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Ya
se sabe que al presidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete les cae
muy gordo que la prensa y las instituciones internacionales critiquen a
México; o mejor que critiquen sus modos de gobernar, en particular
sobre asuntos de impunidad, corrupción y derechos humanos.
Todavía no se enfría el caldero luego del berrinche mexicano por el
informe y lo dicho del relator especial de las Naciones Unidas, Juan
Méndez, de que en México ‘la tortura es generalizada porque –dijo- en
gran parte de las detenciones tanto de policías como de otras instancia
de seguridad se aplica tortura entre 24 y 48 horas antes de poner a
disposición de la autoridad judicial al detenido…’.
Por instrucciones superiores, el canciller mexicano le entró al
quite y digamos, que descalificó al abogado argentino especialista en
la materia, además de calificarlo de falto de ética y de rigor y…
Y todavía no se le pasa la muina al gobierno mexicano porque hace
apenas unas semanas la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH) puso en el banquillo de los acusados al gobierno mexicano por
violaciones a estos derechos en el país, y muy particularmente por el
caso de Ayotzinapa.
Naturalmente las críticas del Parlamento Europeo a estas violaciones
tampoco le fueron agradables a un gobierno mexicano más atento a lo que
se dice afuera que lo que se dice en casa.
Pues nada, que luego de lo dicho por Juan Méndez, representante de
la ONU, ahora es el señor Luis Ernesto Derbez, ex canciller mexicano
durante el gobierno de Vicente Fox, panista archiconocido y ahora
rector de la Universidad de las Américas, quien da a conocer un Índice Global de Impunidad (IGI) 2015 realizado por la Universidad de las Américas-Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
Según esto, con base en datos concretos de indicadores oficiales en
materia de seguridad, justicia y derechos humanos, se practicó este
estudio comparativo a 59 naciones miembros de la ONU. Esto fue así
porque de los 193 países miembros, 134 no reportan información
suficiente ni cuentan con reportes sistemáticos ante Naciones Unidas.
Y según este estudio, México ocupa el segundo lugar en el nivel de
impunidad (75.7 puntos), tan sólo enseguida de Filipinas con 80 puntos.
‘Lo que el señor quiere decir…’ es que el sistema de justicia mexicano
tiene muchas y muy graves deficiencias; falta de jueces y de
ministerios públicos, lo que hace que ante la cauda de casos de
análisis, se procese mal la documentación y, por lo mismo, muchos
delitos quedan sin aplicación de la ley…
El informe quiere demostrar las deficiencias estructurales en la
impartición de justicia y en la sugerida falta de elementos en el
sistema de seguridad pública. Sin embargo, no se dice ahí en qué punto
de impunidad por corrupción, chanchullos y malas mañas se encuentra la
estructura jurídica y de seguridad en la federación, los estados y
municipios de México.
La impunidad en el país tiene un origen aún más directo: La
corrupción. Esto que no se reporta de manera enfática es un hecho que
atestiguan muchos y muchas familias mexicanas que han tenido que callar
porque la justicia no les hizo justicia; y no por falta de elementos
para aplicar la ley, sino por las desviaciones en el camino.
Y junto a esto, sigue la mata dando en materia de derechos humanos.
El lunes 20 de abril, cuando apenas había dicho el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que “México es un país de
igualdad donde se respetan los derechos de todos, en el que las
libertades más fundamentales se garantizan en la ley y en la práctica…
y que los derechos humanos no son negociables y la sociedad debe
ejercerlos y los gobiernos garantizarlos…” (LSR-20-IV-15).
De pronto el mismo día Carlos Beristáin y Francisco Cox, expertos de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, designados para
investigar sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
urgieron a la policía mexicana a inspeccionar dos lugares en donde las
familias creen que habría pistas sobre el caso… Por supuesto, esta
comisión fue creada en marzo pasado a raíz de las exigencias de la CIDH
en Washington para esclarecer este tema dentro del ámbito de los
derechos humanos.
Así que de pronto el gobierno mexicano está expuesto a la crítica
mundial por violación a los derechos humanos, corrupción e impunidad:
Tres milagritos que aún no tienen respuesta en los hechos.
Naturalmente el discurso corre por el lado de que ‘no es tanto’… que
‘todo camina bien’ y que ‘se exagera’. Pero lo cierto es que hoy mismo
los mexicanos miran aterrorizados los excesos de violencia, el crimen
de ciudadanos de una y otra parte y la impunidad para muchos no sólo
por razones estructurales sino por razones morales… A ver hasta cuándo.
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