4/23/2015

Los periodistas pal café. . .




El futuro a corto y mediano plazos, según el profeta hacendario Videgaray, será absolutamente negro. Las variables económicas locales y externas se combinan para que México viva un estancamiento que iría más allá de la estancia del peñismo en el poder, pues según el secretario VidHIGAray habrá recortes presupuestales durante varios años. No se trata de una situación transitoria, sino algo de características permanentes que lleva al gobierno federal a reaccionar con responsabilidad, como debe hacerse ante un choque permanente de ingresos: reduciendo los gastos.
Las oscuras advertencias del titular de Hacienda y Crédito Público fortalecen las versiones de que la economía mexicana está prendida de alfileres, en espera de que pasen las elecciones de junio próximo para mostrar sin cosméticos su perfil desastroso. Aun así, a sabiendas de que adelantar los rasgos de esa crisis resulta dañino para la administración federal a la que pertenece y al partido de tres colores en sus pretensiones de ganar el voto popular, el funcionario no se contuvo declarativamente al inaugurar The Real State Show 2015 (una convención de desarrolladores inmobiliarios realizada en el Distrito Federal) y ahí habló en términos trágicos de la caída del precio internacional del petróleo, de la inminente depreciación del peso frente al dólar (es decir, su devaluación) a causa del venidero aumento a las tasas de interés bancario en Estados Unidos y el bajo crecimiento económico global.
Según Luis Videgaray Caso, tales circunstancias llevarán a un doble ajuste de cinturones. Uno corresponderá al propio gobierno federal, que gastará menos, y otro a los mexicanos en general. Vistas que han sido con amplitud las verdaderas políticas económicas de la actual administración pública, es de suponerse que las verdaderas restricciones corresponderán a las grandes mayorías nacionales, a las que se privará a partir del año venidero de subsidios y apoyos a actividades que la responsabilidad peñista no desea más. Por ejemplo, en el rubro de las políticas sociales se reducirán al máximo los egresos destinados a paliar la pobreza y la desigualdad social que durante décadas se han mantenido aunque sea con una practicidad ínfima, efímera y controladora.
Los integrantes de la próxima legislatura federal revisarán el ejercicio presupuestal a partir de una base cero, es decir, sin respetar parámetros y criterios históricos, todo sujeto a la nueva ley de la selva que será observada y manejada desde lo alto por las élites que, por su parte, seguirán disfrutando de exenciones fiscales descomunales, incentivos para la inversión, devolución de pagos de impuestos, manga ancha para la explotación laboral y otros privilegios compartidos con la clase política a partir de contratos, concesiones, porcentajes, comisiones e incluso regalos inmobiliarios directos.
Un ejemplo de ese rigor ya está presente en la Escuela Normal Rural Carmen Serdán para mujeres, establecida en Teteles, Puebla. A pesar de los anuncios de oportunidad que en su momento hizo el gobierno peñista respecto de dar apoyo total a esas normales, en el contexto de lo sucedido a los jóvenes de Ayotzinapa, ahora se ha notificado a ese plantel que se planea un recorte general de 40 por ciento en su presupuesto. Tampoco le ha llegado el recurso extraordinario de 10 millones de pesos a cada una de esas normales, conforme se había pregonado.
Maestros y alumnas de esa normal rural poblana aseguran que se están poniendo múltiples trabas en materia de acreditación de avances académicos y en los procesos de admisión de nuevos estudiantes “con un presupuesto de cero pesos a la investigación, cero pesos a la profesionalización docente y cero pesos a actividades de fortalecimiento académico (…) y, contrario al discurso oficial, se está orquestando toda una campaña de aniquilación contra esas normales”. Y con exámenes para nuevo ingreso que parecieran elaborados para desalentar a las aspirantes y constreñir la matrícula. Además de la opacidad y manipulación de resultados que son usuales en este tipo de concursos públicos (en Tuxtla Gutiérrez, ayer, hubo destrozos en las oficinas de la SEP justamente en rechazo a esos concursos amañados y a otros puntos de la reforma administrativa peñista en educación).
En Mataulipas, la entidad de balaceras permanentes que desde la clandestinidad hace como que gobierna Egidio Torre, aún no pasa el estremecimiento que en su extremo norte aconteció a la hora de detener al jefe de la plaza en Reynosa (José Tiburcio Hernández Fuentes, alias El Gafe, a quien intentaron rescatar de las oficinas de la PGR en esa ciudad), pero ya hubo otros enfrentamientos en la vía pública, incendio de vehículos y más temor ciudadano a la hora en que fue aprehendido el correspondiente gerente local del narcotráfico en Tampico y Altamira, José Silvestre Haro, alias El Chive o el R-1.
El apresamiento de esos capos suele tener como primera consecuencia (y a veces la única realmente trascendente) el inmediato remozamiento de sus biografías, para dejarlos convertidos en peligrosos jefes máximos y definitorios, operadores y cerebros cuya captura implicaría notable disminución del negocio criminal, de ser ciertos los exaltados relatos oficiales respecto de la significancia de los aprehendidos. Por desgracia, el desfile judicial y mediático de nombres, apellidos y alias no frena ni disminuye la actividad criminal, pues ésta forma parte de un sistema en el que concurren fuertes intereses gubernamentales, empresariales y de los bandos confesamente delictivos.
Y, mientras el lic. Peña celebra en declaraciones el legislativamente recién aprobado sistema anticorrupción que comenzará a funcionar contra políticos ladrones, transas y comisiones porcentuales, cesión o financiamiento de casas, enriquecimientos ilícitos y otras corruptelas clásicas, dentro de unos dos años y medio o tres, es decir, ya en el sexenio próximo, al son de hágase la honestidad en los bueyes de mi compadre sucesor, ¡hasta mañana!, Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx




Más vale un mal arreglo que un buen pleito, dice la sabiduría popular. Con este argumento y el crédito que tal vez pudiera otorgarme haber pertenecido al equipo del programa durante casi seis años, hace unos días hice un llamado en esta página a Carmen Aristegui y Joaquín Vargas a buscar un arreglo por la vía extrajudicial, sin juzgados de por medio. Han tenido muy buenas épocas, han ganado mucho dinero juntos, ¿por qué no? No prosperó mi propuesta. Desafortunadamente esa relación –tensa muchas veces, como en el asunto de Felipe Calderón– vino a descarrilar a las puertas de la Casa Blanca presidencial. Tocó Carmen lo que ahora sabemos es un tabú sexenal: la esposa del Presidente. Joaquín es un hombre de negocios, no le conviene, así de simple. El problema siguió su curso en tribunales y el juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, concedió la suspensión provisional en el juicio de amparo que promovió el abogado Javier Quijano, representante de Carmen –también lo fue de Andrés Manuel López Obrador en el caso del desafuero. Citó el juez a Carmen y a Joaquín a una reunión conciliatoria, también al árbitro, José Woldenberg, y tendría lugar mañana a las 12 horas en las instalaciones de MVS en Mariano Escobedo. ¿Qué los amparos no son una garantía que tenemos los ciudadanos contra el abuso de las autoridades? ¿MVS es autoridad? Sucede que en este caso el juez consideró que MVS tiene carácter de autoridad, a la luz de las nuevas reformas a la Ley de Amparo. (Esto amerita una larga explicación jurídica que dejaré para otra ocasión con la finalidad de no perder de vista el tema central). Entonces, ¿hay reunión conciliatoria mañana? MVS consideró que el juez se extralimitó en sus facultades y presentó un recurso de queja ante el octavo tribunal colegiado en materia administrativa del Distrito Federal. Por otro lado, MVS ha lanzado otro golpe más duro: recusó al juez: quiere que se nombre a otro. ¿Por qué? Considera que es demasiado cercano del abogado Javier Quijano, el defensor de Carmen. Y ya procedió el primer recurso, el de queja.
Revés
En horas de la tarde de ayer trascendió que el octavo tribunal colegiado en materia administrativa revocó la suspensión dictada por el juez Silva García –hijo, por cierto, del ex presidente de la Suprema Corte Juan Silva Meza. Esta revocación tiene efectos negativos sobre la causa de Carmen. Cancela la negociación que iba a tener lugar mañana viernes. El caso se tendrá que seguir dirimiendo como un tema meramente contractual.

Por unanimidad de votos, los tres magistrados del octavo tribunal resolvieron que en el amparo solicitado por Carmen no se da el extremo para la apariencia del buen derecho, como planteó el juez Silva García. La magistrada ponente, María Guadalupe Saucedo, sostuvo que el planteamiento vertido por el juez, en el sentido de asumir criterios de dos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es improcedente.
No son vinculantes para el Estado mexicano, en principio porque no fue parte de los mismos y además en éstos no se maneja la misma hipótesis que el caso MVS-Carmen Aristegui.
Escenarios
¿Hasta aquí llegó el caso Aristegui vs MVS? Nop. Hice una consulta a Christa Mueller, Luis Manuel Rodríguez Rocha y Rocío González Alcántara, abogados litigantes en materia civil, mercantil, administrativa y medios alternativos de solución de controversias. Esta es su opinión: La demanda de amparo de Carmen sigue, simplemente se revocó la suspensión provisional, no se van a celebrar la reunión conciliatoria de mañana viernes ni la audiencia incidental programada para el lunes, en virtud de la recusación del juez. Si estiman fundada la recusación, se turnaría el expediente a otro juez de distrito. Éste tendría que pronunciarse sobre la suspensión definitiva. Tendrá que entrar al estudio del amparo y resolver sobre su procedencia.



Por enésima ocasión los mexicanos han sido enterados de que deberán ajustarse a una nueva realidad económica y que, en consecuencia, el siempre eficaz gobierno de la República se apretará el cinturón, con el fin de ser capaz de hacer más con menos, aunque en los hechos sea exactamente al revés.
La mejor calculadora del mundo sería incapaz de sumar el número de ocasiones en las que, cuando menos a lo largo de las últimas tres décadas, el gobierno federal ha prometido apretarse el cinturón y aplicar una austeridad propia del régimen republicano. En cambio, resulta extremadamente sencillo obtener la respuesta sobre las veces en las que la presunta autoridad ha llevado su promesa a la práctica: nunca.
Desde la llegada de Miguel de la Madrid a Los Pinos, los mexicanos no han dejado de ajustarse a una nueva realidad económica, en medio de abundantes discursos (ni en eso ha sido austero el gobierno federal) sobre la urgencia de apretarse el cinturón, hacer más con menos y ser más eficientes para así estimular el crecimiento y el desarrollo. Lo anterior, desde luego, aderezado con un sinnúmero de programas y decretos de austeridad que nunca se llevan a la práctica, pero que siempre se anuncian en monárquicas presentaciones en vivo y a todo color. ¿Resultados?: ninguno.
Ahora sube a la palestra el famoso cuan resultón secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para anunciar que los recortes presupuestales para disminuir el gasto gubernamental serán por varios años, porque el futuro de la economía nacional e internacional es incierto, los precios del petróleo se mantendrán bajos y se observará alta volatilidad en el tipo de cambio. Por ello, dijo, los mexicanos tenemos que ajustarnos ante una nueva realidad (¿venderá su casa en Malinalco?), porque si de preservar la estabilidad de la economía se trata, tenemos que reaccionar ante este fenómeno y entender que no estamos enfrentando una situación transitoria sino algo de características permanentes, y por lo tanto reaccionar como se reacciona ante un choque permanente de ingresos: reduciendo los gastos. El recorte del gasto será permanente y el compromiso del gobierno federal es que año con año se reduzca más el déficit público, en particular el gasto corriente. Le toca al gobierno apretarse el cinturón (¡Olé!).
Así es: del futuro promisorio por él ofrecido en el arranque sexenal, dos años y medio después el ministro del (d)año a los mexicanos notifica que deben ajustarse a una nueva realidad económica, enésimo apretón para ellos, porque aquello del cinturón gubernamental es chiste, como siempre (para no ir más lejos, recuérdese la reciente gira por el Reino Unido, el avioncito que viene o los faraónicos actos que cotidianamente encabeza Enrique Peña Nieto y amigos que lo acompañan). Lo mejor está por venir, repitió Videgaray hasta el cansancio, y vino.
Seis inquilinos de Los Pinos al hilo (bueno, cinco, porque Carlos Salinas de Gortari no mencionó la sagrada palabra, al más puro estilo del último Presidente de la Revolución) firmaron o anunciaron sus respectivos decretos o programas de austeridad para alcanzar los fines descritos y siempre con el mensaje de que el gobierno se comprometía a hacer más con menos. Los resultados están a la vista.
En el recuento, Miguel de la Madrid prometió volver a la sobriedad y austeridad propias del régimen republicano, porque en ese sentido el esfuerzo es permanente; Ernesto Zedillo ofreció congruencia con la marcada austeridad; Vicente Fox reafirmó, según dijo, el compromiso de continuar con el plan de austeridad del gobierno; Felipe Calderón aseguró que combatiría prácticas abusivas, promovería la transparencia y rendición de cuentas y ajustaría el cinturón del gobierno, y Peña Nieto rendición puntual de cuentas y austeridad.
A mediados de 2014 la OCDE documentó uno de los resultados concretos de tanta austeridad republicana: la alta burocracia mexicana se convirtió en una de las mejor pagadas de América Latina, con un salario que supera 13 veces el ingreso por habitante y 25 veces la remuneración promedio de los trabajadores del sector formal, en un país donde la mitad de la población vive en pobreza (La Jornada, Roberto González Amador).
Dichos sueldos, detalló la citada organización, superan por más de dos veces el promedio de todos los países pertenecientes a esa organización, y el sueldo de los altos funcionarios mexicanos, aquellos que en la jerarquía burocrática están debajo de los secretarios de Estado, ronda los 210 mil dólares anuales; los principales funcionarios reciben un pago muy superior al promedio registrado en las naciones que integran la OCDE.
Pero tanta austeridad ha tenido otro elevado costo: los nulos resultados en materia política, económica y social del sempiternamente apretado gobierno federal, cuyos costos son manifiestos, entre otras cosas, con una tasa promedio anual de crecimiento económico que a duras penas ronda el 2 por ciento, 63 millones de pobres, desplome del poder adquisitivo de la población, inseguridad, corrupción e impunidad.
Sirva lo siguiente para el análisis sobre el costo –sólo monetario– de la austeridad republicana: cuando concluyó el zedillato la nómina burocrática (honorarios y conexos aparte) sumó 392 mil millones de pesos; al terminar el sexenio foxista se incrementó a 611 mil millones; al finalizar el calderonista se elevó a 926 mil millones, y con Enrique Peña Nieto ya rebasa el billón de pesos. Ello, desde luego, con tres decretos vigentes de austeridad.



Dice la mitología que a Menelao la mujer se le fugó con un chavito metrosexual y que ello derivó en una guerra sangrienta y prolongada en la que sucumbió la ciudad de Troya junto con miles de sus defensores y otros miles de sus atacantes: el rey de Esparta, furioso por la pérdida de la cónyuge, convocó al resto de los soberanos aqueos, quienes formaron una poderosa coalición que le puso sitio a Ilión durante una década. Hoy ya no nos chupamos el dedo y podemos estar razonablemente seguros de que el motivo no fue la tal Helena y que probablemente en Troya había petróleo, o algo así. También diríamos que a qué viene toda esa insensatez si a fin de cuentas la mujer, hermosa entre las hermosas, a decir de la leyenda, estaba haciendo su real gana, y la infidelidad o el abandono eran un asunto estrictamente personal entre ella y su marido, y no un casus belli entre dos pueblos. Sea. Pero si el mancornador hubiese sido Menelao es poco verosímil que Helena hubiera podido juntar un ejército para cruzar el mar e ir a una ciudad remota a arrancarlo de brazos de la desgraciada, la cual, por cierto, habría sido objeto de un juicio social muchísimo más severo que Paris, quien es visto, en el peor de los casos, como un nini travieso.
Así han sido de injustas hacia las mujeres, por desgracia, la historia y la mitología. También la religión, desde luego. Puede leerse en Éxodo 20:1-17: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, lo que significa, para todo buen entendedor o entendedora, que casa, mujer, siervo, criada, buey y asno son monedas de libre convertibilidad en el mercado de las posesiones materiales de los hombres. Y no digan que uno inventa cosas, porque esas palabras se las dictó el mero Jehová-Dios a Moisés cuando éste acudió a hacer alpinismo sacro al Monte Sinaí. Para que no quede duda de la autoría del precepto, éste se repite en Deuteronomio 5:6-21 y luego los cristianos lo hacen suyo (Mateo 22:37-40) hasta llegar a nuestros días en la forma del séptimo mandamiento: no robarás. En una larga parrafada consagrada a explicar esta regla, el catecismo de la Iglesia católica se dedica a fundamentar la legitimidad de la propiedad privada sin hacer mención explícita de las mujeres, por lo que uno puede inferir sin mala fe que para el Vaticano las mujeres son objetos de propiedad (http://is.gd/ls02r9).

 

Un día después de que la Cámara de Senadores aprobó el dictamen por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, consideró que dicho andamiaje institucional tardará de dos a tres años para comenzar a funcionar y dar resultados, y recordó que para su implementación aún es necesario contar con el aval de la mayoría de las legislaturas estatales y la promulgación de leyes secundarias.

El Ifai, caja negra
Para evitar cualquier mala interpretación a la recientemente aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los legisladores precisaron los principios que deben ser aplicados: máxima publicidad de todo acto de autoridad y la obligación de documentar todo acto que se derive de sus funciones. Pero, ¿qué ha sucedido en la práctica con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Ifai)? Los siete comisionados desmantelaron al instituto, despidiendo a más de 150 funcionarios. Ante la denuncia de que no se habían transparentado los procedimientos del despido masivo ni se habían rendido cuentas de las liquidaciones oprobiosas, y la solicitud de información sobre el dicho de la comisionada presidenta Ximena Puente, de que se había hecho una valoración de los despedidos, el Ifai respondió (respuesta con folio 0673800025415): que no se había publicitado nada en particular; que no existía ninguna documentación de todos esos actos de autoridad y que, en sentido práctico, cada superior había hecho la evaluación.

Los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 1994 fueron una gran decepción para muchos que creyeron que en los seis años anteriores las oposiciones se habían ganado un espacio en el sistema político, lo cual era un buen augurio para quienes esperaban la derrota del PRI. La maduración del PAN como oposición relevante y la fundación del PRD nos hicieron creer que la alternancia estaba al alcance de la mano. Además, la aparición del EZLN en enero de ese año y el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en marzo, se sumaban a las muchas razones que sostenían la hipótesis de que el otrora partido hegemónico iba de salida. Sin embargo, contra toda expectativa, el candidato priísta, Ernesto Zedillo, ganó las elecciones con un porcentaje superior a 48 por ciento. Una victoria que unos meses antes parecía impensable. Entonces, muchos señalaron con el dedo a los votantes por el PRI, los calificaron de ignorantes, tontos, traidores o miserables. Un grupo de distinguidos intelectuales y periodistas se dijo avergonzado de este voto.

Los partidarios a ultranza del libre comercio, cuyo santo grial del momento es la Asociación Transpacífica (ATP, o TPP, por Trans-Pacific Partnership), echaron a volar las campanas con júbilo a mediados de abril al darse a conocer un acuerdo en principio entre los líderes de los comités de Finanzas del Senado y de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Se dijo que el acuerdo abría el camino para, por fin, aprobar en el Congreso de Estados Unidos la solicitud de autorización especial de negociación –universalmente conocida como fast track authority– presentada por el presidente Obama en relación, entre otras cosas, con la negociación –tan prolongada y tortuosa como reservada o confidencial en sus detalles– de dicha asociación con otros 11 países de la cuenca del Pacífico (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam). Como se sabe, la autorización especial o fast track authority permite al Legislativo definir los objetivos de la negociación comercial de que se trate, pero lo restringe a rechazar o aprobar in toto el resultado de las negociaciones, sin poder enmendar ninguno de sus extremos. Desde los tiempos –que ahora se antojan pertenecientes a la prehistoria– de la negociación del TLCAN, los socios comerciales de Estados Unidos saben muy bien que negociar fuera de la fast track authority es, en el mejor de los casos, un ejercicio fútil.

En El País del 16 de abril se presentó una lista de las mayores economías del mundo calculada con la previsión del producto interno bruto en 2015 y en millones de dólares. México ocupa el lugar 13, por encima de España, Rusia, Holanda, Suiza y otros países. Así visto, deberíamos estar orgullosos de nuestra situación económica. Pero, para variar, es un enfoque tramposo. En tanto México tiene un PIB de 1.2 millones de millones de dólares (billones), el de Suiza es de 668 mil millones, algo así como la mitad que México. ¡Ajá!

Cuando las especulaciones de los aguirristas (de Ángel Aguirre) subían de tono para volver a las querencias del poder, salió al ruedo Carlos Navarrete y dejó entrever que el gobernador con licencia, autor de una carta hasta entonces desconocida, no volvería al cargo. Ha parado con ello especulaciones, versiones y ha dado certidumbre a la ruta que el Congreso del estado tiene que seguir, declaró el presidente del PRD, convertido en vocero oficioso del ex gobernador Ángel Aguirre, a quien sólo faltó rendirle un homenaje por su moderación. ¿Eso es todo?

La pregunta es pertinente porque recientemente el presidente Barack Obama, dentro del proceso hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, envió al Congreso la propuesta de suprimir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El Legislativo tiene 45 días para dar respuesta y teóricamente puede rechazar la iniciativa presidencial, pero ello requeriría una Resolución Conjunta con las tres cuartas partes de los votos de sus miembros, lo que no ocurrirá. Aunque la decisión de Obama confirma su voluntad política de ser consecuente con el anuncio que hiciera a la vez que su homólogo Raúl Castro el 17 de diciembre, los pulpos mediáticos lo han informado como si Cuba debiera postrarse ante el imperio por haberle perdonado quién sabe qué terribles fechorías.

El gobierno federal, a través del secretario de Hacienda, ha planteado que los recortes presupuestales realizados en 2015 y los que se anunciaron para 2016 seguirán durante varios años. La explicación es que las perspectivas futuras se caracterizan por tres factores relevantes negativos: la importante reducción de los precios del petróleo que se mantendrá permanentemente; la inminente elevación de las tasas de interés en Estados Unidos y la consecuente apreciación del dólar; un bajo entorno de crecimiento en la economía global. Frente a este futuro previsible el gobierno plantea que lo central es preservar la estabilidad de la economía. Por ello su respuesta de política es reducir el gasto.
Admiro los dibujos de Brian Nissen reunidos en un volumen publicado por Conaculta y RN editores con el sugerente y adecuado nombre de Farándula.

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