Congreso aprueba Ley pero no le asigna recursos
El
congreso de Guatemala aprobó la semana pasada la Ley del Registro
Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, pero no
cuenta con recursos para su implementación en el presupuesto de 2018,
denunció en entrevista el secretario ejecutivo del “Observatorio de los
Derechos de la Niñez, Promoción e incidencia a favor de los derechos de
la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca” (ODN Ciprodeni), Otto
Rivera Álvarez.
En entrevista con Cimacnoticias, el activista informó que esta Ley
busca que a los culpables de delitos sexuales se les identifique
genéticamente (incluye a personas guatemaltecas y a violadores
denunciados en el extranjero que visiten el país); y que cuando una
persona que haya sido acusada de estos delitos termine su sentencia,
deberá informar dónde vive y trabaja.
La legislación también plantea que todas las sentencias a agresores
sexuales serán publicadas, pero no la identidad de sus víctimas y no se
borrará de la base a los agresores. Además, ningún agresor sexual podrá
trabajar en puestos que implique contacto con niñas y niños, al tiempo
que señala que quien violente sexualmente a sus hijas e hijos perderá la
patria potestad de ellos.
De acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre de este año,
57 mil 244 mujeres de 10 a 19 años de edad presentaron embarazos, la
mayoría de estos se atribuyen a violaciones sexuales por la frecuencia
con la que este delito se comete en el país.
Rivera Álvarez precisó que el principal reto será que “la voluntad
política se vea reflejada y se cumpla lo que estipula la Ley, del
Registro y el Banco Genético”, ya que el proyecto del presupuesto
nacional para 2018 no contempla los gastos que implicará poner ambas
medidas en práctica (capacitaciones e instrumentos técnicos para
autoridades policiales para la Base de Datos, por ejemplo).
Aunque la iniciativa fue presentada en octubre de 2016 por la Corte
Suprema de Justicia de Guatemala apoyada por el MP y la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue hasta el
pasado 29 de noviembre que se aprobó y es resultado del trabajo de
organizaciones civiles que desde 2003, cuando entró en vigor la Ley de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, han trabajado porque el
gobierno garantice los derechos de este sector de la población, recordó
el defensor Otto Rivera.
El objetivo de promover estas legislaciones, dijo, “es robustecer el
marco jurídico que protege a las niñas, niños y adolescentes de
Guatemala” pues recordó que la infancia “siguen sin ser prioridad para
el gobierno”, ya que desde el ODN Ciprodeni y otras organizaciones,
estiman que el gasto público para esta población es de sólo un dólar con
2 centavos, “con eso debe garantizarles sus derechos a la salud,
alimentación, educación, protección integral y recreación, es
insuficiente”, denunció Rivera Álvarez.
También mencionó como ejemplo del “desinterés político hacia las
niñez y adolescencia el caso de las 41 niñas y adolescentes que murieron
en un incendio ocurrido el pasado 8 de marzo en el albergue Hogar
Seguro Virgen de la Asunción, una institución pública, mientras
denunciaban las violaciones sexuales contra ellas y que sigue impune.
Y aunque la nueva ley aún no entra en vigor porque sigue sin ser
publicada en el diario oficial, el ODN Ciprodeni calificó su aprobación
como un paso importante para que los delitos sexuales no queden impunes
como ocurre actualmente.
Cifras del Sistema de Gestión de Tribunales del Organismo Judicial
guatemalteco señalan que de 2014 a 2016 los delitos de violación y
agresiones sexuales incrementaron en el país centroamericano: en el año
2014 se ingresaron mil 471 expedientes, en 2015 fueron 2 mil 966 y
hasta el 4 de agosto del 2016 se ingresaron mil 142.
Imagen retomada del portal acoguate.com
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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