Paraísos industriales; infiernos ambientales

Víctor M. Toledo

Miguel López-Vega, bautizado como el primer preso político de la 4T, fue injustamente detenido (y liberado después) por encabezar junto con otros ciudadanos de Santa María Zacatepec y otras comunidades indígenas un movimiento de defensa del río Ametlapanapa amenazado por las aguas tóxicas del corredor industrial de Huejotzingo, Puebla. Como sucede en las principales cuencas del país (del Lerma, el Atoyac, el Santiago, el Papaloapan, el Sonora, etcétera) los ríos se han convertido en el drenaje de las industrias y estas cloacas, a su vez, afectan la salud de decenas de miles de mexicanos que habitan en sus riberas. Esta falta de justicia social y ambiental fue obra de las políticas corruptas y perversas de los gobiernos neoliberales que ofrecieron todas las facilidades a las industrias y omitieron el cumplimiento de las leyes ambientales, sanitarias y laborales.

El caso del río Ametlapanapa y de la lucha de las comunidades en su defensa ha dejado al descubierto el contubernio existente entre el capital y el estado durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. Inaugurada en 2000, la llamada Ciudad Textil es un parque industrial ubicado a un costado del aeropuerto de Puebla que hoy es ocupado por 28 empresas textileras y automotrices, que el gobierno de Puebla ofreció sin cumplir con la normativa ambiental, y en complicidad con las autoridades ambientales federales y estatales, pues ese espacio nunca contó con un plan de manejo de residuos sólidos y de emisión de gases a la atmósfera. Tampoco se sabe si cada empresa ubicada en el parque cuenta con plantas de tratamiento de agua como marca la ley. Lo único que proveyó el gobierno fue una laguna de absorción que cada año se desborda. Frente a esa situación el conjunto de empresas decidió construir un tubo de cuatro kilómetros de largo para arrojar las aguas residuales de todas las industrias, adivinó el lector, al río, el cual atraviesa los poblados de al menos cuatro comunidades rurales. La legítima respuesta de las comunidades en defensa de su salud, los derechos humanos y el río mismo iniciada en agosto de 2019 fue puntualmente reprimida el 30 de octubre por la policía estatal. El tubo para drenar las aguas industriales con un costo de 38 millones, continuó además su construcción, ante lo cual los defensores del río intensificaron su resistencia, deteniendo las maquinarias, bloqueando la carretera federal y finalmente tomando la alcaldía. Esta historia, que repitió por todo el país en las últimas décadas y que en muchos casos se saldó con el encarcelamiento y la muerte de los ambientalistas, hoy toma un cauce diferente porque el contexto ha cambiado. La solidaridad nacional e internacional, la rápida difusión del caso y la atención puesta por el Presidente de la República, ha facilitado que este conflicto sea atendido por las autoridades de los nuevos gobiernos.

El caso del río Ametlapanapa apareció además justo a otros acontecimientos notables como el Toxitour, una caravana de observadores internacionales, parlamentarios, activistas y académicos de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, que recorrieron seis de las regiones de mayor contaminación en el centro y sur del país en diciembre pasado desde el río Santiago, en Jalisco, hasta Coatzacoalcos, Veracruz. En estos infiernos ambientales abundan los casos de cáncer, insuficiencia renal, padecimientos neurológicos, incremento de abortos, efectos genéticos y otros males.

Destacan en estas tragedias los ríos Lerma y Santiago por sus altísimos niveles de contaminación. En el primero se ubican unas 2 mil 500 industrias a lo largo de sus 700 kilómetros. En el segundo existen 500 descargas provenientes de 741 empresas como granjas porcícolas, y fábricas de la industria alimentaria, tequilera, electrónica y química. Afortunadamente en el segundo caso, el gobierno de Jalisco ha iniciado un ambicioso programa denominado Revive el Río Santiago, que por su metodología integral y sus alcances se puede convertir en modelo a imitar en el resto del país.

Lo anterior conduce a una sola conclusión. Un gobierno que tiene como una de sus consignas centrales el rescate de los mexicanos marginados, está obligado a declarar la contaminación de los ríos y otros cuerpos de agua como una emergencia ambiental y sanitaria de alta prioridad. Ello implica iniciar a corto plazo una campaña nacional para salvar los ríos, lagos, esteros y lagunas de la contaminación generada por industrias y polos urbanos. Esto debe marcar una política ambiental y sanitaria de emergencia, pues no hay salud ambiental sin salud humana y viceversa.