10/06/2010

La renovación del IFE


Lorenzo Córdova Vianello


El próximo 30 de octubre terminan su periodo los últimos tres consejeros electorales que fueron designados en su cargo con la lamentable y burda negociación que se operó en la Cámara de Diputados en 2003. Entonces, mediante un acuerdo que excluyó a la izquierda (cuyos operadores actuaron también con una torpeza y necedad que no puede obviarse en la reconstrucción de los sucesos), el PRI y el PAN (aunque el PVEM, aliado al primero, también fue considerado) decidieron la suerte del Consejo General del IFE repartiéndose la designación de los ocho consejeros electorales y del consejero presidente.

Miguel Ángel Yunes y Germán Martínez fueron responsables de operar ese nombramiento que bien puede ser indicado como el ejemplo icónico del proceso de deconstrucción que ha venido erosionando a muchas instituciones públicas, y que pasa por considerar a sus cargos directivos como cuotas de poder que los partidos (y hoy hasta algunos poderes fácticos) reivindican como propios. Y no sólo eso, sino que, en consecuencia, se asume que los nombramientos deben recaer no en personajes autónomos, sino en personeros de los intereses que los llevan al cargo, como meras correas de transmisión.


El sentido de aquel nombramiento en 2003 fue clara y cínicamente hecho público: nunca más debían llegar al órgano cúspide del IFE personas ajenas a los intereses de los partidos políticos, como las que habían integrado el anterior Consejo General y que habían impuesto las dos más altas sanciones económicas de la historia a algún partido en los casos Pemexgate y Amigos de Fox. Así, el Consejo General presidido por Ugalde nació partidizado y respondiendo a una lógica de cuotas partidistas y privilegiando, en general, perfiles mediocres fácilmente presionables y manipulables. El resto fue historia: ese Consejo condescendiente, inercialmente incapaz de confrontar a los partidos y con precaria autoridad moral, enfrentó en 2006 las elecciones más complicadas hasta entonces. La irresponsabilidad de los actores políticos, los errores del IFE y su incapacidad de comunicar lo que pasaba provocaron que la tubería electoral corriera el riesgo de obturarse y reventarse.

En un escenario ideal, el Consejo General no habría debido renovarse anticipadamente como pasó con la reforma de 2007, pero políticamente era inviable que con esa integración pudiera arbitrar otro proceso electoral, pues su confianza estaba profundamente lesionada. Pero la fórmula de renovación parcial establecida por dicha reforma tampoco fue la más afortunada porque se introdujo en el Consejo un nuevo grupo, minoritario en un principio, que tuvo que convivir con la lógica de facciones y con otras malas prácticas que ese órgano venía arrastrando. Habría sido, en ese sentido, más deseable una renovación total. Además, al determinarse un relevo por tercios (como está por ocurrir ahora), lamentablemente se estimula el reparto de cuotas entre los tres principales partidos políticos.

La renovación que hoy es inminente, supone que ya ninguno de los consejeros nombrados en el 2003 estará presente, pero eso no significa en automático que la tentación de partidizar al IFE esté ausente. De hecho, el que los tres consejeros sean nombrados a un año de que arranque el proceso electoral presidencial de 2012 supone un gran aliciente para ello. Hoy, más que nunca, requerimos que al Consejo General lleguen personas con un gran conocimiento técnico en la materia (el tiempo para su curva de aprendizaje es breve), con una sólida ética de la responsabilidad que les permita tomar decisiones, asumiendo que las mismas tendrán importantes consecuencias públicas y con una probada autonomía en sus trayectorias personales y profesionales que les hagan resistir las inevitables presiones que enfrentarán por parte de los partidos, del poder político y de los grandes grupos de interés mediático y económico.

El próximo sábado sabremos la lista de aspirantes, seguramente habrá nombres confiables, alfiles representando intereses y grupos políticos y hasta quienes, ambicionando el puesto, le habrán vendido su alma al diablo. Estos dos últimos, sin duda abundantes, serán los que, sobra decirlo, tendrán que descartarse. La responsabilidad de los diputados en estas designaciones es mayúscula; habrá que ver si están a la altura del reto o si la tentación de actuar facciosamente otra vez se impone abriendo el más funesto de los escenarios para el IFE... y para todos. Investigador y profesor de la UNAM

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