John M. Ackerman
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- El Viacrucis del Migrante encabezado por el padre
Alejandro Solalinde ha tenido la enorme importancia de visibilizar las
constantes agresiones que sufren nuestros hermanos y hermanas
centroamericanos en su paso por México. Como Martin Luther King Jr.,
con sus marchas de Selma a Montgomery, Alabama, para exigir el respeto
al voto de los afroamericanos en los Estados Unidos en 1965, Solalinde
hoy también actúa en defensa de los derechos fundamentales de las
poblaciones más vulnerables.
Todos los mexicanos
deberíamos solidarizarnos con nuestros vecinos latinoamericanos. Debe
detenerse inmediatamente la inaceptable persecución, extorsión y
expulsión de migrantes tanto por agentes gubernamentales como por
integrantes del crimen organizado. En lugar de hacer el trabajo sucio a
Washington, el Estado mexicano tendría que permitir el paso libre por
el territorio nacional.
La Constitución nos otorga a todos el derecho al libre
tránsito. “Toda persona tiene derecho para… viajar por su territorio…
sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros
requisitos semejantes”, señala el artículo 11. “Nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento”, anuncia el artículo 15.
Asimismo, la Ley de Migración establece como principio
fundamental la “hospitalidad y solidaridad internacional con las
personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o
permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen
en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición
mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional”. Y
el artículo 76 de la misma norma indica que las autoridades en ningún
momento “podrán realizar visitas de verificación migratoria en los
lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de
la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de
asistencia o de protección a los migrantes”.
En México los extranjeros cuentan con los mismos derechos
civiles que los nacionales. Tanto el cerco policiaco al albergue
Hermanos en el Camino como el constante acoso por las autoridades
gubernamentales al Viacrucis violan flagrantemente el marco jurídico
nacional.
Cada año el gobierno invierte cantidades millonarias de
recursos para promover el turismo y la inversión extranjera en México.
Y cuando los extranjeros económicamente privilegiados de Europa y los
Estados Unidos nos visitan gozan de la enorme hospitalidad y apertura
al exterior que caracterizan al generoso pueblo mexicano.
Nuestros hermanos y hermanas centroamericanos que buscan
trabajo para ganarse la vida al otro lado del Río Bravo merecen el
mismo trato y atención. “Por mi raza hablará el espíritu”, señala el
sabio lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos los
pueblos de América Latina compartimos una historia similar y deberíamos
apoyarnos en la lucha común por la justicia social.
Lo ideal sería poder ofrecerles en México a todos los
centroamericanos que lo necesitaran trabajo, alimentación, vivienda,
salud y educación. Su gran fuerza de trabajo podría generar grandes
ganancias para todos. Lamentablemente, décadas de políticas
neoliberales impulsadas por el PRI y el PAN al servicio de Washington
han dejado nuestra economía en ruinas. Pero lo que sí podemos hacer es
por lo menos echarles una mano a nuestros vecinos en su búsqueda de una
mejor vida para sus hijos.
Un gobierno mexicano democrático y comprometido con el
bienestar social convertiría todos los centros de revisión y de
detención para migrantes en cómodos albergues para recibir, alimentar y
permitir descansar a los dignos viajeros en su camino hacia el norte.
Aquella transformación no solamente sería una gran acción humanitaria,
sino que también implicaría un importante ahorro en el gasto público,
ya que es más económico gastar en camas y cocineros que en celdas y
policías.
Tristemente, la realidad es precisamente lo contrario. La
semana pasada, un ciudadano grabó la llegada al territorio nacional de
cientos de nuevos vehículos militares provenientes de los Estados
Unidos (véase http://ow.ly/LHJHg), como si se estuviera preparando una
invasión. El gobierno mexicano también recientemente compró de
Washington 18 nuevos helicópteros militares Blackhawk fuertemente
armados. Y Miguel Ángel Osorio Chong ya estudia la posibilidad de
utilizar la Gendarmería Nacional para resguardar las instalaciones de
las empresas mineras extranjeras.
En este contexto llama poderosamente la atención la
aprobación de las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos que permiten a los agentes de los Estados Unidos portar sus
armas en el territorio nacional. Ahora los policías estadunidenses
podrán matar a mexicanos a sangre fría no solamente al norte de la
frontera, como Antonio Zambrano, Rubén García y un indigente en Los
Ángeles, sino también directamente en el territorio nacional.
Con su tradicional malinchismo, quien fue secretario de
Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, ha señalado
que “tiene más miedo a un policía municipal de Iguala que a un oficial
extranjero”. Lo que no menciona el senador es que los policías
municipales ya se encuentran armados por y bajo el mando de los
extranjeros. A la postre, el verdadero responsable por la desaparición
de los estudiantes de Ayotzinapa sería precisamente la estrategia de
represión y “guerra contra las drogas” impuesta al gobierno mexicano
por Washington. Solamente con la solidaridad y el trabajo en conjunto
entre los pueblos y las naciones latinoamericanos podremos caminar
hacia la paz con justicia social.
Twitter: @JohnMAckerman
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