Humberto Padgett acaba de publicar un impresionante libro en el que narra el funcionamiento de la industria del secuestro, que ha dejado cientos de muertos y muchos millones de pesos de beneficios en los años recientes (el libro se llama Jauría. La verdadera historia del secuestro en México).
Con apoyo en una investigación documental basada en los expedientes judiciales de las bandas que han sido desarticuladas, Padgett adelanta desde el inicio la tesis central de su obra: los secuestros se hacen, fomentan y mantienen en tres ámbitos de la vida de los delincuentes; esos ámbitos son la familia, la cárcel y la policía.
Caso tras caso, banda tras banda, nuestro autor va corroborando la presencia simultánea en varias ocasiones de familiares, compañeros de reclusión y policías. Sin esos vínculos, muchos secuestradores se hubieran quedado en simples ladronzuelos, encargados de asaltos de poca monta o de desvalijar automóviles. ¿Qué es lo que hace que un pequeño delincuente se convierta en un peligroso secuestrador? Normalmente, según el libro de Padgett, existe una motivación familiar o bien lazos amistosos desarrollados en la cárcel.
Y la complicidad policiaca. Esa es, quizá, la parte más desesperante de Jauría: Padgett cuenta casos en que los secuestradores habían sido detectados o incluso detenidos por la policía y los dejaron ir a cambio de dinero, coches, joyas, etc. Muchos muertos estarían todavía vivos, disfrutando junto a sus familias, si no fuera por la grosera corrupción de muchos, muchísimos policías que prefirieron abrir la mano en vez de cumplir con su deber de servir a la sociedad.
La narración de Padgett nos lleva a través de la conformación de las bandas, las fugas de la cárcel, la planeación de los secuestros, los duros momentos de la convivencia entre víctimas y victimarios, la siempre indigna y dolorosa negociación del rescate, la actuación de los cuerpos policiacos y —en ciertos casos— el asesinato de los secuestrados. Una narración del horror que se nos presenta con nombres y apellidos, con detalles que horrorizan y nos dejan pensando sobre las razones por las que hemos tenido que sufrir en México la plaga del secuestro.
Una gran mayoría de secuestradores proviene de hogares rotos. Su acceso a la educación ha sido prácticamente nulo. Casi todos han crecido en la pobreza y retornan a ella cuando se alejan del delito. Nada justifica sus actos, pero nos ayuda a entenderlos y nos indica de qué forma debemos trabajar en la prevención, que siempre es más fácil y más barata que la represión.
El libro de Padgett pone en evidencia que son las oportunidades para delinquir y la falta de horizonte vital lo que obliga a muchas personas a lastimar la vida o el patrimonio de los demás. Esa constatación es una muy mala noticia para México y para el futuro de todos nosotros, ya que estamos en una situación en la que los jóvenes parecen enfrentarse a una perspectiva de futuro cada vez más borrascosa.
El rector de la UNAM, José Narro, ha denunciado en muchas ocasiones el riesgo que corren más de siete millones de jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan (la generación nini). Ante un entorno que favorece la impunidad, no sería raro que el hampa intente enganchar a muchos de esos jóvenes. Padgett narra hacia el final de su libro la experiencia de algunos adolescentes que están en los centros para menores y que ya han sido acusados de secuestrar y matar. Es una muestra más de la degradación de una parte de nuestro tejido social.
Lo que parece evidente es que algo hemos hecho mal como sociedad y que deberíamos rectificar lo antes posible. Un país que no permita que salgamos tranquilos a la calle, a salvo de secuestradores y homicidas, es un país que a nadie no resulta atractivo. La delincuencia no sólo ha lastimado a millones de familias mexicanas, sino que está hipotecando el futuro del país. ¿Qué haremos —como sociedad— para detener ese riesgo de perder por completo a la república?
www.miguelcarbonell.com twitter: @miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
espido injustificado de más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) nos lo brinda la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que el entonces diputado del PAN Roberto Gil Zuarth presentó el 13 de octubre de 2009 en la Cámara de Diputados. ¡Tan sólo tres días después de la toma violenta, por aire y tierra, de las instalaciones de LFC! La premura de esta iniciativa tuvo que ver con el cálculo político de exterminar en pocos días la resistencia del SME y legalizar de inmediato la rapiña sobre LFC.1. Mediante reformas a los artículos 10 y 12 y la creación de los capítulos X y XI de la LSPEE y al artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y con la finalidad de ajustar el marco regulatorio del sector eléctrico del país a los principios constitucionales de responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, gobierno corporativo y eficiencia en la prestación de los servicios públicos
, la citada iniciativa reconoce un hecho y pone al descubierto sus reales intenciones: la figura de patrón sustituto y su propósito de avanzar en la privatización de la industria eléctrica mediante empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica
.
De manera cínica esta iniciativa del PAN señala que la decisión presidencial de liquidar LFC “puso fin a una excepción al modelo de servicio público planteado desde la reforma cardenista, excepción que sin duda alguna afectaba a los habitantes del área metropolitana del valle de México y que provocaba condiciones diferenciadas en el disfrute del servicio, además de un importante caudal de recursos públicos”. Después en cuatro párrafos reconoce que “en virtud de esa decisión, la CFE –Comisión Federal de Electricidad– asume nuevamente las funciones que venía prestando el organismo descentralizado liquidado, y que estaban planteadas desde la nacionalización de esa industria”, aceptando que “la CFE será la única empresa estatal que tendrá a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica en los términos del artículo 27 constitucional y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”. De manera reiterativa acepta que “al asumir las funciones de Luz y Fuerza, se torna impostergable que la CFE cuente con un marco normativo moderno y eficaz” (subrayados míos). Como el PAN lo reconoce, aunque Lozano lo niegue, CFE es para todos los efectos constitucionales, legales y laborales el patrón sustituto en los términos de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 290 de la Ley del Seguro Social.
2. Por supuesto la figura de proveedor del servicio del suministro de energía eléctrica
o empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica
no existe en la LSPEE ni en su reglamento. Por la simple y llana razón de que la Constitución lo prohíbe al establecer en el párrafo sexto del artículo 27 la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Sin embargo, en CFE la existencia de estas empresas es un hecho verificable desde hace muchos años, al igual que en Pemex. Empresas contratistas, en algunos casos propiedad o con participación accionaria de funcionarios públicos de CFE y de Pemex. Pero en todos los casos fuente de corrupción y de amasamiento de grandes fortunas con cargo al erario. Y precisamente, como este tipo de empresas están por fuera de la Constitución y la ley, el PAN presentó su iniciativa para legalizar en ley secundaria lo que la Constitución prohíbe; y en premio a su esfuerzo legislativo Roberto Gil Zuarth fue promovido a subsecretario de Gobernación.
3. De todos es conocido que el plan maestro de privatización de los energéticos salió de las oficinas centrales del Banco Mundial, del llamado Consenso de Washington y de los mandos del Fondo Monetario Internacional, bajo la preeminencia del imperialismo estadunidense. Estas políticas privatizadoras se han instrumentado por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte. En México han avanzado mediante reformas a leyes secundarias como fue el caso de la contrarreforma a la LSPEE promovida por Salinas de Gortari en 1992 y otras menos conocidas en 2008, hasta desembocar en esta última iniciativa del PAN.
Con el pretexto de regular los derechos básicos de los usuarios eléctricos, el PAN introduce la figura jurídica de empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica
, para las siguientes funciones: servicio ofrecido, su precio, condiciones de contratación y sus características; la facturación, el cobro, las medidas de consumo y demás características del servicio contratado; calidad, garantía y seguridad en la prestación del servicio por parte del proveedor, el derecho a la reparación e indemnización adecuada, oportuna y eficaz por los daños materiales en que incurra el proveedor por el incumplimiento de sus obligaciones
. En suma, para dejar en manos del capital privado toda la cadena productiva eléctrica (conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica), en el entendido de que ya 40 por ciento de la generación eléctrica está en manos del capital extranjero. ¡Y todavía se ofenden cuando se les califica de vendepatrias o de que sus decisiones públicas las toman al amparo etílico! A un año del golpe fascista el SME reclama: ¡patrón sustituto y toma de nota ya!
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