Mitin frente a la representación estatal en el DF
México, DF 7 oct. 10 (CIMAC).- Integrantes del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, protestaron frente a la Representación del Gobierno de Jalisco en el Distrito Federal, para exigir el respeto al Estado laico y la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que garantiza los derechos reproductivos de las jaliscienses víctimas de violación sexual.
Durante el mitin, Julia Escalante, también integrante de Ipas México, denunció que el panista Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, en apego a los dogmas de la Iglesia católica, viola el Estado laico, al criminalizar a las mujeres por abortar y negarles la interrupción legal del embarazo (ILE), la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) y la quimioprofilaxis a quienes sufren violencia sexual en su estado. El acceso a la ILE, la PAE y a la quimioprofilaxis, procedimiento para evitar la transmisión de VIH e infecciones de transmisión sexual, están establecidos en la NOM 046 llamada Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención que fue aprobada en 2008 con la finalidad de establecer un protocolo de atención, que en Jalisco se incumple, aseguraron en su pronunciamiento, las integrantes del Pacto.
Este hecho es preocupante, debido al clima de violencia que prevalece en la entidad, ya que de enero a agosto de 2010, fueron asesinadas 197 mujeres, la mitad eran jóvenes. Cabe mencionar que 90 por ciento de las jaliscienses que denuncian violencia, desisten. Además, según información de la Procuraduría General de Justicia del estado, tan sólo en la primera quincena de abril de este año, se registraron 1.5 violaciones sexuales al día, éstas mujeres, además de la agresión sexual, sufrieron violencia institucional, cuando las autoridades les negaron el ejercicio de sus derechos, mencionó Escalante.
Ello se debe a que el gobierno de Jalisco, antepone sus creencias religiosas, a los derechos reproductivos de las mujeres, protegidos por las leyes nacionales e internacionales, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), suscrita por México hace 30 años. Las demandas de las integrantes del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, fueron entregadas a Gabriel Quesada Suárez, representante del Gobierno jalisciense en la capital, quien las recibió en la puerta del recinto, ya que dijo no tenía instrucción de dejar pasar a la comisión de feministas. Desde la reja, el funcionario se comprometió a enviar el escrito al gobernador de la entidad, en el que las manifestantes expresaron también su rechazo a la reforma constitucional, aprobada en marzo pasado, que “tutela y garantiza el derecho subjetivo público del individuo a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural”.
Debido a que esta reforma penalizó el aborto en cualquier circunstancia, las integrantes del Pacto presumen la existencia, en esa entidad, de mujeres presas por abortar, aunque aún no cuentan con información oficial, ya que las autoridades se las han negado, reiteradamente. Las autoridades también han negado los datos acerca del número de abortos practicados en el estado, los cuales deben tener un subregistro importante, pues con la criminalización las interrupciones de embarazos no deseados se practican en forma insegura, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres, refirió Julia Escalante en entrevista.
Al término del mitin, las integrantes unidas en el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, advirtieron que permanecerán atentas a que las políticas públicas que se elaboren en Jalisco, no violenten los derechos de las ciudadanas de esa entidad, donde es “notoria y sumisa” la obediencia de su gobierno a las disposiciones de la jerarquía católica.
Durante el mitin, Julia Escalante, también integrante de Ipas México, denunció que el panista Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, en apego a los dogmas de la Iglesia católica, viola el Estado laico, al criminalizar a las mujeres por abortar y negarles la interrupción legal del embarazo (ILE), la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) y la quimioprofilaxis a quienes sufren violencia sexual en su estado. El acceso a la ILE, la PAE y a la quimioprofilaxis, procedimiento para evitar la transmisión de VIH e infecciones de transmisión sexual, están establecidos en la NOM 046 llamada Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención que fue aprobada en 2008 con la finalidad de establecer un protocolo de atención, que en Jalisco se incumple, aseguraron en su pronunciamiento, las integrantes del Pacto.
Este hecho es preocupante, debido al clima de violencia que prevalece en la entidad, ya que de enero a agosto de 2010, fueron asesinadas 197 mujeres, la mitad eran jóvenes. Cabe mencionar que 90 por ciento de las jaliscienses que denuncian violencia, desisten. Además, según información de la Procuraduría General de Justicia del estado, tan sólo en la primera quincena de abril de este año, se registraron 1.5 violaciones sexuales al día, éstas mujeres, además de la agresión sexual, sufrieron violencia institucional, cuando las autoridades les negaron el ejercicio de sus derechos, mencionó Escalante.
Ello se debe a que el gobierno de Jalisco, antepone sus creencias religiosas, a los derechos reproductivos de las mujeres, protegidos por las leyes nacionales e internacionales, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), suscrita por México hace 30 años. Las demandas de las integrantes del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, fueron entregadas a Gabriel Quesada Suárez, representante del Gobierno jalisciense en la capital, quien las recibió en la puerta del recinto, ya que dijo no tenía instrucción de dejar pasar a la comisión de feministas. Desde la reja, el funcionario se comprometió a enviar el escrito al gobernador de la entidad, en el que las manifestantes expresaron también su rechazo a la reforma constitucional, aprobada en marzo pasado, que “tutela y garantiza el derecho subjetivo público del individuo a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural”.
Debido a que esta reforma penalizó el aborto en cualquier circunstancia, las integrantes del Pacto presumen la existencia, en esa entidad, de mujeres presas por abortar, aunque aún no cuentan con información oficial, ya que las autoridades se las han negado, reiteradamente. Las autoridades también han negado los datos acerca del número de abortos practicados en el estado, los cuales deben tener un subregistro importante, pues con la criminalización las interrupciones de embarazos no deseados se practican en forma insegura, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres, refirió Julia Escalante en entrevista.
Al término del mitin, las integrantes unidas en el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, advirtieron que permanecerán atentas a que las políticas públicas que se elaboren en Jalisco, no violenten los derechos de las ciudadanas de esa entidad, donde es “notoria y sumisa” la obediencia de su gobierno a las disposiciones de la jerarquía católica.
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