Pedro Mellado Rodríguez
Muy pacientes y prudentes han sido tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como el Poder Legislativo Federal, que integran diputados federales y senadores, con respecto a los groseros desafíos de por lo menos siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes encabeza la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, empecinados en acumular obstáculos para tratar de evitar la aplicación de la reforma judicial, aprobada y promulgada en apego estricto a los protocolos establecidos en la Constitución General de la República. Reforma que desde el pasado domingo 15 de septiembre del 2024 está vigente y es mandato obligatorio, al ser publicada y promulgada en Diario Oficial de la Federación.
Son permanentes, reiteradas, las provocaciones de la ministra Piña Hernández y de los seis ministros que hacen causa común con ella, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo, al aceptar y estimulando acciones jurídicas que carecen de sustento legal, con el propósito de frenar la aplicación de la reforma ya consumada, e incluso alientan el despropósito de que pudiera sancionarse por desacato a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por no cumplir suspensiones dictadas por jueces federales, que carecen de validez jurídica y son improcedentes contra reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En un capítulo más de esta truculenta y perversa historia, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, admitió a trámite una solicitud de la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, para que el máximo tribunal del país determine qué órgano es competente para conocer de las suspensiones emitidas por jueces de amparo que ordenaron frenar la reforma judicial y que presumiblemente fueron desacatadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y autoridades federales.
El periódico El Universal publicó la información este jueves 14 de noviembre del 2024, en la que explica que Piña Hernández turnó el expediente al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, uno de sus incondicionales, quien deberá elaborar un proyecto de resolución. La promoción de este recursos es la secuela de por lo menos 70 suspensiones emitidas por jueces de distrito en juicios de amparo promovidos por magistrados, jueces y organizaciones de la sociedad civil para frenar la reforma judicial, algo que jurídicamente no está permitido por la Ley de Amparo y tampoco por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La ministra Norma Piña convirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un poder faccioso, al servicio de la oposición de derecha y de los grupos de poder económicos y religioso que tradicionalmente han sido aliados de los gobiernos priistas y panistas. Un ejemplo muy ilustrativo del afán golpista de Piña Hernández fue cuando dio trámite, el lunes 26 de agosto del 2024, de manera exprés, a un recurso presentado por el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, para que ese alto tribunal analizara los criterios jurídicos para la asignación de diputaciones y de senadurías por la vía plurinominal en el Congreso, con el propósito de evitar que Morena y sus aliados lograran la Mayoría Calificada en la Cámara de Diputados de la Federación.
Fue tan precipitada y carente de sustento jurídico la decisión de la ministra Piña Hernández, que motivó un enérgico apercibimiento del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, otro de sus seguidores, quien le aclaró a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación algo que es elementalmente básico para cualquier juristas: que por disposición constitucional es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la última y definitiva instancia, facultada legalmente para interpretar la constitucionalidad de las leyes electorales, para la adjudicación de diputados y senadores plurinominales.
Existen sobradas y probadas razones para que los siete ministros golpistas de la Suprema Corte sean sometidos a Juicio Político, destituidos e inhabilitados para el servicio público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 110 que pueden se sujetos de Juicio Político los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito.
Mientras que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos precisa en su artículo 6 que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, como serían, el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de Gobierno republicano, representativo, federal y la usurpación de atribuciones o cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
La misma Cámara de Diputados podría promover el Juicio Político contra los siete ministros golpistas, empecinados en violar la Constitución, y podría presentar la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los legisladores presentes en la sesión respectiva, después de haber sustanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado. Morena tiene votos de sobra para cumplir con este primer trámite.
Una vez que el Senado de la República recibe la acusación formulada por la Cámara de Diputados en contra del servidor público sometido a Juicio Político, se convierte en Jurado de sentencia para aplicar la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Morena y sus aliados tienen, sin problemas, la mayoría calificada en el Senado. Por mandato constitucional, las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.
La misma Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que las sanciones derivadas del Juicio Político consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
De la mano de la ministra Piña Hernández el Poder Judicial ha sido utilizado para golpear política y jurídicamente a Morena y sus aliados, y a los gobiernos de la Cuarta Transformación, tanto el que encabezó Andrés Manuel López Obrador, como el que ahora es responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con singular desvergüenza, el Poder Judicial encabezado por la ministra Norma Piña camina por los senderos de la ilegalidad y la manipulación de las leyes, con tal de conservar sus privilegios, y proteger los intereses de sus socios y protectores, esa minoría privilegiada a la que ampara y sirve, alejada de los legítimos reclamos de la mayoría del pueblo, que tiene hambre y sed de justicia.
El Artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación establece que los nuevos ministros que sean electos en los comicios extraordinarios del domingo primero de junio del 2025 tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el primero de septiembre de 2025. Faltan más de diez largos meses para ese relevo. Mientras eso sucede, nadie debe descartar que la ministra Piña y sus secuaces sigan adelante, en forma sistemática y dolosa, en su afán de desafiar y provocar a la presidenta Sheinbaum Pardo y al Congreso de la Unión.
La destitución e inhabilitación de los siete ministros facciosos debe ser una acción enérgica promovida por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y resuelta por el Senado de la República como jurado de sentencia. Por supuesto, los ministros y la muy disminuida cofradía privilegiada de derecha que los apoya y los estimula, se desgarrarían las vestiduras y acusarían al gobierno de la Cuarta Transformación de autoritario. Igual lo acusan de lo mismo, sin que exista motivo. Diez meses de espera para que los siete ministros facciosos se vayan es mucho tiempo, en el que todavía podrían causar mucho daño al país.
Pedro Mellado Rodríguez
Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).
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