Vimos en la entrega anterior
como la Desaparición forzada es combatida en México cuya lucha no data
de más de 4 años, lo que habla el atraso que como nación tenemos en
materia de protección de Derechos Humanos. Tan esa así, que las
instancias que se formaron a raíz de la creación de la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, siguen
siendo un gran desconocimiento tanto para las víctimas directas o
indirectas de estos ilegales ejercicios como de la sociedad en su
conjunto, lo que nos deja muy mal parados en el concierto internacional.
Pero vayamos a las cifras que, aunque no nos gusten eso son, y dan
un panorama general de lo que tenemos que afrontar en el corto y
mediano plazos. En primer lugar, son parte de una violencia jamás vista
en la historia del país, dada la inamovilidad y desorganización con los
estados, del gobierno sexenal en turno y de sus áreas de seguridad
pública, procuración y administración de justicia, que han trabajado
desarticuladamente gracias a un liderazgo que el actual gobierno federal
no pudo tener y cuya responsabilidad es abismal e igual de criminal
como la ejercida.
Datos de la Oficina de Información Científica
y Tecnológica (INCyTU) del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
(FCCyT) arrojan que el impacto económico de la violencia en México tan
solo en 2017 fue de 4.72 billones de pesos que cerrando números salvo
error aritmético equivaldría a que cada uno de los 120 millones de
mexicanos pagó cerca de 50 mil pesos por dicho flagelo.
En un
documento de trabajo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Publica de la Cámara de Diputados de marzo de 2018, intitulado “La
desaparición forzada de personas. Un panorama general”, nos dice textual
que, según dicha fuente, de 2007 a 2017 se encuentran en condición de
no localizadas alrededor de 34 mil personas, 33 mil del fuero común y
poco más de mil del fuero federal. Las entidades federativas con el
mayor número de personas no localizadas en ese periodo fueron
Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León. En
contraparte, las entidades federativas con menos casos de personas
desaparecidas o no localizadas fueron: Tlaxcala, Campeche y Baja
California Sur.
Sigue el estudio mencionando que, es más
frecuente la desaparición forzada de hombres, ya que de cada cien
personas en esa situación 74 eran varones. En el caso del fuero federal,
de cada cien personas reportadas como desaparecidas, 83 fueron hombres y
17 mujeres. De las personas desaparecidas o no localizadas, más de la
mitad (51.3%) tenían entre 15 y 34 años; 8.1% tenían entre 0 y 14 años y
31% eran mayores de 35 años. El estudio coloco a Veracruz en el 21
lugar con 726 casos.
El Sistema del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
, en su página web, tiene una relación de 1171 personas extraviadas o
desaparecidas y las fechas y lugares donde fueron vistas por última vez,
con fecha de creación de 2015. Y como podemos ver, los datos distan de
otros como los aquí comparados lo que habla de la falta de coordinación e
esfuerzos que en poco ayudan a esclarecer que tipo de desaparición es,
motivos, causas, razonas, incidencia, atención, castigo penal a los
responsables, porcentaje de impunidad creada entre otros.
Como
podemos observar sigue siendo este terrible tema uno complejo y por
atender con estándares de excelencia en lo que se refiere a la búsqueda
científica de personas, seguridad pública, impartición y procuración de
justicia y por supuesto respeto a los Derechos Humanos y Estado de
Derecho.
El Secretaria Ejecutivo anteriormente señalado,
realizo hace poco el Foro “Retos y perspectivas en la implementación de
las Leyes Generales de Tortura y Desaparición de Personas”, donde
manifiesta algunos retos por concretar y adoptar; Avances en la creación
y/o fortalecimiento de las Fiscalías Especiales para la Investigación
de los Delitos de Tortura y Desaparición de Personas, políticas de
actuación y atención a víctimas en los Protocolos Homologados; Las
resoluciones internacionales en materia de Tortura y Desaparición
Forzada y su trascendencia en la legislación nacional; Prevención de los
delitos de Tortura y Desaparición de Personas; Investigación
criminalística de personas no localizadas y desaparecidas; Retos en la
atención integral a las víctimas de tortura y desaparición de personas;
Desafíos y alcances de la Comisión Nacional de Búsqueda en el marco de
la Ley General en materia de Desaparición de Personas, Desaparición
cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas; La importancia de la cooperación internacional para adoptar
las leyes generales en materia de tortura y desaparición de personas;
Rol de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas en
materia de tortura y desaparición de personas.
Pero creemos que
los mayores retos por venir para concretar lo antes mencionado, es la
capacidad organizada del gobierno en sus tres niveles, sobre todo los
gobiernos de los estados y por supuesto un verdadero sistema de
seguridad publica protector del ciudadano y fiscalías autónomas con
rendición de cuentas permanentes. Además, poderes legislativos fuertes
en el sentido de democráticos y creadores de leyes protectoras de los
derechos humanos. Actuemos.
Rafael Marín Marín es
Presidente del Colegio de Profesionales y Técnicos de Veracruz,
COLPROTVER; Delegado en el Estado del Instituto Nacional para la
Celebración del Día del Abogado INCDA y; Presidente de México Crítico,
Agrupación Política Nacional.
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