ellas puedan mejorar sus condiciones de vida, y sólo lo que hacen es ir subsistiendo día a día, pero no es una subsistencia sólo económica, sino también familiar y emocional por las tensiones y porque ellas ven la muerte como una forma de aliviar su situación”, dijo la experta en breve entrevista.

Asimismo, el investigador Luis Alberto Valdivieso, doctorante del Colegio de Michoacán y quien hizo una investigación sobre el uso del tiempo en familias del municipio de Valle de Chalco, Estado de México, y la cual reveló diferentes experiencias de mujeres y hombres que habitan la periferia de las grandes urbes.

El experto explicó que gran parte de la población del Valle de Chalco son personas migrantes que han sido desplazadas del campo, porque éste ha dejado de ser sustentable, pero cuando llegan a vivir a las periferias de las metrópolis no consiguen un empleo formal, y las mujeres se ven obligadas a desarrollar estrategias de subsistencia, como la venta de productos por catálogo o ingresar a la economía informal.

Los varones tampoco acceden a empleos y –según las experiencias de vida que Valdivieso indagó– ellos delegan el papel de proveedoras a las mujeres. La falta de servicios básicos y de un ingreso económico que cubra las necesidades elementales de la familia propicia la violencia intrafamiliar, las adicciones y la falta de un proyecto de vida personal, determinó el investigador.

“Las personas se retiran del mercado laboral cansadas, enfermas, con artritis (…). Desde la década pasada ya no se están creando empleos, sino que inició una restructuración de mercados de diferentes giros que dan trabajo sólo en la construcción y trabajos por cuenta propia. (El neoliberalismo) sacó a los campesinos del campo, los trajo a la ciudad y los convirtió en obreros, pero las personas añoran regresar a su pueblo a sembrar, sin que puedan hacerlo”, precisó Valdivieso.

La investigadora María Lucero Jiménez Guzmán, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y quien fungió como moderadora de la mesa, dijo que estos casos concretos son una prueba de los efectos neoliberales en la vida de las mujeres, quienes –reafirmó– a través de impulsar “desde las bases” estrategias de trabajo colectivo, han buscado sortear el azote de estos efectos.
 

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Gran exclusión: 62 de cada 100 mujeres no tiene seguridad social

  MONEDERO

Especial

Por: Carmen R. Ponce Meléndez*

Según la Unión Europea (UE), la inclusión social es un proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, disfrutando de un nivel de vida y bienestar que se considera normal en la sociedad en la que vivan las personas.

Por el contrario, se entiende por exclusión social la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades. Debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social).

Las mujeres que carecen de seguridad social o no tienen acceso al mercado laboral sufren de exclusión social. Por tanto tienen mucho más posibilidades de caer en condición de pobreza y marginalidad.

Todos estos factores provocan que no exista una participación plena, es decir excluyen socialmente. Este concepto es clave para abordar los temas de pobreza, vulnerabilidad y marginación de la población y muy en especial de las mujeres.

Ambos conceptos –inclusión y exclusión social– son relativamente nuevos, promovidos por la UE y recientemente utilizados en Latinoamérica.

Inclusión social es un concepto relativo donde la exclusión puede ser juzgada solamente comparando las circunstancias de algunas personas (o grupos o comunidades) relativa a otras, en un determinado lugar y en un determinado momento, y como un concepto normativo que pone énfasis en el derecho de las personas de “tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad”.

Por ejemplo, la carencia de seguridad social es socialmente excluyente respecto o en relación al grupo de la población que sí cuenta con seguridad social, y de acuerdo con el Banco Mundial es uno los factores de mayor exclusión.

No sólo excluye, sino que además crea nuevas jerarquías sociales. Sin duda la educación y su no acceso es paradigmático para ejemplificar la importancia de la integración social y evitar la exclusión, mediante políticas públicas.

En esta propuesta de “inclusión social” juegan un papel preponderante la defensa sustantiva de los derechos y las políticas públicas, orientadas a corregir esas exclusiones. Ya sea por género, edad, etnicidad, ubicación, situación o incapacidad económica, educativa o de salud.

Las más beneficiadas con las políticas de inclusión son las mujeres, ya que son las que experimentan un mayor nivel de exclusión.

Estas políticas están orientadas a abordar las ineficiencias institucionales que provocan exclusión, ya sea por agentes que se basan en el poder y en actitudes sociales que se traducen en desventajas basadas en género, ya sean intencionales (discriminación sistemática) o no intencionales, como cuando se ven los desiguales efectos de algunas políticas públicas.

En esa misma medida es escandalosa la enorme proporción de mujeres que no cuentan con seguridad social en el país, un factor determinante de exclusión social. A nivel nacional, 62 de cada 100 mujeres trabajadoras sufren de exclusión.
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Pero al analizar el comportamiento del índice de exclusión femenina en las 32 entidades del país se observa que varios estados tienen un índice mucho más alto que la media nacional. De tal forma que los índices más altos corresponden a las entidades siguientes:

Chiapas (78.9); Guerrero (80.3); Oaxaca (80.9), y Tlaxcala que presenta una exclusión de 75.2 de cada 100 trabajadoras. Es más que evidente la estrecha relación entre pobreza y exclusión social.
En contraparte las entidades que registran los índices de exclusión femenina más bajos son: Baja California, Chihuahua, Baja California Sur, Nuevo León y Aguascalientes.

Resulta obvio que en el país a las mujeres les urgen políticas de “inclusión social” que les permitan incorporarse plenamente a la vida del país, en sus diferentes esferas.

Desde una amplia mirada –la del desarrollo humano–, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la exclusión social va más allá del bienestar material.

El desarrollo humano enfatiza la importancia de la educación, el acceso a servicios sociales (seguridad social); garantías para la libertad política básica, equidad de género, y respeto a los derechos de la ciudadanía.

Desde esta perspectiva la exclusión puede entenderse como la privación de la capacidad que va más allá de la privación de ingresos, si persiste la exclusión social no se pueden alcanzar niveles altos de desarrollo humano. Las políticas para el desarrollo humano e inclusión dependen mucho de la voluntad política.

Sus indicadores enfatizan la pobreza, el empleo y la participación en educación, salud y política. Esferas donde la mujer ha mostrado importantes niveles de exclusión.

Twitter: @ramonaponce

*Economista especializada en temas de género.

Cimacnoticias | México, DF.- 

Mujeres y niñas indígenas, las más excluidas de educación básica

Deserción escolar, reto a vencer en México

En el mundo, las niñas y las mujeres indígenas son aún la población menos beneficiada de las acciones de los gobiernos, para garantizar la educación básica de calidad a todas las personas.

Tal brecha de desigualdad y segregación también ocurre en México, país que se sumó en el año 2000 a la iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denominada Educación para Todos (EPT), un compromiso asumido por 164 líderes mundiales en el Foro Mundial Sobre la Educación, celebrado en Dakar, Senegal.
Hoy se presentó a nivel mundial el informe de seguimiento de “La Educación para Todos 2000-2015: logros y desafíos”, que da cuenta de cuánto han avanzado las naciones en la implementación de la iniciativa que se divide en seis objetivos principales.

Nuria Sáenz, representante en México de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) –organismo responsable de la publicación–, dijo que 55 de los 164 países han alcanzado las metas planteadas para este año.

Uno de los grandes avances es que 52 millones de niñas y jóvenes van a la primaria, lo que representa el 61.9 por ciento de la población que comenzó su formación escolar desde que arrancó la iniciativa.
Sin embargo, 121 millones de niñas, niños y adolescentes estaban fuera de la educación escolar en 2012; un tercio de los países no logró la paridad de género, y la mitad no llegó a la meta de incrementar la matrícula en educación secundaria.

“El talón de Aquiles sigue siendo la brecha de desigualdad y de inequidad”, dijo la especialista en educación al señalar que las y los niños más pobres tienen cuatro veces más posibilidades de estar fuera de la escuela, con respecto a quienes tienen mayores ingresos.
Enfatizó que en las minorías éticas y lingüísticas, las niñas de zonas rurales o en conflicto, quienes presentan alguna discapacidad o tienen VIH, constituyen los grupos más rezagados en acceso a la educación.
El 47 por ciento de los países tuvieron una mejora en la matriculación en preescolar, pero sólo 40 países consideran este nivel escolar como obligatorio.

A nivel primaria, la cobertura universal se ha alcanzado en un 52 por ciento, es decir hay 57 millones de niñas y niños que están fuera de la escuela, 34 millones la abandonan cada año, y 100 millones nunca completarán este grado escolar.
En ese sentido, la representante de UNESCO declaró que “el acceso (a las primarias) se consigue, pero hay que medir mejor los logros educativos”.
En lo que respecta al índice de matriculación en el primer año de secundaria, Sáenz informó que América Latina (AL) y el Caribe tiene un rezago importante, ya que apenas el 13 por ciento de los países de la región ha logrado escolarizar a la totalidad de la población en edad de cursar este ciclo escolar.

La EPT también consideró la reducción en un 50 por ciento del nivel de analfabetismo en la población adulta, objetivo en el que se registra una de las mayores brechas de género existentes, toda vez que de los 781 millones de personas adultas que carecen de habilidades mínimas de alfabetización, dos tercios son mujeres
En AL existen 33 millones de personas que no saben leer y escribir, y el 55 por ciento de ellas son mujeres adultas de zonas rurales.
Con respecto a la meta específica de reducir la disparidad entre los géneros, un tercio de los países no consiguió la paridad en la educación primaria y la mitad no lo logró en la educación secundaria
Agregó que para asegurar la cobertura universal en primaria y secundaria se requieren de 22 billones de dólares anuales (lo que  equivalen a 4.5 días de acciones militares), pero lo que pidió la ONU a las naciones es destinar entre el 15 y 20 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) a ese fin.

CASO MÉXICO
En cuanto al Estado mexicano, el informe señala que el país ha logrado cumplir la mayoría de las metas, ya que logró una tasa de matriculación en preescolar del 80 por ciento, para 2012 se había alcanzado el 98 por ciento de matriculación en primaria, y el 86.4 en secundaria.

La paridad de género se logró a nivel primaria, aunque a nivel secundaria se reporta una mayor matriculación y permanencia de mujeres que de varones.

Aún se debe avanzar en mejorar la calidad de la educación, y uno de los grandes retos de México es construir un sistema educativo desde la interculturalidad, pues existe un insuficiente uso de la lengua indígena en la enseñanza.
Al respecto Carmen López, oficial de educación del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), acotó que si bien las naciones, incluido México, deben alegrarse por sus logros, “tienen que mirar los retos y disparidades que aún enfrentan”.

Señaló que en México aún persisten desafíos tanto en cobertura como en calidad y que los promedios esconden disparidades: “En las zonas rurales e indígenas es en donde se debe afinar la lupa, porque muestran realidades muy distintas a los promedios nacionales”.

Por ejemplo, mientras que en el norte del país se ha disminuido considerablemente la desnutrición, en el sur tres de cada 10 niñas y niños presentan un bajo desarrollo respecto a su edad.

Con respecto a la matrícula en preescolar, hay disparidades entre los estados, por ejemplo, Baja California, Chihuahua, y Quintana Roo no han logrado el 60 por ciento en matriculación.

Las metas de México –dijo– no deberían ser lograr la matricula universal, sino trabajar por eliminar la deserción escolar y mejorar la eficiencia terminal (porcentaje de alumnas y alumnos que terminan un nivel educativo en el término establecido).

Los resultados del informe “La Educación para Todos 2000-2015: logros y desafíos” se presentarán en el Foro Mundial sobre la Educación, que se realizará en mayo próximo en Incheron, Corea del Sur.

Los acuerdos del Foro serán retomados en septiembre de este año cuando se replanteen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Foto: cortesía Tlachinollan

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Para eliminar exclusión, campesinas van por nueva Ley Agraria

Actual legislación solapa despojo de tierras y les niega derechos

A 100 años de que se promulgara la primera Ley Agraria en México, las mujeres campesinas del país siguen padeciendo despojos de sus tierras, discriminación y pobreza.

Este 2015 el Estado mexicano conmemora el centenario de la Ley Agraria, promulgada por Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915 (uno de los primeros logros de la Revolución Mexicana iniciada cinco años antes), para garantizar que la gente del campo tuviera derechos sobre la tierra que trabajaba y evitar que la posesión de la riqueza rural se concentrara en unas cuantas manos.

Cien años después, activistas por los derechos femeninos coinciden en que esa norma no está garantizando a las mujeres rurales garantías sobre la tenencia, uso y usufructo de la tierra, Derechos Humanos (DH) reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Alma Padilla García, integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas –organización civil que el pasado 8 de marzo encabezó en el estado un movimiento de más de 300 mujeres en defensa de la tierra–, dijo a Cimacnoticias que urgen acciones jurídicas para eliminar las múltiples violaciones a DH que enfrentan las mujeres campesinas.

Explicó que tan sólo de 2012 a 2013 la organización en la que participa recibió 100 quejas de mujeres que fueron despojadas de sus tierras, las cuales adquirieron por herencia (es decir que sus padres aceptaron transferírselas porque las trabajaron toda su infancia), o porque las compraron.

Padilla García agregó que la mayoría de los despojos agrarios con cometidos por sus parejas y las autoridades campesinas, quienes creen que las mujeres no tienen conocimientos sobre el campo o que son incapaces de hacerlo productivo.

Además, advirtió la activista, la ola de megaproyectos ecoturísticos que amenazan los territorios naturales de todas las regiones de México y la reforma energética constituyen una forma de “despojo legalizado” que transgrede la vida de las mujeres.

“Se les corre de las comunidades, se les cambia de sus solares o de sus pequeños espacios donde ellas sembraban y cultivaban con sus familias, y al no tener la tenencia de la tierra las mujeres no pueden defenderse de la compra masiva e invasión por parte de las empresas”, detalló.

PROPUESTAS

A nivel histórico las mujeres han sido excluidas de la tierra, ya que se acostumbra heredar la tierra a los varones y se ha negado, generación tras generación, el derecho de las mujeres al uso y usufructo de la tierra.

En 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que 21 por ciento de los más de 14 millones de mujeres rurales en México carecen de condiciones laborales adecuadas, y tres millones viven en pobreza, cifras que duplican la condición en la que viven las mujeres de las ciudades.

Ante ello, las más de 300 mujeres campesinas e indígenas de la zona norte, centro, costa y sur del país que conforman el movimiento en defensa de la tierra alistan una estrategia jurídica con miras a una reforma al artículo 27 constitucional, referente a la propiedad de la tierra y las aguas del territorio nacional.

Según la propuesta, la Carta Magna deberá establecer por escrito el concepto de “cotitularidad” de la tierra entre mujeres y hombres; es decir, que las parcelas y territorios rurales sean considerados propiedad familiar y colectiva, y no propiedad privada, en aras de que las campesinas también puedan participar en cualquier decisión que afecte sus bienes.

Esta modificación constitucional –agregó la activista– debería derivar en una serie de reformas a los seis capítulos de la Ley Agraria en materia de ejidos y comunidades, órganos del ejido, expropiación de bienes ejidales, y otros temas de propiedad y participación.

A decir de Padilla García, la promulgación de la nueva Ley Agraria en 1992 trajo más desventajas que beneficios para la población campesina, ya que impulsó “programas federales de despojo y privatización” (como el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regular), y eliminó el concepto de la propiedad social.

En 1998, el entonces presidente Ernesto Zedillo publicó el Reglamento de la Ley Agraria para Fomentar la Organización y Desarrollo de la Mujer Campesina, que fue anunciado como un esfuerzo para reducir la brecha de género en el campo.

Ese instrumento legislativo reconoce el derecho de las mujeres “del núcleo de población ejidal o comunal” para asociarse a través de cualquier forma que prevea la ley.

Establece en su artículo cuarto la responsabilidad del Ejecutivo federal de promover y coordinar acciones con los gobiernos municipales y estatales, para fomentar las actividades productivas de las mujeres organizadas mediante la canalización de recursos, capacitación y asesoramiento en los procesos de producción.

No obstante, a decir de la activista chiapaneca, estas medidas derivaron en programas “asistencialistas” que lejos de contribuir al desarrollo de las mujeres en el campo, las somete a más actividades y promueve el consumo de productos dañinos para la tierra.

Así, demandó Alma Padilla, los nuevos instrumentos jurídicos deben establecer la participación activa de las campesinas para proponer y opinar sobre políticas públicas referentes al campo.

Asimismo deberán dictar el reconocimiento de las mujeres como ejidatarias, la obligación de las instituciones para fomentar la organización productiva de las mujeres, y la obligación para que las ejidatarias puedan acceder a cargos del comisariado ejidal.

También debe quedar escrito que en las listas de sucesión de las tierra se incluya preferentemente a la pareja femenina y a las hijas e hijos por igual; también se debe establecer un tiempo mínimo para que en los casos en los que las parejas hayan emigrado, los derechos agrarios pasen legalmente a las mujeres, y así puedan participar en las asambleas ejidales, concluyó la activista.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

En la globalización las migrantes son “desechos”

Son marginadas por carecer de “valor comercial”, dice experta

Las crisis provocadas por la globalización en los países en vías de desarrollo están excluyendo a la población más vulnerable –como las migrantes–, para tratarlas como “desechos”, criticaron especialistas.

 

Esta hipótesis se planteó durante el III Seminario Internacional “Los debates sobre la globalización desde una perspectiva de género”, que se realizó ayer en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

En el evento, académicas de la máxima casa de estudios y de otras universidades del mundo coincidieron en que las mujeres enfrentan violencia, exclusión y explotación como efecto de la globalización, que es un conjunto de procesos económicos y sociales que se da en los países más desarrollados, pero que arrastra también a las naciones más pobres.

 

Victoria Ávila García, historiadora de la UNAM y organizadora del seminario, explicó en breve entrevista que si bien cada día las mujeres se incorporan en mayor medida a las universidades y el mercado laboral, la globalización (nuevas formas de producción y de convivencia) las somete a diversos conflictos individuales y colectivos.

 

La globalización está empujando a las mujeres a actuar con individualidad y a participar en los nuevos procesos de producción, sin que se transformen la cultura y “tradiciones patriarcales” que las obligan a mantenerse en el hogar.

 

Estas contradicciones orillan a la población femenina a estar en conflicto con el mundo laboral, familiar y religioso, sin que el Estado mexicano –como ninguno en el plano internacional lo está haciendo–atienda esta crisis, observó la experta.

 

“Hay que reflexionar el entorno que tenemos y podemos ver que no todo es voluntad. Hay muchas rupturas y hay que entenderlas y transformarlas”, dijo Victoria Ávila para criticar que el discurso del gobierno federal llama a la “equidad” sin que el reglamento de las leyes esté elaborado con este enfoque, y sin que jueces y funcionarios lo hagan operable.

 

La académica explicó que una sociedad globalizada es aquella que ha entendido que los procesos económicos están cambiando, y que se tiene que sobrevivir en nuevas condiciones, pero con un atraso cultural muy marcado que impide la completa autonomía en las decisiones de las mujeres pese a su empeño por superarlas.

 

“En las ciudades globalizadas –como lo es la Ciudad de México– las mujeres viven con más angustia, responsabilidad y temor, pero con más decisión para resolverlo en todo momento”, apuntó Ávila.

 

Coincidiendo con el resto de panelistas, la académica declaró que en la lógica globalizante todo lo que no tiene un valor comercial es un “desecho”, lo que margina a la población más vulnerable como históricamente lo han sido las mujeres y la población migrante.

 

En consecuencia, el cuerpo de las mujeres empieza a ser comercializado para fines de explotación sexual o trabajo forzoso, lo que vulnera aún más sus Derechos Humanos.

 

La trata de personas y las condiciones en las que subsiste la población migrante en la frontera sur de México es una muestra de que el Estado ignora la violencia de la que son víctimas, abundó.

 

La historiadora afirmó que los cuidados son otro ejemplo de la crisis que enfrentan las mujeres en ciudades globalizadas, toda vez que las trabajadoras en países desarrollados salen de sus hogares y dejan el cuidado de sus hijos a cargo de otras mujeres que atraviesan la frontera para realizar alguna actividad remunerada, que les permita sobrevivir a ella y su familia, la cual deja en su país de origen a cargo de las adultas mayores o sus hijas menores de edad.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 25/03/2015

CIDH: millones de mujeres viven en exclusión social en AL

Presenta informe sobre 153 Periodo Ordinario de Sesiones

Tras celebrar audiencias y reuniones temáticas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó que las mujeres de América Latina y el Caribe son una población sumamente afectada por la inseguridad y exclusión estructural, a lo que se suma la falta de acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva.


La CIDH emitió su informe sobre su 153 Periodo Ordinario de Sesiones, realizado en Washington del 23 de octubre al 7 de noviembre de 2014, en el que señaló que durante la revisión de peticiones de casos y medidas cautelares, así como en las 53 audiencias públicas y 31 reuniones de trabajo, “la Comisión recibió con preocupación información sobre la situación de exclusión estructural en la que viven millones de personas en la región, lo cual genera graves violaciones a los Derechos Humanos (DH)”.

En su informe, el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que en varios países persiste el “trabajo esclavo” y la explotación laboral, la discriminación racial es todavía un problema extendido, y se evidenció la preocupación por los elevados índices de violencia y el impacto desproporcionado que ésta tiene en las y los adolescentes y jóvenes de grupos sociales tradicionalmente excluidos.

La CIDH destacó que las mujeres son una población particularmente excluida que también se ve afectada por las barreras para acceder a la educación y a servicios de salud sexual y reproductiva.

Durante una sesión con la relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres, Rashida Manjoo, y la presidenta de la CIDH y relatora sobre los Derechos de las Mujeres, Tracy Robinson, se discutió el “vacío normativo” sobre la violencia de género en el sistema internacional de DH, y se debatió sobre los potenciales beneficios y riesgos de la adopción de un tratado internacional sobre la violencia contra las mujeres.

CASO MÉXICO

México celebró cinco audiencias ante la CIDH, en las que el Estado presumió sus presuntos avances en la legislación, pero grupos civiles denunciaron las reiteradas violaciones a las garantías humanitarias que enfrenta la población, lo que tuvo eco en las y los comisionados.

Por ejemplo, en la audiencia “Programa Nacional de Derechos Humanos de México”, la CIDH lamentó la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, y manifestó su interés por conocer las medidas que tomará el Estado para dar respuesta a estos graves hechos, en particular, la relativa a la implementación de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, la CIDH se refirió al desafío que enfrenta México a fin de lograr una coherencia entre la buena voluntad de las autoridades federales y las actuaciones de los gobiernos estatales y municipales.

Mientras que en otra de las audiencias, la CIDH “subrayó la necesidad de generar un cambio real en la cultura institucional de las autoridades encargadas de aplicar la ley, y también consideró que graves violaciones a DH no son una realidad que se limita únicamente a las entidades federativas donde éstas se producen, sino que el gobierno federal tiene el deber de desarrollar los mecanismo pertinentes para ejercer una función más concreta de supervisión y control de lo que en estos casos ocurre en las entidades federativas”.

La CIDH recibió con preocupación los reportes sobre la supuesta tendencia de las autoridades mexicanas a restringir la libertad de expresión y la protesta social desde 2012.