Francisco López Bárcenas
Su aparición fue como la de
los arroyos después de la tormenta. Primero asomaron unos cuantos y
después se dejaron venir en masa. Eran casi medio millar de personas,
entre ciudadanos y autoridades de 52 comunidades de los pueblos
cuicateco, chatino, chontal, ikoots ayuuk, ñuú savi, binizaá y mestizo;
algunos llegaron de muy lejos, como la región de la Sierra Sur, el
Istmo, la Cuicateca y la Mixteca, aunque la mayoría eran de los Valles
Centrales. Venían a cumplir un acuerdo tomado el pasado mes de febrero
en la comunidad de Magdalena Teitipac: enjuiciar a las empresas mineras
del estado por los daños que han causado a los pueblos y a la madre
tierra. Se tardaron bastante tiempo porque en el ínterin realizaron
asambleas para armar sus denuncias, mismas que presentaron a los
miembros del tribunal, acompañadas de las firmas y pruebas que las
repaldaban.
El acto se desarrolló los días 11 y 12 de octubre y resultó
importante porque, que se sepa, era la primera vez que en la República
Mexicana las comunidades indígenas decidían enjuiciar al Estado mexicano
por su permisividad con las empresas mineras y a éstas por los daños
que causan para apropiarse del patrimonio nacional. Y no lo hacían
apelando a la ética y la moral, como han hecho otros tribunales, sino a
su derecho a la autonomía, lo que le da sentido a otro a la sentencia
del jurado, integrado por personas de alta solvencia moral y preparación
profesional. El primer día, por más de 10 horas, ellos escucharon 22
casos de violación de derechos humanos, acompañados de las pruebas que
sustentaban la denuncia. Todos los casos se presentaron en público, la
mayoría fueron comunitarios, pero también hubo colectivos, lo que
muestra el grado de organización que los pueblos van tejiendo para
defender su patrimonio.
Las organizaciones que coordinaron los trabajos del juicio
comunitario popular contra el Estado y las mineras presentaron un
contexto de la situación de esta industria en Oaxaca, donde se han
entregado 322 concesiones en 90 de los 570 municipios en que se organiza
el Estado, mismas que abarcan 462 mil 974 hectáreas, que representan 5
por ciento del total del territorio nacional. Dichos proyectos se
concretan en 41 planes mineros, de los cuales dos se encuentran en su
etapa de explotación comercial. Dentro de estos programas destaca la
violencia alrededor del de San José, operado por la minera Fortuna
Silver Mines, en San José del Progreso, donde se han documentado cuatro
asesinatos de opositores a la mina, ocho personas heridas por armas de
fuego y cuatro personas con medidas cautelares emitidas por la
Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Eso fue durante el primer día de trabajo. En el segundo, los miembros
del jurado, después de analizar las demandas presentadas por las
autoridades y las pruebas donde las sustentaban, emitieron un
predictamen donde señalaban que los proyectos mineros han violado
derechos fundamentales de los pueblos como el de seguir siendo pueblos,
los territoriales, el acceso preferente a los recursos naturales, el
desarrollo propio y diferenciado, a la identidad cultural y derecho a la
información técnica y culturalmente adecuada. Congruente con ello,
recomendaron exigir al gobierno que tome medidas para que los pueblos
puedan ejercer su derecho a la autornomía y asegurar su relación con el
territorio y los reursos naturales que en ellos se encuentran, cancelar
las concesiones mineras sobre territorios indígenas por haberse otorgado
violando sus derechos y suspensión de la entrega de nuevas concesiones,
derogar la actual legislación minera y aprobar otra con sentido social.
Una recomendación importante fue la relacionada con la seguridad de
los defensores del territorio. El jurado consideró que se debe detener
de inmediato la política de criminalización de la protesta social por la
defensa del territorio y contra la minería nociva, castigar a los
responsables de asesinatos de opositores a estos proyectos, presentar
con vida y de manera inmediata a las personas desaparecidas, suspender
las órdenes de aprehensión y las amenazas individuales y colectivas por
las mismas razones. El documento se hizo público en el zócalo de la
capital, para satisfacción de los demandantes, que lo aplusieron con
mucha fuerza. Hubo varias interpretaciones de él. Para algunos era como
el arcoíris que aparece en los llanos anunciando que la tormenta
comienza a amainar, mientras a otros les pareció que dibujaba un
programa de lucha por el que habrá que batallar en los próximos años.
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