El Estado tampoco podrá garantizar precios adecuados,
calidad ni oportunidad
Fluvio Ruiz expone a legisladores del PRD riesgos fiscales y sociales con la apertura de la paraestatal
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Jueves 30 de enero de 2014, p. 14
Fluvio
Ruiz Alarcón, consejero profesional de Pemex, advirtió que la seguridad
energética nacional para los próximos 30 años se encuentra en juego,
porque disminuirá el papel del Estado mexicano como ente regulador, con
la consecuente caída de los recursos provenientes de la venta del
petróleo.
no significarán un buen negocio para México, ya que les otorgarán demasiados incentivos y el Estado terminará asumiendo los riesgos, mientras las firmas nacionales y extranjeras tendrán los beneficios.
En una amplia y detallada exposición a los legisladores perredistas que participan en su reunión plenaria en Acapulco, Ruiz Alarcón expuso que un riesgo más en el ámbito de la energía se refiere a que los contratistas operen sólo en su beneficio, “descremando (secando) los yacimientos, contaminando, incurriendo en engaños y agresión a las comunidades donde se encuentren las reservas energéticas, ocultando y falsificando información, además de incurrir en desvío de hidrocarburos y explotación laboral.
Esto también implicaría un fenómeno creciente de evasión y elusión fiscal en favor de la industria extranjera y nacional. También se podrá ocultar información sobre la entrega y resultados de los contratos, advirtió.
Asimismo, señaló, sobre Pemex también se ciernen riesgos, lo que implicaría que deje de ser una empresa 100 por ciento pública, lo que incluye el desmantelamiento y privatización encubierta de los recursos petroleros.
Los riesgos para la paraestatal son
que siga atada y amordazada, sin margen de maniobra para sobrevivir en las nuevas condiciones; que se le discrimine fiscalmente y que se realicen despidos masivos y se excluya a los trabajadores de la toma de decisiones.
Ruiz Alarcón propuso como dique de solución a la
grave problemáticaque se asoma sobre Pemex que se limite la inversión extranjera, intervención directa del Estado por medio de la paraestatal con planeación vinculante, así como límites a los incrementos de precios, obligación de refinación en territorio nacional, regulación sobre el origen del finaciamiento y obligación de contratar trabajadores mexicanos.
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