Inhabilitación de tres meses a un año
La
diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Catalán
Padilla, propuso reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para que se sancione a los
funcionarios públicos que incumplan con la declaratoria de Alerta de
Violencia de Género (AVG).
La legisladora presentó el pasado 5 de diciembre una iniciativa en la
Cámara de Diputados para incorporar en un último capítulo de la Ley de
Acceso, las sanciones que tendrán los servidores públicos que incumplan
con la AVG desde el proceso de la emisión, implementación y evaluación
del mecanismo.
La propuesta es que se inhabilite por un periodo de tres meses a un
año, a los funcionarios que estén relacionados de forma “directa o
indirecta” en cumplir con la AVG. Esta sanción es equiparable a la
penalidad que establece la Ley General de Responsabilidad
Administrativas, describió la diputada en su iniciativa.
Hasta ahora en 12 entidades del país está activa la AVG (Estado de
México, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Chiapas, Sinaloa, San Luis
Potosí, Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo), en ellos
las asociaciones civiles locales han denunciado reiteradamente las
omisiones y el desdén de los gobierno por acatar los compromisos que
asumen tras el decreto de Alerta.
Catalán Padilla señaló que entre los impedimentos para hacer
funcionar la Alerta también destacan los trámites burocráticos, las
prórrogas que concede la Secretaría de Gobernación (Segob) a los
gobiernos para cumplir las recomendaciones –un plazo que no está
previsto en ley-.
Y añadió que el principal factor por el cual la AVG no ha cumplido
con su objetivo: “contener de forma emergente la situación de violencia
por razones de género en las que viven las mexicanas”, es la falta de
voluntad política de las autoridades.
Lo anterior, indicó la diputada, es resultado del vacío en la
normativa de la AVG respecto a las sanciones contra los funcionarios que
“entorpecen en la función y activación de la Alerta”, por ello propuso
“regular su comportamiento”.
Muchas de estas Alertas con más de un año de vigencia, siguen sin
tener resultados sobre el impacto que tienen en la cotidianidad y vida
de las mujeres, la legisladora lo ejemplificó con el caso del Estado de
México (Edomex).
A pesar de que el Edomex cuenta desde 2015 con el mecanismo en 11
municipios, tan solo en 2016 se registraron 263 asesinatos violentos de
mujeres, precisó Olga Catalán.
La perredista es integrante de la Comisión especial de AVG que
conforman 13 diputados y cabe mencionar que el Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres) recientemente presentó a las organizaciones civiles
un proyecto de reforma al reglamento del mecanismo con el objetivo de reducir a dos meses la declaratoria.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario