“El gobierno me dijo muchas veces mujer mentirosa… Nunca nos creyó y ahorita estoy contenta porque ya salió la verdad… Ahora que salió la verdad lo que quiero es que se reconozca que el gobierno se equivocó con dos mujeres indígenas”, fue parte de lo que dijo Valentina Rosendo, indígena me’phaa, al dar a conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia a su favor y en contra del Estado mexicano.
El caso de Valentina es una desgarradora historia de abuso. “Anduve 8 años de buscar justicia, de sufrimiento, de dolor, que el gobierno no me creyera. Fue cerrar todas las puertas”. Ella fue violada por militares, en febrero de 2002, cuando tenía 17 años y hablaba sólo un poco de español. En su natal Guerrero no se le atendió ni se le hizo justicia, su marido la dejó y fue humillada por su comunidad donde “me discriminaron por mujer violada, como mujer que ya no vale…”. Hace ocho años salió de su comunidad y aún no puede regresar.
Al acudir a las instancias internacionales en busca de la justicia que no encontró en México, acompañada por el Centro de derechos humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las presiones y amenazas siguieron en su contra y de su familia. Hace poco más de un año dos hombres golpearon a su padre “le rompieron el brazo. Ellos trabajan con los militares. Ellos amenazan a mis papás, les mandan decir que deje de denunciar”. También a fines de 2009 otros dos hombres intentaron secuestrar a su hija de tan sólo ocho años (para mayor información remitirse a www.tlachinollan.org).
La CoIDH sentenció al Estado mexicano a realizar una investigación para sancionar a los culpables de las agresiones en contra de Valentina y de Inés Fernández, otra joven mujer indígena también violada por militares, y a sancionar a los responsables de no atenderles en los distintos momentos del proceso legal. Igualmente pide que la sentencia sea publicada parcialmente en español y en me’phaa. Destaca también que como parte de la reparación de daño se cree un centro para promover los derechos de las mujeres indígenas, entre otras cosas.
La Secretaría de Gobernación anunció que acatará la sentencia, lo cual de inicio es muy buena señal, lo que sigue es que se cumpla, y para esto se tiene que asumir que en la atención a Valentina e Inés requiere acción de Estado, que involucre a las distintas dependencias y niveles de gobierno.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, intelectuales y periodistas trabajan también en la constitución de un comité que vigile de cerca el cumplimiento de esta sentencia, pues no podemos permitir, gobiernos y sociedad que abusos como los vividos por estas indígenas se repitan.
de algún método que provoque su expulsión, incluso en casos de violación, riesgo de muerte materna o deformación, ha puesto a la mujer indígena migrante en una situación de altísima vulnerabilidad en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. La sistemática violación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas es el factor mayor de la violencia de género. Asegurar los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial el de una vida libre de violencia, es integral para garantizar los derechos indígenas como grupo (ONU).La relación de los pueblos indígenas migrantes con el Estado plantea un análisis de reflexión sobre la concepción de éstos de territorio, derecho y cultura. La mujer indígena migrante, asentada o no en el valle de San Quintín, intenta cambiar sus costumbres a causa de la discriminación que sufre. Se enfrentan además a que todos los productos implican un gasto, a diferencia de su pueblo de origen, donde se siembra y cosecha el alimento, además la desilusión ante la expectativa de que en el norte se gana más, que no siempre resulta cierta, por lo que los hijos e hijas se deben incorporar a la labor.
El trabajo infantil es una costumbre, una manera en la que los y las hijas se enseñan a trabajar, a valorar su vida, y su mayor temor es que caigan en la garra de las adicciones. Las mujeres indígenas, además, se ven enfrentadas entre dos realidades: por una parte se les menciona que en Baja California las mujeres tienen más derechos, como el trabajar y que se les pague a ellas, el derecho a la salud, etcétera; sin embargo a la hora de ejercerlos, en su comunidad, en su familia, entre las autoridades, les ratifican que debe obedecer al esposo y si él sabe de los derechos las amenaza. Algunas mujeres mencionan que se sienten deprimidas, sin esperanza, y cuando están embarazadas viven con el miedo de tener una niña.
El derecho a decidir sobre su cuerpo, en el caso de las mujeres indígenas se ve limitado por el escaso acceso a la insuficiencia de promotoras indígenas en salud. Las mujeres plantean dos conflictos con los sistemas de salud en la región: las y los doctores no aceptan que ellas prefieran hacer un trabajo de parto en cuclillas, así como que durante el periodo de gestación consulten a la partera y se soben. Cuando algunas mujeres indígenas les explican a los doctores que les duele demasiado el trabajo de parto acostadas, ellos se molestan y reportan que se les dice que van muy sucias de los pies, que los traen con tierra, además les dicen que no sean escandalosas, ya que con el esposo no lo fueron, lo cual es violencia discriminatoria e institucional del sistema que carece de interculturalidad y sensibilidad de género para relacionarse con la mujer indígena. Otra situación parecida se vive en relación al temazcal, ya que en los hospitales de la región les piden el baño al día siguiente después del parto, lo cual genera conflicto que detona en una mala atención y victimización de la mujer.
A 190 kilómetros de la ciudad de Ensenada, en la parte sur del estado de Baja California, se localiza la región agrícola del valle de San Quintín. Esta región de producción hortícola orientada principalmente hacia el comercio exterior se ha caracterizado por su alta tecnología de punta y es representativa de la agricultura moderna en México (Lya Niño, 2009), lo que ha implicado la polarización social entre los altos niveles de producción y las condiciones de extrema pobreza y de empleo en que viven los trabajadores agrícolas.
La fuerza laboral jornalera es relativamente joven: el promedio de edad fluctúa entre 19 y 50 años, por lo que los empresarios contratan a las y los jornaleros en su etapa de vida más productiva (Moret y Cossío, 2004). A partir de los años 80 las mujeres se incorporaron de forma directa al mercado laboral y con ello se inicia el proceso de la feminización de la fuerza laboral agrícola y se considera que su aportación en mano de obra es importante: entre 25 y 30 por ciento de la actividad agrícola corresponde a las mujeres (Sánchez-Moreno, 1998).
La situación de las mujeres no es mejor que la de los demás trabajadores en la región. Los derechos de las madres trabajadoras no se respetan en lo que se refiere a trabajos pesados durante gestación, parto y posparto: menos de uno por ciento de las mujeres ha recibido permiso en tiempo para amamantar a su bebe, y menos de 9 por ciento ha recibido algunas semanas de pre y posparto que establece la ley. Durante 2007, bajo el reglamento a la ley de los trabajadores eventuales del campo del IMSS, los patrones negaron la afiliación a cientos de jornaleros. Por medio de Coprodiac-CNDH se llevo a cabo una intervención y se logró la afiliación de los 120 trabajadores; sin embargo, poco a poco fueron despedidos. La mayoría de las mujeres trabajadoras han expresado que al asistir a solicitar su afiliación al IMSS el patrón inmediatamente las amenaza con el despido. A escala estatal, la población femenina de Ensenada es la que posee el menor índice de jubilación.
En la próxima entrega analizaremos cuáles son las principales enfermedades de las mujeres jornaleras de San Quintín.
Fuente: Proyecto de investigación del Colectivo para la Promoción del Desarrollo Integral Jesús Rubiell, AC (Coprodiac), San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California, 2010.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario