LA JORNADAG-7 se pliega a Trump y libra a trasnacionales de EU de pagar impuesto global
Las naciones del grupo de las mayores siete economías del mundo (G-7) acordaron eximir a las empresas multinacionales de Estados Unidos del impuesto mínimo global, un triunfo para el gobierno del presidente Donald Trump, quien presionó fuertemente por este compromiso y que el viernes dio por terminadas las pláticas comerciales con Canadá por su intención de gravar a las tecnológicas estadunidenses.
El acuerdo permitirá que las empresas estadunidenses sólo sean gravadas en su país de origen, tanto por las ganancias nacionales como por las extranjeras, dijo el G-7 en un comunicado emitido por Canadá, que detenta la presidencia rotativa del grupo.
El acuerdo se alcanzó en parte debido a los "cambios recientemente propuestos al sistema fiscal internacional de Estados Unidos" incluidos en la principal legislación de política interna de Trump, que aún se está debatiendo en el Congreso, según el comunicado.
Este sistema paralelo podría "proporcionar mayor estabilidad y certeza en el sistema fiscal internacional en el futuro", agregó el texto.
Cancelan represalia
Casi 140 países llegaron a un acuerdo en 2021 para gravar a las empresas multinacionales, un acuerdo negociado bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ese acuerdo, profundamente criticado por Trump, establece una tasa mínima de impuesto global de 15 por ciento. La OCDE decidirá finalmente si eximirá o no a las empresas estadunidenses de ese impuesto.
El G-7 –que reúne Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Italia y Reino Unido– dijo que esperaba "alcanzar rápidamente una solución aceptable y aplicable para todos".
El grupo ha creado un sistema conjunto en respuesta a la administración estadunidense que acordó desechar la propuesta de impuestos de represalia de la Sección 899 del proyecto de ley del presidente Donald Trump, explicó en el comunicado.
CONTRAPORTADA
En vilo, supresión de ciudadanía por nacimiento en EU
La batalla legal generada por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento está lejos de terminar, a pesar de la importante victoria del gobierno republicano lograda la víspera, cuando la Suprema Corte limitó los mandatos judiciales a nivel federal. A pesar del fallo del máximo tribunal, el destino final de la iniciativa del mandatario sigue siendo incierto.
Tras la resolución de la Suprema Corte en la que limitó la capacidad de los tribunales federales para emitir decisiones de alcance nacional, la jueza de origen hispano Sonia Sotomayor, quien no respaldó la decisión, la describió de "una burla al estado de derecho". Los defensores de los inmigrantes prometieron seguir la lucha para que se garantice que la ciudadanía por derecho de nacimiento siga siendo ley, y advirtieron que la resolución puede abrir una vía indirecta para restringir derechos constitucionales a determinados ciudadanos.
Varios tribunales federales rechazaron el intento del magnate de negar la ciudadanía a bebés nacidos en territorio estadunidense, que sean hijos de inmigrantes. El gobierno sostuvo que esos fallos deberían aplicarse únicamente en los estados involucrados en las demandas y sólo a los aún no nacidos de madres embarazadas en esas jurisdicciones, sin extenderse a escala nacional.
En este contexto, The New York Times señaló que en el periodo de sesiones de la Suprema Corte que finalizó esta semana y que significó "una extraordinaria racha de victorias para Trump, los magistrados utilizaron procedimientos truncados en su expediente de emergencia para emitir decisiones que le dieron al presidente parte o todo lo que había pedido en casos relacionados con inmigración, tropas transgénero y la independencia de las agencias gubernamentales".
Las resoluciones de emergencia a favor del mandatario fueron, en teoría, "temporales y provisionales", pero en la práctica le permitieron continuar con sus políticas indefinidamente y, en ocasiones, de forma irreversible.
EL UNIVERSAL
Caen dos Chapos por cada Mayo
Por cada líder generador de violencia detenido vinculado al grupo criminal de La Mayiza, el gobierno federal ha aprehendido a dos de La Chapiza.
Esto se desprende de un análisis realizado para este reportaje con información dada a conocer en las ruedas de prensa matutinas.
La batalla entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa comenzó de lleno el 9 de septiembre pasado, y los datos revisados para este trabajo inician poco menos de un mes después, el 1 de octubre de 2024, cuando asumió el nuevo gobierno federal. El periodo de revisión llega al 26 de junio de 2025.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha anunciado la detención de 24 mil 652 personas “acusadas de delitos de alto impacto” en todo el país. En La Mañanera del Pueblo, durante las presentaciones del gabinete de seguridad, se han enlistado 157 personas con nombres y lugares donde han sido detenidas.
En algunas ocasiones se exponen sus apodos, grupos y facciones a las que pertenecen, sea en voz de García Harfuch o a través de videos que presenta el gobierno de México como resultado de la estrategia nacional de seguridad.
De esas 157 personas, 60 están vinculadas a lo que aún se conoce como Cártel de Sinaloa (CDS), de acuerdo con los anuncios en las mañaneras y con una revisión hemerográfica realizada para este texto.
En 39 casos se trata de integrantes de la facción que comanda Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Alfredo, ambos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, en otros 17 casos es posible rastrear nexos con el grupo que encabeza Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco. En cuatro detenciones relacionadas al CDS no fue posible localizar la vinculación. Son dos detenidos de La Chapiza por cada uno de La Mayiza: 2.3 para ser exactos.
El resto de las detenciones que se anuncian en las mañaneras incluye a personas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con 27; al Cártel Santa Rosa de Lima, con 10; la organización Beltrán Leyva que comanda Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, con siete; el grupo sonorense de Los Salazar, con cinco, y el Cártel del Noreste, con cuatro, por mencionar algunos.
EXCÉLSIOR
Ceden y reducen a 1% impuestos a remesas
El polémico impuesto a las remesas que impulsa Donald Trump fue reducido a 1% en el último borrador del megaproyecto de ley que se discute en el Senado de Estados Unidos, donde se prevé aprobar antes de los festejos del 4 de julio.
El monto representa una baja considerable frente al 3.5% inicialmente planteado por congresistas republicanos, pero contrasta aún más con el 5% aprobado por la Cámara de Representantes el mes pasado.
Si bien no está claro si esta versión tendrá el apoyo necesario para avanzar, la reducción al impuesto sugiere que la mayoría republicana busca disminuir las críticas, sobre todo en nuestro país, cuya economía está apuntalada por las remesas que millones de trabajadores en Estados Unidos envían a sus familias en México.
El nuevo escrito del Comité de Finanzas del Senado detalla que, de aprobarse, el gravamen entraría en vigor después del 31 de diciembre de 2025 y sólo aplicará a los envíos realizados a través de efectivo, giros postales, cheques de caja o instrumentos físicos similares.
Argumenta que la iniciativa del republicano evitará un alza de más de 4 billones de dólares en impuesto, lo que representaría un alivio fiscal para los estadunidenses.
EL HERALDO
Aprueban Reforma a Telecomunicaciones
El Senado avaló este sábado, con 77 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, y 30 en contra, de PAN y PRI, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la cual se extingue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Durante los posicionamientos, Alejandra Barrales, de MC, reconoció el dictamen, ya que escuchó a las voces de la ciudadanía sobre cuestiones relativas a esta ley y también las voces de la oposición.
“En conclusión, vamos a votar a favor porque este dictamen escuchó a la sociedad civil, aunque algunas fueron discordantes. Y porque por primera vez se hizo política en el Senado, que a las voces discordantes nos vean parte de la pluralidad de este país”, expresó Barrales.
Además de ella, votaron a favor Clemente Castañeda, Francisco Barreda, Amalia García y Tabita Ortiz.
En tanto, PAN y PRI acusaron que la reforma representa la censura y abre la puerta al autoritarismo.
El priista Manuel Añorve expuso que esta reforma de telecomunicaciones;
“Es la excusa de Morena para eliminar la libertad de expresión e imponer autoritarismo digital en México”.
Por su parte, Ricardo Anaya, del PAN, criticó que con la modificación “se le da la facultad al gobierno la geolocalización en tiempo real de telefonía sin necesidad de una orden judicial” y se crea “un gobierno espía”.
Lamentó que no se hubiera tomado en cuenta la sugerencia de especificar que la geolocalización se realizara bajo orden judicial, además de que la suspensión de transmisiones quedara sólo en los casos relacionados con audiencias infantiles.
En el dictamen aprobado por los legisladores se eliminó el controvertido artículo 109, que contemplaba el bloqueo temporal de plataformas digitales. Se mantuvo el artículo 209, fracción IX, que faculta a la Secretaría de Gobernación a suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros, excepto cuando sean de carácter cultural, turístico o deportivo.
Asimismo, fija las facultades de la ATDT para formular y conducir las políticas públicas en la materia.
EL SOL DE MÉXICO
Guatemaltecos dejan de venir a trabajar
El aumento de la violencia del crimen organizado por el dominio de la frontera sur ha inhibido la llegada de personas que todos los días cruzan desde Guatemala para trabajar en el campo, la construcción y el sector de servicios en México.
Datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirman una fuerte reducción en el flujo de personas. Por ejemplo, en la delegación de Tecún Umán, una de las que más cruces fronterizos en general registra al día, en el año 2023 se atendieron 180 mil 787, mientras que en el 2024 fueron solo 50 mil 234, lo que representa una caída de 72.2 por ciento; y de enero al 15 de junio pasado, sólo se han gestionado 20 mil 482 salidas.
En otras regiones como Tecún Umán II, orientada al comercio con México y Centroamérica, se registraron 179 mil 264 trámites en 2023; pero en 2024 sólo se contabilizaron 19 mil 69, con una caída del 89.3 por ciento y en El Carmen, la reducción fue de 70.2 por ciento al pasar de 139 mil 849 salidas en el 2023 a 41 mil 657 en el 2024. Hasta el 15 de enero pasado, se habían gestionado 16 mil 548 salidas.
Además, por primera vez en más de dos décadas, las solicitudes de tarjetas de visitantes regionales con las que miles de guatemaltecos entran a laborar de manera legal de este lado de la frontera, han caído 25 por ciento. Así mientras en el primer semestre del año 2023 había una demanda de 350 mil tarjetas, en 2024 no llegaron a cien mil y este año la cifra no supera las 87 mil 500.
Según el IGM, las personas tienen miedo de cruzar ante la violencia en estados como Chiapas, Tabasco y Campeche y prefieren quedarse a trabajar en su país, aunque ganen menos.
La oficina del gobernador de San Marcos, Rolando López Crisóstomo, confirmó a este diario la disminución del flujo de personas hacia México por los pasos fronterizos y aduaneros e incluso señaló que hace unos tres meses un grupo de guatemaltecos no pudo asistir a un taller de serigrafía maya en el Museo de Tapachula porque se les exigió el pago de un impuesto ilegal.
PIE DE PÁGINA
Acusan de terrorismo a activista potosino
El 20 de junio, agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República detuvieron a Miguel Ángel Guzmán Michel, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lo acusaron de terrorismo.
Miguel Ángel es representante legal de la nación Xi’iúi del municipio de La Palma y de otras comunidades indígenas pames y tének en ese estado. Además, forma parte de la dirección del Movimiento de Liberación Nacional-Nuevo País (MLN-NP), que busca ser un partido político conformado por campesinos y ciudadanos.
Además de esto, Miguel es el responsable jurídico de una demanda que la Convención Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación para la Democratización del SNTE interpuso contra Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, por usurpación de funciones.
Su detención Por ello, activistas aseguran que se trata de una persecución política.
La convención del CNTE: ¿represión selectiva?
Marcos Tello, integrante del MLN-NP y compañero de Miguel Ángel Guzmán Michel, detalla el proceso que Miguel Ángel acompaña jurídicamente:
«El proceso hacia la Convención Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación para la Democratización del SNTE surge en el marco de la derrota del charrismo sindical en las secciones 34 y 58. Buena parte de los activistas que venían luchando en las filas de la CNTE y por la democratización del sindicato asumieron esta propuesta».
En enero, esta convención publicó un documento elaborado en Zacatecas, donde se planteó claramente la necesidad de «dejar atrás a los charros para enfrentar los problemas que afectan al gremio. Paralelamente, se lanzó un llamado nacional invitando a compañeros de otros estados a sumarse».
Entre febrero y marzo se realizaron reuniones en Zacatecas, la Ciudad de México y Durango. Sobre este proceso, Tello añade:
«La reunión en Durango definió con mayor claridad la propuesta, aunque los documentos específicos no son el tema central ahora. El 12 de abril, en Zacatecas, se consolidaron estas propuestas de disputa por el CNTE. Esta postura se ratificó nuevamente el 14 de junio en Ciudad Valles, donde destacó la participación del compañero Miguel Ángel Guzmán Michel, quien condujo la asamblea».
Guzmán Michel, trabajador de la educación en la universidad, se ha convertido en el principal asesor jurídico de este proceso. Su compañero enfatiza:
«En los trabajos de la convención no solo participan profesoras y profesores, sino también trabajadores de apoyo, representaciones de sindicatos ajenos al SNTE e, incluso, compañeras y compañeros de organizaciones populares e indígenas».
Por eso, añade Tello, la nueva persecución contra Miguel Ángel recicla viejos fantasmas
REFORMA
Matan a un Alcalde cada mes con CSP
En México se ha registrado el asesinato de ocho alcaldes y alcaldesas en funciones durante los primeros ocho meses de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un promedio de un homicidio doloso de este tipo cada mes, de acuerdo con reportes oficiales.
Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se registraron 23 asesinatos de alcaldes, siete de ellos durante su primer año, y un promedio de un caso cada tres meses.
Durante el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) mataron a 30 Presidentes Municipales, en promedio uno cada 2 meses, y con el panista Felipe Calderón, la cifra fue de 29 alcaldes asesinados, un promedio de un caso cada 2 meses y medio.
Con Sheinbaum, quien llegó al poder el 1 de octubre de 2024, cinco de los ocho casos de Alcaldes asesinados ocurrieron apenas de mayo a la fecha. El último, el 17 de junio pasado, cuando fue acribillada Martha Laura Mendoza, alcaldesa morenista de Tepalcatepec, Michoacán.
Dos días antes, la también morenista Lilia García Soto, de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue asesinada en sus oficinas municipales; el 5 de junio, mataron a Salvador Bastida (PT) en Tacámbaro, Michoacán, y el 2 del mismo mes, a Isaías Rojas (PT), de Metlatónoc, Guerrero. El 15 de mayo fue asesinado Mario Hernández (Usos y costumbres), de Santiago Amoltepec, Oaxaca.
Jesús Franco Lárraga (Morena), alcalde de Tancanhuitz, San Luis Potosí, fue asesinado el 15 de diciembre de 2024. Román Ruiz Bohórquez (usos y costumbres), de Candelaria Loxicha, Oaxaca, el 15 de octubre, y Alejandro Arcos (PRI-PAN-PRD), de Chilpancingo, Guerrero, el día 6 de ese mismo mes.
UNOMASUNO
Gobierno miente Pemex debe un millón de pesos a proveedores: contratistas
Por un lado la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha señalado que la deuda con proveedores de productos y servicios en el país, alcanza 404 mil millones de pesos y que en los próximos días estarían pagando alrededor de 167 mil millones.
Pero la realidad es otra, pues de acuerdo con estimaciones de contratistas, la deuda real rebasa un billón de pesos; es decir, el doble del monto oficialmente reconocido por el Gobierno federal. Advierten que el adeudo es prácticamente impagable para Pemex, pues corresponde a servicios ya ejecutados y materiales entregados que no han sido facturados, lo que indica que no aparecen en los registros oficiales.
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