9/12/2025

Columnas y opinión del periódico La Jornada viernes 12 de septiembre de 2025

No basta con subir el impuesto a productos dañinos a la salud // Debe prohibirse su publicidad // El costo de atender a los enfermos

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El tema del sondeo de esta semana es la propuesta de Hacienda de incrementar el impuesto (IEPS) a productos que dañan la salud y crear un fondo para atender a miles de personas que enferman por su consumo. ¿Estás de acuerdo en que refrescos, alcohol y tabaco son dañinos? ¿Apruebas que suban el impuesto a las empresas que los producen? Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo se realizó la última semana en redes sociales y se registraron mil 895 participantes distribuidos de la siguiente manera: X (Twitter), 636; Facebook, 30; El Foro México,103; Instagram, 193; Threads, 101, y YouTube, 562. Utilizamos la plataforma SurveyMonkey. Enseguida algunas opiniones.

X

Es increíble que, aun cuando ya tienen impuestos esos productos, la gente no deja de comprarlos; se requiere subirles más el precio, a ver si así la piensan y cambian su consumo por cosas sanas, por su bien.

@aaronmtz46 /Durango

Está incompleto el proyecto; también deben aplicarse mayores impuestos a ultraprocesados, como frituras, pan dulce, pasteles, jugos envasados, embutidos, etcétera. Lo anterior, para desincentivar su consumo y reorientar la ingesta de verduras, frutas y demás alimentos naturales de origen animal y vegetal.

@DavidCarlosHD /Estado de México

Facebook

Esta medida puede inhibir el consumo de estos productos, pero para que sea realmente efectiva se debe: 1.- realizar una campaña muy intensa de concientización acerca de los daños que causan, y 2.- no permitir tanta publicidad y propaganda comercial.

Marco Baltazar Cisneros /Jiquilpan

Hay comunidades alejadas que no tienen agua; ahí podrían no subir los refrescos. Hasta que les lleven agua potable.

Javier De León /Ciudad de México

El Foro México

El exceso de azúcar que contienen los refrescos es precursor de enfermedades, entre otros factores.

Francisco Leal /Guadalajara

Debemos entender, como nación, el daño terrible de consumir esos productos y lo que cuesta atender las enfermedades asociadas.

Arturo Moreno Garza /San Pedro Garza García

Pertenecí al sistema de salud durante 33 años; actualmente pensionado, observando cómo los daños a la salud han ido en incremento constante debido a este tipo de productos, esperando que con estos impuestos disminuyan su consumo y la prevalencia, incidencia y mortalidad en la población del país.

Enrique Pérez Rodríguez /Estado de México

Instagram

Debería agregarse la publicidad: que no se publiciten en eventos artísticos y deportivos. Es un rumor, pero parece que se hará una excepción a una refresquera por el Mundial de Futbol.

Esteban Barranco /Ciudad de México

Los impuestos adicionales podrían mitigar un poco el gasto a la salud por el consumo de estos productos.

Patricia Mancera /La Paz

Threads

Entre menos accesibles sean estos productos, más sano estará el pueblo.

Jaime Salazar /Aguascalientes

El refresco debería estar prohibido para la niñez, tal como ocurre con el tabaco y el alcohol. Los refrescos dejan sin agua a millones de personas, matan por diabetes y obesidad. Son un parásito de este sociedad.

Daniel Sule /Ciudad de México

La población está sufriendo por ese veneno, es necesario controlarlo y si es más caro podría ayudar.

Enrique Pimentel /San Cristóbal

FaceBook: galvanochoa,Tiktok: galvanochoa,X: @galvanochoa,Instagram: galvanochoa,Correo: galvanochoa@gmail.com

México-EU: ensamblaje, no sólo económico // Aranceles a China // Plan México neoliberal // Nueva fase del crimen organizado
México está en un nada embozado proceso de mayor ensamblaje a los planes estratégicos y las necesidades operativas de Estados Unidos.

Tal articulación tiene como contexto las presiones y amenazas del gobierno de Donald Trump, pero igualmente está resultando funcional a los intereses de la corriente política en el poder (en particular para la presidenta Claudia Sheinbaum, no para su antecesor, Andrés Manuel López Obrador) y para el segmento empresarial mexicano y extranjero que tiene a la vista condiciones muy ventajosas de inversión incentivada.

Un ejemplo, casi diríase que escandaloso, de ese acoplamiento a los dictados de Washington, está a la vista en cuanto a los productos chinos que ahora estarán sujetos a aranceles que van del 10 al 50 por ciento. Ayer, la Cámara de Comercio y Tecnología México-China expresó fundada preocupación por la afectación a mil 400 fracciones arancelarias de productos originarios de Asia.

No es ocioso recordar el extendido implante social que en nuestro país tienen ese tipo de productos, sobre todo en textiles, calzado, papel y electrodomésticos. Y, desde luego, en el ramo de los vehículos automotores. La citada cámara ha advertido el riesgo de un “impacto inflacionario sin precedentes” en México.

Siempre con la guillotina de los aranceles trumpistas pendiendo sobre México, pueden verse otros acomodos “defensivos”: un “Plan México” que con un inocultable espíritu neoliberal y sin inclusión de representaciones populares (¿las hay?), está promoviendo con privilegios las inversiones, sobre todo extranjeras, que rediseñarán a conveniencia de los capitales (por Alta Gracia superior) una parte del panorama económico nacional, con “polos de desarrollo” que pasan por encima de pueblos originarios e intereses sociales.

Otro tema en desarrollo es el del abatimiento de las barreras no arancelarias, que el trumpismo rubicundo asegura ya aceptó la presidencia de México (“de inmediato”, luego de telefonemas entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, según versión de ésta), aunque Sheinbaum niega tal inmediatez y lo ha dejado como punto de negociaciones en curso.

Tales barreras no arancelarias implican protecciones que el gobierno mexicano ha ido construyendo, a veces a sabiendas de que quedarán en la letra y no necesariamente en la práctica, ésta siempre susceptible de rodeos y elusiones. Algunas de esas restricciones corresponden al campo energético y, en particular, a reformas impulsadas durante el obradorismo, las cuales están en riesgo de ser ajustadas a las nuevas necesidades de supervivencia ante Trump (y, de paso, ajustadas a los apetitos de los inversionistas “solidarios”).

Aun cuando no forma parte de la economía formal, pero vaya que tiene impacto en la economía nacional, el crimen organizado está también en una fase de reordenamiento “gerencial”, con destrucción de viejos esquemas (los cárteles tradicionales en crisis, notablemente el de Sinaloa, y ciertos golpes al Jalisco Nueva Generación), confirmación del control destructivo o tolerante, a conveniencia, de las agencias de Estados Unidos y la continuidad, mediante otros modelos, del negocio hasta ahora imparable (mientras siga habiendo tal demanda en Estados Unidos y mientras el narcotráfico y el crimen organizado sigan siendo instrumentos de chantaje y agresión del imperio consumidor).

Astillas

El asesinato de Charlie Kirk, el activista de ultraderecha de 31 años de edad, impactado por un disparo a distancia en instalaciones universitarias de Utah, está siendo usado por el trumpismo y corrientes conservadoras de otras partes del mundo para impulsar una campaña de presunto revanchismo contra “la izquierda radical”. El presidente Trump prepara “un plan más integral sobre la violencia en Estados Unidos, lo importante de la libertad de expresión y las expresiones cívicas, las formas en que se puede abordar esto; sólo se les puede llamar grupos de odio”, adelantó en entrevista radiofónica la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ¡hasta el próximo lunes!

X : @julioastillero,Facebook: Julio Astillero,juliohdz@jornada.com.mx

Duopolio refresquero // Dulces ganancias // Muertes amargas
En este país de oligopolios y duopolios, de estos últimos destaca uno: el refresquero, con sus dos marcas trasnacionales dominantes en el mercado mexicano de las llamadas bebidas azucaradas y, de pasadita, del agua embotellada, el cual les representa su segundo mayor ingreso por utilidades en el mundo, sólo por abajo del estadunidense.

Se trata del duopolio trasnacional de la chatarra embotellada en México: Coca-Cola y Pepsico, ambas con otros productos bebibles, y con representantes y distribuidores en toda la República; además, en el caso de la segunda, también obtiene pingües ganancias por la venta de otros “alimentos” chatarra: papitas y demás mugres, mercado que, junto con Bimbo, controla prácticamente a plenitud.

Y para ese par de trasnacionales, junto con sus representantes internos, la ecuación es muy sencilla: nosotras nos quedamos con las voluminosas ganancias; los mexicanos con las enfermedades resultantes del consumo masivo y permanente de sus productos, y el gobierno mexicano con el creciente gasto público para atender tales padecimientos. Y listo, según su fórmula mágica: las arcas llenas de ganancias para las empresas; las dolencias para millones de consumidores de su chatarra y el sistema público de salud haciendo milagros para mitigar la pandemia de diabetes, hipertensión, obesidad y demás padecimientos por el consumo de esos “alimentos”.

Eso sí, el duopolio refresquero se queja amargamente porque para 2026 el gobierno federal decidió aumentar la tasa fiscal a bebidas azucaradas (que se aplica desde 2014) con el fin de desestimular el consumo de esos productos chatarra y, como se planteó en la mañanera de ayer, “hacer una diferencia entre una persona que enferma, y otra que no, de diabetes o hipertensión; es una medida muy eficiente para evitar el consumo de estas bebidas que tienen una clara y muy evidente relación con crear enfermedad y muerte en la población; cada vez que tomamos un vaso de una bebida azucarada aumenta en 25 por ciento, aproximadamente, el riesgo de que seamos diabéticos o tengamos alguna enfermedad renal”, y “también obliga a la industria a reformular, a hacer productos más sanos y a poner la innovación en donde creemos que debe de estar, en hacer productos cada vez más saludables” (director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch).

Precisamente en la mañanera de ayer se dio cuenta del terrorífico daño que provocan los productos de esas trasnacionales, a las que sólo interesa hincharse de ganancias. De la información aportada por el gabinete de salud destaca lo siguiente:

En promedio, cada mexicano toma 166 litros por año; un refresco de 600 mililitros son 15 cucharadas de azúcar; el precio es relativamente bajo, pero el consumo prolongado sale caro en lo individual y en lo colectivo. Hoy son la primera fuente de azúcar en la dieta mexicana. Las calorías vacías de las bebidas azucaradas generan muerte y enfermedad. Tienen cero valor nutricional, no aportan vitaminas, minerales, ni fibra y tienen un alto riesgo al incrementar muertes prevenibles y prevalencia de síndrome metabólico como diabetes, hipertensión y obesidad, entre otras.

Uno de cada tres niños tiene sobrepeso u obesidad; muchos, con hipertensión o prediabetes; un mal consumo en la infancia puede volverse en sentencia de enfermedad el resto de sus vidas; más de 100 mil personas al año están en diálisis o hemodiálisis, quienes pasan cuatro horas tres veces a la semana conectadas a una máquina para seguir con vida.

Más de 27 mil amputaciones cada año; cada hora 75 mexicanos pierden una pierna, un pie, asociado a enfermedades como diabetes. Una de cada tres muertes está asociada a infarto, muy vinculadas a hipertensión y diabetes. Y el refresco, si bien no es la única causa, es un motor silencioso de estas enfermedades, que han hecho que en los últimos años la diabetes ya sea la segunda causa de muerte más grande en nuestro país, con casi 100 mil al año. Estas tragedias no son casualidad: están vinculadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas. Y la hipertensión afecta a uno de cada tres mexicanos adultos.

En 40 años, pasamos de una población sana a otra enferma. Cuatro décadas atrás, la diabetes no era epidemia; hoy sí: casi 39 por ciento de los adultos la tienen y esta crisis está asociada al consumo de refrescos (cerca de 24 mil millones de litros anuales) y comida chatarra. La epidemia de estas enfermedades podría colapsar al sistema de salud a mediano y largo plazos.

Entonces, ¿“la chispa de la vida”?

Las rebanadas del pastel

Tardó, pero llegó: por golpista, el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue sentenciado a 27 años de cárcel. Que en ella se pudra.

X: @cafevega,cfvmexico_sa@hotmail.com

Angkor, maestros del bronce
Angkor, capital del Imperio Jemer, que dominó parte del sureste asiático durante más de cinco siglos, conserva vestigios monumentales de incomparable magnitud y belleza. Son ejemplos de su glorioso pasado. Se libraron de los devastadores bombardeos que Estados Unidos realizó en Camboya a fin de eliminar la Ruta Ho Chi Minh, utilizada entre 1968 y 1973 por los integrantes del Vietcong en su lucha por liberar Vietnam.

Especialmente desde el siglo pasado, la arquitectura de los templos del Imperio Jemer (siglos IX-XIV y XV) y las estatuas de piedra que alberga son objeto de numerosos elogios y estudios, pero muy poco se sabía que estos santuarios budistas y brahmánicos tenían un preciado número de deidades y objetos de culto fundidos en oro, plata y bronce dorado.

Gracias a excavaciones recientes, y a un delicado proceso de restauración, parte fundamental de esos hallazgos se exhiben en el Museo Guimet de París, que posee una de las más grandes colecciones del arte de Asia. Se reúnen en la muestra Bronces reales de Angkor: Un arte divino, mediante la que el visitante realiza un viaje que se inicia en el siglo IX y llega a nuestros días, con los objetos elaborados con dicho metal que se localizaron en los principales sitios del patrimonio jemer.

El bronce combina cobre, estaño y plomo y dio origen en Camboya a obras maestras estatuarias que son testimonio de la lealtad de los soberanos jemeres al hinduismo y al budismo. La metalurgia era prerrogativa del rey y una técnica sagrada.

En la muestra destaca la estatua de Vishnu, descubierta en 1936, que originalmente medía más de cinco metros. Este tesoro se exhibe por primera vez con sus fragmentos, separados. Es muestra del trabajo científico y de restauración realizado el año pasado en Francia.

La exposición consta de más de 200 obras, 126 de ellas prestadas por el Museo Nacional de Camboya: estatuas, objetos de arte o elementos de decoración arquitectónica. Además, hay fotografías, moldes y documentos que permiten situarlas en su contexto cultural y dar una perspectiva arqueológica e histórica sobre la maestría con la que trabajaron el bronce en Angkor.

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023) fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración golpista para permanecer en el cargo tras su derrota electoral de 2022. De acuerdo con la jueza del Tribunal Supremo Carmen Lúcia Antunes, están comprobadas la violencia y la grave amenaza que caracteriza el delito de pertenencia a una organización criminal, así como la división de tareas y la jerarquización para ejecutar el golpe. Además de sentenciar al ex mandatario ultraderechista por intento de golpe de Estado, tentativa de abolición del estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y daño a bienes protegidos, cuatro de cinco miembros del Supremo encontraron culpables a siete cómplices, entre los que hay ex ministros y antiguos jefes militares.

El fallo contra Bolsonaro y algunos de quienes lo acompañaron en su aventura golpista debe celebrarse en tanto completa la restauración de la justicia y la democracia que estuvo en entredicho desde el consumado golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016 hasta ayer. En esta década, el país más poblado y con la mayor economía de América Latina tuvo un Ejecutivo designado de manera espuria a través del lawfare (Michel Temer, 2016-2018) y otro que se alzó con la victoria mediante la eliminación jurídica de su rival: no puede olvidarse que en 2018 el candidato puntero en todas las encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva, no pudo presentarse a los comicios porque se le condenó por un inexistente caso de corrupción que hubo de ser anulado un año después debido a las graves irregularidades procesales.

Desde un principio estaba claro que el Poder Judicial y el Ministerio Público actuaban por consigna, pues al enviarlo a la cárcel e inhabilitarlo políticamente no se basaron en evidencias, sino en su “convicción” en torno a la culpabilidad del máximo líder de la izquierda institucional. Posteriormente, salieron a la luz grabaciones en las cuales el juez Sergio Moro –premiado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia– daba instrucciones al fiscal para llevar el caso de tal modo que pudiera dictar una sentencia preparada de antemano.

Finalmente superadas todas las perversiones a la democracia y al estado de derecho que permitieron el regreso del neoliberalismo autoritario al Palacio de Planalto, el golpista irá a la cárcel y Lula está en la presidencia. Sin embargo, el costo ha sido enorme: en su paso por el poder, Bolsonaro fomentó la tala ilegal en la Amazonia, aumentó 50 por ciento la pobreza extrema y 22 por ciento la pobreza de ingresos, recortó programas sociales fundamentales en plena pandemia de covid-19 y azuzó el negacionismo en torno al virus, con lo que provocó decenas de miles de muertes adicionales. El daño más grave y duradero de su administración fue haber normalizado la violencia de Estado, la glorificación de las armas, la apología de la dictadura militar de 1964-1985, la intolerancia, el racismo, la persecución de la disidencia y, en general, haber implantado en Brasil el discurso agresivamente retrógrado que a nivel mundial se relaciona con el trumpismo.

Por ello, no extrañan las maniobras ilegales e injerencistas del inquilino de la Casa Blanca para respaldar a su aliado y descarrilar a la justicia brasileña: como el propio Trump señaló ayer sin notar el significado profundo de sus palabras, el juicio a Bolsonaro “realmente se parece a lo que quisieron hacer” con él, es decir, hacerlo pagar por el intento de subvertir el orden democrático movilizando a sus bases violentas en contra de las fuerzas constitucionales. Que el Tribunal Supremo de Brasil haya superado todas las presiones y condenado al dirigente fascista, mientras su homólogo estadunidense otorgó a Trump una inmunidad absoluta por cualquier delito, da una medida del deterioro de las instituciones de Washington, que hoy se mueven entre la impotencia y la complicidad ante un gobierno que se desliza a toda velocidad del autoritarismo al totalitarismo.

Propone sumar taller de sensibilización al trámite de la licencia

Excelente la idea aportada por el señor Fernando Ortiz en El Correo Ilustrado de ayer, que versa sobre que debería haber una prueba estricta para hacerse merecedor a recibir una licencia de manejo. Además, sería más completo el trámite si se agregara un taller de concientización para sensibilizar a los futuros conductores de cualquier vehículo acerca de qué pasa si no se respeta el reglamento de tránsito más allá de una infracción, sino los riesgos de sobrecargar los autos para sí mismo y los suyos; circular en estado inconveniente, así como los gastos que vendrían después de algún problema vial.

Fernando Quiroz Nácar

Agradece apoyo a Condusef en queja contra Sí Vale

Agradezco la atención de la directora general de Educación Financiera de Condusef, Elodia Ivonne Hernández Contreras, a mi queja contra Sí Vale, pese a que ya me explicó que ese tema no le corresponde y amablemente me refirió a Profeco.

Como ya denuncié en dos ocasiones en esta página, Sí Vale se niega a rembolsar cargos indebidos en mi tarjeta de vales de despensa con el argumento de que reporté el robo después de dichos gastos, cuando ya probé que estuve marcando para bloaquear el plástico y nunca contestaron; además, su aplicación falló en varias ocasiones.

Ma. Magdalena Rogel Nava

Pide a la alcaldía Benito Juárez solucionar proyectos detenidos

Por lo menos hay tres elefantes blancos en la alcaldía Benito Juárez y no se sabe ni para qué ni para cuándo está planteada su solución.

Una tienda del IMSS entre el Eje Central Lázaro Cárdenas y Estafetas se encuentra abandonada hace tiempo, lo mismo que una del Issste que se ubica entre Obrero Mundial y José María Vértiz. Ambas prestaron muy buenos servicios durante mucho tiempo, pero nos preguntamos si la iniciativa privada salió con su cuento de que eran una competencia desleal. Lo peor es que se les hizo caso cuando en realidad el rector de la economía debe ser el Estado y no un mercado caprichoso y ambicioso.

El tercer elefante blanco es el denominado parque del Muralismo Mexicano entre las calles de Xola, Eje Central, Avenida Universidad y Cumbres de Acultzingo. El espacio tiene una vocación expresa de resaltar los extraordinarios trabajos de artistas mexicanos y extranjeros, respetando las amplias explanadas que garanticen perspectivas panorámicas de esas irremplazables obras.

Por el valor artístico e histórico de esos frescos, es inaceptable que se pretendiera cercenar el lugar o, peor aún, cambiar su vocación. Cabe reiterar que son un orgullo del país y de los mexicanos, donde se encuentran plasmados profundos pasajes de la historia. A la vez, debe servir como espacio de disfrute en una alcaldía donde cada vez hay más adultos mayores.

Las autoridades están obligadas a dar información pronta y amplia a la ciudadanía en general. Dejar botadas las obras o los proyectos no favorece a nadie y no habla bien de los responsables.

Eduardo del Castillo V.

Ironiza acerca de la celebración de Puerto Rico a acciones de EU

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, expresó su orgullo por los movimientos militares del gobierno estadunidense de enviar 10 cazas F-35 y el buque de guerra Jason Dunham al Caribe, para “proteger del peligro a los ciudadanos estadunidenses en Puerto Rico y en el resto de Estados Unidos”.

Lamentablemente la funcionaria no reconoce el enorme esfuerzo que realiza la administración de Donald Trump para establecer campos de concentración de migrantes y del cumplimiento del ineludible deber patriótico de cazar a todos los delincuentes y terroristas que malignamente se disfrazan de lavaplatos, obreros humildes de factorías o de cosechadores de tomates. ¡Ya es hora de desenmascarar a toda esa gentuza!, que se deporten ellos mismos y que eviten el gasto de exterminarlos. ¡Salud, gobernadora!

Enrique Cancio Segura

Invitación

Obra de teatro

El Centro Cultural El Albergue del Arte invita al cierre de temporada de Tadeco Teatro con la puesta en escena La Ovillapenas (PenÁlope). Margarita H. Navarro, Melissa Cornejo y Xiomara Becerra. Dramaturgia de Gabriel Penner. Dirección de Juan Carlos Cuéllar. Música de Hernani Villaseñor

Obra a manera de performance poético con el fin de que el público sea parte de éste, utilizando la herramienta de la dramaturgia palimpséstica.

La cita es hoy a las 20:30 horas, en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al 55-5554-6228. Entrada libre.

Canal 6 de Julio proyectará el documental: Yo saldré a buscarte.

El colectivo Canal 6 de Julio proyectará su más reciente documental " Yo saldré a buscarte".

En la ciudad de México, el número de desaparecidos ha crecido de manera alarmante en los últimos años, dejando a familiares y amigos en una agónica incertidumbre.

Este documental expone la revictimización de las familias desde la óptica de los propios colectivos, y a través de los atinados apuntes de la Doctora Libertad Argüello, que expone la magnitud de la crisis.

La proyección será el sábado 13 de septiembre a las 16:30 horas, en el Auditorio del Centro Cultural Portales, ubicado en Eje 7A Sur Zapata, esquina con Antillas, Colonia Portales. A tres cuadras del Metro Ermita, junto al Pilares Carlos Monsiváis.

Miguel Álvarez Blas

Los muy lamentables hechos denominados huachicol fiscal tienen un potencial destructivo que no se ha calculado aún. Es un daño nacional porque lastima la ya triste imagen del país ante la comunidad internacional, otorgando la razón a Trump quien acusa que el gobierno de México está invadido por el narco, hecho que venimos desmintiendo desde siempre.

En un plazo que debería ser es muy breve obliga a la Presidenta a ejecutar acciones de corrección en varias escalas: al interior de la Secretaría de Marina, donde existe el antecedente único del despido del propio secretario, almirante Mauricio Scheleske y su oficial mayor que era su pariente, por actos de corrupción en la adquisición de armamento y equipo a costos inflados.

Debe recordarse también que en sustitución de Scheleske se repatrió para relevarlo al almirante Luis Carlos Ruano Angulo a quien se tenía desterrado en Perú como agregado militar. En su ejercicio de mando ejecutó una severa limpia. En el caso actual no debe descartarse la idea de sancionar al secretario del gobierno anterior, José Rafael Ojeda Durán.

Otra esfera de difícil ejecución es retirar a los militares de responsabilidades en su gobierno, pudiendo encontrarse con una difícil sustitución pues los servidores públicos pretensos sustitutos, aquellos que AMLO desplazó en el 2018 al inicio de su gobierno, pudieran ya no estar disponibles.

Son muchas las consecuencias que podrían verse en tiempos venideros que se abren en la disyuntiva de que de no actuar con firmeza inmediata se debilitaría su gobierno, de sí hacerlo se fortalecería, ambas con dificultades y ventajas distintas.

La opinión pública espera una especie de renovación en ciertas formas de gobierno, teniendo esto efecto sobre una renovación de las prácticas de enfrentar al delito, que ahora se ha descubierto que también anida en los gobiernos, lo que significa una prueba para su nuevo sistema de justicia.

En otros terrenos, los agudos sistemas de inteligencia del gobierno deberían ya estar detectando los efectos de los acontecimientos sobre los intereses de la delincuencia, ya que los almirantes eran sus cómplices en el delito, y en lo interno de los carteles, ambas partes están siendo sacudidas en sus raíces.

En el terreno comercial de hidrocarburos se afecta la seguridad energética al debilitar el control del Estado sobre la importación y venta de combustibles y distorsionará la disponibilidad y precios de la gasolina, generando prácticas de mercado negro.

Sería incorrecto cerrar esta reflexión sin aludir a quienes tenían la responsabilidad de prevenir caos como éste y no lo hicieron. El primero sin duda, el actual secretario de Marina, pero el tema obliga a ir más allá, ya que el huachicol fiscal se refiere al contrabando técnico o fraude donde participan múltiples organismos como se expone:

Administrativos: Agencia Nacional de Aduanas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Federal de Competencia Económica, y Pemex.

De control y justicia: Fiscalía General de la República y Unidad de Inteligencia Financiera, encargadas de judicializar y congelar cuentas de redes criminales ligadas al huachicol fiscal, Secretaría de Energía y Comisión Reguladora de Energía.

Si hablamos específicamente de organismos de inteligencia, los que hubieran sido responsables de detectar, anticipar y prevenir el huachicol son:

Centro de Investigación y Seguridad Nacional, actualmente Centro Nacional de Inteligencia, con responsabilidad de recopilar información sobre crimen organizado, corrupción y amenazas a la seguridad nacional. De acuerdo con la Ley de Información e Inteligencia debieron ser monitoreados como riesgos estratégicos.

Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de seguir la ruta del dinero, detectar operaciones sospechosas, lavado y facturación falsa. Debió identificar empresas fachada y triangulación de recursos.

Sección Segunda del E. M. Defensa. Con información sobre movimientos ilícitos en ductos, robo de hidrocarburos y crimen organizado que opera en zonas estratégicas.

Unidad de Inteligencia Naval que vigila operaciones criminales ligadas al comercio ilícito y contrabando, incluidos combustibles en puertos.

Área de Inteligencia de la Guardia Nacional con información sobre redes criminales, transporte de combustible robado y bandas que operaban en carreteras.

SAT- Área de Inteligencia Aduanera. Debió vigilar posible contrabando, subvaluación y redes de importación ilegal de combustible.

Como se dijo anteriormente, estamos en los amaneceres sobre los alcances del caso delictivo huachicol fiscal, que afecta tanto a la Presidencia de la República como sus órganos de gobierno, organismos y entidades federales. Hay mil disyuntivas en el camino: el hacer lo propio en el momento, con todos sus costos, y el no hacerlo, dejando que decida el futuro. México necesita más de una cirugía y como en otros casos quizá sea el acaso el que manda en los tiempos. La duda es si queremos o sabremos leer el mensaje de alarma nacional o preferiremos, como tantas veces, esconder la basura bajo la alfombra.

Desde que en México la legitimidad política de los gobernantes se da mediante procedimientos electivos, no han faltado las reformas para encontrar los procedimientos que permitan a la sociedad participar en las decisiones políticas fundamentales.

La realidad histórica es catastrófica: a la ciudadanía durante muchos años, con excepciones contadas, sólo se le ha permitido participar para legitimar decisiones que nunca se le consultaron o simplemente ser observadora del reparto del poder. Por ello, alienta lo que hace días la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó: la reforma electoral que se discutirá ampliamente a partir del mes próximo es “una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país para dejar atrás el viejo orden, con sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política”.

Para entender lo señalado por la responsable de la política interna de nuestro país, es necesario explicar que los últimos 50 años de la vida política mexicana y la crisis padecida se caracterizan, sobre todo desde la década de los años 80, porque los gobernantes mexicanos se convirtieron en subalternos de los intereses del mercado de capitales privados.

Se tiene que seguir reiterando que el proyecto neoliberal en la economía nacional derrumbó casi todo. El poder económico no sólo doblegó a la política, sino que intervino controlando las políticas sociales, en perjuicio del trabajador y de sus derechos elementales. Se creó un sistema que benefició a muy pocos a costa de las mayorías.

Hoy, cuando lo más moderno y progresivo de nuestra historia es el proyecto de bienestar social que impulsa el Estado, se vuelve trascendental y necesario construir nuevas instituciones políticas e instaurar un novedoso modelo democrático donde se procure la defensa de los intereses generales.

Los dirigentes de los partidos de oposición no se han percatado que su debilitamiento y desfiguros constantes es solo consecuencia de haber hecho a un lado la política. Su innegable papel en la corrupción sin límite, beneficiando sólo a los intereses privados, provocó un desprestigio generalizado hacia ellos y, obviamente, de toda la clase política.

Recuperar la confianza ciudadana ha sido todo un reto para el régimen actual. Hasta el año 2018 se tenían los índices más bajos de popularidad para los políticos. Principalmente los dirigentes priístas y panistas, envueltos en todo tipo de corruptelas, fueron más desautorizados por la ciudadanía crítica.

Por incapaces, pero sobre todo por someterse como nunca a los intereses del capital privado, la oposición partidaria en México es de alcance limitado. Se han convertido en organismos ominosos. De ahí su fracaso electoral desde 2018.

Por ello, la reforma política que viene deberá superar las viejas maneras de que solo se cambian las reglas y mecanismos para alcanzar y detentar el poder. La próxima reforma deberá incidir como nunca en la evaluación crítica sobre el pleno ejercicio del poder. Las decisiones políticas ya no pueden ser sólo esfuerzos individuales o partidarios. El apoyo popular que requiere el nuevo gobernante transformará a las decisiones del poder público en propuestas de cambio reales.

Involucrar al ciudadano para acompañar las decisiones públicas sólo se puede construir novedosamente: a) reformando la Constitución y las leyes federales de consulta popular y revocación del mandato, aceptando que la ciudadanía pueda opinar en los temas de materia electoral (inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo y libertades políticas, por ejemplo) y, b) impulsando reformas al marco legal de la revocación de mandato a fin de someter a ella a todos los gobernadores y presidentes municipales electos por voto popular.

La reforma política que viene deberá también contener una serie de límites constitucionales para que Morena y sus aliados de ahora y futuro no se dirijan a un escenario contrario a la pluralidad. Se requieren una serie de adecuaciones a las leyes electorales para que la mayoría política no se vuelva omnipotente, sino sea leal e institucionalmente respetada y respetable.

Los intentos de ser un poder absoluto deben ser frenados por un nuevo estado de derecho donde se legisle para tolerar la eventualidad de sustituir bajo leyes claras a quien hoy es mayoría. El respeto a las buenas prácticas en materia electoral es un sello que caracteriza al actual régimen mexicano. La posibilidad de crear un nuevo sistema político progresista y moderno es reto para todos. Quien no esté empeñado en ello se borrará de la historia

* Investigador titular del IISUNAM

En el ajedrez geopolítico del narcotráfico, todo parece indicar que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha comenzado a mover piezas que podrían continuar golpeando las estructuras nacionales e internacionales (Venezuela-China-Irán) del cártel de Sinaloa.

El 8 de septiembre de 2025, de acuerdo con diversos medios de comunicación, la agencia anunció un operativo internacional que dejó 617 detenidos, más de 10 toneladas de drogas incautadas y un botín de 11 millones de dólares en efectivo, sin dar mayores explicaciones.

Ejecutado por 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras, este “megaoperativo” se presenta como un triunfo contra las redes globales del cártel, a quien se responsabiliza de inundar Estados Unidos con veneno sintético.

Pero, ¿es esto un desmantelamiento real o sólo otra ofensiva más? El núcleo de esta operación radica en las declaraciones y traiciones internas del propio cártel, un colapso familiar que la DEA ha explotado con singular maestría.

La aceptación de culpa de Ismael El Mayo Zambada no es un capricho, implica cooperación con fiscales federales, detallando rutas de distribución desde laboratorios en Sinaloa hasta mercados en América, Europa y Asia.

Zambada, traicionado por su propio socio, Joaquín Guzmán López, quien lo entregó a cambio de inmunidad parcial, ha roto el código de omertá que lo mantuvo intocable por décadas. También El Chapo se siente traicionado por su padrino El Mayo Zambada con los testimonios de Rey Zambada y Jesús Vicente Zambada Niebla.

Es así que las declaraciones de El Mayo probablemente permitan el mapeo de alianzas con pandillas, flujos financieros en paraísos fiscales y, por supuesto, la cooperación de políticos, empresarios y altos mandos militares.

Aunque Joaquín Guzmán Loera pudo ser suficiente para hundir en una crisis a muchos países, su legado familiar ha sido el verdadero talón de Aquiles; sus hijos, conocidos como Los Chapitos, lideran la facción más violenta del cártel, ahora teniendo de aliada estratégica a la mafia china.

Y es que no podemos perder de vista que en mayo de 2025, 17 familiares directos, incluyendo la madre de Ovidio y parientes cercanos de El Chapo, cruzaron la frontera en San Diego, entregándose a la FBI y al ICE como parte de un acuerdo negociado con la administración Trump.

México confirmó el traslado, pero lo enmarcó como “negociación humanitaria”, aunque en lo que verdaderamente se traduce es en testimonios sobre información sensible a cambio de asilo o protección.

Esta rendición familiar, orquestada tras la captura de El Mayo, ha proporcionado inteligencia suficiente que impulsó las redadas de agosto, siendo que la DEA ha convertido al cártel en su propio informante.

Sin embargo, los 617 detenidos, desde mulas en Kentucky hasta distribuidores en California y otros países, plantean un enigma inquietante: ¿qué y a quiénes podrían llegar a delatar? Muchos optarán por exhibir sus entornos, pero sus silencios serán estremecedores.

Probablemente, hablarán de la corrupción en todos los niveles, revelarán las conexiones con sus socios estadunidenses, banqueros que lavan millones o farmacéuticas que miran hacia otro lado en el tema precursores químicos y aludirán sobre las operaciones en países aliados.

Esta selectividad no es inocente, es un cálculo que permite a la DEA publicitar victorias mientras la avalancha del narcotráfico apenas se vislumbra, aunque sin duda seguirá durante muchos años.

¿Qué planteará esta avalancha de datos? ¿Estamos empezando a ver la punta del iceberg? La agencia, toda la comunidad de inteligencia y oficinas de la aplicación de la ley acumulan cientos de carpetas, análisis financieros y evidencias satelitales, y aunque el operativo decomisó drogas por valor de millones, desafortunadamente las estructuras persisten. La información podría desatar congelamientos de activos y extradiciones de funcionarios cómplices.

El timón de esta cruzada lo lleva Terrance C. Cole, administrador de la DEA desde el 23 de julio de 2025, confirmado por el Senado.

Terry Cole, con poco más de 20 años en la agencia, conoce México como pocos, se ha desempeñado en diversos cargos clave en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, Colombia, Afganistán y Medio Oriente, pero además se ha destacado por su trabajo de investigación, análisis y operatividad sobre cárteles mexicanos y sus apoyos institucionales.

Este megaoperativo desmantela cárteles y estructuras operativas y financieras de poder, pero no el sistema del narcotráfico; la demanda de drogas persiste y la soberanía de varios países se erosiona.

Con colaboraciones inducidas y movimientos calculados, la DEA y todo el sistema relacionado acumulan poder, pero, ¿verdaderamente se podrán salvar vidas o sólo se exhibirá el poderío estadunidense? El trabajo debe ser bien coordenado o el iceberg puede poner en riesgo a todos.

*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política

Irán, un grupo armado irregular, un país sudamericano, Centroamérica y un río de cocaína articulando todo lo anterior: con estos elementos, una nota divulgada hace unos días por Fox News busca explicar por qué Donald Trump ordenó destripar a un número incierto de desdichados que viajaban en una lancha, en un punto ignoto del Caribe, sabrá Dios de dónde a dónde y a saber con qué propósito.

La fábula, firmada por Efrat Lachter, hilvana declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado, Anna Kelly, de un agente retirado de la DEA de nombre Brian Townsend y de Danny Citrinowicz, “investigador del Instituto de Israel de Seguridad Nacional”, para argumentar que el crimen perpetrado por las fuerzas militares estadunidenses fue “la más reciente jugada de una campaña mayor para desmantelar el creciente narcoimperio de Hezbollah en Venezuela” (https://is.gd/3Dlme9).

Se adjunta un video en el que Marco Rubio truena contra el “narcoterrorismo”, un general retirado con cara de mala persona dice que “debemos ser consistentes en ese empeño” y la opositora venezolana María Corina Machado se relame los labios fantaseando con la caída en cadena de los gobiernos de su país, de Cuba y de Nicaragua.

O sea: la resistencia chiíta libanesa “se ha vuelto financiadora y lavadora de dinero de grupos narcoterroristas como el Tren de Aragua”, que es la conexión entre Irán y “la diáspora chiíta en Centro y Sudamérica” y que esto la convierte en un factor indispensable para “la estrategia de Irán en el hemisferio occidental”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, le permite a Hezbollah operar en Venezuela “sin ser perseguido”, de lo cual el mandatario y sus amigos “se benefician financieramente”.

El “cártel de los Soles”, afirma una de las voces citadas, “compuesto por militares de alto rango, gestiona y protege” los “cargamentos masivos de cocaína”. “¿Y quién blanquea todo este dinero del narcotráfico? Hezbollah”.

El batiburrillo amontona alegremente acusaciones sin ofrecer una sola prueba; parece una mera enumeración de enemigos diabólicos que, por serlo, han de estar necesariamente conectados entre sí. Pero esta asociación entre tráfico de cocaína, Irán, movimientos armados y Sudamérica lo lleva a uno a recordar que sí, que algo así ha existido en la realidad.

Ocurrió en los años 80 del siglo pasado, cuando el gobierno de Ronald Reagan, por medio de la CIA y del Departamento de Estado, organizó un sofisticado esquema de tráfico de drogas –sí, de cocaína– de Colombia a Estados Unidos, pasando por territorio mexicano y otro de venta de armas al archienemigo gobierno de la República Islámica, todo ello con el propósito de obtener fondos con los cuales comprar armas para entregarlas a los grupos de la contra nicaragüense que, por ese entonces, trataban de derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua.

Fue un atajo muy astuto para burlar la prohibición del Congreso –la llamada Enmienda Bolland– de dar asistencia a los contrarrevolucionarios.

Esto último no es una mera aglomeración de paranoias: la vertiente del suministro de armas a Irán fue ampliamente documentado en el reporte final elaborado por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (https://is.gd/ShB4Rv). Las operaciones de narcotráfico fueron probadas por el reportero del San Jose Mercury News, quien fue misteriosamente asesinado tras la divulgación de su reportaje (https://is.gd/sP1zXY).

Y aunque sus conclusiones fueron desmentidas con sacrosanta indignación por medios mainstream ( Los Angeles Times, The New York Times y The Washington Post), a la postre, la propia CIA acabó reconociendo que “pasó por alto” las actividades de la contra en el tráfico de cocaína y crack (https://is.gd/TNt67b) (https://is.gd/KMh1Z2) y que en ocasiones disuadió a la DEA de investigarlas.

Según algunos, esa “disuasión” llegó a tanto como el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar, perpetrado en Guadalajara en febrero de 1985 (https://is.gd/KzBSMF) (https://is.gd/RLplc3), no necesariamente por Rafael Caro Quintero y Ernesto Don Neto Fonseca, sino acaso por el cubano anticastrista Félix Ismael Rodríguez, quien trabajaba para la CIA.

Dice una definición de proyección: “Para la sicología, la proyección representa un mecanismo de defensa que tiene lugar cuando las emociones atraviesan etapas conflictivas, sea por causas internas o externas, y consiste en adjudicar a otros individuos o incluso cosas el propio sentir, las ideas o reacciones que no se puedan aceptar, dado que al intentar sentirse identificado con ellas se sufre un estado de muchísima ansiedad que provoca rechazo, como si de un órgano incompatible se tratara” (https://is.gd/2zZGPx). Aplica también para medios de (des)información y para países.

El Paquete Económico 2026 llegó con el discurso de la estabilidad y la disciplina fiscal, pero detrás de las cifras relucientes se esconde una peligrosa paradoja. El gobierno presume un peso fuerte y control de la deuda, mientras el país sigue atrapado en un modelo que reparte sin producir, gasta sin transformar y depende de capitales golondrinos que pueden huir en cualquier momento. Lo que se presenta como fortaleza es, en realidad, fragilidad disfrazada de éxito.

La aparente solidez del peso no proviene de la productividad ni de un auge exportador. El tipo de cambio se sostiene en la entrada de capitales de corto plazo, atraídos por un diferencial de tasas de interés muy superior al de Estados Unidos. Los inversionistas especulativos compran deuda mexicana porque ofrece rendimientos más altos, no porque confíen en la capacidad productiva del país. Es un espejismo: mientras haya confianza y rentabilidad, esos capitales se quedan, pero al primer signo de incertidumbre se irán, disparando el dólar y la inflación. La supuesta estabilidad es vulnerabilidad disfrazada de éxito.

El presupuesto concentra una cuarta parte de sus recursos en transferencias sociales, salud y vivienda. A ello se suman pensiones y el costo de la deuda, de modo que más de la mitad del gasto público es rígido, destinado a consumo inmediato o compromisos financieros. La inversión productiva apenas llega a 13 por ciento y se concentra en Pemex, CFE y proyectos ferroviarios. No existe un plan integral para articular manufactura, innovación o cadenas de valor nacionales que permitan multiplicar los efectos del gasto.

La política comercial tampoco corrige esa dependencia. Se anuncian aranceles a productos chinos y a países sin acuerdo comercial con México, presentados como medidas de soberanía. En los hechos son gestos hacia Estados Unidos en su disputa geopolítica. No existe un plan interno para que esos aranceles protejan y fortalezcan la industria mexicana. El resultado es un encarecimiento de insumos y bienes de consumo, que golpea a familias y pequeñas empresas sin generar desarrollo nacional.

La apuesta por Pemex es otra muestra de contradicción. Se destinan más de 240 mil millones de pesos para sostener a una empresa endeudada, bajo el argumento de la soberanía energética. Pero no existe un plan que vincule ese gasto con un proceso más amplio de industrialización. Mientras se canalizan recursos a Pemex, se descuidan sectores manufactureros que podrían generar empleos y valor agregado. Se invierte en una empresa con serios problemas financieros, pero sin efecto multiplicador.

En materia tributaria, los llamados impuestos saludables –refrescos, tabacos, videojuegos violentos– se justifican en nombre de la salud pública, pero son gravámenes con baja elasticidad de la demanda. En amplias zonas del país, los refrescos no son un lujo, sino la única alternativa real de consumo, más baratos que jugos o leche y más confiables que el agua corriente. Para millones de familias pobres, su consumo no es una elección, sino una necesidad cotidiana. Gravar más estos productos no reduce la demanda, sino que encarece la canasta de los hogares vulnerables. Es, en suma, un impuesto regresivo que contradice el discurso de justicia social.

La inversión en ciencia y tecnología es mínima. La Secretaría de Ciencias recibirá apenas 35 mil millones de pesos, medio punto porcentual del gasto programable. Educación supera los 500 mil millones y salud más de 60 mil millones. Ciencia y tecnología quedan relegadas, sin un plan que articule investigación, innovación y política industrial. Se reparten becas, pero se abandonan los motores de la productividad y la soberanía tecnológica.

Lo que México necesita no es retórica de modernidad, sino una política industrial realista. Se debe invertir en los sectores tradicionales que todavía tienen capacidad de arrastre: acero, refinación de petróleo, farmacéutica y autopartes. A la par, es indispensable incursionar en la industria electrónica, no para competir de inmediato con los gigantes globales, sino para adquirir gradualmente las habilidades que permitan diversificar la base productiva. Esta combinación de sectores consolidados y nuevos aprendizajes es la única vía para construir una industrialización soberana.

El gobierno insiste en la estabilidad macroeconómica como prueba de éxito. Es cierto que la deuda se mantiene en torno a 52 por ciento del PIB y que las calificadoras ratifican el grado de inversión. Pero la deuda crece en términos absolutos, el déficit ampliado ronda 4 por ciento del PIB y el peso depende de capitales volátiles. Cada crisis internacional puede derrumbar el frágil andamiaje macroeconómico. La historia de 1982, 1994 y 2016 demuestra que la estabilidad basada en capitales golondrinos dura lo que la confianza externa.

La contradicción de fondo es evidente: un gobierno que se dice de izquierda administra con ortodoxia fiscal, reparte recursos sin crear riqueza y se alinea a la estrategia de Washington. Así, en lugar de transformar la estructura productiva, reproduce la dependencia. Los problemas se acumulan: baja productividad, ausencia de industria nacional fuerte, rezago tecnológico, alta informalidad y vulnerabilidad frente a choques externos.

Si este rumbo se mantiene, México no solo enfrentará un callejón fiscal, sino también un callejón histórico: otro sexenio perdido en el que se reparte sin producir, se presume estabilidad mientras se erosiona la soberanía y se confunde política social con política de desarrollo. No basta con administrar la inercia ni con repetir fórmulas de dependencia. El verdadero desafío es transformar la estructura productiva, construir industria nacional y recuperar la capacidad de decidir nuestro futuro económico. De lo contrario, el espejismo del peso fuerte se desvanecerá y el costo lo pagarán, una vez más, los más pobres.

*Director del CIDE

En México y en todo el mundo capitalista la vivienda es una mercancía, ya que es un bien producido bajo las condiciones del mercado. Ya se trate de una casa o de un departamento, la vivienda, como todas las mercancías inmobiliarias, es un objeto producido compuesto de suelo urbano y de una edificación.

Los dos componentes de la vivienda son producidos, porque la tierra, para ser considerada como terreno urbano, debe contar con toda una serie de redes y servicios que a su vez son producidos dentro del sistema capitalista, tales como el agua potable, el drenaje, la energía eléctrica, la telefonía, el Internet y el gas; además, la zona donde se ubique debe contar con acceso a servicios como transporte urbano, recolección de basura, distribución de correo y paquetería y vigilancia, entre otros. De igual manera, la edificación es un objeto generado bajo las condiciones capitalistas imperantes, con participación del capital industrial de la construcción, del financiero inmobiliario. De modo que la vivienda es una mercancía, aunque es indispensable, como política social, considerarla como un derecho básico para la vida social que debe ser accesible para todas las familias no importando su nivel de ingresos.

Pero la vivienda, como mercancía que es, tiene un precio comercial, que incluye los costos de su producción, es decir, los materiales, la maquinaria y la fuerza de trabajo requeridas para su edificación y puesta en funcionamiento, así como la plusvalía en forma de ganancia de la industrial, el interés bancario y el pago al propietario del terreno sobre el que se desplantará. Así, el precio de la mercancía vivienda resulta alto en relación a la capacidad de adquisición de la enorme mayoría de la población en México, que no alcanza a ahorrar lo suficiente para el enganche ni es sujeto de crédito por la banca comercial.

¿Cómo lograr entonces que el valor de la vivienda baje hasta el nivel requerido por las familias que no logran pagar su precio comercial? Una opción es hacer más eficiente el proceso de su producción, donde es muy poco lo que se puede avanzar actualmente; otra es afectar a la baja el nivel de la ganancia exigida por los capitalistas involucrados en la producción inmobiliaria; o reducir el precio del terreno requerido.

Los gobiernos del periodo neoliberal siguieron esta opción durante las últimas décadas al ofrecer vivienda social realizada en terrenos muy baratos por su lejanía. El fracaso de esta propuesta nos queda a todos muy claro hoy en día.

El gobierno actual está logrando bajar el precio de la vivienda social reduciendo o eliminando la ganancia de la industria de la construcción e involucrando terrenos de propiedad pública cuyo valor no será incorporado en el precio final. Seguramente será una salida exitosa al problema de la carencia de vivienda social.

Sin embargo, como sostiene el doctor Alberto Villar Calvo, profesor investigador de la UAEMex, con quien coincido, al entregar en propiedad privada las viviendas terminadas se presentarán dos situaciones contradictorias: por un lado, las familias tendrán finalmente un patrimonio con el cual sustentar su tranquilidad cotidiana, pero por otro estarán dadas las condiciones para que esa vivienda se incorpore al mercado inmobiliario. Porque como patrimonio sus propietarios podrán venderlo si su situación económica o familiar así lo requiere. Esta posible decisión no es de ninguna manera condenable, ya que como propietarios tendrán derecho de hacerlo, pero provocará que esa vivienda social se incorpore al mercado inmobiliario como una mercancía más, saliendo así del propósito inicial de dotar de una vivienda social a una familia de recursos limitados y alejándose del ámbito de acción de la vivienda pública.

En cambio, si se asigna las viviendas producidas en arrendamiento, o dentro de alguna condición jurídica que permitan el usufructo de por vida sin la propiedad del inmueble, esas viviendas no saldrán del ámbito de la vivienda pública, creando así una situación donde el Estado pueda influir en los precios del mercado inmobiliario por la cantidad y las características del segmento que controlaría. Tal como sucede en Viena, donde un porcentaje importante de las viviendas de la ciudad son propiedad pública otorgadas en arrendamiento.

Para enfrentar a los carteles inmobiliarios actuales, es importante que el Estado administre una parte significativa del mercado con los recursos que le darán una bolsa de vivienda social y de suelo urbano sustanciosa. Ha costado tanto esfuerzo constituirla que vale la pena conservarla y acrecentarla.

* Arquitecto, maestro en urbanismo

En el espléndido libro Los tarahumaras, Antonin Artaud (Barral Editores, Barcelona, 1972) enfatiza la danza de la crueldad. ¿Qué más crueldad que el hambre, la hambruna? Ritma esa reconstrucción que trata de encontrar un lugar opuesto a la civilización occidental. La realidad no está constituida todavía porque los órganos verdaderos del cuerpo no están todavía compuestos ni situados.

‘‘El teatro de la crueldad” acaba ese emplazamiento, acomete una nueva danza del cuerpo del hombre; una nada coagulada. En el silencio de las palabras es como mejor podemos escuchar la vida. Sintaxis que regula el encadenamiento de las palabras, gestos que no serán ya gramática de la predicación ni lógica del espíritu claro.

Las huellas inscritas en el cuerpo, ‘‘el hambre”, no serán incisiones gráficas, sino heridas recibidas en la destrucción de Occidente. La metafísica, estigmas de una implacable guerra. ‘‘El estigma y no el tatuaje: así, en la exposición de lo que habría tenido que ser el primer espectáculo del teatro de la crueldad’’ (la Conquista de México), que encarna la ‘‘cuestión de la colonización”, que habría ‘‘hecho revivir de manera brutal, implacable, la siempre viva fatuidad de Europa” (El teatro y su doble, IV, p. 152), el estigma sustituye al texto: ‘‘De este choque del desorden moral y la anarquía católica con el orden pagano, pueden surgir inauditas conflagraciones de fuerzas e imágenes, sembradas aquí y allá de diálogos brutales. Esto a través de luchas de hombre a hombre que llevan consigo, como estigmas, las ideas más opuestas” (A. Artaud). ‘‘La palabra soplada” en la Escritura la diferencia (Derrida, editorial Anthropos).

Se habla de la crueldad que ejercen los poderosos sobre los débiles en truculento juego sadomasoquista, pero no se puntualiza que el hambre es quizá la peor de las crueldades que podemos infligir al otro. Negar al individuo la posibilidad de acceder a la más primaria de las necesidades biológicas es el peor de los crímenes.

La cultura, aunadas el hambre, la desesperanza, los sujetos pierden la dimensión humana, se lanzan a matar o morir en fallido intento por escapar a la infrahumana calidad de vida. Se requiere ahondar en el estudio de la crueldad humana (la colonización) como hacen Artaud, Derrida y sus variantes, sobre todo en aquella (¿la Conquista de México?) que conduce a someter al semejante a una muerte lenta, agonía prolongada, muerte por hambre, depauperación no sólo del cuerpo, sino del espíritu que se repite y nulifica la anterior. La hambruna fue generadora de las revoluciones francesa, mexicana, española…

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