.-De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGADMVLV),
la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) es
toda acción u omisión que tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y
electorales de las mujeres, con base en elementos de género, es decir,
cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer.Las expresiones de la VPMRG son diversas y los agresores pueden ser agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
La VPMRG no es aislada, también presenta otras violencias como la psicológica, la física, la comunitaria, la institucional, incluso la feminicida.
En el caso de los medios de comunicación, se suman otros tipos de violencia también reconocida en la LGAMVLV, como es la violencia digital, es decir, la que se comete mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y la violencia mediática que sucede a través de cualquier medio de comunicación.
Ambas involucran la difusión de informaciones, imágenes y videos cuyo contenido puede menoscabar la identidad de las mujeres, les causan daño psicológico y emocional, atentan contra la igualdad y su autoestima, así como salud, integridad, libertad y seguridad, promueven estereotipos sexistas, hacen apología de la violencia machista.
Estas violencias se presentan de manera recurrente. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en 2024, se recibieron 209 quejas por VPMRG, 42 por ciento de los ataques sucedieron en redes sociales, 18 por ciento en medios de comunicación. Los medios de comunicación se posicionan en la lista de los tres agresores principales, 13 por ciento servidores públicos, 11 por ciento integrantes de partidos políticos y 10.5 por ciento medios digitales.
La violencia que sucede desde los medios de comunicación presenta al menos tres características. Por un lado, como señala Amelia Várcarcel (1997), las mujeres que participan para ocupar un cargo público y cuentan con una trayectoria dentro de este ámbito, habitualmente no son reconocidas por parte de algunos actores políticos, enfrentando el “techo de diamante”, la representación mediática desigual y sexista naturaliza la exclusión de las mujeres del espacio político.
El avance político de las mujeres se enfrenta al sexismo en los medios que ha observado y narrado el poder político en masculino. Aunque las mujeres políticas ocupan un 50 por ciento de los espacios en la toma de decisiones, su presencia mediática no supera el 21 por ciento, donde las noticias reproducen estereotipos de las mujeres como alejadas del espacio público, narran la paridad como un capricho de las mujeres, cuestionan su vida privada y sexual con diferentes formas de ridiculización, recurren a lenguaje que las invisibiliza con el masculino genérico, que violenta incluso su derecho a participar en condiciones de igualdad.
En segundo lugar, el abordaje que realizan los medios de la VPMRG cuando las mujeres políticas son amenazadas, agredidas de diferentes formas e incluso asesinadas en campaña o en el ejercicio de los cargos, se presenta desligada de su acción política, con una exposición del cuerpo violentado y sexualizado de las víctimas, con narrativas que justifican la violencia y la duda sobre sus denuncias.
Una tercera expresión de la VPMRG desde los medios es cuando éstos son agresores directos de las mujeres en la política con publicaciones especificas donde se refieren de manera despectiva sobre ellas como el caso del Medio Contraparte en Puebla (Expediente: SCM-JDC-838/2018 y acumulado parte actora: Violeta del Pilar Lagunes Viveros y Fabian Gómez Hernández por citar un caso), en el que los medios han sido sancionados por menoscabar los derechos políticos de las mujeres.
Sin embargo, recientemente, existen casos que nos llevan a revisar el papel de los medios y las políticas por un uso indebido de la VPMRG.
Por un lado, contra la ciudadanía como lo es el caso reciente de Karla María Estrella Murrieta, quien deberá disculparse públicamente en su cuenta de X durante 30 días, publicar un extracto de la sentencia, pagar una multa económica, tomar cursos de violencia en razón de género e inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, debido al post que escribió sobre una diputada federal.
Por otro lado, los casos directos contra periodistas donde son sentenciados por VPMRG por ejercer la libertad de prensa.
La construcción teórica del tipo de VPMRG y de todas las violencias, así como de la creación de protocolos y procedimientos de denuncia, es una conquista del movimiento amplio de mujeres en la lucha por los derechos políticos. El uso de la VPMRG para inhibir la libertad de expresión constituye no solo un atentado a esa lucha si no a la misma democracia.
Las mujeres periodistas han sido las aliadas históricas para la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Las periodistas sufragistas de hace más de un siglo abrían espacio en sus medios para la exigencia de la igualdad política y social. Hoy, otras tantas periodistas son quiénes posibilitan el reconocimiento de permanencia en el espacio público, pues son ellas quien producen noticias que cuestionan las desigualdades y violencias que viven.
Por ello, se requiere corresponsabilidad. Mientras las periodistas reconocen el derecho de las mujeres a participar en la política, las políticas deben reconocer la necesidad de un periodismo libre y crítico para la democracia genérica, como Marcela Lagarde lo señala.
La violencia envía un claro mensaje a todas: no eres bienvenida.
Los medios son espacios de poder que contribuyen y refuerzan el sistema patriarcal; pero también son la herramienta que puede acercarnos a la igualdad.
Se debe romper la impunidad y permisividad social de la violencia contra las mujeres, de todas, las periodistas y las políticas en una responsabilidad compartida por la defensa de nuestros derechos.
