Irma Monreal, quien lleva nueve años de demandar justicia
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF 6 oct. 10 (CIMAC).- A nueve años de la desaparición y asesinato de Esmeralda Herrera Monreal en Ciudad Juárez, Chihuahua, su madre sigue esperando que el Estado haga justicia y que ahora cumpla con la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el feminicidio de su hija y dos mujeres más, en el caso conocido como “Campo Algodonero”.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Irma Monreal recordó que “el próximo mes se cumplen nueve años de que el cuerpo de mi hija fue encontrado, y un año de que la CoIDH emitió su sentencia condenatoria contra el Estado, sin embargo “la justicia no la he visto llegar y pienso que no la voy a ver nunca”. El 10 de diciembre de 2009, la CoIDH publicó la sentencia que condena al Estado mexicano por no prevenir, investigar, ni actuar con celeridad para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, de la cual hasta el momento, tanto la Cámara de Diputados como organizaciones de la sociedad civil, han denunciado que el Estado, a través de sus instituciones no ha dado cumplimiento cabal.
El único resolutivo cumplido de las 14 disposiciones de la sentencia hasta el momento, es el que ordena la publicación de la sentencia en diferentes medios de comunicación y la página Web de instancias gubernamentales. La madre de Esmeralda, que cuando desapareció tenía 14 años de edad, afirmó que los mandatos de resolución inmediata no se han cumplido, es decir las familias continúan sin recibir atención psicológica y la indemnización económica.
A ello se suma que ninguna autoridad federal o local, se ha acercado para informales sobre los procedimientos que se realizarán, para dar cumplimiento al resolutivo referente a la creación del memorial, aseguró Monreal. “Las madres y familiares de las víctimas queremos que el memorial se construya en el predio del “Campo Algodonero”, donde encontraron los cuerpos, sin embargo nos enteramos que el gobierno pensaba hacerlo en un camellón y creemos que esto no es correcto. La CoIDH, establece en su sentencia que el memorial se construya en el predio conocido como “Campo Algodonero”, ya que fue ahí donde hace ya casi nueve años, se encontraron los cuerpos de mujeres que habían sido previamente torturadas.
La Secretaria de Gobernación informó a la Cámara de diputados que el predio es del gobierno federal, sin embargo la regidora de nomenclatura y monumentos, Leticia Corral Jurado, informó a los medios locales que este es de propiedad privada y el particular ofreció venderlo por un valor de 80 millones de pesos. El proyecto quedo inconcluso y pendiente para que lo solucione la próxima administración. Irma Monreal, agregó “no entiendo que va a pasar ni con el memorial y tampoco con las investigaciones para identificar, procesar, y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestras hijas. Esto es lo que más nos importa queremos justicia”, Enfatizó que estas resoluciones son para nosotros las más importantes, sin embargo hasta el momento no sabemos nada de las investigaciones, “no hay nada y lo grave es que ya salió la administración, ahora tenemos nuevos gobernantes y es como volver a empezar”.
En entrevista con Cimacnoticias la activista y abogada Imelda Marrufo Nava, señaló ante el actual cambio de gobiernos, tanto a nivel estatal y municipal, es prioritario que tanto el gobernador Cesar Duarte, como el alcalde Héctor Murguía, recuerden que las mujeres de Chihuahua también requieren atención dentro de la agenda pública.
Es necesario que tengan claro que, una parte importante de las prioridades dentro de sus políticas públicas, programas y proyectos, deben girar en torno a la sentencia de la CoIDH, que exige cambios estructurales para erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación. Falta poco más de dos meses para que para que el Estado Mexicano rinda su primer informe ante la Corte, y la sociedad en general y las organizaciones no vemos resultados; “no vemos avance, la Corte establece que previo a la realización del memorial se realizará una consulta y una convocatoria abierta, y a dos meses de que se cumpla el año de que se emitió la sentencia no se ha realizado, enfatizó Marrufo Nava.
Es por ello, agregó Marrufo Nava, que la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, hoy lanzó la convocatoria para que la sociedad en general participe en un concurso de cartel alusivo a dicha condena, porque hay que recordar que la sentencia resulta emblemática por diversas razones. Entre ellas porque define acciones de reparación del daño para las personas ofendidas directamente en el caso, medidas de no repetición, “que implica realizar una serie de reformas y programas de prevención y de atención con el fin de realizar cambios sociales en el Estado partiendo de esta ciudad fronteriza pero con repercusiones en todo nuestro país”.
La finalidad del concurso es que la sociedad se apropie de la sentencia como herramienta jurídica y política, a la vez que contribuya como observadora del cumplimiento cabal al que está obligado el gobierno de México ante la Corte, precisó. Lo ideal es que la sociedad funja como observadora vigilante de cada una de las acciones que el gobierno emprende para dar cumplimiento a la sentencia; “comprobando que éstas sean realmente efectivas y que no se queden en una simulación de las autoridades o mera voluntad política”, subrayó.
México, DF 6 oct. 10 (CIMAC).- A nueve años de la desaparición y asesinato de Esmeralda Herrera Monreal en Ciudad Juárez, Chihuahua, su madre sigue esperando que el Estado haga justicia y que ahora cumpla con la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el feminicidio de su hija y dos mujeres más, en el caso conocido como “Campo Algodonero”.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Irma Monreal recordó que “el próximo mes se cumplen nueve años de que el cuerpo de mi hija fue encontrado, y un año de que la CoIDH emitió su sentencia condenatoria contra el Estado, sin embargo “la justicia no la he visto llegar y pienso que no la voy a ver nunca”. El 10 de diciembre de 2009, la CoIDH publicó la sentencia que condena al Estado mexicano por no prevenir, investigar, ni actuar con celeridad para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, de la cual hasta el momento, tanto la Cámara de Diputados como organizaciones de la sociedad civil, han denunciado que el Estado, a través de sus instituciones no ha dado cumplimiento cabal.
El único resolutivo cumplido de las 14 disposiciones de la sentencia hasta el momento, es el que ordena la publicación de la sentencia en diferentes medios de comunicación y la página Web de instancias gubernamentales. La madre de Esmeralda, que cuando desapareció tenía 14 años de edad, afirmó que los mandatos de resolución inmediata no se han cumplido, es decir las familias continúan sin recibir atención psicológica y la indemnización económica.
A ello se suma que ninguna autoridad federal o local, se ha acercado para informales sobre los procedimientos que se realizarán, para dar cumplimiento al resolutivo referente a la creación del memorial, aseguró Monreal. “Las madres y familiares de las víctimas queremos que el memorial se construya en el predio del “Campo Algodonero”, donde encontraron los cuerpos, sin embargo nos enteramos que el gobierno pensaba hacerlo en un camellón y creemos que esto no es correcto. La CoIDH, establece en su sentencia que el memorial se construya en el predio conocido como “Campo Algodonero”, ya que fue ahí donde hace ya casi nueve años, se encontraron los cuerpos de mujeres que habían sido previamente torturadas.
La Secretaria de Gobernación informó a la Cámara de diputados que el predio es del gobierno federal, sin embargo la regidora de nomenclatura y monumentos, Leticia Corral Jurado, informó a los medios locales que este es de propiedad privada y el particular ofreció venderlo por un valor de 80 millones de pesos. El proyecto quedo inconcluso y pendiente para que lo solucione la próxima administración. Irma Monreal, agregó “no entiendo que va a pasar ni con el memorial y tampoco con las investigaciones para identificar, procesar, y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestras hijas. Esto es lo que más nos importa queremos justicia”, Enfatizó que estas resoluciones son para nosotros las más importantes, sin embargo hasta el momento no sabemos nada de las investigaciones, “no hay nada y lo grave es que ya salió la administración, ahora tenemos nuevos gobernantes y es como volver a empezar”.
NUEVA ADMINISTRACIÓN, MISMO PROBLEMA
En entrevista con Cimacnoticias la activista y abogada Imelda Marrufo Nava, señaló ante el actual cambio de gobiernos, tanto a nivel estatal y municipal, es prioritario que tanto el gobernador Cesar Duarte, como el alcalde Héctor Murguía, recuerden que las mujeres de Chihuahua también requieren atención dentro de la agenda pública.
Es necesario que tengan claro que, una parte importante de las prioridades dentro de sus políticas públicas, programas y proyectos, deben girar en torno a la sentencia de la CoIDH, que exige cambios estructurales para erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación. Falta poco más de dos meses para que para que el Estado Mexicano rinda su primer informe ante la Corte, y la sociedad en general y las organizaciones no vemos resultados; “no vemos avance, la Corte establece que previo a la realización del memorial se realizará una consulta y una convocatoria abierta, y a dos meses de que se cumpla el año de que se emitió la sentencia no se ha realizado, enfatizó Marrufo Nava.
Es por ello, agregó Marrufo Nava, que la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, hoy lanzó la convocatoria para que la sociedad en general participe en un concurso de cartel alusivo a dicha condena, porque hay que recordar que la sentencia resulta emblemática por diversas razones. Entre ellas porque define acciones de reparación del daño para las personas ofendidas directamente en el caso, medidas de no repetición, “que implica realizar una serie de reformas y programas de prevención y de atención con el fin de realizar cambios sociales en el Estado partiendo de esta ciudad fronteriza pero con repercusiones en todo nuestro país”.
La finalidad del concurso es que la sociedad se apropie de la sentencia como herramienta jurídica y política, a la vez que contribuya como observadora del cumplimiento cabal al que está obligado el gobierno de México ante la Corte, precisó. Lo ideal es que la sociedad funja como observadora vigilante de cada una de las acciones que el gobierno emprende para dar cumplimiento a la sentencia; “comprobando que éstas sean realmente efectivas y que no se queden en una simulación de las autoridades o mera voluntad política”, subrayó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario