Plan B por Lydia Cacho
foto: Cuartoscuro
¿Qué sucede en un país que celebra el asesinato de algunos y marcha en contra de la muerte de otros?
Tal vez la pregunta es: qué tuvo que suceder para que México esté
fracturado de tal forma que una parte de la sociedad que se dice en
busca de justicia, celebre e incluso goce de las masacres perpetradas
contra autoridades y fuerzas de seguridad.
Fueron quince los policías asesinados la semana pasada en Jalisco,
una de las fallecidas es mujer. Hay cinco agentes de la Fuerza Única
Rural que fueron heridos, entre ellos una mujer, se encuentran graves
en clínicas de Guadalajara y Puerto Vallarta.
Este ataque mortal fue resultado de una venganza por el reciente arresto de una docena de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG); esto nos recuerda que hay efectivamente un grupo de personas
dentro de las fuerzas policíacas que están haciendo su trabajo, léase perseguir, detener y esperar a que los jueces procesen a quienes cometen delitos graves. Impresiona
descubrir cientos de voces iracundas celebrando al muerte de estos
agentes, voces que comúnmente se elevan contra el asesinato de víctimas
civiles, de los 43 y de otros casos notables.
Sumado a ello está el vergonzoso papel que juegan personas como el senador Javier Lozano,
que celebra el sufrimiento de quienes se rebelan contra el gobierno y a
su vez promueve los tribunales mediáticos y da por culpables a los
presuntos inocentes.
Luego de ocho años de violencia sostenida en un país sin estado de
derecho en el que muy pocas personas defienden el debido proceso
judicial y prefieren los tribunales mediáticos, las venganzas a
domicilio o la humillación pública como justicia poética, han
contaminado peligrosamente el debate sobre la necesidad de
reconstrucción del tejido social que erradicará la corrupción.
El experto Marco Lara Klahr ha descrito los Tribunales mediáticos como
“una práctica institucional que implica tortura y en general tratos
crueles, inhumanos y degradantes, que conculca la dignidad de las
personas y su presunción de inocencia, y que revictimiza a las
víctimas”. Para que estos falsos tribunales funcionen las autoridades,
incapaces de hacer su trabajo en el marco de la legalidad, necesitan a
los medios y periodistas para instrumentalizarla y a la sociedad para
hacer eco. Es decir para exhibir a los detenidos y a las propias
víctimas sin que un juez conozca el caso, están algunos medios y las
redes sociales a quienes la PGR o sus derivadas en los estados arrojan
carnada sangrienta cada vez que quieren hacer creer que el gobierno
hace su trabajo para detener la violencia.
Por otro lado tenemos a quienes aseguran una falacia insostenible:
que sin tribunales mediáticos habría más impunidad. Como si exhibir a
personas detenidas implicara que hay administración y procuración de
justicia.
Sin duda son muchos nuestros problemas, pero uno de los más peligrosos radica en que la justicia depende de los gobernantes y no de los tribunales;
las fiscalías siguen operando bajo el viejo esquema de los bomberos
judiciales, de los telefonemas para pedir los “favorcitos” que
constituyen la semilla de la impunidad y de alguna manera la sociedad
es cómplice de la permanencia de este esquema.
En esta confusión la mayoría de periodistas y ciudadanos/as ignora el contenido del Artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
que justamente pretende impulsar nuevas prácticas que favorezcan la
justicia y la construcción del estado de derecho para absolutamente
toda la población. La paradoja que pone en peligro la seguridad es
justamente que incluso periodistas o activistas que defienden el debido
proceso, le niegan ese derecho a policías y militares. Comparto el
hartazgo y la indignación frente a los abusos de poder, pero no
justifica que les neguemos el derecho a unos para favorecer a otros.
Porque ese círculo vicioso imposibilita el cambio.
Existe una tensión entre el deseo de hacer la guerra ante la
ausencia de justicia y el miedo resentido, a la vez paralizante ante el
patriarcado político que lo mismo manda encarcelar que asesinar,
desaparecer, o vituperar para desacreditar personas y causas de
tal forma que, con recursos del Estado y del pueblo, descomponen la
realidad noticiosa hasta convertirla en apenas una turbia madeja de
palabrería confusa.
No confiamos en las instituciones porque quienes las manejan y dirigen son los cancerberos del poder;
si bien es cierto que una parte de la policía es escudo de protección
de esos cancerberos frente a la sociedad civil, hay cientos de policías
que intentan desde dentro hacer bien su trabajo; arrebatar su dignidad
humana por la profesión que eligieron es inaceptable.
Las confusión incita a mayor corrupción, a más violencia y venganza como símil de una justicia. Nos quejamos de las televisoras pero reproducimos sus notas de tribunal mediático.
Aun cuando resultará lento, urge un periodismo renovado para cambiar
el discurso judicial. Llevará tiempo y paciencia recomponer el sistema
de justicia y el estado de derecho, pero de no hacerlo la impunidad
nunca desaparecerá. Hay que esforzarnos para que los políticos se
sometan a la justicia en lugar de tenerla sometida y valorar la vida
humana para no seguirle el juego a la PGR. Sí, aun la de criminales, si
queremos justicia para nosotros debemos dejar de pedir humillación y
venganza para “los otros”. Porque usted y yo somos las y los otros
frente al espejo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario