Democracia 'patito'

 

Alberto Aziz Nassif

Cada vez que se presentan los informes de organizaciones internacionales sobre la situación de los derechos humanos en México suceden al menos dos cosas, una rápida respuesta defensiva del gobierno federal y la comprobación de que hace falta algo más que buenos discursos en Davos para cambiar la terrible realidad violencia y corrupción que campea en el país.

Independientemente del partido en el gobierno, la violación de derechos humanos sigue lastimando a los ciudadanos. Human Rights Watch (HRW) presentó su informe anual y evalúa el primer año de gobierno de Peña Nieto, sin dejar de lado el rezago del sexenio anterior que se agudiza en un ciclo que parece no tener fin. Para HRW una democracia tiene al menos tres elementos que se necesitan, elecciones periódicas, estado de derecho y respeto a los derechos humanos. Algunos analistas consideran que este último es como el ADN de un sistema democrático.

1) Ya sabemos que a la clase política le interesa de forma primordial la lucha electoral, a tal extremo que tienen más de 35 años modificando las reglas de juego para tener una competencia por el poder con las mayores ventajas posibles: mucho dinero público al grado de que ese recurso lo hicieron el único gasto que está en la Constitución. Hace unos días el IFE aprobó 4 mil millones de pesos para el gasto de los partidos políticos, en un año en donde casi no habrá elecciones, pero se declara “incompetente” para sancionar la promoción personal mediática de los políticos.

2) Con la situación que se vive en Michoacán y en otras partes del país (Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, etc.), captura y control del crimen organizado, podemos ver que el estado de derecho es una aspiración general porque sólo se aplica de forma selectiva para los sectores sociales que tienen recursos de defensa. Las cárceles están llenas de pobres que cometen delitos completamente menores y están en una prisión por no tener cómo defenderse.

3) En el informe de HRW los derechos humanos están en la lona. La administración panista dejó una “crisis humanitaria”, entre otras cosas, por la desaparición de 26 mil personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga actualmente 2,443 desapariciones en donde están involucrados agentes estatales. El gobierno de Peña Nieto ha promovido algunas acciones como la ley para víctimas y la comisión respectiva, pero sus resultados son muy pobres. Al problema se añaden las tumbas clandestinas en la frontera de Jalisco y Michoacán, que expresan el horror que ha dejado la guerra contra las drogas en México. Como parte de la crisis humanitaria se tienen datos sobre abuso militar e impunidad: de los 8,150 casos que revisa la CNDH, la oficina del procurador militar investiga 5,600 casos, de los cuales sólo 38 han recibido sentencia, según HRW. De la misma forma sucede con los cientos de casos de tortura, mecanismo que permanece como práctica cotidiana.

Los derechos humanos necesitan estar protegidos por un sistema de impartición de justicia eficiente. Pero en México hay fallas graves de corrupción, procedimientos inadecuados y complicidades entre la autoridad y los acusados. La reforma penal que está en proceso marcha como tortuga porque de los 32 estados sólo en tres hay una implementación plena del nuevo sistema penal acusatorio y oral; 13 estados están a medias y el resto quién sabe. Hay piezas pendientes como la modificación del mecanismo de arraigo que pasa de 80 a 35 días, que falta su aprobación en el Senado. La situación de las prisiones es lamentable, hay un control del crimen en 65% de ellas.

La enumeración sigue. En materia de libertad de expresión continúa el terreno minado, 85 periodistas asesinados entre 2000 y 2013 y 20 más desparecidos entre 2005 y 2013. HRW también revisa la violencia de género contra mujeres, la amenaza sobre los derechos reproductivos y los matrimonios del mismo sexo, porque el DF sigue siendo excepción en el país. Sobre derechos laborales tampoco hay avances, se violenta la materia del trabajo por la tendencia pro-empresarial de los sindicatos y la simulación de los contratos de protección que impide una contratación colectiva real, que se ha vuelto un ave rara en México. La situación de los migrantes centroamericanos es una vergüenza, porque mientras se reclama un trato humanitario a Estados Unidos, aquí se violentan los derechos de miles de centroamericanos que cruzan el territorio nacional como si fuera un campo minado.

En derechos humanos se necesitan resultados y no sólo bonitos discursos. Seguimos siendo un país con una democracia patito…

 Investigador del CIESAS

 Pregúntenos

 Alejandro Encinas Rodríguez

La maquinaria autoritaria del gobierno y de la derecha ha echado a andar su engranaje para impedir la consulta popular que más de dos millones de mexicanos hemos demandado en ejercicio del derecho que nos otorga la Constitución.

Tanto el coordinador de los diputados priístas, quien ha señalado que las leyes reglamentarias en materia energética deben iniciarse en esa Cámara, ya que se trata de un asunto de “ingresos”; como el coordinador del mismo partido en el Senado, quien afirma que la consulta de ninguna manera se va a realizar, dan cuenta de la decisión adoptada por el gobierno de Peña Nieto para negar nuestro derecho a ser consultados y, en su caso, revocar la contrarreformas que buscan entregar los hidrocarburos y la electricidad a los consorcios trasnacionales.

A ellos se han sumado el PAN y los corifeos tradicionales que, a través de los medios de comunicación, pretenden incidir en las audiencias para generar una percepción pública contraria a la consulta.

No se trata de algo nuevo, pues el dictamen aprobado por los diputados en 2013 sobre la Ley Federal de Consulta Popular, introdujo candados y restricciones violando los términos establecidos en la Constitución para impedirla.

De manera tramposa, el dictamen establece: “Serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión”, lo que excluye la posibilidad de realizar consultas respecto a los actos del Constituyente Permanente.

Se imponen mayores requisitos a los establecidos en la Constitución, sumando al requisito mínimo de 2% de firmas de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, la obligación de que al menos el 1% de las firmas provengan al menos 17 entidades de la República. Plantea además la obligación de presentar un aviso de intención ante la Cámara de Diputados, cuya falta de presentación sería causa para no admitir a trámite la petición de consulta, así como que un mismo ciudadano no podría aportar su firma más que para una consulta en un tema específico, contraviniendo la potestad constitucional del ciudadano para ejercer permanentemente sus derechos.

El dictamen establece diversos supuestos para definir cuándo se considerará que existe trascendencia nacional en los temas solicitados para consulta; entre otros, aquellos en que se “proponga legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten a una parte significativa de la población”, sin establecer expresamente que la pretensión de legislar incluye a las reformas constitucionales y refiriéndose específicamente a elementos que se propongan legislar y no cuando se plantee revocar una legislación existente, con lo que se anula el referéndum constitucional.

Frente a estas condiciones alevosas, es inadmisible para la izquierda en el Senado dictaminar esta minuta en sus términos, menos aún, votar en su favor. Hay quienes sostienen que, pese a las restricciones establecidas, es imperiosa su aprobación para culminar el proceso legislativo a fin de regular una carta ciudadana fundamental en el ejercicio de la democracia directa, lo que a mi juicio es innecesario, ya que el hecho de que no exista una ley reglamentaria, no es óbice para que el ciudadano ejerza su derecho constitucional. La Suprema Corte ha señalado que “la omisión legislativa no puede válidamente servir de excusa para privar de una vía a las partes a favor de las cuales se instituyó, pues las normas constitucionales aun no concretizadas por el legislador, deben ser susceptibles de aplicación directa por cualquier autoridad” (…) “aun cuando pudiera considerarse que una norma constitucional no puede ser invocada directamente si su texto requiere regulación posterior, ello no es una razón válida para aplicar la Ley Fundamental y considerar inexigibles los derechos o prerrogativas que establece”.

Así sucedió con la presentación de iniciativas preferentes presentadas por el Ejecutivo Federal sin que exista ley reglamentaria, por lo que no hay pretexto ni impedimento alguno para realizar la consulta, asunto que puede convertirse en un factor articulador de las izquierdas. Si el petróleo es de todos que nos pregunten a todos.

 Senador de la República