Cientos de violaciones graves a derechos humanos deja tras de sí el sexenio de Peña. Siete son los casos emblemáticos –Iguala-Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Chalchihuapan, Nochixtlán y Palmarito–, pero no son los únicos: ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamiento forzado asolan al país. El propio gobierno admite más de 4 mil desapariciones forzadas en estos 6 años
Sin poder sostenerse en pie, la víctima
número 13 fue arrastrada por la calle y llevada a la acera por elementos
del Ejército Mexicano, quienes –segundos antes– habían disparado contra
el vehículo donde ésta viajaba junto a otras cuatro víctimas.
Boca abajo, en la banqueta donde fue echada, recibió el tiro de gracia:
uno de los soldados accionó su arma de fuego privándola de la vida. De
ello dan cuenta un video de seguridad y la investigación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), integrada en la recomendación
12VG/2018 del pasado 17 de septiembre.
El hecho sucedió el 3 de mayo de 2017 en
Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, y se considera una
de las siete violaciones graves a derechos humanos más emblemáticas del
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y es que en ese enfrentamiento con presuntos huachicoleros,
el Ejército Mexicano incurrió en la ejecución arbitraria de dos
personas, el trato cruel en agravio de 10 personas –incluidos dos
menores de edad–, la retención ilegal de nueve adultos y cuatro
infantes, la indebida procuración de justicia por la irregular
integración de diversas indagatorias y la no preservación de la escena
del crimen, señala la CNDH.
Así, Palmarito –junto con
Iguala-Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Chalchihuapan y
Nochixtlán– pasará a la historia como ejemplo de las peores atrocidades
que ha sufrido la sociedad mexicana en el contexto de la guerra contra
el narcotráfico.
Un conflicto que ha cobrado la vida de
más de 100 mil civiles en este sexenio, hasta llegar a una tasa de 90
asesinatos al día. Tan sólo entre enero y julio de 2018 se
contabilizaron 19 mil 478 víctimas de homicidio doloso, lo que
representa 3 mil 156 más que en el mismo periodo de 2017, indica la
organización México Evalúa.
Entre el 60 y el 75 por ciento de esas
muertes tendría relación con la violencia ligada al crimen organizado y
la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, señalan investigaciones del
Congreso estadunidense y el mexicano Semáforo Delictivo.
Las políticas de seguridad interior y
nacional del actual gobierno han generado las graves violaciones a los
derechos humanos, observa Carla Sofía Loyo. Para la integrante de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, “los casos
de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han
aumentado de manera terrible. Incluso podríamos empezar a hablar de
crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte Penal
Internacional”.
Según el Estatuto de Roma, entre los
crímenes de lesa humanidad figuran el asesinato, la tortura, la
desaparición forzada, la violación, esclavitud sexual, prostitución
forzada […] u otros abusos sexuales de gravedad comparable; […] u otro
acto inhumano de carácter similar que cause grandes sufrimientos
intencionales o atenten de gravedad contra la integridad física o la
salud mental cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque.
Por ataque, agrega, se entenderá una
línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados
contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado
o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa
política.
La defensora Loyo advierte que el origen
de la crisis de derechos humanos que padece México inició en diciembre
de 2006, con la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Y
que estas violaciones son sistemáticas y generalizadas.
Y es que se trata de una política que
emplea la violencia, a través de la fuerza militar. Ejemplo de ello es
que “de diciembre de 2012 a junio de 2018 se ejecutaron 109 mil 378
operaciones contra el narcotráfico, con la participación promedio
mensual de 4 mil 589 elementos [militares]”, indica el Sexto informe de gobierno de Peña.
Desaparición forzada
El costo de la militarización ha sido
muy alto. El país, en especial el Norte, se ha visto muy afectado con
las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las
ejecuciones extrajudiciales, señala Flor Cisneros, integrante del Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedem), con sede en Chihuahua.
La defensora advierte que estos crímenes
no sólo han ocurrido en este gobierno: desde el sexenio de Calderón,
quien inició la “guerra” contra el narcotráfico, “se desencadenaron
horriblemente las violaciones a los derechos humanos”.
Sólo en el tema de desapariciones, el
saldo para la sociedad mexicana es grave: entre enero de 2013 y abril de
2018, a 22 mil 983 personas se les perdió el rastro. De ellas, 22 mil
297 corresponden al fuero común, y 686, al fuero federal, indica el
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Las cifras revelan el tamaño de la
catástrofe con la que lidiará el próximo gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, quien se ha propuesto pacificar el país. Según el Sexto informe de gobierno
de Peña Nieto, actualmente se investiga la desaparición forzada de 170
personas en 88 expedientes de búsqueda, mediante averiguación previa o
carpeta de investigación.
“Las autoridades involucradas son las
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Policía
Federal, estatal y municipal”, advierte, y agrega que las entidades
federativas donde se denuncia un mayor número de personas desaparecidas
con presunta responsabilidad de autoridades federales o locales son:
Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato y Michoacán.
La Comisión Nacional de Víctimas admite
que se tiene registro de 388 personas desaparecidas forzadamente por
autoridades federales; pero la cifra real podría superar las 4 mil
personas, si se tomaran en cuenta las cometidas por autoridades
estatales y municipales, indicó el titular de esa institución, Jaime
Rochín, el pasado 10 de octubre en el programa radiofónico de Ciro Gómez
Leyva.
El Estatuto de Roma señala que la
desaparición forzada consiste en la aprehensión, la detención o el
secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con
su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir
tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el
paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo
de la ley por un periodo prolongado.
Crímenes que con frecuencia ocurren en
el país. Una de las cuatro recomendaciones por violaciones graves a
derechos humanos –la 10VG/2018–emitidas por la CNDH en lo que va de este
año da cuenta de uno de esos casos, ocurrido el 18 de marzo de 2011.
Tras destruir 40 casas y siete ranchos
del municipio de Allende, Coahuila, una célula armada de Los Zetas –en
alianza con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal–
desapareció forzadamente a al menos 38 personas, incluidos tres menores
de edad.
Además de las desapariciones forzadas, están las desapariciones cometidas por particulares. Al respecto, el Sexto informe de gobierno
detalla que se indaga la desaparición de 11 mil 556 personas en 897
expedientes de búsqueda, por averiguaciones previas o carpetas de
investigación. Las entidades con mayor incidencia son: Guerrero,
Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Ciudad de
México.
De la mano de esta tragedia están las
fosas clandestinas regadas a lo largo del país. Según la CNDH, de 2007 a
la fecha se han localizado 1 mil 307 cementerios clandestinos a lo
largo del país con 3 mil 906 cuerpos.
Tortura
La tortura es el otro crimen de lesa
humanidad presente en México. Cuatro mil 201 expedientes por este delito
se investigan en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de
Tortura, provenientes de las delegaciones estatales de la Procuraduría
General de la República, de las autoridades estatales, vistas de
autoridades jurisdiccionales y denuncias ciudadanas directas y anónimas,
indica el Sexto informe de gobierno de Peña.
Diecisiete de esos casos podrían ser los
que engloba la recomendación 29/2018, que emitió la CNDH en agosto
pasado por detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura en
agravio de 17 víctimas; violencia sexual en contra de 11 de ellas; cateo
ilegal en contra de una, y a la privacidad en contra de cinco cometidos
por personal naval.
La víctima número seis es ejemplo de esa
recomendación: “los marinos le desgarraron la ropa dejándola desnuda,
le apretaron los senos ‘con algo duro’ y tocaron sus genitales. Cinco
elementos navales le introdujeron sus penes en la boca; posteriormente
la aventaron al suelo, le abrieron las piernas y sintió que la iban
violando”.
Luego, una mujer la metió a la regadera y
mientras le caía el agua le “ponía toques en todo el cuerpo. Me hizo
abrir las piernas y me dio toques en los genitales”. Mientras otra mujer
le preguntaba si “era la tal… y al negarlo le dijo “que no le
importaba, que como quiera me iban a matar”.
Para entonces, la víctima llevaba horas
de tortura: fue detenida arbitrariamente por dos marinos el 8 de mayo de
2013, entre las 10 y las 11 de la noche en Fresnillo, Zacatecas.
Golpeada al momento de la detención y durante el traslado a la base, que
enfrentó vendada de los ojos y con pies y manos atados.
Durante el trayecto, además, en dos
ocasiones le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que
perdió el conocimiento. Ya en la base, la llevaron al área de baños
donde la patearon.
“Por la noche, los marinos le quitaron
la ropa y la bañaron con agua fría. Una mujer le dio un cambio de ropa y
la volvieron a vendar de los ojos, enseguida, le colocaron una bolsa en
la cara hasta que se desmayó. Al despertar, una mujer le ordenó que se
‘empinara’ y le dio 10 tablazos en los glúteos”. Luego vino la violación
tumultuaria.
Loyo señala que desde la Comisión
Mexicana se impulsan campañas para el reconocimiento de la tortura como
una violación generalizada y sistemática por parte del Estado.
La defensora observa que, en las
violaciones a derechos humanos, la impunidad es un problema estructural.
Por ello, detalla que la Comisión Mexicana promueve un mecanismo
internacional en contra de la impunidad.
“Creemos que los mismos que están en
este país no pueden resolver el problema: se ha llegado a tales niveles
que es insostenible. Cualquier lineamiento, cualquier nueva ley,
cualquier marco regulatorio que emitan no va a funcionar si seguimos con
los índices de impunidad. Por eso necesitamos que expertos
internacionales muestren un camino claro a seguir para mejorar la
procuración de justicia y el sistema judicial, que en este nuevo sistema
que ha resultado muy lenta su instrumentación.”
Agrega que un mecanismo internacional
podría ayudar a combatir la impunidad como una suerte de comisión de la
verdad o como justicia transicional, como ha venido pasando en la región
latinoamericana en los últimos 20 años.
Luchar contra el enemigo
La defensora Flor Cisneros destaca que
cuando las autoridades son las que violentan los derechos humanos,
cualquier defensor arriesga su vida. “Qué significa la vida, qué
significan los derechos humanos para las autoridades, pues nada, porque
le dan escaso valor”.
Ante el riesgo que se corre y por las
amenazas constantes, observa que “muchos defensores estamos o hemos
estado en medidas colectivas cautelares o provisionales, algunos con
medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del
mecanismo nacional. Aún así, muchos defensores y defensoras viven el
hostigamiento, las amenazas y el tener que desplazarse debido a las
funciones que realizan y estar siempre en un riesgo constante en su vida
y en su trabajo”.
Cisneros señala que para las víctimas
directas e indirectas el escenario es peor. “Cuando eres una víctima de
cualquier violación eres un número más. El encargado de la
investigación, el agente del Ministerio Público, te ve como un número
más. Cuando logras tener la ayuda de una organización, que te proteja de
alguna manera y logre medidas cautelares locales o internacionales ya
le interesa al gobierno un poco más, para cumplir con los tratados
internacionales.
“Entonces sube tu valor como víctima por
el costo político, porque te conviertes en foco rojo al cual hay que
cuidar, porque si no, los defensores y la prensa van a reclamar. Eso es
lo único que les importa. Pero ni siquiera las medidas cautelares de
organismos internacionales son suficientes para proteger, para que tomen
medidas que realmente sirvan. En realidad estamos en estado de
indefensión.”
Para la defensora, es la omisión del
Estado a responsabilizarse por las violaciones a derechos humanos y la
crisis que vive el país la que hizo que fuera muy difícil la defensoría
de los derechos humanos. “Hizo que fuera muy difícil el estar ayudando a
quienes llegaban a pedir ayuda, a las víctimas y a los familiares”.
Fondo de atención a víctimas
De enero a junio de 2018, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ejerció 270 millones de pesos en favor de víctimas de delitos del orden federal y víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales.Del total de recursos, 85.7 millones se destinaron al pago de medidas de ayuda inmediata, en beneficio de 897 víctimas: 588 mujeres y 309 víctimas hombres; mientras que 184.3 millones de pesos se destinaron para compensaciones económicas como parte de la reparación integral del daño, en beneficio de 167 víctimas.De las compensaciones como parte de la reparación integral, 31.5 millones depesos correspondieron a compensaciones subsidiarias por comisión de delitosdel fuero federal; y 152.8 millones de pesos por compensaciones por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales.De enero de 2015 en que inició operaciones el Fondo, al 30 de junio de 2018, se ejercieron 646.9 millones de pesos, en beneficio de 3 mil 542 víctimas.Fuente: Sexto informe de gobiernoMás de 1 mil migrantes desaparecieron en México
De septiembre de 2017 a junio de 2018, México recibió 23 solicitudes referentes a 1 mil 47 personas migrantes extranjeras y nacionales desaparecidas, a través del Sistema Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas, operado por la Primera Visitaduría General de la CNDH.En el periodo, el Instituto Nacional de Migración recibió 475 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en las estaciones migratorias y estancias provisionales.Fuente: Sexto informe de gobierno
Nancy Flores
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