Mientras la atención del público se distrae con ocurrencias
gubernamentales, los problemas urgentes se acumulan y agravan. Además de los
ataques a críticos y personas defensoras del territorio, entre otros, sigue su
curso la violencia contra las mujeres, desde el acoso tolerado, la ausencia de
justicia para las víctimas de violación, hasta la desaparición sin fin de
mujeres y niñas, y ahora la estigmatización en el discurso oficial (y
filtraciones falaces) de quienes denuncian las violencias machistas en la UNAM
(situación que urge resolver con diálogo inteligente y abierto).
Aunque cada caso tiene aristas y matices distintos, hay que insistir en
que estas violencias no se van a difuminar con descalificaciones, medidas
“apagafuegos” o discursos “bien intencionados”, sino con políticas públicas
integrales para mujeres y niñas, basadas en la profesionalización en Perspectiva
de Género de los servidores públicos.
Aunque se han presentado múltiples argumentos para preservar el tipo
penal del feminicidio, es evidente que el gobierno hace oídos sordos y que el
propio fiscal de la república no tiene claro ni lo que es “género” ni la
especificidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Por ello, además
de insistir en que este delito se mantenga en el Código Penal Único, hay que
subrayar la urgente necesidad de profesionalizar en perspectiva de género, de
arriba a abajo, a todos los servidores públicos, en particular al personal del
sistema de justicia, para que entiendan qué es la violencia contra las mujeres,
sus motivos particulares, y ejerzan cabalmente sus responsabilidades, y acabar
con la negligencia e irresponsabilidad, ya condenadas, entre otras, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de “Campo algodonero”.
Profesionalizar en violencia, con PEG, a todo el personal de justicia es
urgente también para que traten de manera adecuada a quienes denuncian
violencia sexual, acoso o violencia familiar, en vez de maltratarlas e inhibir
la denuncia. Profesionalizar, que no “sensibilizar”, al personal permitirá además
diseñar políticas públicas para prevenir estas violencias, que no van a disolverse
con acciones y alertas improvisadas. Las experiencias exitosas de prevención
requieren de tiempo, planeación, redes de profesionales, ética y compromiso, y participación
ciudadana.
Brindar una atención acorde a la magnitud y complejidad de este problema
también exige responder a las necesidades diversas de la población femenina.
Llama la atención, en este sentido, que en la recién “inaugurada” Agencia
modelo especializada en delitos sexuales-6 la remodelación (incompleta) incluya
espacio para niñas y niños pero no para adolescentes, quienes necesitan un
trato especializado. También es inadecuado que se siga invisibilizando la
violencia sexual contra mujeres mayores enviándolas a otra instancia de
“adultos mayores” como si ellas no padecieran también violencia machista. Si
esto sucede en una instancia “especializada”, es obvia la necesidad de cambio
en otras.
La urgencia de conjuntar prevención, atención profesional y sanción
efectiva, con PEG, puede ejemplificarse con casos de niñas y mujeres violadas
que a veces ni siquiera saben que deben buscar tratamiento médico inmediato y se
enteran meses después que están embarazadas, o que intentan denunciar y no
pueden, porque no hay ministerio público disponible o éste o la médica legista
las maltratan. Así aumenta la cifra negra y los violadores quedan en libertad
de acechar a otras víctimas.
Las violencias machistas siguen dejando a mujeres, niñas y familias en
la indefensión por la negligencia de autoridades incapaces de reconocer que
prevenir y combatir la violencia machista exige profesionales, con sentido
ético. Necesitamos por ello que las instancias a cargo de la política de
igualdad y contra la violencia defiendan los derechos de las mujeres, en
coordinación con la sociedad organizada, y exijan los recursos necesarios para la
profesionalización de su personal y el de instancias como la FGR, para prevenir
y sancionar esta violencia y brindar a las víctimas la atención que
merecen.
Es lamentable que quienes encabezan Inmujeres, Conavim, Segob e
instancias locales encargadas de la “política de género” sigan callando
ante la ausencia de política de Estado para las mujeres.
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