Puntos y Contrapuntos
Pedro Mellado Rodríguez
"Las acciones de los gobernadores de Chihuahua y Querétaro que son una clara provocación y violación a nuestras leyes, tendrían que ser analizadas".
Se formó en las filas de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la perversa CIA, instrumento del imperio del norte para dinamitar gobiernos democráticos y legítimos que no le son gratos o serviles a sus intereses. Ronald Johnson, el Embajador de Estados Unidos en México es el más genuino representante del gobierno de extrema derecha de Donald Trump y tendría que ser observado con mucha atención y riguroso cuidado por el Gobierno de México, pues ya ha estado relacionado con dos acciones injerencistas, provocaciones abiertas que atentan contra la soberanía de nuestro país y nuestras leyes.
Lo singular es que en ambos casos, los instrumentos para la provocación fueron dos gobiernos panistas: el de Chihuahua, que encabeza María Eugenia Campos Galván, y el de Querétaro, de Mauricio Kuri González. Ambos mandatarios tienen poco que perder, pues el domingo 6 de junio del 2027 serán electos sus relevos en las gubernaturas que actualmente tienen. Por lo mismo serían el instrumento apropiado para tratar de socavar la autoridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobierno mexicano de la Cuarta Transformación, primero rumbo a los comicios del año próximo y luego hacia la contienda presidencial del 2030.
Con el encabezado “Kuri y Johnson sellan pacto para seguridad” y el sumario “Contra el crimen no bastan buenas intenciones, sino actuar, coinciden Gobernador y Embajador”, el Diario de Querétaro dio cuenta el pasado viernes 2 de octubre del 2026, en una nota firmada por la reportera Lorena Sandoval, que fue colocada la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial del Estado, proyecto en el que el gobierno de Estados Unidos colaboraría con una inversión de 10 millones de dólares.
Agrega la información del Diario de Querétaro que en representación del Presidente Donald Trump, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que Querétaro está poniendo el ejemplo con la primera academia enfocada en la identificación de drogas, armas y situaciones de riesgo.
Refiere la nota que el Gobernador de Querétaro reiteró que la seguridad y la profesionalización policial son prioridades permanentes de su gobierno, destacando que el trabajo conjunto con agencias internacionales permitirá blindar al estado y compartir conocimientos con otras corporaciones. En tanto que el Secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Iován Elías Pérez Hernández, resaltó la alianza con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada estadounidense en México para elevar los estándares de la corporación local.
Así, sin mayores trámites, Gobernador y Secretario de Seguridad de Querétaro y el Embajador de Estados Unidos en México, pasaron por encima de la Ley de Seguridad Nacional e incurrieron en una grave violación que debería tener consecuencias muy concretas para frenar el injerencismo estadounidense en nuestro país. Además, habría que considerar que junto con la violación de la Ley de Seguridad Nacional, el Gobernador de Querétaro y su Secretario de Seguridad, tendrían que ser investigados por varios presuntos delitos por la Fiscalía General de la República que encabeza Ernestina Godoy Ramos.
El reclamo
En la conferencia mañanera del lunes 5 de octubre del 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al tema: “El día de ayer, o antier, no recuerdo, en el estado de Querétaro, el Gobernador invitó al Embajador de Estados Unidos a poner la primera piedra de una academia internacional de capacitación de policía. No invitaron a la Defensa, no invitaron al Gabinete de Seguridad Federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores; se invitó al Embajador de Estados Unidos”.
Precisó la mandataria: “Primero. Un gobierno estatal no tiene que ver directamente con delincuencia organizada, son delitos federales. Y segundo. ¿Cómo es que hay una primera piedra con un Embajador de Estados Unidos y un Gobernador mexicano, y no con el Gabinete de Seguridad Federal?”.
Aclaró Sheinbaum Pardo: “Cualquier agencia, cualquier institución de Estados Unidos que quiera capacitar en México por razones de seguridad […] tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Ley de Seguridad Nacional […] Tiene que dar explicaciones el Gobernador; porque no puede poner una academia internacional sin la autorización del Gobierno de México y particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores”.
Ese mismo lunes 5 de octubre del 2026 la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país publicó un comunicado de cuatro puntos en los que advierte: “1.- Esta Secretaría reitera que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe solicitarse el visto bueno previo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional. La Cancillería acompaña a los gobiernos estatales y municipales en estas gestiones”.
“2.- El 25 de septiembre [del 2026], la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) recibió un oficio del Gobierno del Estado de Querétaro que informaba sobre la visita del Embajador de los Estados Unidos de América, Ronald D. Johnson, prevista para el 2 de octubre, con el propósito de abordar 'diversos temas de interés común'. En dicho oficio se precisaba que la visita 'no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia […]'.
“3.- La Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra se colocó durante esa visita [el viernes 2 de octubre del 2026], es un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que corresponde presentarlo al GANSEG [Grupo de Alto Nivel de Seguridad, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional]. Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario Roberto Velasco Álvarez conversó directamente con el Gobernador Mauricio Kuri González y se le dirigió un oficio en el que ofrece el acompañamiento de la Cancillería en estas gestiones, en un ánimo de coordinación institucional”.
“4.- México y los Estados Unidos mantienen una sólida colaboración en materia de seguridad, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, el respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación. Esta colaboración se conduce a través de los canales institucionales del Gobierno de México, en coordinación con las entidades federativas”.
Primera provocación
El domingo 19 de abril del 2026, a las 14:43 horas, el Embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter): “Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”.
Agrega el Embajador estadounidense: “Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”.
Ronald Johnson se refería a la muerte, presuntamente accidental, en un incidente carretero, de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia, la perversa CIA, en un operativo antidrogas realizado en territorio de Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos Galván, el domingo 19 de abril del 2026, del cual no tuvo conocimiento previo el gobierno federal mexicano.
En su conferencia mañanera del lunes 27 de abril del 2026 la mandataria Claudia Sheinbaum aclaró que a la Presidenta de México le corresponde la defensa de la soberanía, resguardar la soberanía nacional y el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes que de ella se deriven.
Explicó que se envió un reclamo al gobierno de Estados Unidos y a su Embajador en México exigiendo respeto a la soberanía del país. Y sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua aclaró que “no tenía conocimiento el Gobierno federal de la participación de estas personas, y esperemos que sea un caso de excepción; que, a partir de este momento, en efecto —como se venía haciendo—, se cumplan las reglas de nuestra Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”.
Las leyes
El artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional señala que “los Agentes Extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate”.
Por otra parte, sobre la conducta que deben asumir otras instancias de Gobierno con respecto a la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano, el Artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional es muy preciso: “Los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán entregar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros, un informe por escrito de las mismas”.
El mismo artículo señala con claridad: “Las reuniones que sostengan con los agentes extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad. En dichas reuniones deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores […] La violación de estas disposiciones será causa de responsabilidad administrativa o penal, de conformidad con las leyes respectivas”.
El Artículo 73 de la Ley de Seguridad Nacional precisa que “el Gobierno de México supervisará, en todo momento, el cumplimiento por parte de los Agentes Extranjeros de las obligaciones legales y de aquellas que deriven de los convenios bilaterales suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional. Cuando a juicio de las autoridades mexicanas un agente extranjero incumpla con las disposiciones generales y específicas que le resulten aplicables, el Gobierno de México solicitará su retiro al gobierno del Estado acreditante y quedará sujeto a las sanciones que resulten aplicables en términos de las leyes mexicanas”.
Las acciones de los gobernadores de Chihuahua y Querétaro que son una clara provocación y violación a nuestras leyes, en abierta colaboración con el gobierno de Estados Unidos, tendrían que ser analizadas a la luz del Artículo 123 del Código Penal Federal que establece el delito de Traición a la Patria.
En el referido artículo se señala que “se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la Patria” en el supuesto de que “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.
¿Qué gobernador, de qué partido, de qué estado de la República, consentirá y colaborará con el Gobierno de Estados Unidos en un futuro acto de provocación contra el Gobierno de México? Seguramente usted ya tiene a su favorito, en este abyecto camino de los colaboracionistas y vende patrias.
Las violaciones a la soberanía de México son investigadas por la Fiscalía General de la República y si finalmente atribuyera responsabilidades a la actual Gobernadora panista de Chihuahua María Eugenia Campos Galván y al mandatario albiazul de Querétaro, Mauricio Kuri González, el Ministerio Público Federal sólo tendría que esperar a que ambos terminaran sus periodos de gobierno, en septiembre del 2027, para solicitar las correspondientes órdenes de aprehensión y ponerlos a disposición de la autoridad judicial para que sean sometidos a proceso. Y al Embajador Ronald Johnson habría que invitarlo a que regrese a su casa.
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