Existe pues, la necesidad de un rediseño institucional del Distrito Federal.
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En
el actual escenario político frente a las elecciones del 7 de junio,
hay ciertos asuntos que están en espera de ser concretados. Uno de
ellos es la reforma política del Distrito Federal, que por más que se
ha discutido en la Cámara de Diputados y el Senado, no se ha podido
llegar a un consenso.
Sin embargo, recientemente el presidente del Senado, Luis Miguel
Barbosa, anunció que será en los próximos días cuando definan si la
reforma política se aprueba o no durante el actual y último periodo
ordinario de sesiones -que concluye el 30 de abril-, para que la
próxima semana pase a la Cámara de Diputados, y pueda lograrse un
acuerdo.
Este es, sin duda, un tema de interés nacional, pues se abre la
posibilidad de consumar un proceso que quedó inconcluso desde la década
de los noventa, para que la capital del país tenga las mismas
atribuciones que el resto de las entidades federativas.
Entre los cambios al régimen político-administrativo del Distrito
Federal que se buscan está cambiarle el nombre por Ciudad de México
–con todas las facultades que ello implica-, que las delegaciones
tengan órganos colegiados de gobierno, y que cuente con su propia
Constitución. Además se proyectan cambios a más de 30 artículos de la
Carta Magna, siendo el más relevante el 122, ya que concentra toda la
organización de la administración pública de esta metrópoli.
Tengamos en cuenta que este medio jurídico-político busca una mayor
participación ciudadana, que le permita a la población intervenir de
manera más directa en la toma de decisiones, además de que la capital
tenga mayor autonomía en su régimen interior. En la búsqueda de esta
autonomía, también se prevé la integración del Congreso Constituyente
que debe estar orientado a la generación de una Constitución consensada
no sólo por el sector político, sino también por los representantes
sociales, académicos y económicos. Hace unos días el Maestro José Ramón
Amieva, Consejero Jurídico del Distrito Federal, se pronunció a favor
de este Constituyente.
En este punto, una propuesta alterna es la conformación de este
Constituyente a partir de la participación de los 66 legisladores
locales, los 16 Jefes Delegacionales y los órganos descentralizados del
Distrito Federal, con lo que se da una mayor pluralidad y se evita un
mayor gasto público.
Existe pues, la necesidad de un rediseño institucional del Distrito
Federal y de plantear un marco jurídico bien pensado y aterrizado, pues
la reforma no puede ser sólo administrativa, sino que debe suponer una
transformación de la vida política de la ciudad con base en el
principio universal Ubi societas ibi jus (donde hay sociedad,
hay derecho), para seguir siendo el referente de políticas públicas que
otros gobiernos replican en sus estados.
En ese sentido, los derechos que han sido reconocidos en el Distrito
Federal en los últimos años son un punto de partida para la reforma
política y la creación de una Constitución con perspectiva de derechos
humanos. Así lo han pedido Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
quienes analizan la propuesta y sus impactos, para que a través de los
órganos autónomos del Distrito Federal se abra un canal de comunicación
con el Senado de la República y no haya una "regresión" a los derechos
ganados en la capital del país.
Por su parte, los titulares de estos órganos se mantienen atentos a
la proyectada reforma política, toda vez que el proceso otorgaría a la
capital del país, facultades constitucionales en términos de igualdad
con las demás entidades; al mismo tiempo, sostienen la necesidad de
asegurar que la transformación se realice con apego a los derechos
humanos. Y es que la construcción de un diálogo entre los actores
involucrados es necesaria para que coadyuve a que en este proceso
trascendental para la sociedad capitalina, se logre un avance
sustancial para la ciudad y para las personas que la habitan y
transitan por ella.
Si bien es cierto que lo fundamental de esta reforma es que debe
construirse de manera conjunta con los ciudadanos, a fin de que
beneficie a la población y no a grupos de poder o partidos políticos,
se debe prestar atención a la coyuntura nacional, pues, la actual
contienda electoral podría estar ocupando en gran medida la atención de
los actores políticos, dejando en términos un poco rezagados la
necesaria reforma política del Distrito Federal.
Recordemos que las últimas dos reformas político-administrativas
para el Distrito Federal se dieron en 1996 y 1998. La primera permitió
a los capitalinos elegir por vez primera a su Jefe de Gobierno; y la
segunda, les dio la facultad de votar para designar a los Jefes
Delegacionales. Desde entonces, numerosas iniciativas y acuerdos
políticos han sido presentados en el Congreso de la Unión en busca de
la posibilidad de una reforma política completa, aunque hasta el
momento ninguna ha tenido éxito. Esperemos que la actual propuesta no
corra con la misma suerte.
La voluntad existe, sólo hay que esperar a que se materialicen los
acuerdos para el “nacimiento” de la Ciudad de México, pues el tema es
parte del escenario nacional y se discute también en diversos foros y
debates organizados por la sociedad civil y expertos en el tema. En
días próximos, el propio Senado realizará el seminario de discusión “La
reforma política de la Ciudad de México ¿una reforma para los
ciudadanos? Derechos, gobierno y servicio”, donde se analizarán algunos
aspectos de esta reforma y sus implicaciones en materia de derechos,
gobierno y gestión administrativa.
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