La violencia contra quienes defienden el territorio también ocurre en los espacios digitales. Campañas de desprestigio, amenazas, difusión de información personal y mensajes que criminalizan su labor forman parte de las agresiones que enfrentan personas defensoras indígenas en México y otros países, de acuerdo con una investigación internacional presentada por la organización Voces del Territorio.
El estudio Resistencia y Resiliencia: Respuestas colectivas a ataques digitales en contra de personas defensoras, desarrollado junto con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y la Iniciativa de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI), documentó durante tres años las distintas formas de violencia digital contra personas defensoras de Brasil, Filipinas, Kenia y México.
Entre sus hallazgos, la investigación advierte que las agresiones tienen impactos diferenciados para las mujeres defensoras, quienes enfrentan campañas dirigidas contra su reputación y sus liderazgos. Además, señala que estos ataques no afectan únicamente a las víctimas directas, sino también a sus familias, organizaciones y comunidades.
Ante este escenario, las organizaciones llamaron al Estado mexicano a reconocer la violencia digital como una dimensión de las agresiones contra personas defensoras ambientales, prevenirla, investigarla y sancionarla, así como desarrollar políticas de protección que incorporen las perspectivas de género e interculturalidad.
Agresiones digitales buscan debilitar la defensa del territorio
En México, las agresiones digitales se suman a los riesgos que enfrentan quienes defienden el medio ambiente y sus territorios. Voces del Territorio recuerda que, en 2022, Global Witness ubicó al país en el tercer lugar mundial por agresiones letales contra personas defensoras ambientales y del territorio. De acuerdo con el documento, al menos la mitad de las víctimas eran personas indígenas.
La investigación contó con la participación de tres pueblos indígenas en México: el zapoteco de Puente Madera, Oaxaca; el purépecha de Cherán K’eri, Michoacán, y el yaqui de Loma de Bácum, Sonora.
Entre las agresiones identificadas se encuentran la desinformación, las campañas de desprestigio, la creación de perfiles falsos, las amenazas, la exposición de información personal y la difusión de narrativas que estigmatizan y criminalizan a quienes defienden sus territorios.
El estudio advierte que estos ataques no deben entenderse como incidentes aislados ni como simples conflictos en redes sociales. Forman parte de estrategias de presión que pueden buscar intimidar a las personas defensoras y debilitar los procesos colectivos de organización.
La violencia digital también tiene consecuencias fuera de internet: puede generar miedo, afectar las relaciones familiares, deteriorar la confianza dentro de las comunidades y dejar secuelas físicas y emocionales tanto en las víctimas directas como en su entorno.
Esto ocurre porque la defensa del territorio no es una actividad individual, sino una labor vinculada con la vida comunitaria, la cultura y los medios de subsistencia. Por ello, cuando una persona defensora es atacada, las consecuencias pueden extenderse al conjunto de la comunidad.
Mujeres defensoras enfrentan ataques contra su reputación y liderazgo
Uno de los hallazgos de la investigación es que las agresiones digitales no afectan de la misma manera a todas las personas defensoras. Las mujeres enfrentan formas específicas de violencia y campañas que buscan dañar su reputación y debilitar sus liderazgos.
Esta dimensión de género resulta relevante porque los ataques no se limitan a cuestionar la labor de defensa ambiental, sino que también pueden dirigirse contra el reconocimiento y la legitimidad de las mujeres dentro de sus comunidades y organizaciones.
Sin embargo, la investigación no detalla casos individuales ni desglosa cifras sobre la cantidad de mujeres afectadas. Su principal señalamiento es que las políticas de protección deben reconocer estos impactos diferenciados e incorporar una perspectiva de género.
La organización también subraya que las comunidades indígenas no son únicamente víctimas de estas agresiones. A lo largo del proceso han desarrollado estrategias propias de resistencia y resiliencia, entre ellas acuerdos comunitarios sobre el uso de redes sociales, mecanismos para contrarrestar la desinformación, medios de comunicación propios y participación de jóvenes.
Estas respuestas, sostiene la investigación, deben ser tomadas en cuenta al diseñar medidas de seguridad digital, en lugar de imponer soluciones que desconozcan las formas de organización y las decisiones colectivas de los pueblos.
Brecha digital también limita la protección de los pueblos indígenas
La posibilidad de utilizar tecnologías de manera segura está condicionada por las desigualdades en el acceso a internet, dispositivos, infraestructura y conocimientos digitales.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 citados en el boletín, 86.1 por ciento de la población de seis años y más en México utilizó internet durante ese año, frente a 57.4 por ciento en 2015.
Entre las personas usuarias de internet, 26.6 por ciento se autoadscribió como indígena y 4.7 por ciento declaró hablar alguna lengua indígena.
Voces del Territorio advierte que las limitaciones de conectividad, electricidad, infraestructura, dispositivos y habilidades digitales afectan especialmente a las poblaciones de zonas marginadas. Estas desigualdades restringen el ejercicio de derechos y dificultan que las comunidades accedan a herramientas para prevenir y responder a las agresiones.
En este contexto, la tecnología puede utilizarse tanto para hostigar y exponer a las personas defensoras como para fortalecer sus procesos de organización, comunicación y resistencia. El desafío consiste en garantizar que las comunidades cuenten con condiciones para aprovechar estas herramientas sin quedar desprotegidas frente a los riesgos.
Exigen políticas de protección con perspectiva de género
Ante los hallazgos, Voces del Territorio y las organizaciones participantes plantearon una serie de responsabilidades para el Estado, las plataformas digitales y las organizaciones que acompañan a las comunidades.
Al Estado mexicano le corresponde reconocer los ataques digitales contra personas defensoras ambientales como una forma de violencia que debe prevenirse, investigarse y sancionarse. También debe desarrollar políticas de protección que contemplen la seguridad de las comunicaciones, la información y la identidad de quienes defienden el territorio, con enfoque intercultural y de género.
Las organizaciones llamaron además a reducir la brecha digital y garantizar a las comunidades indígenas acceso seguro a tecnologías, capacitación y herramientas de protección.
Por su parte, las plataformas digitales deben fortalecer sus mecanismos de respuesta ante campañas coordinadas de hostigamiento, amenazas y exposición de datos personales, tomando en cuenta los contextos específicos de las personas defensoras.
Finalmente, las organizaciones acompañantes deben escuchar a las comunidades y fortalecer sus propias estrategias de seguridad, sin imponer medidas que ignoren sus formas de organización o sus decisiones colectivas.
En el marco del Día de la Resistencia Indígena, conmemorado el 12 de octubre, y del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre, los resultados de la investigación colocan en el centro la necesidad de reconocer que la protección de quienes defienden el territorio también debe abarcar los espacios digitales.
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