Álvaro Delgado
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Entierran a víctimas de enfrentamiento entre autodefensas y militares en Apatzingán. Foto: AP / Rebecca Blackwell |
MEXICO, D.F. (apro).- “Fue una masacre”,
tituló el semanario Proceso el reportaje de su corresponsal en
Michoacán, Francisco Castellanos, quien informó con puntualidad y rigor
sobre el asesinato a balazos de civiles desarmados por parte de agentes
de la Policía Federal, el 6 de enero, en Apatzingán.
Esta matanza, una más en el ya sangriento gobierno de Enrique Peña
Nieto, pronto se diluyó por las urgencias y complicidades del poder,
incluyendo las mediáticas.
Y, pese a las mentiras del comisionado Alfredo Castillo para encubrir
los hechos –acreditados por Paco Castellanos en la edición 1994 del
semanario del pasado 18 de enero–, la impunidad terminó por sepultar
este otro crimen de lesa humanidad.
Pero tras el reportaje de la colega Laura Castellanos,
que amplía detalles de la masacre –y que ha sido difundido de manera
conjunta por este semanario, el sitio de Internet de Carmen Aristegui y
la televisora estadunidense Univisión–, los homicidas de la Policía
Federal, Castillo y sus jefes deben recibir un castigo del tamaño del
crimen.
Castillo, quien apenas el viernes 17 asumió el cargo de director
general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)
–una verdadera bofetada al sector–, debe renunciar de inmediato.
No sólo eso: Debe ser sujeto de una investigación y sometido a
proceso por alterar con sus mentiras el escenario del crimen y
eventualmente por ordenar a los mandos de la Policía Federal asesinar a
balazos a los 16 civiles desarmados, muchos de ellos ejecutados por la
espalda cuando ya estaban sometidos y de rodillas.
Y si no fue Castillo el que impartió la orden a los homicidas de la
Policía Federal, porque por lo visto tenía esa prerrogativa
inconstitucional como virrey en Michoacán, la investigación debe
acreditar si la disposición fue del comisionado de la corporación, Monte
Alejandro Rubido, o del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.
Más aún: Si en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el
gobierno federal niega toda culpa y en la matanza de Tlatlaya acusa que
los autores son sólo un grupo de soldados, en la masacre de Apatzingán
la responsabilidad recae directamente en Peña Nieto.
En lo formal, el superior jerárquico de Castillo era Osorio Chong
–como ahora en la Conade lo es Emilio Chuayffet–, pero es sabido de
todos que ha sido procurador de Justicia del Estado de México,
subprocurador de la PGR, procurador del Consumidor y comisionado en
Michoacán por decisión de un solo individuo: Peña Nieto.
Y si Castillo tiene sangre en las manos por la masacre de Apatzingán, esa sangre ha manchado ya a Peña.
Apuntes
Justo el día en que Castillo tomó posesión en la Conade, Peña se
reuniría con un puñado de miembros de la comunidad de la Universidad
Panamericana, su alma mater. Tuvo que suspender el encuentro luego de
que el reportero Arturo Rodríguez informó en Apro, la agencia de
noticias de Proceso, y en el portal de esta revista, que iría a una
universidad vacía por la cancelación forzada de clases horas antes de su
llegada. Esta decisión se suma a otras dos cancelaciones que hizo en la
campaña. Finalmente es parte de lo mismo: Peña no conecta con los
jóvenes. En realidad, los detesta…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
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