Aporta la CIDH elementos “para nuevas líneas de investigación” sobre Ayotzinapa

Gloria Leticia Díaz

Familiares de los 43 protestan en el INE. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- Integrantes del grupo de expertos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dieron a conocer hoy que han aportado a la Procuraduría General de República (PGR) elementos “para abrir nuevas líneas de investigación y ampliar las ya existentes”.

Además, solicitaron tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales y de video, así como completar “la información oficial presentada sobre los escenarios en que se dieron los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre”.

También denunciaron que familiares de los jóvenes han sufrido “distintas formas de victimización secundaria y coacción” por parte de funcionarios gubernamentales, por lo que solicitaron a las autoridades federales una investigación de los hechos y castigo a los presuntos responsables.

A mes y medio de haber iniciado el análisis sobre el caso Ayotzinapa, Carlos Beristáin y Francisco Cox, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dieron un segundo informe sobre el avance del trabajo, que comprende la revisión de lo hecho por el Estado mexicano sobre el proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada.

En conferencia de prensa, Beristáin señaló que de forma recurrente han recibido quejas de familiares que “han sentido que su dignidad ha sido despreciada, no ha sido tenido en cuenta” por personas que “a veces no entienden lo que significa la desaparición forzada; a veces tienen intereses o beneficios secundarios”.

Agregó que las “nuevas formas de victimización” fueron notificadas a las “autoridades para que sean evaluadas”, y en el caso específico de la Secretaría de Gobernación (Segob) se entregó “incluso documentación para que sea evaluada, haya una respuesta a los familiares y se investigue a las personas que pueden estar detrás de estas acciones”.

En cuanto a las nuevas líneas de investigación aportadas a las autoridades, el abogado chileno Francisco Cox señaló que la PGR recibió de buena manera las observaciones del GIEI y que han revisado 30% de los 85 tomos del expediente, pero evitó detallar hacia dónde apuntan las líneas de investigación propuestas a las autoridades mexicanas.

Destacó que al revisar la documentación advirtieron como un elemento que “puede dificultar el desarrollo de la investigación” el hecho de que las autoridades hayan recurrido a la “fragmentación del caso, en el sentido de que a algunos imputados o presuntos responsables los tengan en algún lugar del país, el expediente en otro y que los hechos hayan ocurrido en otro sitio”.

De acuerdo con los expertos, acudieron al Centro Federal de Readaptación Social (Ceferso) 4 de Tepic, Nayarit, donde se entrevistaron con 16 procesados por el caso de la desaparición forzada, entre ellos policías municipales de Iguala y Cocula, así como presuntos integrantes del cártel de Guerreros Unidos.

Beristáin explicó que en el encuentro los detenidos hablaron sobre “su versión de los hechos, también sobre sus capturas”, misma que será cotejada “conjuntamente con las otras evidencias existentes en el expediente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de otras fuentes del Estado”.

Con la cautela con la que se han conducido, se abstuvieron de confirmar si los detenidos fueron torturados por miembros del Ejército mexicano o de corporaciones federales, como lo publicó la revista Proceso en su edición 1996.

“Sobre el tema de tortura, nosotros nos vamos a pronunciar al final del informe (posiblemente en septiembre), como dicta nuestro mandato, y nuestra obligación es justamente no anticipar opinión”, apuntó Cox.

Otro de los avances considerado de gran relevancia por los expertos fue la reconstrucción de los hechos en Iguala, realizada el pasado domingo 12 con la colaboración de algunos sobrevivientes que tenían “información significativa de los diferentes escenarios” del ataque a los normalistas, dijo Beristáin.

“Dentro de los testimonios que hemos recogido también tenemos informaciones que vamos a evaluar sobre las fuerzas de seguridad en la zona, pero esa información es confidencial, por una parte, y por otra tenemos que contrastarla con diferentes fuentes para ver si es así o no es así, cuál es grado de convicción que tenemos sobre estas cuestiones”, explicó el médico español.

Apuntó que para el GIEI la experiencia permitió conocer el “impacto más amplio” que significó para los testigos y víctimas “volver al escenario de la pesadilla”, así como conocer la “medida de las cosas, las distancias, dónde se dio esta balacera, dónde donde quedó Aldo (Gutiérrez), dónde quedaron los buses. Eso nos dio una idea especial, que no puede entenderse cuando se ve un plano”.

Entre otros asuntos abordados por los expertos independientes enviados por la CIDH resalta la información de dos lugares sobre los que familiares tienen sospecha que pudieron ser utilizados para desaparecer a los jóvenes, mismos que fueron notificados al comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, para que sean explorados. También solicitaron a la PGR nuevas fotos satelitales del basurero de Cocula, “una serie más amplia y de mejor calidad”, y se analizan el mapa de fosas localizadas en Iguala “para identificar la conexión de esos casos con el de los normalistas”.

Además se está en espera de que se permita al grupo de expertos hablar con los soldados del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en tanto que se solicitó “fortalecer la búsqueda de fosas utilizando tecnología láser”.

Al señalar que la PGR cumplió con la encomienda de entregar una versión electrónica del expediente, los expertos informaron que tras los contactos facilitados por el GIEI con la Segob, Aldo Gutiérrez, quien fue herido en la cabeza, está a la espera de recibir atención médica especializada, en tanto que la Secretaría de Salud se comprometió a atender a los familiares de los normalistas en una unidad móvil, dotar de medicamentos a la enfermería de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y canalizar a hospitales de segundo nivel a quien lo requiera.