Corrupción en la reconstrucción en Chiapas

Miguel Concha

A dos meses del terremoto que sacudió con violencia la costa de Chiapas y Oaxaca, la situación de emergencia persiste. Aún hay casas derruidas y familias que no han recibido apoyo de parte de las autoridades. Hay también escuelas que no están en posibilidades de reanudar clases, así como escuelas que operan bajo altas condiciones de riesgo. Esto es lo que comprobó la Misión de Observación Civil integrada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos; Voces Mesoamericanas; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio y Asesoría para la Paz, y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con el acompañamiento de observadores internacionales del Movimiento Sueco por la Reconciliación y el Servicio Internacional para la Paz. Visitó las comunidades de Bahía de Paredón y Huizachal, del municipio de Tonalá, y las de Gustavo López y Nuevo Urbina del municipio de Pijijiapan, en Chiapas, y pudo constatar las severas afectaciones en las viviendas, aunque la gran mayoría sólo con daños parciales que pueden ser reparados.

Sin embargo, hay casos muy específicos donde el daño fue total y las casas, o se derrumbaron, o tuvieron que ser demolidas ante los riesgos que implicaban. Los servicios de salud, que de por sí tienen serias fallas estructurales –como lo muestra la huelga de hambre que enfermeras chiapanecas iniciaron a principios de año por diversas demandas, incluyendo abasto de medicamentos e insumos médicos–, se han visto mermados, pues no hay servicio en las clínicas. El sector educativo se encuentra también seriamente afectado, desde aquellos planteles que no cuentan con instalaciones seguras, y aquellos en los que se imparten clases en zonas de alto riesgo, hasta casos en los que les tocará asumir a los maestros y padres de familia algunos gastos para su reconstrucción.

La generalidad en estas cuatro comunidades es la indolencia y el maquillaje de las autoridades federales; la inoperancia institucional y la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Las personas que integraron la Misión escucharon los testimonios de los llamados damnificados. Los de aquellos que en segundos lo perdieron todo, y los de aquellos que vieron desvanecerse el patrimonio de años, cuando apenas terminaban de poner sus vidas a salvo. Para la Misión ha resultado particularmente preocupante todo lo relacionado al uso y distribución de recursos del Fondo Nacional de Desastres, pues se detectaron irregularidades que ponen en riesgo la aplicación adecuada de este apoyo económico, y su llegada segura a quienes más lo necesitan. Prevalecen la desinformación, la discrecionalidad y el uso opaco de los mismos. Hay personas censadas que no han recibido sus tarjetas, o porque sin avisarles cambió su situación de afectación, o porque les afirman que ya fueron enviadas, y no hay funcionario o institución que se haga responsable de informar. Menos aún de corregir las irregularidades. Hay también casos en los que las casas fueron determinadas como de daño total, pero recibieron recursos como daño parcial, así como casos en los que la gente recibió una parte del recurso, pero no tienen idea de cuándo recibirán el resto, y si de verdad lo recibirán.

Hay pues una seria vulneración del derecho a la información, pues las personas beneficiarias nunca accedieron a información clara sobre su situación y sobre la acción gubernamental, y aquellos osados que se atrevieron a preguntar, o que expresaron inconformidad, fueron callados y amenazados con perder el beneficio. Bajo estas condiciones, la gente de las comunidades tiene razones para pensar que hay inequidad y discriminación en los criterios de asignación de apoyos. Y por si esto fuera poco, la Misión recibió información sobre la participación inadecuada de fundaciones que bajo el discurso gris de la caridad, llegaron a estas comunidades a ofrecer la construcción de casas, como donación.

Sin embargo, y una vez que la gente accede y las casas ya tienen cierto grado de construcción, les han hecho firmar contratos donde renuncian al recurso que por derecho les es otorgado por el Fonden, en favor de la fundación. Lo cual es preocupante, pues nos encontramos ante un evidente caso de corrupción, en el que no dudamos que estén involucrados funcionarios públicos. A esto hay que agregar que las casas que ofrece la fundación son construidas bajo términos que no son negociables: son muy pequeñas; tienen alrededor de 45 metros cuadrados; están hechas de tabicón, y los techos son muy bajos y de láminas metálicas. Todo lo cual las hace además muy calientes para una zona donde en abril la temperatura puede sobrepasar los 40 grados. Sus cimientos y castillos son muy delgados, con varillas angostas, y sin amarres; lo que reduce su posibilidad de sobrevivir a otro terremoto. Con ello se está violando el derecho de las personas damnificadas a una vivienda digna, una vivienda de calidad y con perspectiva sociocultural.

En este contexto sobresale el trabajo que realiza el Centro Digna Ochoa –cuya sede se encuentra en Tonalá–, que se ha enfocado en el fortalecimiento de la organización y participación comunitaria para las labores de reconstrucción y reactivación de las economías locales. Ha constituido una esperanza para quienes quedaron fuera de los censos de damnificados, pues no sólo se ha dedicado a documentar las violaciones de derechos humanos cometidas en esta situación de emergencia, sino que se encuentra buscando la forma de promover la construcción autogestiva y la ayuda mutua frente a la imposición de las autoridades y las fundaciones. Sin embargo, la documentación y denuncias que realiza han causado que se enfrente a hostigamientos, intimidación y amenazas.

Exigimos que se dé seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía estatal, y que la investigación se lleve a cabo con perspectiva de derechos humanos, siempre tomando en cuenta la labor que realizan las personas como defensoras. Exigimos que los gobiernos federal, estatal y local garanticen el derecho a defender derechos humanos de todas las personas que colaboran en dicho centro.