El reclamo, la protesta, la presión social y la función de los medios
de comunicación tienen un papel muy importante para completar el
rompecabezas.
lasillarota.com
El
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ahora en proceso de alumbramiento
tiene un especial énfasis en lo normativo y en lo institucional. Se
dará lugar a una nueva legislación y se refuerzan las garantías
institucionales para reforzar la autonomía de acción y sus potestades
(en particular las de la Auditoría Superior de la Federación y de los
tribunales contencioso administrativos).
En la expectativa, tendremos mejores leyes (por ejemplo, se preverá
de mejor manera el conflicto de intereses), habrá mejores herramientas
de investigación (por ejemplo, podrá salvarse el secreto fiscal o
bancario, habrá protección a testigos), las instancias sancionadoras
serán imparciales, entre otras cuestiones relevantes.
Sin embargo, sin demeritar los avances de las reformas, se está ante
piezas necesarias pero insuficientes para combatir efectivamente la
corrupción. El reclamo, la protesta, la presión social y la función de
los medios de comunicación, tienen también su papel, un papel muy
importante, para completar el rompecabezas.
En el proceso de aprobación del SNA, las organizaciones de la
sociedad civil, la academia y los medios de comunicación han sido
relevantes no sólo porque han potenciado reclamos sociales, sino porque
también han formulado propuestas muy concretas, al grado de influir en
la redacción de la reforma.
Los cotidianos escándalos que los medios han dado a conocer, juegan
también su papel, en algunos casos con consecuencias políticas, en
otros, sin ellas; las consecuencias jurídicas son sustancialmente
menores.
Pero aún nos hace falta, y de ahí la alusión a Pro Justicia en el
Perú, organizaciones que desde la sociedad civil, realicen
investigaciones o documenten casos concretos de corrupción e
instrumenten estrategias de denuncia, divulgación y acción legal ante
las instancias competentes.
La denuncia pública y el escándalo mediático son formas degradadas
de la justicia. Ésta se realiza cuando hay consecuencias jurídicas
efectivas a conductas que dañan bienes públicos. Cuando los escándalos
se quedan en los medios, se crea una sociedad del espectáculo y no una
cultura de la legalidad.
Pro Justicia es
una organización no gubernamental que en la brega ha desarrollado
conocimientos y herramientas para acompañar o documentar casos, y
realizar acciones en medios y ante instancias judiciales. Es posible
que no baste la existencia de un “zar” anticorrupción para que se
desplieguen sus potestades. La corrupción cuando es sistemática puede
ser capaz de inhibir acciones, sea por cooptación o por temor. Mientras
más sean los actores, más difícil es el control. El fortalecimiento de
los actores sociales es imprescindible para que la rendición de cuentas
de los entes públicos a la sociedad pase del discurso a la efectividad.
Ilustro con un ejemplo:
Dada la credibilidad de Pro Justicia, los agraviados se acercan a
ella para presentar sus casos. La confianza es el intangible que ante
la gravedad de los casos tiene un extraordinario valor. Pro Justicia
concita el interés de los medios para presentar los casos ante la
opinión pública.
Aquí puede apreciarse un caso:
Un fiscal extorsiona a un empresario en complicidad con funcionarios
públicos empleando instalaciones; el caso se presenta en medios:
La divulgación acompañada por la documentación del caso y la acción
legal, es un aliciente para que las autoridades investigadoras actúen.
Aquí puede verse la actuación del fiscal investigador:
Más allá de las peculiaridades del caso, destaca el mecanismo social
cooperativo entre medios de comunicación y la organización social como
eslabones de una cadena.
La presión social en abstracto es necesaria, pero la indignación se
diluye en el espacio. Como sociedad tenemos el pendiente para
reconducir las denuncias en acciones concretas.
Pro Justicia es un gran referente.
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