El general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Soberón Foto: Leonardo Garza
Están desde luego a la expectativa de quiénes serán los próximos
secretarios de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) y de las
tareas que les quiere asignar.
Pero también de las cuentas que tendrían que dar si es que el próximo
presidente honra su compromiso con las víctimas de graves violaciones a
los derechos humanos.
En los 12 años de guerra al narcotráfico, son conocidos los casos en
que las fuerzas federales, incluida la Policía Federal, han cometido
crímenes de lesa humanidad.
El escenario que va tomando forma es que “malos elementos” de las
instituciones armadas se excedieron. Las instituciones deben quedar a
salvo. Lo que sigue entonces es que las instituciones castrenses decidan
a quién quieren sacrificar. Hasta ahora, esa lógica tiene en prisión a
oficiales y soldados.
Entre los militares, la inquietud es si el sacrificio implicará a
algún mando de alta jerarquía. Si será un pago que tengan que hacer a
cambio de que se mantenga la opacidad y falta de rendición de cuentas.
Es el mejor escenario también para López Obrador. Entre las muchas y
contradictorias cosas que ha dicho el presidente electo es que los
quiere para tareas de Seguridad Interior; es decir, que sigan haciendo
lo que han hecho desde fines del gobierno de Vicente Fox.
La ventaja que tiene es que el gobierno saliente ya asumió el costo
político de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación difícilmente la desechará en los
juicios constitucionales que tiene pendientes.
Ha dicho que quiere un “Ejército de paz”, que quiere aglutinar a los
militares con la Policía Federal, las policías estatales y hasta las
municipales. O que estarán separados pero coordinados. También que
quiere más fuerza y propuso que 50 mil jóvenes se conviertan en
militares.
Pero sumar no equivale a integrar. Los militares y los policías no
son lo mismo. Lecciones hay muchas del fracaso de esos intentos. Uno de
los primeros fracasos de Peña Nieto fue el de su Gendarmería Nacional.
Intentó hacer un solo cuerpo con policías y militares. La fusión fue
imposible porque los militares querían tener el mando sobre los civiles.
López Obrador va por el mismo camino. Pero tiene la ventaja de la
LSI. En lo que parece la definición estratégica de su gobierno para las
Fuerzas Armadas es que las concibe no para la defensa exterior, sino
para la seguridad interior.
Su lógica es que no hay escenario de guerra con otro país. Aunque no
se sabe a partir de qué elementos elimina el escenario de guerra con
otro Ejército ni ha aceptado que vivimos un conflicto interno, quiere a
los militares para la seguridad interior y la seguridad pública, como si
los militares no tuvieran desde hace años ocupadas las secretarias de
seguridad púbica en gran parte de país sin que hayan siquiera contenido
la violencia.
De manera inevitable, terminará dándoles más presencia en la vida
pública o, por lo menos, que sigan igual. Justo lo que dijo que no
quería hacer.
@jorgecarrascoa
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