Francisco López Bárcenas*
El pasado domingo 26 de noviembre los nahuas de la comunidad de Zacualpan, Comala, en el estado de Colima, estuvieron de fiesta. Ese día celebraron el IV aniversario del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), una organización comunitaria que integraron para defender su territorio y sus recursos naturales, principalmente los minerales, el agua y el bosque. Los comuneros andaban contentos porque en cuatro años de lucha han tenido varios triunfos, parciales pero triunfos al fin, en la defensa de su patrimonio, pero también han aprendido a organizarse y establecer alianzas con otras organizaciones regionales y nacionales que luchan por lo mismo. Saben que no están solos y que su lucha es también asumida por otros mexicanos, o al menos así lo constataron con la presencia de varias organizaciones que los acompañaban en el festejo.
La lucha comenzó en el año 2013, cuando se enteraron que el gobierno federal había otorgado dos concesiones que abarcan alrededor de 200 hectáreas, casi todo el territorio del que son propietarios. Su reacción era porque nadie les había pedido permiso para ingresar a su territorio, pero también porque de llevarse a cabo el proyecto afectaría a gran parte de la región, pues en Zacualpan nace el manantial que abastece de agua Colima y Villa Álvarez, dos de ciudades grandes del estado. El 18 de noviembre de 2013 organizaron el CIDTZ y tomaron el acuerdo de no permitir la instalación de la mina. El 4 de diciembre se manifestaron en la Cámara de Diputados exigiendo la cancelación de las concesiones, logrando que una semana después ésta aprobara un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes a cancelarlas.
La movilización no paró ahí. Como el Comisariado de Bienes Comunales estaba coludido con la empresa minera solicitaron a la Procuraduría Agraria convocara a una reunión para destituirlos pero en lugar de hacerlo convocó a otra para ofrecerles proyectos productivos, lo que puso al descubierto su contubernio con la minera. Los comuneros buscaron apoyo externo y los días 15 y 16 de febrero de 2014 organizaron en la comunidad de Zacualpan un foro nacional de afectados por la minería. El 13 de marzo de 2014 sufrieron por primera vez la represión policial, que dejó como resultado varios heridos. Ese día había decidido cerrar las bombas de agua que surten a la mitad de la población del estado de Colima, para obligar a las autoridades a reconocer la autoridad agraria que la comunidad había electo democráticamente pero en lugar de eso el gobierno decidió mostrar su fuerza.
De todo eso hablaron en el festejo del pasado 26 de noviembre, donde se recordó la importancia de la comunera Epitacia Zamora Teodoro, ahora fallecida, en la conformación del consejo, lo que marcó la participación activa de las mujeres en el proceso. Eso también quedaba claro a la vista de los asistentes pues fue la maestra Patricia Gazpar Osorio quien recibió a los presentes y recordó el origen precolombino del pueblo, mientras Carmen Guzmán Zamora hacía un recuento de las luchas y sus principales logros: “romper con el patriarcado encarnado en la figura del cacique al destituirlo y nombrar a un comisariado de bienes comunales que ejerce el poder mandando obedeciendo; ser la primera comunidad en ser reconocida ante un Tribunal Agrario, como territorio libre de mineríasirviendo de ejemplo para los pueblos que luchan contra el extractivismo minero y lograr la destitución de la entonces delegada María Elena Díaz Rivera quien intentó criminalizar el movimiento en defensa de los bienes comunes.”
Todos los éxitos alcanzados, dijo, han sido posibles porque nuestro CIDTZ y el Comisariado de Bienes Comunales sirven al pueblo sin buscar beneficios personales o de grupo y porque hemos aplicado una línea política correcta que consiste en movilización-negociación-movilización. Por otro lado, hemos logrado el apoyo nacional e internacional de organizaciones democráticas y progresistas, de intelectuales (como los que integraron la misión internacional de observación) y periodistas comprometidos con su trabajo, de abogados democráticos que a pesar de ser hostigados y amenazados por el Estado se mantienen firmes en la lucha jurídica. Papel destacado en nuestra lucha de resistencia fue el de la organización ambientalista Bios Iguana y de la Red Nacional de Afectados contra la Minería.
Tanto entusiasmo por los éxitos de cuatro años de lucha no les impide mirar que el camino para alcanzar sus objetivos es bastante largo y requerirá tiempo para recorrerlo. Lo saben y se preparan para ello. Ganar la Junta Municipal y ponerla al servicio del pueblo es uno de sus próximos objetivos, pues controlar el gobierno local les permitiría un acceder a un mayor grado de organización y movilidad política. De cómo piensan hacerlo no se habló mucho, sólo se enunció para pedir a los presentes, sobre todo las organizaciones solidarias, que las sigan acompañando en este caminar, como ellos lo hacen con otros compañeros que van encontrando en el camino. Quedó claro que para los indígenas la fiesta también es lucha y la lucha no está separada de las fiesta.
*Investigador del Colegio de San Luis Potosí
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