De acuerdo con estudios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Pediatría (INP) –recién inspeccionado por sorpresa por las secretarías de la Función Pública y de Salud– aún no aclara la utilización de 53.8 millones de pesos, además de contar con observaciones por diversas faltas.
En una auditoría realizada en la Cuenta Pública de 2015, la ASF alertó que en dicho instituto habría ocurrido un probable daño al erario por más de 32 millones 600 mil pesos, debido al anticipo no amortizado de la realización de una obra pública.
También se identificó el uso presuntamente irregular de 7 millones 999 mil pesos al autorizarse el pago total de servicios de supervisión
sin acreditar la actuación de la contratista, pues no se efectuaron todas las partidas del contrato, no se implementaron acciones correctivas ni se ejecutó la labor solicitada según lo convenido.
Del total de las probables recuperaciones indicadas (54 millones de pesos), el INP sólo ha logrado aclarar o determinar el destino de 300 mil pesos.
Por otro lado, en la auditoría más reciente elaborada al instituto, en la Cuenta Pública 2016, se documentó que no acreditó haber identificado los temas prioritarios y emergentes en materia de salud infantil en aquel año, ni tampoco el incremento en la producción de investigaciones relacionadas con los temas para los que fue creado.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez –también revisado el jueves de forma sorpresiva– ha sido objeto de estudios de la ASF en las Cuentas Públicas de los años 2006 y 2012, en los cuales se indicó que su desempeño en general fue adecuado.
Sin embargo, los autores de los informes hicieron señalamientos respecto a algunas omisiones de las autoridades del instituto, entre ellas no cumplir con la meta de concluir ciertos proyectos de investigación y no tener indicadores ni metas anuales en diversas áreas.
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
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