Aeropuerto: negocios y poder

Alejandro Encinas

Tras la denuncia de las canonjías obtenidas por funcionarios del más alto nivel, de consorcios que han obtenido cuantiosos contratos para la construcción de infraestructura pública, la maquinaria gubernamental ha venido tejiendo una cortina de humo en torno al gran negocio que representa el nuevo aeropuerto de la ciudad de México.

Nadie niega la necesidad de un nuevo aeropuerto que permita alentar el desarrollo de la región centro del país. Sin embargo, tanto especialistas como las poblaciones afectadas han cuestionado seriamente la viabilidad de este proyecto que representa: 

Un error de planeación del desarrollo, ya que una inversión de 169 mil millones de pesos en otras regiones permitiría detonar nuevos polos económicos, de los cuales el 85% se destinarán a evitar que las nuevas instalaciones aeroportuarias se hundan o inunden, ya que las características del suelo no son aptas para este tipo de infraestructura. 

Un error de diseño urbano que tendrá impactos negativos tanto sociales como en el territorio, alentando una mayor concentración demográfica en la megalópolis del centro del país —la cual ha sobrepasado la capacidad de carga de sus ecosistemas. Para 2020 se estima que esta región albergue más de la tercera parte de la población nacional, lo que se acompañará de un nuevo fenómeno: la gentrificación, el desplazamiento de la población de menores recursos, desintegrando a las comunidades originarias. 

Un error de planeación económica y derroche de recursos públicos, ya que además del cierre del aeropuerto Benito Juárez, se convertirá en infraestructura ociosa o subutilizada el sistema de aeropuertos que integran los de Querétaro, Toluca, Cuernavaca y Puebla, y los aeródromos de Pachuca y Atizapán de Zaragoza. Se inutilizará además la base militar de Santa Lucía, que al ser incompatible con las rutas de vuelo del nuevo aeropuerto obligará a que la tercera pista se destine a la fuerza aérea, con lo que la capacidad instalada en la primera fase será similar a la actual, echando por la borda 50 años de inversiones en el Plan Lago de Texcoco —cancelando el Lago Nabor Carrillo al que se pretende convertir en laguna de regulación—, más de 2 mil 400 millones de pesos que se destinaron al proyecto Tizayuca; así como las inversiones en la Terminal 2, y en la absurda construcción del nuevo hangar presidencial, el cual sería inmediatamente demolido. 

Un error ambiental que acabará con el último reducto de la zona lacustre de la Cuenca de México, afectando severamente a la flora y fauna endémicas, así como los flujos de aves migratorias y el valioso patrimonio arqueológico que ahí se encuentra. Además la urbanización del lago consolidará una isla de calor que actualmente ha incrementado en 2ºC su temperatura promedio, y con ello la caída en los niveles de humedad en la región, una mayor contaminación atmosférica y la depredación de áreas de cultivo. A lo que se suma su ubicación en una zona de riesgos sísmicos y volcánicos. 

Un error al no haber consultado a la población afectada, a la que se ha engañado con la compra de terrenos para reserva ecológica, modificando posteriormente su estatus legal para permitir su urbanización, encubriendo el juego de intereses, negocios y poder detrás del proyecto, como representa la incorporación de Alfredo del Mazo, Aarón Dychter y Alfredo Elías Ayub (yerno de Slim), a Parsons International, empresa a la que se adjudicó directamente la supervisión de la obra. Es público el nexo político de Alfredo del Mazo con Peña Nieto, como también que Dychter y Elías Ayub formaron parte del comité que seleccionó el proyecto arquitectónico adjudicado a Foster & Partners y a Fernando Romero Enterprises (también yerno de Slim). La cortina de humo se convertirá en una densa neblina que impedirá el despegue de dicho proyecto.

Senador de la República