Gobierno, empresas y crimen organizado violan los derechos de los pueblos indígenas, revela diagnóstico de la ONU. Asesinatos, desapariciones, despojos, desplazamientos, semiesclavitud, reclutamiento forzoso, criminalización, empobrecimiento extremo, falta de acceso a salud, educación y justicia, algunas consecuencias de la discriminación estructural
A
los indígenas en México se les asesina, desaparece forzosamente, viola y
tortura en total impunidad. Datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) indican que al menos 3 mil 663 indígenas fueron
asesinados en el país entre 2012 y 2016.
Los
abusos contra esta población vulnerable no sólo son de carácter físico:
a ellos se les despoja masivamente de sus tierras ancestrales y
recursos naturales para privilegiar megaproyectos, y se les obliga al
desplazamiento, sea por los niveles de pobreza y marginación a los que
son sometidos, los saqueos a sus territorios –muchas veces con
asistencia policial o paramilitar– o por violencia criminal.
Y
es que, en este país, todos los derechos de los pueblos originarios son
violados reiterada y sistemáticamente, revela el diagnóstico preliminar
de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
Así,
los derechos sobre las tierras, territorios y recursos; a la autonomía y
libre determinación; a determinar sus prioridades de desarrollo; a la
consulta y consentimiento libre, previo e informado; a una vida libre de
violencia y de impunidad y con acceso a la justicia; así como los
llamados derechos económicos, sociales y culturales –a la alimentación,
salud, educación, vivienda digna, vestido, trabajo, lengua– son
quebrantados por gobiernos (en sus tres niveles y en sus tres poderes),
empresas y crimen organizado.
En estas
graves violaciones opera un patrón de discriminación estructural, que
en ocasiones deriva de la connivencia entre esos actores (autoridades,
iniciativa privada y delincuencia organizada), se desprende del
diagnóstico preliminar de la ONU.
Discriminación
que afecta a una población estimada por el Inegi en 7 millones 382 mil
785 personas y que se traduce, también, en profundos niveles de
marginación y miseria.
Entre los
pueblos indígenas, la pobreza sigue siendo “desproporcionadamente alta”
en comparación con la población no indígena, destaca el reporte de la
Relatoría Especial de la ONU: mientras que 71.9 por ciento de la
población originaria vive en la pobreza o en la extrema pobreza, la
proporción es de 40.6 por ciento entre la población que no es indígena.
El
reporte descubre que el empobrecimiento extremo y la falta de acceso a
derechos básicos son factores comunes en los 68 pueblos originarios de
México, como también lo es el hecho de que quienes resisten estas
embestidas son criminalizados por la autoridad.
Y
es que los indígenas que se atreven a defender sus derechos enfrentan
“escarmientos” que van desde la imputación de delitos que no cometieron,
fabricación de pruebas, detenciones arbitrarias y encarcelamiento
injusto, hasta la represión física, la desaparición forzada o las
ejecuciones extrajudiciales.
Algo que
le ha ocurrido a Arturo Campos Herrera, integrante de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria en Tixtla,
Guerrero: el indígena Ñuu Savi permanece encarcelado desde el 1 de
diciembre de 2013. El de él es un claro ejemplo de la criminalización,
refiere Diana Figueroa, coordinadora de Incidencia del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Agrega
que el cargo por el que se encuentra preso –secuestro, de orden
estatal– es infundado, pues el indígena sólo defiende un sistema de
justicia al que tienen derecho los pueblos originarios, y que está
respaldado por tratados internacionales.
Políticas de exterminio
Con
sus políticas de violencia y racistas, el Estado mexicano es
responsable de invisibilizar a los pueblos originarios, considera
Floridalma Pérez, integrante de Voces Mesoamericanas, un colectivo
chiapaneco que participó en las reuniones con la relatora Tauli-Corpuz
durante su visita al país, entre el 8 y el 17 de noviembre pasado.
En
entrevista, señala que los indígenas “se encuentran solos ante un
Estado que reprime, que tortura, castiga y criminaliza, cuando ellos
[los indígenas] lo único que están pidiendo es un espacio para tener una
mejor vida, porque aquí en Chiapas no hay acceso al trabajo, a la
salud. Son condiciones infrahumanas las que enfrentan los pueblos”.
Las
comunidades originarias, que han sobrevivido a esas políticas
violatorias del derecho internacional, también son víctimas permanentes
del reclutamiento forzoso por parte de bandas del crimen organizado –en
especial por el narcotráfico– y de la semiesclavitud en campos
agrícolas, fábricas y residencias particulares, descubre el diagnóstico
de la relatora.
“La militarización de
los pueblos se da en colusión con el narcotráfico”, refiere la
defensora de los derechos humanos Floridalma Pérez, con base en las
denuncias hechas por indígenas que Voces Mesoamericanas acompaña. Por la
violencia que genera esa colusión, indica, “las personas tienen que
huir de sus pueblos de origen dejando su identidad, su espiritualidad,
su tierra y su familia.”
El
desplazamiento forzoso se multiplica en el país. En Guerrero, por
ejemplo, en años recientes ha aumentado el número de indígenas
desplazados “por el incremento de la violencia del crimen organizado,
sobre todo en la región de Chilapa y el Norte del estado”, indica en
entrevista Diana Figueroa, coordinadora de Incidencia del Centro
Tlachinollan.
El camino del exterminio
al que están siendo sometidas las comunidades originarias incluye la
pérdida paulatina de su cultura: 42 de los 68 pueblos originarios
enfrentan la extinción de su lengua, elemento fundamental de identidad
(“La lengua del colonizador y la acelerada extinción de los pueblos
indígenas de México”, RT, 20 de octubre de 2017).
En su Declaración de cierre de misión,
la relatora señala que en México hay un “inadecuado reconocimiento
legal vigente de los pueblos indígenas como titulares de derechos,
aunado a la discriminación estructural”, factores que “están en la base
de las preocupaciones” de la Relatoría.
El derecho a la tierra
La
más grave violación a los derechos sobre la tierra, el territorio y los
recursos naturales de los pueblos indígenas está directamente
relacionada con las políticas públicas del gobierno en materia de
desarrollo económico, al tiempo que se le asocia a otras graves
situaciones, como el despojo, desplazamiento forzoso, empleo de la
violencia, criminalización de opositores y ausencia de consulta.
Por
ello, el informe preliminar de la relatora destaca que “ha aumentado la
preocupación sobre grandes proyectos promovidos por el gobierno y las
cuestiones relacionadas de la consulta y el consentimiento libre, previo
e informado”.
Al respecto, indica que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya identificaba, desde
2015, “la violencia relativa a grandes proyectos autorizados en tierras y
territorios indígenas sin consulta previa ni consentimiento como una de
las mayores violaciones de derechos humanos a los que se enfrentan los
pueblos indígenas de México”.
Durante
su visita al país, la relatora fue testigo de reiteradas quejas de los
pueblos “sobre proyectos de desarrollo económico que no fueron
adecuadamente consultados y han conducido al despojo de las tierras, a
impactos ambientales, a conflictos sociales y a criminalización de los
miembros de las comunidades indígenas que se oponen a ellos. Estos
proyectos incluyen los mineros, de hidrocarburos, hidroeléctricos, de
energía eólica y solar, infraestructuras, turismo y proyectos
agroindustriales”.
Una de esas quejas
fue la de los pobladores de La Parota, Guerrero, que denunciaron la
criminalización de las personas que defienden el territorio contra una
presa hidroeléctrica impulsada por el gobierno federal y el riesgo de
que ese proyecto se retome.
“Las
personas que siguen defendiendo ese territorio son acosadas, tienen
varios delitos por los que se les está buscando y todo el tiempo su vida
corre peligro, porque en cualquier momento se los pueden llevar
detenidos”, explica a Contralínea Diana Figueroa, defensora de los derechos humanos.
Agrega
que también se presentó el caso del Consejo Regional de Autoridades
Agrarias en Defensa del Territorio, que reúne a 16 núcleos agrarios de
los pueblos Me’phaa y Ñuu Savi, cuya lucha contra las concesiones
mineras ha logrado revertir algunas de ellas que afectarían sus
territorios ancestrales.
De voz de los
indígenas afectados, refiere Figueroa, la relatora también conoció el
caso de San Miguel del Progreso, que ganó un amparo contra una minera.
En este tema “se expuso cómo el Estado mexicano utilizó todos sus
recursos legales para echar atrás ese amparo que se ganó para proteger
el territorio de las mineras”.
En
Chiapas, otro estado que visitó la experta internacional, se denunció
que “desde hace más de 50 años, las comunidades indígenas y campesinas
viven las consecuencias de una política de despojo de sus tierras no
nada más por megaproyectos extractivistas (minería, gas, hidrocarburos,
geotermia) sino también de infraestructura carretera o turística, de
producción de energía hidroeléctrica y eólica, de agroindustria así como
de la explotación de bienes naturales y comunitarios como el agua y los
bosques, entre otros”.
Según el Informe sobre la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas de Chiapas
–elaborado por comunidades y organizaciones civiles a propósito de la
visita de la relatora–, “la implantación de estos megaproyectos se ha
convertido en uno de los principales focos de conflictos-ambientales,
así como de violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y
campesinos”.
El análisis destaca que
ahora “el gobierno mexicano impulsa la creación de Zonas Económicas
Especiales que despojan a las comunidades locales para su instalación,
específicamente en la zona costa de Chiapas, en la frontera con
Guatemala”.
Tras su visita a México,
la relatora considera que la atención a los derechos sobre la tierra de
los pueblos originarios es un asunto crítico fundamental, pues “se
encuentra en la raíz de muchos de los problemas de derechos humanos que
he observado”.
En su informe
preliminar, detalla que el régimen mexicano de derechos a las tierras
(reforma agraria) no es consonante con los estándares internacionales
sobre los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y
recursos naturales.
La relatora
critica además que el régimen agrario en este país ha desconocido los
límites tradicionales de los pueblos indígenas, su concepto de
territorio y sus formas de organización y representación.
Consulta previa
De
la mano de los despojos vienen otras violaciones a los derechos de los
pueblos, en especial el derecho a la consulta. Por ello, a la relatora
le preocupa “el modo en que se ha concebido y aplicado la consulta hasta
el momento en México, en particular en relación con consultas llevadas a
cabo sobre ciertos proyectos mineros, energéticos, extractivos, de
infraestructuras y agrícolas. Se ha señalado reiteradamente que los
procesos de consulta no han sido previos por naturaleza, ya que las
decisiones para autorizar dichas actividades ya habían sido tomadas”.
Otras
anomalías detectadas por la experta internacional fueron que en las
consultas no ha habido claridad sobre quién debía ser consultado y
quiénes eran las autoridades indígenas representativas; la falta de
confianza y mutua comprensión entre las partes, la falta de diálogo
intercultural real, y falta de acceso a la plena información
culturalmente adecuada sobre las actividades y medidas propuestas.
Como
consecuencia, se crean divisiones y conflictos dentro de las
comunidades indígenas, destaca. Para la relatora, México está obligado
–por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la
jurisprudencia Interamericana y la Declaración de la ONU– a consultar a
los pueblos originarios sobre cualquier actividad o medidas legislativa o
administrativa que pudieran afectarles.
Desplazamientos forzosos
Hace
poco más de 6 meses, 248 tzotziles –124 de los cuales son menores de
edad– tuvieron que abandonar sus hogares en el municipio de Chenalhó,
Chiapas. Un conflicto por el poder político a nivel municipal derivó en
su desplazamiento forzado el 26 de mayo pasado, tras los asesinatos de
Guadalupe Cruz Hernández y la menor Adriana Méndez Gutiérrez.
El
caso fue apenas uno de los escuchó la relatora. “La información
recibida en todos los estados visitados confirma que la presencia de
crimen organizado, caciques y otros grupos armados ha causado un clima
de violencia, impunidad y desintegración social y cultural, que ha
tenido como resultado final un gran número de desplazamientos de
familias y comunidades enteras hacia áreas urbanas o hacia otras
comunidades indígenas”.
Pero
la violencia criminal no es la única causa de las expulsiones
territoriales de los indígenas: “Se me presentaron también casos de
desplazamiento en el marco de conflictos relacionados con la tierra, y
también como resultado de impactos directos e indirectos de
megaproyectos”, apunta la experta en su informe preliminar.
“Esta
situación es particularmente preocupante y exige una acción urgente por
parte del Estado, de acuerdo con los estándares internacionales,
incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para
garantizar que todas las personas desplazadas internas indígenas tengan
el derecho a un adecuado nivel de vida. Esto incluye servicios básicos
culturalmente adecuados. Además, el Estado mexicano tiene el deber y la
responsabilidad de crear las condiciones y proporcionar los medios que
permiten a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con
seguridad y dignidad.”
La relatora
lamenta que en muchos de los casos que conoció el desplazamiento se ha
prolongado. “Aunque algunas instituciones de gobierno reconocieron esta
situación de desplazamiento, no parece existir una política integral y
coordinada ni una respuesta al fenómeno”.
Uno
de esos casos es el de las cuatro familias desplazadas de Banabil,
Chiapas, ocurrido desde el 4 de diciembre de 2011. Entonces, la
comunidad indígena fue atacada por hombres armados. En los hechos, el
indígena Pedro Méndez López fue asesinado y Alonso López Luna,
desaparecido, sin que a la fecha se le haya localizado, refiere el
informe de las organizaciones civiles y comunidades de esa entidad,
entre las que se encuentran Serapaz, Maderas del Pueblo del Sureste y el
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
Violencia y crimen organizado
La
impunidad y la violencia forman parte de las peores agresiones que
sufren los pueblos originarios. Por ello, la relatora de la ONU se ha
mostrado particularmente preocupada por la situación de niños y jóvenes
indígenas que viven en un contexto de pobreza extrema, violencia e
impunidad.
“En algunos de los estados
visitados recibí quejas vinculadas al reclutamiento forzoso de niños y
jóvenes por parte del crimen organizado. Dada la falta de fuerzas de la
ley y de otras instituciones del Estado en comunidades indígenas
remotas, en zonas afectadas por el crimen organizado y la producción y
tráfico de drogas, la única elección que les queda a los jóvenes es
unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados.”
Uno
de los más graves casos que se le presentaron fue el de los 43
estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, desde el
26 de septiembre de 2014, pues 17 de ellos son indígenas, explica la
defensora Diana Figueroa.
El informe
preliminar destaca, además, que los indígenas no tienen garantizado el
acceso a la justicia, pues en el sistema ni siquiera les proporciona
traductores, además que en cárceles y juzgadas se les maltrata y
discrimina.
Sin reparación del daño
En
el tema de violencia institucional, la relatora conoció el caso de Inés
Fernández y Valentina Rosendo, violadas sexualmente por elementos del
Ejército en 2001.
Diana Figueroa
detalla que en este caso, a pesar de que el Estado mexicano fue
condenado en el sistema Interamericano y que se reconoció la
responsabilidad estatal del crimen, no se ha cumplido con la reparación
del daño.
“Una de las medidas de
reparación es la creación del Centro Comunitario para Mujeres Indígenas.
Ellas participaron en el diseño y se estableció que quienes lo
operarían serían personas de las mismas comunidades, donde se respetara
la lengua y la cosmovisión indígena. El problema es que no parece haber
una disposición para que el Centro funcione de esa manera.”
Ante
la relatora, el gobierno también fue responsabilizado por los indígenas
de otras formas de violencia, como la tortura. Al respecto, la
activista Floridalma Pérez comenta que, en el acompañamiento a las
comunidades indígenas, Voces Mesoamericanas ha conocido casos de tortura
en los centros de detención migratoria en Chiapas.
“Un
caso fue con toques eléctricos a un niño tzeltal, a quien le estaban
preguntando si era guatemalteco; él dijo que no, que era tzeltal, y no
le creyeron y lo torturaron. Ahí podemos ver el elemento racista.”
Otro
caso de violencia institucional que conoció la relatora fue el de la
comunidad guerrerense El Coyol, que ganó una recomendación de la
comisión estatal de derechos humanos para que las escuelas estén en
buenas condiciones, haya suficientes maestros y los libros de texto
estén en la lengua de los niños. Pero, asegura Figueroa, esa
recomendación se ha incumplido.
Autonomía y participación política
Otra
grave violación tiene que ver con los derechos políticos de los pueblos
originarios. Y es que aunque en la ley –el artículo 2 de la
Constitución– se establece que éstos tienen garantizada su autonomía y
libre determinación, la relatora comprobó que, en la práctica, el marco
legal, político e institucional vigente no permite su reconocimiento y
ejercicio efectivos.
De
acuerdo con su análisis, las limitaciones del régimen agrario respecto
del autogobierno de los pueblos indígenas a menudo socava las
instituciones políticas distintivas de éstos. Pero México está obligado a
reconocer el derecho de los pueblos al autogobierno, a elegir sus
propias autoridades de acuerdo con sus propios procedimientos y a la
aplicación de sus propios sistemas jurídicos y normativos, señala la
relatora.
“Las iniciativas de los
pueblos indígenas en el ámbito de la autonomía y el autogobierno
debieran gozar de un reconocimiento mayor, y ser reconocidas e
incorporadas en la estructura política general del país.”
Además,
para la experta, en el país “persisten numerosos obstáculos para la
plena participación política de los pueblos indígenas. Se recibió
información sobre prácticas persistentes de presiones indebidas sobre
los indígenas para influenciar su voto durante procesos electorales”.
Violencia empresarial
La
violencia contra los pueblos no sólo es del crimen organizado y del
gobierno, también es de las empresas. Por ello, la relatora Tauli-Corpuz
subraya la preocupante situación de los jornaleros indígenas.
“Se
sigue invisibilizando la migración de pueblos originarios: se
invisibilizan las trabajadoras del hogar y la mano esclavizada que en
trabajos domésticos –en donde a las indígenas les pagan una miseria o no
les pagan– y la mano esclavizada de los indígenas jornaleros, pero el
tema de la servidumbre es actual.”
Sobre
los indígenas migrantes, la relatora apunta en su informe que “a menudo
se enfrentan a múltiples formas de discriminación, su vida y trabajo
están invisibilizados, se sienten atemorizados y no pueden acceder a
mecanismos de denuncia, y son desproporcionadamente vulnerables a la
discriminación, la explotación y la marginación. Esta situación exige
una respuesta integral y adecuada”.
Tras
esta visita de observación, Diana Figueroa dice que las comunidades
originarias esperan que la relatora Tauli-Corpuz interpele a las
autoridades mexicanas para que resuelvan los casos de acuerdo con los
estándares internacionales de no discriminación y respeto, y que pongan
en práctica políticas públicas efectivas.
“La
petición a la relatora fue que lleve nuestras voces, nuestras
necesidades y peticiones y que nos ayude a poner sobre la mesa con el
gobierno todos estos temas”, refiere Floridalma Pérez, de Voces
Mesoamericanas.
Nancy Flores
[PORTADA]
Contralínea 567 / del 27 de Noviembre al 03 de Diciembre 2017
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