Campo sin créditos y agricultura protegida

Editorial La Jornada

Paradójica, sería una de las formas de llamarle a la situación de la agricultura en México: por un lado se admite que el desarrollo agrícola es esencial para el desarrollo económico sustentable del país (no hay administración de gobierno que no lo diga explícitamente); por el otro, el crédito destinado a ese sector es uno de los más bajos de América Latina (sólo son menores el de Brasil y el de Trinidad y Tobago). El dato aparece consignado en un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde la organización también señala que las zonas donde se concentran una parte sustancial de los recursos naturales del territorio nacional –es decir, las áreas rurales– siguen despoblándose poco a poco, por una combinación de factores donde el abandono, la desatención oficial y los planes de apoyo fallidos tienen un peso considerable.

Lo anterior no tiene nada de nuevo, porque el proceso de migración hacia los centros urbanos viene de lejos: en 1950, por ejemplo, 57 por ciento de la población mexicana vivía en comunidades rurales, en tanto que en la actualidad esa proporción supera escasamente 21 por ciento. La tendencia preocupa, no sólo porque contribuye a la constante formación de centros urbanos congestionados y superpoblados, sino también porque conspira abiertamente contra la producción agrícola nacional. El campo sigue desempeñando su tradicional función de proveedor de alimentos, pero 70 por ciento de las unidades productivas está a cargo de pequeños productores sin recursos, campesinos e indígenas que, en extensiones de cinco hectáreas o menos, y casi siempre afectados por bajos rendimientos, orientan su producción al autoconsumo y no siempre logran satisfacerlo.

Durante años, la infraestructura estratégica económico-financiera de apoyo al campo mexicano estuvo en manos del Estado, que mediante políticas cambiantes, y a menudo erráticas, intentaba llevar crédito a diversos puntos del país, tarea nada sencilla porque la gran variedad de suelos de México requiere recursos muy diferenciados. Pero la sucesión de crisis económicas (nacionales o importadas), y especialmente la funesta adopción de las recetas neoliberales, esa infraestructura fue derivándose hacia las instituciones de crédito privadas, y éstas empezaron a conceder créditos sólo a las unidades que cultivaban productos altamente rentables, que no son necesariamente los de consumo humano más extendido en la dieta de la población. La participación estatal en el otorgamiento de crédito al campo continuó teniendo un enfoque más o menos social, pero sus alcances nunca tuvieron la amplitud que el sector necesitaba para salir a flote.

Como uno de los cuestionamientos recurrentes al campo ha sido su baja productividad, en el transcurso de la pasada década y media empezó a plantearse la conveniencia de impulsar la llamada agricultura protegida, esto es, aquella que tiene lugar bajo estructuras que preservan los cultivos de los eventuales rigores del medio (heladas, granizo, lluvias torrenciales, sequías, etcétera). La idea fue tan bien recibida, que actualmente México ocupa el sexto lugar mundial en este tipo de agricultura, aun cuando el número de hectáreas sigue siendo proporcionalmente muy bajo en relación con los cultivos a cielo abierto. En estas condiciones, naturalmente, los índices de rendimiento productivo son mucho más altos, por lo que los organismos de crédito no se muestran muy reticentes para asignar sus préstamos. Pero, como es obvio si se examinan los costos, las unidades productivas de agricultura protegida son casi siempre propiedad de empresarios agrícolas con suficiente solvencia como para no depender enteramente del crédito, a diferencia del otro 94 por ciento de los productores de la república.

Son estos últimos los que necesitan programas de financiamiento otorgados con un sentido no sólo económico sino también social, dadas las carencias de la población que habita en sus zonas productivas, donde hay tres veces más pobres extremos que la media del país. Eso, y políticas públicas que ayuden a que los recursos destinados al campo sirvan para mejorar los sistemas de producción, y no simplemente para tapar, como dádivas, los agujeros de la pobreza.