MONEDERO
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Según la Unión Europea (UE), la inclusión social es un proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, disfrutando de un nivel de vida y bienestar que se considera normal en la sociedad en la que vivan las personas.
Por el contrario, se entiende por exclusión social la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades. Debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social).
Las mujeres que carecen de seguridad social o no tienen acceso al mercado laboral sufren de exclusión social. Por tanto tienen mucho más posibilidades de caer en condición de pobreza y marginalidad.
Todos estos factores provocan que no exista una participación plena, es decir excluyen socialmente. Este concepto es clave para abordar los temas de pobreza, vulnerabilidad y marginación de la población y muy en especial de las mujeres.
Ambos conceptos –inclusión y exclusión social– son relativamente nuevos, promovidos por la UE y recientemente utilizados en Latinoamérica.
Inclusión social es un concepto relativo donde la exclusión puede ser juzgada solamente comparando las circunstancias de algunas personas (o grupos o comunidades) relativa a otras, en un determinado lugar y en un determinado momento, y como un concepto normativo que pone énfasis en el derecho de las personas de “tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad”.
Por ejemplo, la carencia de seguridad social es socialmente excluyente respecto o en relación al grupo de la población que sí cuenta con seguridad social, y de acuerdo con el Banco Mundial es uno los factores de mayor exclusión.
No sólo excluye, sino que además crea nuevas jerarquías sociales. Sin duda la educación y su no acceso es paradigmático para ejemplificar la importancia de la integración social y evitar la exclusión, mediante políticas públicas.
En esta propuesta de “inclusión social” juegan un papel preponderante la defensa sustantiva de los derechos y las políticas públicas, orientadas a corregir esas exclusiones. Ya sea por género, edad, etnicidad, ubicación, situación o incapacidad económica, educativa o de salud.
Las más beneficiadas con las políticas de inclusión son las mujeres, ya que son las que experimentan un mayor nivel de exclusión.
Estas políticas están orientadas a abordar las ineficiencias institucionales que provocan exclusión, ya sea por agentes que se basan en el poder y en actitudes sociales que se traducen en desventajas basadas en género, ya sean intencionales (discriminación sistemática) o no intencionales, como cuando se ven los desiguales efectos de algunas políticas públicas.
En esa misma medida es escandalosa la enorme proporción de mujeres que no cuentan con seguridad social en el país, un factor determinante de exclusión social. A nivel nacional, 62 de cada 100 mujeres trabajadoras sufren de exclusión.
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Pero al analizar el comportamiento del índice de exclusión femenina en las 32 entidades del país se observa que varios estados tienen un índice mucho más alto que la media nacional. De tal forma que los índices más altos corresponden a las entidades siguientes:
Chiapas (78.9); Guerrero (80.3); Oaxaca (80.9), y Tlaxcala que presenta una exclusión de 75.2 de cada 100 trabajadoras. Es más que evidente la estrecha relación entre pobreza y exclusión social.
En contraparte las entidades que registran los índices de exclusión femenina más bajos son: Baja California, Chihuahua, Baja California Sur, Nuevo León y Aguascalientes.
Resulta obvio que en el país a las mujeres les urgen políticas de “inclusión social” que les permitan incorporarse plenamente a la vida del país, en sus diferentes esferas.
Desde una amplia mirada –la del desarrollo humano–, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la exclusión social va más allá del bienestar material.
El desarrollo humano enfatiza la importancia de la educación, el acceso a servicios sociales (seguridad social); garantías para la libertad política básica, equidad de género, y respeto a los derechos de la ciudadanía.
Desde esta perspectiva la exclusión puede entenderse como la privación de la capacidad que va más allá de la privación de ingresos, si persiste la exclusión social no se pueden alcanzar niveles altos de desarrollo humano. Las políticas para el desarrollo humano e inclusión dependen mucho de la voluntad política.
Sus indicadores enfatizan la pobreza, el empleo y la participación en educación, salud y política. Esferas donde la mujer ha mostrado importantes niveles de exclusión.
Twitter: @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
Cimacnoticias | México, DF.-
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