Era 14 de febrero de 2018, Día del Amor y la Amistad. En lugar de
festejar, una pareja discutía en una parada del transporte público en la
zona hotelera de San José del Cabo, Baja California Sur. De pronto, el
hombre sacó un cuchillo y apuñaló a la mujer hasta matarla.
Taxistas que presenciaron el asesinato corrieron tras él y lograron
detenerlo cuando trataba de fugarse, para entregarlo a las autoridades,
según notas periodísticas publicadas ese día en medios locales.
El crimen ocurrió en vía pública y a plena luz del día; hubo saña
contra la víctima y el agresor era su pareja. Son condiciones que, según
la ley, corresponden a un feminicidio, es decir, a un asesinato de una
mujer donde se aprovecha su género. Pese a ello la Fiscalía del estado no lo clasificó así, sino solo como un homicidio más.
Es más: en todo 2018, Baja California Sur no reportó haber tenido ni un solo caso de feminicidio.
Pero recuentos alternativos de la sociedad civil muestran otra
realidad: según el mapa interactivo del feminicidio en México elaborado
por la geofísica María Salguero, ese año hubo cinco feminicidios en Baja
California Sur, y según el blog de la activista Frida Guerrera, hasta
14.
Animal Político reveló ayer que en los últimos cuatro años y medio solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres
ocurridos en México fueron investigados como posible feminicidio. Al
analizar ahora los datos estado por estado, se advierten disparidades
notorias.
Hay algunas entidades que sí indagan la mayor parte de los asesinatos
de mujeres como un posible feminicidio. Por ejemplo, en 2018 Sinaloa
reportó 49 víctimas de feminicidio que equivalen al 94.2% de todas las
mujeres asesinadas en dicha entidad, según datos de Inegi. Nuevo León
reportó a 79 víctimas de posible feminicidio, que son el 85.9% de las
mujeres víctimas de una muerte violenta en la entidad.
Tabasco, Veracruz y Yucatán son otros estados que tipificaron como
posible feminicidio a más del 70% de los homicidios de mujeres. Sonora
lo hizo con el 51% de sus casos.
Pero el resto de las entidades decidieron tipificar e indagar como
feminicidio menos de la mitad de los asesinatos de mujeres. El caso de
Guanajuato es llamativo pues registró la segunda cifra más alta de
mujeres asesinadas en 2018 con 362 víctimas, pero solo clasificó como
feminicidio a 21 casos, que equivalen al 5.8%.
Baja California Sur reportó cero víctimas de feminicidio pese a que 31 mujeres fueron asesinadas ese año.
En total son 13 estados los que reconocieron como feminicidio a menos
del 20% de los asesinatos de mujeres en 2018: Durango, Chihuahua,
Colima, Guerrero, Tlaxcala, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Baja
California, Tamaulipas, Quintana Roo, Guanajuato y Baja California Sur,
Decisión política… ni técnica ni jurídica
Carolina Torreblanca, investigadora de la organización Datacivica, publicó un análisis
que identifica que incluso en un mismo estado el registro de víctimas
de feminicidio se dispara de un año a otro. Ello, señala la experta,
muestra que la tipificación obedece más a políticas en torno a la
definición de este delito, que a una medición real del fenómeno.
La abogada especializada en temas de derechos humanos y feminismo
Karla Michel Salas coincidió en señalar que, aunque hay reglas y
protocolos en cuanto a qué es un feminicidio y cómo debe investigarse,
en realidad se opera con total discrecionalidad.
“Es una decisión arbitraria, no sabemos a partir de qué parámetros determinan que casos inician como feminicidio
y que casos no, cuando lo que establece el criterio judicial y
protocolos es que todos se tienen que indagar de inicio como
feminicidios. Incluso esto termina siendo una decisión meramente
política sobre cuándo les conviene o no reconocer un feminicidio”, señaló.
Una auditoría oficial
realizada el año pasado sobre los registros de incidencia delictiva de
las fiscalías, y cuyos resultados no se han querido transparentar,
confirmó que existe un subregistro intencional de múltiples homicidios
con características de feminicidio, situación que también ocurre con
otros delitos de alto impacto.
“A veces no lo quieren tipificar por razones políticas. En Veracruz,
Jorge Winckler (exfiscal) cuando tuvo problemas con el gobernador
Cuitláhuac García, de repente dijo que todas las carpetas iban como
feminicidio, para golpear al gobernador. Ahorita que tienen una
encargada de despacho nueva, 21 de esos casos los cambió a homicidios
calificados de un plumazo. Siempre el feminicidio se ha utilizado políticamente”, señala por su parte María Salguero.
Poca capacitación, nula perspectiva de género
En un diagnóstico entregado al Congreso hace unos días la FGR
sostiene que aun cuando el delito de feminicidio está tipificado en casi
todo el país, las fiscalías enfrentan dificultades para documentarlo y
sostenerlo en un proceso judicial.
Las especialistas consultadas por Animal Político coincidieron en el diagnóstico, pero advierten que el problema de origen parte de los propios agentes del Ministerio Público.
Viridiana Valgañon, abogada litigante de la organización EQUIS
Justicia para las Mujeres, resume las complicaciones del tipo penal en
dos temas. Uno es falta de capacitación del personal ministerial para
identificar qué indicios permiten presumir desde un inicio la existencia
de un posible feminicidio, y abrir la carpeta de investigación por el
mismo.
El otro es la falta de perspectiva de género de los fiscales, quienes
aun cuando hay indicios claros de que, por ejemplo, el posible
feminicida es la pareja sentimental de la víctima, deciden normalizar
dicha situación y clasificarlo como un homicidio convencional. También
se ignoran patrones como la recurrencia del asesinato de mujeres en sus
casas o con métodos como la asfixia, que deciden ignorarse y manejarse
como homicidios simples y aislados.
Es un tema delicado, añade la abogada, ya que al no considerar de
inicio una carpeta de investigación como feminicidio se da pie a una
investigación incompleta, donde las pruebas que se recaben serán solo
para acreditar la existencia de un asesinato, pero no para documentar la
razón de género como un parentesco. Así se terminan desestimando
testimonios y evidencias.
Desde 2016, Frida Guerrera recopila en medios nacionales y locales
casos de vidas arrancadas —como pide llamarlas— de mujeres, y clasifica
los casos como feminicidios si cumplen con lo que establece el artículo
325 del Código Penal Federal.
“Aunque trátese de lo que se trate, homicidios por ejemplo en un
asalto, (las Fiscalías) tendrían la obligación, respetando las
sentencias que hay, sobre todo la de Mariana Lima, de investigarlo con
el protocolo de feminicidio, pero lo hacen al revés. Pero por ejemplo el
homicidio de una niña por un grullero en Tultitlán, Estado de México,
cuando emiten la orden de aprehensión, la emiten por homicidio, y cuando
yo pregunto, me dicen ‘es que es más fácil que el juez nos las dé así, y
luego reclasificamos’, cuando debería ser absolutamente al revés”, dice
Guerrera.
Animal Político ha documentado casos, como el de Serymar Soto en el reportaje Matar en México: Impunidad Garantizada,
en donde pese a que el homicida fue la pareja sentimental de la víctima
y que hubo violencia previa, el agente del Ministerio Público se negó a
indagarlo como feminicidio bajo el argumento de que era “más complejo” y
podría poner en riesgo el éxito del caso.
“Todos son indicios claros que tendrían que ser suficientes para una
tipificación inicial, pero no ocurre. La realidad es que nos está
costando mucho trabajo que lo que hoy está en la ley se implemente. Los
datos lo dicen. Solo 1 de cada 5 casos. Eso quiere decir que la mayoría
no se investiga aun cuando en la ley el delito exista”, señaló Valgañon.
Impunidad y revictimización
María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF), puntualiza que no solo es importante que se abran
las carpetas de investigación por feminicidio, sino que también haya
vinculaciones a proceso y no se mantenga la impunidad. Pone como ejemplo
Oaxaca: cerró el año pasado con 28 feminicidios, pero solo 4 fueron
vinculados y se siguió el proceso de investigación.
“Lo que me preocupa es la gran impunidad que hay en el país. Y esos
datos no los da el sistema del Secretariado, ni siquiera nos los dan las
fiscalías”, reclama.
También lamenta la falta de detalles que hay en las estadísticas
oficiales sobre las características de las muertes, las condiciones en
las que se encontró el cuerpo, y los antecedentes. Porque en estados con
altos niveles de violencia del crimen organizado, por ejemplo, se
encuentran cuerpos de mujeres quemadas, descuartizadas, y aunque el tipo
penal establece que si se comenten “heridas infamantes” tiene que ser
considerado feminicidio, las fiscalías más bien consideran que es una
ejecución del narco y ya no se investiga a fondo.
“Se maquillan cifras, la autoridad prefiere decir: yo feminicidios no
tengo. Porque socialmente tiene menor impacto decir que matan a muchas
mujeres porque están en la delincuencia. Y llaman la atención las cifras
que en los estados más violentos de este país los feminicidios
reportados son pocos”.
¿Cuál es la solución?
Bajo el argumento de que construir investigaciones de posible
feminicidio está siendo complicado, el fiscal Alejandro Gertz Manero
propuso que se eliminen las condiciones que contemplan los códigos para
tipificar este delito y que se simplifique a una forma de homicidio,
pero más grave. “Se trata de visibilizarlo más”, subrayó ayer en
conferencia conjunta con el presidente.
La abogada Karla Salas dijo que esto, además de ser inconstitucional no es una solución,
dado que lo que se trata de perseguir y castigar con severidad son los
crímenes por razón de género, y no solo por el sexo de la víctima.
Valgañon coincide en ello pues advierte que hay otro fenómeno como el
de las mujeres que son asesinadas con armas de fuego, delincuencia
común u organizada, que va en crecimiento y que no puede tratarse ni
perseguirse la misma forma que la violencia feminicida, donde se
aprovecha la condición de género de las víctimas.
Ambas subrayaron además que el tipificar todo como feminicidio o el suprimir el tipo penal, invisibiliza además un fenómeno que es necesario documentar.
En ese contexto, señalaron que el trabajo debe orientarse hacia los
operadores del sistema, a la capacitación de las autoridades y a la
eliminación de estereotipos que hoy dificultan que lo que se consiguió
en la ley se aplique en la realidad.
La diputada Martha Tagle, que ha impulsado diversas iniciativas sobre
temas de género, dijo que es necesario revisar la implementación del
tipo de feminicidio, pero para hacerlo funcionar, no para suprimirlo.
“Urge que los ministerios públicos funcionen. Tenemos que hablar de
recursos, capacitación, estructura. A 12 años de cambios legales
seguimos sin tener ni policías ni fiscales preparados para identificar
feminicidios”, concluyó.
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