Monedero
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
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El
sábado 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En México es una fecha
particularmente importante porque en los últimos años se ha presentado
un crecimiento exponencial de este tipo de violencia en sus diversas
expresiones, incluyendo la más fatal: el feminicidio.
De enero a junio del año en curso se registraron 784 asesinatos de
mujeres, especialmente en los estados de México (que ocupa uno de los
primeros lugares en feminicidio y en violencia contra la mujer); Ciudad
de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora,
Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa y Colima. (Datos del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio).
Actualmente existen Alertas de Género en las siguientes entidades:
Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz,
Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, Colima y Nayarit. Sin embargo algo se
está haciendo mal por parte de las autoridades federales o estatales,
porque estas Alertas no están dando los resultados que debieran y que se
esperaban, es decir, sigue aumentando la violencia en esas entidades.
Se considera que 2016 ha sido el año con más violencia y feminicidio
contra las mujeres en los últimos 27 años. ¿Qué está sucediendo en el
país? ¿por qué ese desmesurado crecimiento de la violencia?
Según Inegi de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay
en el país, 66.1 por ciento (6 de cada 10), 30.7 millones, ha enfrentado
violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su
vida.
Cuatro de cada diez ha enfrentado agresiones del esposo o pareja
actual o la última a lo largo de su relación; y 5 de cada 10 sufrió
violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.
Entre 2014 y 2016, las entidades que presentan las tasas más altas en
homicidios de mujeres son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero,
Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y
Zacatecas.
El Inegi se ha dado a la tarea de clasificar esta violencia en
diferentes tipos, incluso en este año ha invertido importantes
cantidades de dinero en un Sistema Integrado de Estadísticas sobre
Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), muy completo y seguramente muy
costoso, que incluye un glosario, donde define qué es violencia de
género, económica y patrimonial entre muchos otros conceptos
importantes.
Define como Violencia económica al chantaje del hombre hacia la mujer
entrevistada, al controlar los ingresos monetarios del hogar, o bien,
al cuestionar la forma de utilizarlos.
Las situaciones consideradas en torno al gasto son: reclamos en lo
referente al dinero; ser codo o tacaño con los aportes a la casa; no
cumplir con darlo o amenazar con no aportarlo; desviar el sustento
económico necesario para la casa. Y, finalmente, adueñarse o quitarle
dinero o bienes (como por ejemplo, terrenos, automóviles, joyas, entre
otros) y prohibirle trabajar o estudiar. La Ley vigente define este
concepto en los siguientes términos:
Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así
como la percepción de un salario menor por igual trabajo.
En el caso de la Violencia patrimonial se refiere a los actos de
coerción y despojo hacia las mujeres de 15 y más años, de sus bienes,
recursos materiales o propiedades. El objetivo es identificar si algún
familiar o la pareja las ha forzado u obligado para poner sus
pertenencias a nombre de otra persona o las ha despojado quitándole o
robándole sus bienes o pertenencias.
La Ley vigente define este concepto en los siguientes términos:
Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la
víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción,
retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de
la víctima.
Es muy importante considerar estas definiciones por la forma en que
se presenta la siguiente gráfica, donde en el renglón de violencia
económica y patrimonial (que la juntan) incluye violencia por parte de
la otros agresores, pero de acuerdo a la definición proviene de la
pareja y obviamente presenta una cifra muy baja.
Desde luego en estas definiciones que da Inegi no se considera la
violencia económica que ejerce el Estado, -solo aparece como responsable
la pareja- sus instituciones y la política económica, a través de la
política laboral, que es violencia económica, provocando que las
trabajadoras mexicanas experimenten otro tipo de violencias porque están
estrechamente interrelacionadas y lo que a su vez contribuye a una
enorme desigualdad de género, en detrimento de las mujeres.
No es posible que la violencia económica y patrimonial sea de apenas
29.0 por ciento, más allá de las cifras del silencio, que desde luego
son muy importantes. De acuerdo con la nota publicada por Cimacnoticias
titulada “México, entre los cinco primeros países con más desigualdad laboral para mujeres”,
México se posicionó como el quinto país de Latinoamérica y el Caribe
con mayor desigualdad para las mujeres. El área laboral fue en la que
las mexicanas tuvieron menos oportunidades, informó el Foro Económico
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).
En el “Informe global sobre la brecha de género 2017”, publicado este
mes, el WEF señaló que México ocupó el lugar 20 de 24 países de la
región latinoamericana y del Caribe analizados; y la posición 81 de 144
en el mundo. Tras analizar el nivel de participación y oportunidades
económicas, políticas, educativas y de acceso a los servicios de salud
de las mujeres, el organismo internacional evidenció que de 2006 a 2017
se incrementó la brecha de género en el país pues hace 12 años ocupó el
lugar 75.
En una escala del 0 (imparidad) al 1 (paridad) este año el WEF
–compuesto por personas empresarias, políticas y analistas sociales de
economías de todo el mundo- calificó a México con una puntuación de
apenas el 0.692, lo que significa que las mujeres continúan enfrentando
más desventajas en los ámbitos laboral, educativo, de salud y política.
En realidad ¿cuáles son los verdaderos componentes de la desigualdad y
de la violencia económica, incluso patrimonial contra las mujeres?
Básicamente son nueve:
- Violación de los derechos económicos, laborales y humanos
- Carga de Trabajo doméstico no Remunerado, Carga de trabajo de género que se traduce en suelo pegajoso y desigualdad de género
- Desigualdad de género en los salarios y brecha salarial
- Jornadas Laborales
- Salarios y brechas salariales
- Acceso a los derechos laborales: seguridad social, sindicalización, capacitación
- Derecho a la salud
Si se consideraran estos elementos para medir la violencia
económica y patrimonial contra las mujeres ese 29 por ciento crecería
muchísimo. Pero sobre todo se vería la interconexión que existe con la
violencia doméstica y la desigualdad de géneros; incluso con el
feminicidio. Marcela Lagarde tiene mucha razón, esa violencia machista
se ha exacerbado con el avance social de las mujeres, en particular en
un espacio masculino por excelencia: el mundo laboral.
Por ejemplo, en el Presupuesto para la Igualdad –que solamente
representa 0.0.5 por ciento de total del gasto público- el programa:
“Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”
que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, recibió y recibe muy
escasos recursos. En 2017 fueron de 0.0.1, del gasto para la igualdad;
seguramente una cifra muy distinta a la que se destinó para ese Sistema
Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM).
Hubiera sido mejor destinar esos recursos a las acciones para prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres, violencia económica,
feminicidio, desigualdad de género y clasificación de la violencia y
estadísticas sobre violencia contra las mujeres.
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
