“Guerrilleras”,
libro de reciente publicación sobre la participación femenina en la
lucha armada durante el periodo conocido como “guerra sucia”, dedica
uno de sus capítulos a las 43 mujeres que fueron
detenidas-desaparecidas entre 1971 y 1983.
De acuerdo con la información obtenida de los expedientes oficiales, 18 casos corresponden a la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC-23), seis del Partido de los Pobres (PDLP); dos más eran integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), una del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), y una más de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).
También se registraron dos casos de mujeres que no se especificaba a
qué movimiento pertenecieron, y 10 mujeres que fueron detenidas aunque
no fueran guerrilleras o no tuvieran militancia política.
Fue la manera en que el Estado trató de frenar todo movimiento que
buscara derrocar el sistema de injusticia e inequidad en esos años, por
ello entre las y los desaparecidos por motivos políticos, no todas las
personas pertenecían a la guerrilla.
Dentro de las vidas arrebatadas están las de ciudadanos secuestrados
por ser sospechosos, líderes sindicales, campesinos y estudiantes que
sufrieron la represión como consecuencia de su lucha reivindicativa.
Cada una de las historias de las guerrilleras detenidas dibuja el
mismo patrón de las fuerzas represivas, pues prácticamente todas fueron
aprehendidas en sus domicilios, sus centros de trabajo o en la vía
pública por personal armado y en ocasiones uniformado.
Se trató siempre de un acto ilegal perpetrado casi en todos los casos a
la sombra de la noche o en circunstancias que brindaron impunidad a
quienes cometían los hechos, se asienta en el libro.
No hubo orden de aprehensión para ninguna de las detenciones y en
muchas ocasiones se utilizaron vehículos sin placas, que no pudieron
ser identificados por posibles testigos, a lo que se sumó que el Poder
Judicial no hizo nada por castigar a los responsables.
Alberto López Limón, ex integrante de la Comisión Histórica de la
desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos
del Pasado (Femospp), hizo el recuento de los casos y señala que los
responsables negaban la detención y “trataban de engañar a las
familias”, por lo que se les impedía la asistencia legal y material,
pues a la víctima se le daba por fallecida.
Posteriormente a su detención, las guerrilleras desaparecieron sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
“A la familia se le causó el dolor que deja la incertidumbre”, con
ello las autoridades también buscaban detener cualquier intento de
subversión, ya que “la desaparición es una medida de intimidación, que
desea que quienes coincidan con la víctima sepan lo que a ésta le
acontece y se abstengan de seguir su ejemplo”, detalla López Limón.
Entre las guerrilleras detenidas-desaparecidas están Marina Texta y
Ramona Ríos de Roque, integrantes de la Brigada Campesina de
Ajusticiamiento, célula del PDLP, quienes fueron torturadas para
obligarlas a confesar que conocían al líder Lucio Cabañas.
Otro caso es el de María Isabel Jiménez, quien se dedicaba a las
labores del hogar, pero fue detenida y desaparecida en junio de 1972
cuando una partida militar fue a su domicilio en Atoyac, Guerrero, para
buscar a su esposo que militaba en el PDLP. Al no encontrarlo, se la
llevaron a ella.
En tanto, las hermanas Ana Luz y Sara Mendoza Sosa fueron detenidas
al cruzar un retén del Ejército en el estado de Veracruz. Ambas
militaban en el MAR, fundado por su hermano Leonardo.
Lourdes Martínez Huerta, de 23 años e integrante de la LC-23, fue
detenida en junio de 1975 en Culiacán, Sinaloa, cuando ella presentaba
un embarazo de entre tres y cuatro meses de gestación. Hasta la fecha
se desconoce su destino y el de su hija o hijo.
Perla Sotelo Patiño, estudiante guerrerense de entonces 18 años de
edad, forma parte de otros 48 casos que el Ejército quiso hacer pasar
como mujeres y hombres muertos en combate en 1974.
Todos los casos de guerrilleras detenidas-desaparecidas documentados en
el libro arrojan luz del por qué México ocupa el sexto lugar en
desapariciones de presos políticos en América Latina.
A más de 40 años de distancia, sus compañeras que lograron sobrevivir
continúan la exigencia de saber el paradero de estas guerrilleras, así
como de sus hijas o hijos que nacieron en las cárceles y de quienes se
sospecha fueron dados en adopción.
CIMACFoto, Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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