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1/11/2020

El juicio contra Harvey Weinstein y el poder del “Me Too”


CIMACFoto: María Esparza
Ontinyent, Esp.-Está por comenzar el juicio contra Harvey Weinstein, el productor de cine norteamericano que acosó a mujeres del cine y que originó el despertar del feminismo en Hollywood. Este hecho dio paso al “Me Too”, un movimiento de alcance mundial.
Las mujeres que se enfrentaron a este magnate del cine americano sufrieron y, aún ahora, sufren presiones por parte de los defensores de este hombre. Pero el “Me Too”, quizás sin buscarlo en sus inicios, empoderó a las mujeres a denunciar a quienes hasta entonces pensaban que eran intocables por acosar y abusar de las mujeres cuando y como les viniera en gana.
Pero este es solo un caso más de los abusos de hombres poderosos hacia mujeres de su entorno o fuera de él.
El pasado mes de agosto de 2019, el también magnate Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda de una prisión de Nueva York, donde estaba por tráfico de menores. Según la Fiscalía estadounidense, Epstein creó una red para abusar de decenas de niñas en sus mansiones de Nueva York y Florida, hace más de una década. Se trata de un hombre poderoso atrapado por sus propios vicios y denunciado por mujeres que decidieron dar el paso y, de esa manera, llevarlos ante la justicia.
 El caso de Epstein también salpica a otro hombre poderoso que, al parecer, compartía orgías con él. Se trata del segundo hijo de la Reina Isabel II de Inglaterra, Andrés de York, quien presuntamente ha sido apartado de la vida pública precisamente por sus divertimentos con Epstein y por la denuncia formal de una mujer de quien abusó cuando ella era menor de edad.
El “Me Too” todavía no había nacido cuando la camarera de un hotel denunció por abuso sexual, allá por 2011, al entonces todo poderoso Dominique Strauss-Kahn, quien era Director del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este nuevo escándalo por un tema de agresión sexual puso a este tipo fuera del FMI. Veinte meses después de la denuncia se llegó a un acuerdo judicial con la víctima para evitar el juicio. El aparato del patriarcado se puso en marcha para desacreditar la voz de la mujer frente al poderoso y, al final, no se impartió justicia para esta víctima.
Pero este no fue su último encuentro con la justicia. Años después, el patriarcado volvió a hacer su trabajo y la justicia francesa absolvió a Dominique Strauss-Kahn de un delito de “proxenetismo agravado” por participar con formas rudas en orgías. Como vemos, se trata de todo un personaje que se justificó a sí mismo porque “lo hacía porque necesitaba sesiones recreativas mientras estaba atareado salvando el mundo”. Lo dicho, todo un personaje.
 Y el último caso conocido de un hombre poderoso al que una veintena de mujeres han decidido plantar cara es al tenor Plácido Domingo. A él lo denunciaron por acoso sexual no una, ni dos, sino casi una veintena de mujeres. Una de las consecuencias el “Me Too” fue que, en este caso, la sociedad de los EE.UU. creyó a las víctimas y canceló con él conciertos e incluso contratos como director de la Ópera de Los Ángeles.
Algo tan fundamental como tomar medidas y creer en las voces de las mujeres es consecuencia directa de este maravilloso movimiento. El “Me Too” está poniendo en cuestión los privilegios de quienes pensaban y actuaban seguros de que no tendrían que dar explicaciones de sus actos y felonías para con mujeres que no les deseaban, pero que se plegaban a sus deseos como consecuencia de sus amenazas.
 Tampoco podemos olvidarnos del famoso cómico estadounidense Bill Cosby, quien drogaba a las mujeres con las que quería tener sexo para poder abusar de ellas; o del escándalo político sexual del ex Presidente Bill Clinton con la becaria Mónica Lewinski, a finales de los años noventa.
El feminismo ha vuelto a cambiar la visión de algunos temas. Ha puesto en jaque los privilegios de estos hombres poderosos que pensaban que todo se podía conseguir por ser quienes son y que eran intocables. Las mujeres, gracias al feminismo y al hecho de reconocernos en todas las mujeres, han levantado la voz. Unas cuantas, bastantes de ellas, han aprovechado su fama para dar a conocer lo que estaba ocurriendo.
De ahí que sea imprescindible que las mujeres alcemos nuestras voces para desmontar las formas y los fondos del patriarcado que nos quieren silenciadas y sumisas.
Pues no. El feminismo nos reconoce nuestra propia voz y nos exige utilizarla para denunciar situaciones de desigualdad y de precariedad de todas las mujeres. La radicalidad del feminismo es precisamente esa: ir a la raíz del patriarcado, denunciarlo y combatirlo. Precisamente por eso me considero feminista radical, de raíz.

10/12/2019

Escrache contra el acoso, una crisis anunciada



Hermosillo, Son. El escrache contra el acoso llegó a la Universidad de Sonora. Y aunque estaban advertidos, no hicieron mucho para evitarlo. Lo supieron varios años atrás, cuando las primeras manifestaciones de estudiantes revelaban una realidad innegable, y ésta colgaba de un tendedero.
Titulado “Tendedero del acoso” las alumnas, principalmente de la licenciatura en Sociología decidieron no callar más y dar a conocer la situación que padecían cuando maestros sin ningún control las acosaban, las asediaban, y hasta las presionaban para tener algún tipo de relación extra escolar con ellas.
La tortura para las estudiantes duró años, pues sus intentos por denunciarlos se veían diluidos cuando las canalizaban a la Comisión de Derechos Universitarios (CDU), en donde de inmediato las sometían a un proceso de mediación.
Como es de esperarse, se veían minimizadas por el acosador quien haciendo uso de su poder llegaba acompañado por otras personas en su apoyo, además de quienes en la CDU tomaban el papel de mediador, pero en realidad era montarle el escenario al violentador para que a sus anchas explicara que no era cierto lo que la joven argumentaba.
Contraviniendo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la metodología de la mediación se utiliza una y otra vez, revictimizando a las denunciantes. A decir de la integrante del Observatorio contra el acoso sexual, Sheila Hernández, son más de cuarenta los señalamientos que han hecho contra la Comisión de derechos universitarios, por ese motivo.
La falta de profesionalización para atender, y sobre todo para prevenir la violencia de género dentro del campus universitario, ha hecho que dentro del movimiento “Metoo” las estudiantes hayan retomado esa herramienta para visibilizar los casos poniendo el énfasis en el acosador y no en la víctima como lo hace la Universidad.
Crearon la cuenta de twitter @metoounison que aglutina las denuncias, algunas anónimas, otras con nombre, contra un total de 16 hombres entre maestros y trabajadores, uno de los cuales tienen más de 15 menciones.
Pero esto no fue repentino, era de esperarse, pues al seguir la ruta indicada, con resultados nulos transitaron de la violencia del acosador a la violencia institucional.
Se sintieron traicionadas en la confianza que pusieron en su universidad, y decidieron llevar la denuncia a lo público, si no para que se les resolviera a ellas, sí para alertar a las nuevas estudiantes para que tengan cuidado, sepan quiénes son acosadores y conviven con ellas.
En días recientes, la batucada de estudiantes han irrumpido en dos eventos que han suspendido las actividades pues la brigada con máscaras, con pañuelos cubriendo la cara y el escrache para hacer mucho ruido contra el acoso, no deja duda de que vienen por el acosador.
Como hace años en la UNAM, las universitarias en Sonora también tuvieron que hacer ruido, ante el fracaso en la ruta de atención que ofrece la Universidad de Sonora.
Un protocolo que se empezó a construir hace más de tres años y que no termina de ponerse en práctica, solo refleja la ruta fallida, no convence a las jóvenes que no ven llegar el momento en que se tome en serio el problema de la violencia de género.
Uno de los eventos suspendidos involucra al director de cine Carlos Reygadas, quien impartía en el Teatro Emiliana de Zubeldía, la charla “El cine como existencia. Un camino para dejar atrás el esquema dramático”, en el Festival de cine del desierto y señalado en el metoo como acosador.
Las chicas arribaron a la sede oficial en donde se encontraba el cineasta y le dijeron todo lo que quisieron, pero sobre todo la advertencia de que no vivirá en paz pues siempre habrá alguien que le recuerde lo que hizo.
Otro caso más es el de un maestro de la licenciatura en Historia y Antropología, así como del Posgrado en Ciencias Sociales. Por más de cuarenta minutos le cantaron, gritaron y tocaron vigorosamente las percusiones a centímetros de distancia para que le quedara claro que lo tienen ubicado como acosador.
Esta crisis ha evidenciado que la Universidad de Sonora no sabe qué hacer cuando llega la batucada contra el acoso. Está claro que pudo evitarla, pues es el último recurso de expresión que tuvieron las estudiantes para advertir sobre el comportamiento nefasto de esos maestros, trabajadores, o incluso, invitados especiales.
Ahora quienes tienen eventos culturales o académicos programados temen al escrache, que les impide continuar de acuerdo a lo programado.
No está claro si le temen a la manifestación estudiantil o a que se sepa que quienes participan arriba del escenario, y hasta puedan estar siendo objeto de un reconocimiento, en realidad son acosadores, eso sí, acosadores exitosos.
Algunas áreas han optado por quitar de su cartelera algún evento próximo, pues temen que pueda ser modificado o suspendido por los señalamientos de las jóvenes.
“No vaya a ser que nos lleguen las muchachas y se haga un relajo”, es el comentario al suspender. Pero en realidad lo que está detrás de esa frase es “Por si nuestros maestros o invitados son acosadores, mejor suspendemos”.
La Universidad de Sonora tiene un conflicto. Su personal administrativo, manual y docente tiene acosadores y hasta violadores en sus filas. Por otra parte, algunos de ellos son cuadros que según su nivel de reconocimiento académico sostienen a la institución en el  ranking de las mejores universidades. Si sancionan a uno, tendrán que sancionar a todos. La decisión está entre el derecho a una vida libre de violencia para las universitarias, o el prestigio de la Universidad. ¿Qué vale más?

 

CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer

9/21/2019

El feminismo, las críticas al #MeToo y los argumentos del anti #MeToo

Análisis político del movimiento #MeToo
www.publico.es
Pasan dos años desde que la actriz demócrata de Hollywood Alyssa Milano lanzara la campaña “#Yotambién” para denunciar la violencia sexual que había sufrido en su trabajo e invitara a otras mujeres romper su silencio; y lo consiguió: miles de mujeres de todo el mundo y en decenas de idiomas se animaron a revelar y compartir sus secretos más dolorosos y humillantes haciendo historia: romper en pedazos el maldito concepto de honor, uno de los pilares de la familia patriarcal.
Pasó desapercibido que la frase ya había sido formulada en 2006 por otra víctima de violencia sexual, la activista afroamericana Tarana Burke, quien después de conocer el drama de unas menores sometidas a abusos, fundó Me too Movement con el fin de generar conciencia sobre la dimensión de la agresión y la explotación sexual en la sociedad, promoviendo el «empoderamiento a través de empatía» entre mujeres. 
El éxito universal de la campaña de Milano, que pone su énfasis en la conducta sexual grosera ejercida desde el poder, se debió quizás a que fue utilizada por los medios de comunicación demócratas contra un Donald Trump que había sido acusado por varias mujeres de perversión y abusos sexuales. 
Unas 50 diputadas de un Partido Demócrata sin ideas e incapaz de reclutar a diferentes sectores sociales (mujeres, trabajadores, inmigrantes, las minorías “raciales” y religiosas, los ecologistas, etc.), perjudicados por las políticas de un inepto presidente al que se regalaban decenas de motivos en bandeja, pidieron su dimisión o una investigación al respecto para someterle a una moción (impeachment). Y cuando se dieron cuenta de su error empezaron a cometer otro: esta vez con el llamado Rusiagate, mientras 45 millones de mujeres, hombres, negros, blancos, nativos y emigrantes viven en la absoluta pobreza. 
El mundo debería haberse estremecido al conocer parte de la magnitud de tanto horror sufrido en silencioso, pero ¿lo hizo? Los dos sectores anti #MeToo:
Desde la derecha la campaña fue atacada con los siguientes argumentos:

Las mujeres son cómplices de los abusos: utilizan sus encantos para escalar en su trabajo. Aunque en ínfimos casos fuese así, ¿por qué los hombres no necesitan hacer lo mismo?

El deseo sexual masculino es imposible de controlar por estar incrustado en sus genes, no en una mente que considera a la mujer un ser creado para satisfacer las necesidades de los hijos varones de Adán. ¡Falso biologismo! ¡No hay registro histórico de la violación colectiva de mujeres en biquini o bañador en ninguna playa por los hombres bañistas, pero los hay y millones sobre el acoso y los abusos de los jefes a sus empleadas en los 195 países del planeta! La diferencia es que en un lugar carecen del poder para hacerlo y en el otro sí. En el trabajo ellas aguantan la agresión sexual porque dependen de la voluntad del hombre para ser contratadas, ocupan puestos de menor categoría en la jerarquía de poder y son las primeras en ser despedidos. 

Si no resisten, significa que les gusta, sino “se irían”: pero no “se van” porque la mayoría tiene todas las puertas bloqueadas y no pueden permitirse el lujo de perder su trabajo mientras tienen bocas que alimentar, y aunque se vayan, en el segundo, el tercero y el último trabajo encontrarían el mismo problema.

El tipo de ropa que llevan es una autorización a ser tocadas, asaltadas: Es lo que pensó un tribunal de Irlanda al absolver en 2018 a un violador después de que su abogado mostrase el tanga que había llevado su víctima de 17 años. El hashtag #ThisIsNotConsent con las fotos de tangas invadieron las redes sociales. ¿Por qué, entonces, a ninguna mujer se le ocurre manosear ni mucho menos violar a los hombres que andan sin camisa y con los pechos expuestos en la Rambla de Barcelona?

Millones de mujeres musulmanas que obligadas (por Dios, el Estado o la familia) se cubre con el velo también sufren tocamientos e incluso violaciones en los espacios públicos. Una encuesta a las mujeres egipcias (que hoy al contrario de lo que pasaba en los años setenta ninguna se atreve a ponerse minifalda), casi todas con el velo, realizada por la ONU en 2013, mostró que el 99,4% había experimentado acoso y abusos sexuales. 

El asalto a las mujeres en las calles de Afganistán es tal que no se salvan ni las que llevan el burka (prenda que justamente lo único que resalta es el sexo de la persona). Este fue el tema del performance de la artista afgana Kubra Khademi, que hizo de gladiatoria de bragas de acero para mostrar por qué hay padres que no dejan que sus hijas vayan al colegio. El hastag #MosqueMeToo (“Mezquita yo también”) denuncia que ni en los lugares sagrados como la Meca, las mujeres aun ultratapadas están a salvo. 
El Cairo, 2012. Foto de AHMED ABDELATIF, AP
2.Desde la extrema izquierda se alega que #MeToo:

Es una campaña de mujeres burguesas. ¡Vale!, porque ellas tienen medios para expresarse y su voz llega. Pero esta lacra, y otras incluidas en la violencia contra la mujer, la sufren todas (en diferentes grados y formas) independientemente de su clase, raza o religión. Las temporeras marroquíes de Huelva también denunciaron en 2018 el acoso, los abusos sexuales (tocamientos en pechos y genitales) y coacción del empresario, pero el juez instructor lo archivó. La presión social hizo que la justicia ordenase reabrir el caso. Luego están las amordazadas, como millones de madres en los campos de refugiados de Kenia, Somalia, Sudan, Siria, Jordania, Turquía y otros, que cada vez que tiene que pedir una barra de pan para sus hijos son manoseadas, incluso violadas por los vigilantes o proveedores de alimentos.

Se centra en el dolor de una misma, no en discriminación integral de la mujer como colectivo. “Yo también”, es una pieza más de una causa común y tiene el potencial de construir una solidaridad en base del sufrimiento compartido y no hay que pedirle más.

Su objetivo no es desmantelar el neoliberalismo patriarcal. ¡Cierto! Pero esto no debe impedir hacerle un “apoyo crítico”. Reclamar la libertad personal de expresión de mujeres que incluso hoy están forzadas a callarse significa romper los tabús creados durante milenios que hacen de mordaza. La campaña cuestiona la normalidad del abuso del poder, y ha planteado la necesidad de expresar el consentimiento en una relación sexual.

Los males de MeToo 

Al carecer de un enfoque ideológico para analizar el problema, cuestiona la “actitud poco moral” de algunos hombres, que no la estructura del poder, el monopolio de los hombres sobre los recursos y medios económicos, y una milenaria cultura misógina legitimada por muchas religiones. La superioridad es el concepto que el sexismo comparte con el racismo y también con el especismo.

Carece de respuestas incluso para suavizar la opresión multidimensional a la que están sometidas todas las mujeres que trabajan.

Comparte la visión con quienes abogan que el empoderamiento individual conduce a la liberación colectiva, pidiendo más puestos para las mujeres “valiosas” en el poder, que no es otro que participar en la gestión de la explotación, legitimando y reproduciendo el sistema y liberarse ellas, no las mujeres. El modelo individualista del feminismo, que achaca la disfunción de una sociedad fundada en la explotación y la lamentable situación de mujeres a la falta de ambición de ellas, les propone atiborrarse de libros de “autoayuda”, ser “agresivas” y “emprendedoras”. Si aun así, y matándose en el esfuerzo, no consiguen triunfar será porque no lo merecen.

Si el «feminismo de Twitter» no acaba con una complejo y milenario sistema de explotación de unos sobre otras, la “lucha armada” tampoco lo consigue: Phoolan Devi, la Reina Bandida, una mujer india que había sido violada en varias ocasiones por una manada de hombres, creó un grupo armado de mujeres que mató a una veintena de depredadores sexuales, todos de castas superiores. Después de pasar 11 años en prisión –sin ser juzgada– la heroína de los pobres fue elegida diputada. En 2001 fue asesinada a balazos por defensores de la supremacía masculina. 

La necesidad de acciones colectivas 
El 16 de agosto varios miles de mujeres ocuparon la Zona Rosa de la Ciudad de México -en un país donde cada día al menos 10 mujeres son asesinadas- en protesta por la violación de una joven por cuatro policías y la indiferencia de las autoridades. Días antes un grupo de mujeres asaltó con espray una jefatura de la honorable policía, pintándola de rosa. Para un poder que se aterroriza viendo un pueblo movilizado, la “violación” del espacio policial era más grave que la violación y el asesinato de mujeres por estos individuos. 
El movimiento feminista universal, como movimiento político, necesita acciones contundentes que visibilicen su profundo malestar por los recortes de derechos logrados durante siglos de lucha, y no sólo para así ser escuchado, sino también para atraer a las jóvenes al activismo en las calles, universidades y fábricas, traspasando el “me gusta” del ordenador. 
¿Sabe qué pasaría si todos los hombres abusadores y violadores son ahorcados, de forma simbólica o real?.

8/10/2019

FGR lanza plataforma “Me Too” para denunciar agresiones contra mujeres


Denuncias sólo se investigarán si se ratifican en MP
   

Cuatro meses después de que en redes sociales se difundieran de forma masiva testimonios de acoso y hostigamiento sexual, la Fiscalía General de la República (FGR) creó la plataforma web “Me Too” para interponer quejas por agresiones sexuales en contra de mujeres; sin embargo, para que los hechos se investiguen, la denuncia debe ser ratificada en el Ministerio Público correspondiente.
La plataforma virtual de la FGR se originó después que en marzo de este año las mexicanas protagonizaron el estallido del movimiento #MeToo en la red social Twitter, espacio donde expusieron historias de acoso y hostigamiento sexual en sus lugares de trabajo; la mayoría publicó su testimonio de forma anónima y protegiendo su identidad por temor a las represalias.
En este contexto, la página web pretende garantizar el derecho de las mujeres a denunciar delitos que atentan contra su integridad sexual, no obstante, como la FGR, por medio de la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), sólo indaga hechos que son competencia de la Federación, esta plataforma únicamente funciona como un proceso de pre-denuncia.
Una vez que se realice la queja en metoo.subgeneroedomex.org se debe acudir a ratificarla a la agencia de Ministerio Público más cercana al lugar donde ocurrió la agresión.
En las instrucciones del proceso se advierte a las usuarias que no basta con realizar la queja en el portal, deben continuar con el proceso penal para que se investiguen los hechos y así determinar qué delito se cometió y en su caso, presentar ante un juez la investigación y los elementos necesarios para sancionar al responsable.
La plataforma fue presentada en junio pasado ante el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y se anunció como un esfuerzo conjunto entre la FGR y los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México.
Este espacio virtual no es el único en que se puede denunciar violencia sexual, el 25 de julio pasado la Secretaría de la Función Pública presentó el portal web “Alertadores de la corrupción”, donde se puede informar de manera confidencial casos de hostigamiento y acoso sexual que involucren a servidores públicos federales. 
Actualmente la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece la prohibición expresa, para la patronal, de realizar o tolerar actos de acoso y hostigamiento dentro del centro de trabajo o en las funciones laborales.  
La ley laboral señala que el hostigamiento y el acoso se tratan de violencias que conllevan a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
A pesar de este marco normativo, como expusieron los testimonios de mujeres vertidos en redes sociales, las denuncias de acoso y hostigamiento sexual son desestimadas, la carga de pruebas recae en las víctimas, y la mayoría desiste de sus denuncias por ser procesos tediosos y revictimizantes.
En un reportaje especial sobre del movimiento #MeToo, abogadas expertas en violencia contra las mujeres explicaron a Cimacnoticias que las mujeres que enfrentan violencia sexual en sus centros de trabajo pueden denunciar por tres vías: la administrativa ante Recursos Humanos del lugar del trabajo, la penal ante un Ministerio Público y la laboral en el centro laboral y luego ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Sin embargo, también se mostró que no es común que se presenten denuncias ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sea por desconocimiento del camino a seguir, porque desisten de seguir el proceso o porque algunos casos se resuelven internamente en los centros laborales.
Por otra parte, el 11 de abril mujeres feministas, representantes de la academia, la sociedad civil, las artes, el periodismo, personas expertas en Derechos Humanos y violencia, publicaron una declaratoria en la que pidieron a diversas autoridades e instituciones, entre ellas la FGR, informar las acciones que tomarían en torno a las denuncias del #MeToo, hasta el 6 de mayo, plazo que dieron, no obtuvieron respuesta.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México

6/15/2019

Anonimato del MeToo, debido a que se favorece a hostigadores: Butler


La filósofa ofreció una conferencia

La filósofa estadunidense Judith Butler se solidarizó con el movimiento MeToo, mediante el cual las mujeres realizan denuncias sobre acoso y abuso sexual. Indicó que las acusaciones anónimas que se han hecho son precisamente porque las personas se sienten inseguras.
Expuso que comprensiblemente muchas feministas están muy desilusionadas con el debido proceso, pues siempre se está del lado del hostigador; no obstante, dijo que estamos en una encrucijada: si se quiere que los medios sean los tribunales, si nosotros hacemos denuncias anónimas, cómo se va concretar legalmente esta reclamación.
Luego de ofrecer la conferencia magistral Sin aliento: riendo, llorando, al límite del cuerpo, Butler insistió en que el movimiento MeToo es muy complicado. Señaló que hay una diferencia entre éste, que emanó no sólo de Estados Unidos sino en relación con personalidades de los medios de alto perfil, y Ni Una Menos, porque éste no se enfoca en la historia individual sino que se trata de una demanda o exigencia colectiva.
No se basa, continuó, en señalar a un individuo. De hecho, “me preocupo de que a veces habla de la cuestión individualista (…) no sé si se trata tanto de un movimiento, es una serie de acusaciones, de historias en individuo”. Ni una menos, reiteró, toma lo colectivo como su punto de partida.
La conferencia de Butler, quien es referente en los estudios de género y sexualidad, el debate sobre feminismo y la teoría queer, se realizó en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el contexto del XI Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política (Hemi), de la Universidad de Nueva York.

Periódico La Jornada

5/11/2019

Indiferencia de autoridades ante denuncias del MeToo


Sólo PGJDF aseguró que investigará denuncias


Luego de que el movimiento #MeeToo evidenció en marzo pasado la violencia sexual que enfrentan las mujeres en los espacios laborales en diversos ámbitos y vencido el plazo que las impulsoras de este movimiento dieron a las autoridades encargadas de atender esta violencia, informaron que la respuesta de éstas fue nula, únicamente respondió la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF).
En un comunicado, informaron que la PGJDF solamente les respondió que investigará las agresiones en su contra y garantizará el anonimato de quienes gestionan y denuncian estos actos de violencia en las más de 40 cuentas del #MeToo que existen hasta ahora.
Asimismo, reportaron sin dar mayores detalles, que la Secretaría de la Mujer, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos, todas de la Ciudad de México, “se acercaron para dialogar sobre las acciones a mejorar y coordinarnos en torno a los casos de acoso, hostigamiento y otras formas de violencia sexual denunciados en estas cuentas”.
Ante la indiferencia de las instancias de gobierno, volvieron a exigir información sobre cómo actuaran ante el acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres instituciones como la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Indicaron que también desean saber la cantidad de casos en los que cada institución ha impuesto sanciones por violencia sexual contra mujeres, qué tipo de sanciones y reparaciones del daño han emitido.
Otras de sus demandas es revelar el presupuesto que invierten anualmente las instituciones en programas y capacitación de personal para la prevención, atención y sanción de estos casos.
Cabe recordar que a partir del 23 de marzo de 2019 en Twitter se difundieron diversas etiquetas de #MeToo donde mujeres narraron de forma pública y confidencial hechos de acoso, hostigamiento sexual y otras violencias que viven en los centros donde laboran.
Semanas después, el 11 de abril, activistas, académicas, abogadas, expertas en Derechos Humanos y temas laborales, se reunieron en el “Foro MeTooMx” en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF).
De este encuentro se deprendió un pronunciamiento en el que emplazaron a las autoridades de gobierno y empresas privadas a informar a más tardar el 6 de mayo de este año las acciones que realizarían ante estas denuncias, como parte de su obligación en garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
Vencido el plazo y ante la falta de respuesta de las autoridades emplazadas, las integrantes del movimiento volvieron a dar un tiempo de un mes para que los organismos del Estado entreguen esta información, también exhortaron a las empresas privadas a pronunciarse “con el fin de mantener un diálogo público y franco sobre el problema del acoso, el hostigamiento y otras formas de violencia sexual contra las mujeres en México”, señalaron.

Imagen cortesía de Nosotras Colectiva de Sonora
Por: la RedacciónCimacnoticias | Ciudad de México.

5/08/2019

Casos de MeToo también pueden denunciarse en Copred



Prevenir y eliminar prácticas discriminatorias

   

Después de reconocer que las denuncias de acoso y hostigamiento sexual del movimiento #MeToo son un problema público, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) indicó que esta violencia también puede denunciarse por vías no jurisdiccionales, por lo que se comprometió a atender los casos ocurridos en los ámbitos laborales y educativos.

En un comunicado, el Copred precisó que dentro de sus atribuciones en los casos de hostigamiento y/o acoso sexual cometidos en los espacios laborales, educativos o privados, puede establecer que las instituciones adopten medidas de reparación del daño por la violación a derechos basados en discriminación, tales como la no repetición para dar atención, prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias contra las mujeres desde una perspectiva estructural.
Lo anterior, indicó el Copred, independientemente de los procesos jurisdiccionales que elijan llevar las víctimas, ya que como explicó Cimacnoticias en un reportaje especial sobre surgimiento en México del movimiento #MeToo, quienes viven acoso sexual en sus lugares de trabajo pueden denunciar en tres vías: el administrativo ante Recursos Humanos, el penal ante un Ministerio Público y el laboral en el lugar de trabajo y luego ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
En la Ciudad de México por ejemplo la Junta de Conciliación y Arbitraje cuenta con la Junta Especial 19 enfocada en casos de “grupos en situación de vulnerabilidad” donde se atienden expedientes de mujeres cuyos derechos laborales fueron violentados.
Según cifras de la Junta Especial del año 2017 un 2.9 por ciento de los expedientes que atienden corresponden a casos de acoso, otras violaciones laborales que denuncian las mujeres son despidos por embarazo (18.8 por ciento) y discriminación (3.2 por ciento).
En este sentido, el Copred indicó que el acoso y hostigamiento sexual en el espacio laboral y educativo también pueden denunciarse desde ámbitos no penales como lo es este organismo, el cual se encuentra planteando una estrategia que permita la denuncia de los casos y atención de acuerdo a los mecanismos que ya tienen establecidos, dijeron.
De acuerdo con el Consejo capitalino el hostigamiento sexual contra las mujeres se basa en un comportamiento fundado en la subordinación y exclusión de las mujeres, que se manifiesta a través de contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía, exigencias sexuales, verbales o de hecho.
Todo ello es discriminatorio, aseguró la institución, pues las mujeres tienen motivos para creer que su negativa o denuncia a estos actos podrían causarle problemas en su participación, desempeño y desenvolvimiento en los espacios laborales y educativos.
En México el movimiento #MeToo surgió en redes sociales en marzo de 2019. Las mujeres compartieron sus vivencias de acoso, hostigamiento sexual, y otras violencias que enfrentan en el trabajo, la escuela o en los círculos literarios y de música.
Al respecto el Copred refirió que los actos denunciados en las redes sociales son parte de un problema público que exige a las autoridades de gobierno actuar en el ámbito de sus competencias y que constituye una obligación establecida en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), organismo de Naciones Unidas que establece que la violencia es una forma de discriminación que impide a las mujeres gozar plenamente de sus derechos y libertades en comparación con los hombres.
Por ahora además de la Copred, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México también dijo a las organizadoras del movimiento #MeToo que investigará las agresiones que recibieron las cuentas de Twitter que sirvieron como canales de denuncia y protegerá el anonimato de las administradoras y denunciantes.
Además de las dependencias de gobierno, sólo tres centros laborales (medios de comunicación) han anunciado que tomarán medidas internas después de ser señalados por casos de acoso u hostigamiento sexual en las denuncias confidenciales que se difundieron en Twitter.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.

4/27/2019

Testimonios del #MeToo reflejan las violaciones a derechos laborales de mujeres


REPORTAJE ESPECIAL
Cimac 
Denuncias pueden acreditarse por la vía administrativa, penal y laboral

El acoso y el hostigamiento sexual en los centros de trabajo es una práctica vieja que se ha sumido como algo particular y privado donde no debería intervenir la autoridad, pero el torbellino de testimonios del #MeToo en redes sociales sacó de lo privado esta violencia para que se reconozca como una violación a los derechos laborales en el que el Estado debe actuar.
En este escenario los actores pocas veces mencionados, los entes privados, las empresas o lugares de trabajo, también tienen responsabilidad en garantizar una vida libre de violencia para las mujeres pero se han mantenido indolentes a las narraciones de mujeres que aseguran ser tocadas por colegas o jefes que aprovechan su jerarquía para intentar besarlas o convencerlas de tener relaciones sexuales a cambio de no despojarlas de su empleo o de oportunidades de ascenso.
Salvo tres centros laborales anunciaron que tomarán medidas internas después de ser señalados en las denuncias confidenciales que se difundieron en Twitter a partir del pasado 23 de marzo, el resto como medios de comunicación, editoriales, instituciones y empresas han evadido las responsabilidades que por ley les corresponden.  
Abogadas expertas como Andrea Medina Rosas explican a Cimacnoticias que los testimonios del #MeToo pueden configurarse en delitos o en violaciones a los derechos laborales y por tanto se pueden denunciar en tres terrenos: el administrativo ante Recursos Humanos del lugar del trabajo, el penal ante un Ministerio Público y el laboral en el lugar de trabajo y luego ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“A finales del Siglo XX dijimos “no es un tema privado”. Es un tema grave que viola los derechos de las personas y el Estado debe de intervenir” afirmó la abogada. Sin embargo, no todas las mujeres víctimas de esta violencia agotan las vías donde se defienden los derechos de las trabajadoras porque no se asumen como tales o porque las desconocen y desconfían en la autoridad.
El acoso y hostigamiento sexual es tan permitido en el entorno laboral que aun cuando 5 millones 463 mil 521 de mujeres afirman haber enfrentado violencia en su lugar de trabajo --según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 (Endireh)-- las empresas parecen no contar con procedimientos para evitar estos casos y mucho menos para resolverlos y garantizar un ambiente laboral libre de violencia.
A pesar de que la legislación en la materia vigente prohíbe a las patronales tolerar actos de acoso y hostigamiento sexual e impone una multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general a las empresas que lo permitan o toleren, no hay datos públicos que muestren cuántas veces se ha aplicado esta sanción ni cuáles son las medidas preventivas de las empresas para evitar estas conductas.

ACOSO EN EL TRABAJO: UNA VIEJA PRÁCTICA

Para A. N. la hora de la comida no era un momento de distracción ni de convivencia, simplemente era el espacio para tomar rápidamente los alimentos y seguir trabajando en la maquila de ropa, ubicada en el centro de la Ciudad de México, donde laboraba.
Una tarde del año 1997 A. N. acudió al espacio que les servía de cocina y comedor para calentar su almuerzo. En ese momento entró su jefe, quien además era dueño de la maquila. Aprovechando que no había nadie más en ese espacio, él se abalanzó sobre ella con intención de someterla para besarla.
Al verlo ella echó a correr y sin pensar a donde ir dio una vuelta a la mesa. Él la siguió y por unos instantes dieron un par de vueltas a la mesa. Poniendo fin a lo que parecía un juego, él la alcanzó y bruscamente la comenzó a tocar en todo el cuerpo. Cuando ella reaccionó lo empujó con fuerza y salió corriendo.
Ese día corrió hasta que llegó a una estación del metro. Entró al transporte y aun en crisis, tratando de entender qué pasó. A. N. se quedó de pie frente a las vías y comenzó a llorar. El impulso de arrojarse se calmó cuando otra mujer se acercó para preguntarle qué pasaba y abrazarla hasta hacer que se tranquilizara.
El testimonio fue uno los casos que atendió la Red de Mujeres Sindicalistas y que en 1977 ayudó a crear el Área Mujer y Menores Trabajadores en la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social del entonces Distrito Federal. Esa instancia de gobierno fue el primer intento por atender el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral.
A 15 años de crear esta subsecretaría, y gracias al empuje de sindicalistas y trabajadoras, en 2012 se aprobó una reforma laboral para que los centros de trabajo estén obligados por ley a no ejercer ni permitir conductas de acoso y hostigamiento laboral y aunque pocas empresas, industrias, oficinas y fábricas lo saben, pueden ser acreedoras de una multa en caso de no garantizar una vida libre de violencia para sus trabajadoras.
El 30 noviembre de 2012 Felipe Calderón Hinojosa publicó el decreto por el que se modificaron cinco artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en esta materia. Desde entonces la LFT establece la prohibición expresa, para la patronal, de realizar o tolerar actos de acoso y hostigamiento dentro del centro de trabajo o en las funciones laborales.
La ley laboral define el hostigamiento y acoso y señala que se trata de una violencia que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos; pero además establece que estas conductas, cometidas por el empleado, el patrón o sus familiares, pueden ser causa de la rescisión de la relación de trabajo.
La legislación también prohíbe a los patrones permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo y en caso de hacerlo impone una multa, por el equivalente de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general.
Es decir, todos los empleos tendrían que desarrollar los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y reparar ese tipo de conductas afirmó la abogada Andrea Medina Rosas. No obstante, al día de hoy no hay información en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STPS) de cuántas empresas han emprendido acciones en este terreno.
Hasta ahora, indicó en entrevista la abogada laboralista e integrante de la campaña “Trabajo Digno-Mujeres”, Angélica González, no se sabe cuántos casos por estas conductas violentas han sido denunciados con base en la LFT, cuántos han sido resueltos, ni qué sanciones se han impuesto.
“El problema es que no hay datos desagregados por sexo, ni por género y tampoco por tipo de caso. Y, por supuesto, no va a haber datos de cuántos se han resuelto con perspectiva de género. No existen datos desagregados ni del campo, ni de las entidades, ni del nivel federal”, explicó la abogada.
Una pista sobre las mujeres que acuden a las instancias públicas en busca de guías para denunciar son las cifras de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).
La extitular de la instancia, la maestra Alejandra Negrete Morayta compartió a Cimacnoticias que de diciembre de 2012 a julio de 2018 la Profedet ha asesorado a mil 176 mujeres despedidas después de enfrentar acoso sexual y hostigamiento sexual. Sin embargo, tampoco se sabe qué proceso continuaron.
En suma, desde 2015 México cuenta con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, mejor conocida como “NOM 025”, un documento surgido de un acuerdo entre la STPS, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
La NOM 025 es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, pero al no ser obligatoria se reporta que hasta el 8 de abril de 2019 se certificaron 373 centros de trabajo. La mayoría instituciones públicas de gobierno, universidades, tribunales de justicia y en menor cantidad empresas privadas y medios de comunicación.
Además, la administración pública federal cuenta, desde agosto de 2016, con el “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual” y con 255 Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, según los cuales, durante 2017 se registraron 145 denuncias por presuntos casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en 51 instituciones. 91 por ciento de las denunciantes fueron mujeres.

RUTAS DE DENUNCIA

Comentarios sugestivos o sexistas, bromas ofensivas, miradas obscenas, petición de pláticas indeseables relacionadas con asuntos sexuales, proposiciones directas o indirectas para establecer una relación sexual, contacto físico no deseado, recompensas o incentivos laborales a cambio de favores sexuales o amenazas con daños o castigos en caso de no acceder, todas son conductas violentas.
Estas acciones constituyen acoso y hostigamiento sexual y son formas de violencia sexual, explicó la abogada Andrea Medina Rosas, quien precisó que el acoso puede incluir todas estas variantes, desde la más leve hasta la más grave como la violación sexual, por ello deben ser investigadas para tener efectos en el ámbito administrativo o laboral.
Para que una queja llegue a las instancias laborales lo usual es que la víctima lo reporte a las autoridades de su lugar de trabajo. Cada espacio laboral tiene sus propios procedimientos. Usualmente es el con jefe inmediato, con el superior de éste o con el área de Recursos Humanos y algunos espacios han creado comités específicos.
Las denuncias laborales tienen una primera fase que es administrativa. No es tan común acudir directamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje porque se puede hacer una investigación interna administrativa (en el centro laboral) que imponga sanciones o restricciones y que no necesariamente llegue a otro nivel.
En caso de que la investigación administrativa determine la rescisión del contrato de quien fuera denunciado, él puede recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje por “despido injustificado” y las víctimas serían terceras interesadas. O bien, la víctima puede demandar a la empresa por tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual en caso de que no se investigue internamente su denuncia.
No obstante, la mayoría de los casos no están llegando a las instancias laborales, porque a decir de la socióloga y sindicalista Rosario Ignacia Ortiz Magallón, está la falta de reconocimiento de esta violencia como una violación a los derechos laborales y las dificultades para comprobar el acoso y /o hostigamiento sexual.

POR UN AMBIENTE LABORAL DIGNO

Durante 19 años un jefe del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) hostigó y acosó sexualmente a seis trabajadoras. Las constantes fueron amenazas, faltas de respeto, burlas, ofensas y condicionar sus vacaciones y asistencia a cursos y congresos. Todo por no acceder a invitaciones personales ni “caer en insinuaciones de carácter sexual”.
Cuando la violencia sexual se combinó con la laboral las seis denunciantes buscaron amparo en el marco legal. El 23 de octubre de 2014 presentaron un escrito ante el Departamento de Relaciones Laborales del Instituto para denunciar que su compañero de trabajo violaba el Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del INER.
Al enterarse de la denuncia, el jefe las denunció por amenazas con el apoyo del equipo legal del INER. En la segunda vía, el Departamento de Relaciones Laborales sólo las hizo comparecer en dos ocasiones ante el presunto agresor y el 6 de febrero de 2015 les entregó la resolución del acta de investigación administrativa en la que exhortó al agresor a “dirigirse con respeto” hacia sus compañeras
Ante la vaga respuesta del lugar de trabajo, en octubre de 2014 las seis mujeres acudieron al Órgano Interno de Control, pero a ocho meses de no saber qué sucedía con su denuncia, decidieron acudir a la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, de la Procuraduría General de la República (FEVIMTRA), en enero de 2015.
En mayo de 2015 las afectadas presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que el 8 de septiembre emitió la recomendación 37/2017 donde llamó a la Secretaría de Salud y de la Función Pública “a reparar el daño e implementar las medidas que sean necesarias para evitar la repetición de estos hechos”.
Las seis mujeres lograron que su agresor fuera inhabilitado por diez años y que siguiera un proceso penal.
Aunque las trabajadoras del INER presentaron su denuncia penal y administrativa su caso no llegó a instancias laborales. En opinión de la sindicalista Rosario Ignacia Ortiz muchas mujeres no agotan las vías donde se defienden los derechos de las trabajadoras porque no se asumen como tales, sin importar si están o no en la informalidad.
Otra razón para no acudir a estas autoridades, advierte, es porque aunque en 2012 se consiguió introducir en la Ley Federal del Trabajo la prohibición de la discriminación por género y del hostigamiento y acoso sexual, promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad de las y los trabajadores en el seno familiar, aún falta mecanismos para hacer realidad esos preceptos.
El 28 de septiembre de 2012, cuando la Cámara de Diputados aprobó estas reformas, con 351 votos a favor, 128 en contra y 10 abstenciones, legisladoras como Martha Lucía Micher Camarena presentaron una serie de reservas para blindar el derecho de las trabajadoras a no ser acosadas.
Durante la discusión de los artículos reservados la diputada Micher Camarena pidió incluir la definición de hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia psicológica, violencia laboral en la ley y tener cuotas de participación de mujeres en la capacitación de los centros de trabajo, temas que no fueron considerados ni siquiera para el análisis.
Aún así la reforma laboral con perspectiva de género presentada desde años atrás fue fundamental, afirmó Rosario Ortiz Magallón, quien fue la primera titular del Área Mujer y Menores Trabajadores en la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social en la capital mexicana y quien además fue diputada federal de 2006 a 2009.
Después de ese primer avance, ahora, en 2019 el Congreso de la Unión analiza una nueva reforma en materia de justicia laboral que impactará en el derecho de las trabajadoras a una vida libre de violencia. El 11 de abril la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crear el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y sus homólogos estatales.
Entre las modificaciones, que aún deben ser avaladas por el Senado, ahora el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo dirá “que es obligación de los patrones implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual”. El artículo 378 además prohíbe estas conductas al interior de los sindicatos.
Si bien estas modificaciones buscan resolver los conflictos laborales por medio de la conciliación, el artículo 684 E, explica que se trate de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia, donde exista riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las previsiones para no encarar a víctima y agresor como actualmente sucede.
A pesar de los avances normativos Ortiz Magallón, quien además es integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, aseguró que todavía falta aterrizar las normas para saber cómo hacerlas realidad y para explicar cómo debe ser la justicia laboral con perspectiva de género.
Es decir, se trata, por ejemplo, de saber cuáles deben ser las sanciones para el jefe o compañero que toca la cintura de su empleada, le da nalgadas, le manda imágenes con contenido sexual; para entender cómo debe ser o si debe existir conciliación en estos casos o si deben ser enviados directamente a un juez.
Pero, además, señaló, las mujeres deben tener mecanismos para comprobar esa violencia que es sutil y en la intimidad, y aunque hoy en día los videos, mensajes de texto, audios o fotografías pueden ser una prueba, hay que garantizar que patrones y centros de trabajo estén obligados a considerar que el acoso y hostigamiento es un riesgo de trabajo y que no tiene ningún costo económico advertir a los trabajadores que es una conducta no permitida.
Mientras sindicalistas, trabajadoras y feministas buscan incidir en las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral y construir mecanismos seguros para que las mujeres pueden denunciar, por ahora las redes sociales se convirtieron en un espacio de catarsis para las víctimas de estas violencias.

CATARSIS EN REDES SOCIALES

“Primero presionaba con ‘apuestas’ para salir conmigo o inventaba cenas con supuestos fines laborales. En mi idea de mantener una relación laboral ‘sana’ y ‘amistosa’ accedía manteniendo la distancia, pero siempre intentaba alcoholizarme y me presionaba para darme aventón”, narró en su denuncia pública Eloisa Farrera, ex editora de la sección Internacional del periódico Reforma.
La periodista fue una de las 329 denunciantes que entre el 23 de marzo y el 10 de abril hicieron pública su vivencia en Twitter. Ella, cuenta en entrevista con Cimacnoticias, que vivió acoso sexual en su lugar de trabajo durante 3 años.
A pesar de las implicaciones productivas, en el ambiente laboral y en la salud física y emocional de la víctima, la Endireh indica que la mayoría de las mujeres, 91 por ciento de quienes han enfrentado violencia en su lugar de trabajo, prefirieron no solicitar apoyo institucional o interponer una queja.
Eloisa es parte del 9 por ciento que se atrevió a hacer uso de las instancias administrativas y laborales para poner fin a una situación que la mantuvo en vulnerabilidad.
Las razones para no proceder, revela la Endireh, son el miedo a las consecuencias, no saber en dónde o cómo denunciar, pensar que nadie les creerá o que serán culpadas por lo que les sucedió, sentir que era una pérdida de tiempo, tener vergüenza o no confiar en la respuesta de las autoridades.
Por estas ideas Eloisa aguantó las insinuaciones hasta que un día su acosador restregó sus genitales en su pierna. En junio de 2017 interpuso una queja en el área de Recursos Humanos de la empresa, donde le dijeron “¡ahh claro! Él se echó a todo Club. Sólo que eres la primera que lo denuncia en forma”.
Sin contar con un procedimiento de investigación para resolver estas denuncias, Recursos Humanos de inmediato informó al presunto acosador de la queja y acto seguido él la llamó a su oficina para “disculparse” por el “malentendido”.
“Me sentí peor y escalé la denuncia al Director Editorial y de RRHH. Según ellos investigaron, pero no tenían ningún protocolo”. En el mes que la empresa dijo investigar la queja, no entrevistó a Eloisa, tampoco a otras ex editoras que ofrecieron narrar las violencias que enfrentaron por el mismo hombre, la única medida que tomó el medio mientras llegaba a una resolución, fue que la comunicación entre jefe y empleada fuera vía correo electrónico.
Finalmente, el personal de Recursos Humanos concluyó que no había ocurrido el acoso. A ella le hicieron firmar a un requerimiento para que trabajara de forma regular con él (regresar a las juntas, a la comunicación directa) y mantener un “buen comportamiento”.
En un ambiente que Eloisa Farrera califica de “incómodo” y “estresante”, en el que tenía que cuidar cada acción para evitar su despido, comenzó a vivir acoso laboral. Arbitrariamente la empresa le cambió a su jefe, después le pidieron ir a trabajar a Monterrey donde él se encontraba y cuando se negó por no tener justificación laboral, después de una década de trabajo en el medio, fue despedida.
Con todo en contra, Eloisa decidió en marzo de 2018 hacer uso de su último recurso: presentó una demanda contra la empresa en la Junta de Conciliación y Arbitraje argumentando que en aquel lugar no se garantiza un espacio libre de violencia para las mujeres.
Aunque la demanda pudo quedar en acuerdo, la empresa rechazó los términos de conciliación que ella les solicitó: una disculpa, que la empresa garantizara su atención psicológica y que adoptaran la Norma Mexicana 025 sobre Igualdad Laboral y No Discriminación. Hoy el caso está en juicio y sin fecha de resolución.
El hostigamiento y acoso sexual como el que vivió Eloisa como muestran los otros testimonios es una vieja práctica en los centros laborales pero la comunicación masiva que permiten las redes sociales cambió la forma de denunciar.
La presión en la plataforma de Twitter fue más efectiva que la demanda laboral. Después de que Eloisa publicó su narración con la etiqueta #MeTooPeriodistasMexicanos, irónicamente, señaló, provocó lo que ella no consiguió tras dos años de tocar puertas en las áreas institucionales y legales: Reforma despidió a su agresor.

LA FACILIDAD PARA JUSTIFICAR LA VIOLENCIA

En México, el despliegue de las denuncias confidenciales por medio de Twitter, conocido como #MeTooMx, tomó vuelo este año cuando el 21 de marzo usuarias de esta red social rompieron el silencio y decidieron señalar a un escritor de renombre que presentaría un libro y que acosó sexualmente a varias mujeres: Herson Barona.
En tres días el ejercicio se transformó en un movimiento de denuncia pública que alzó el vuelo el 23 de marzo.
Originalmente el movimiento #MeToo comenzó en 2006 en la red social MySpace por la activista norteamericana Tarana Burke, quien ayudaba a niñas y mujeres afrodescendientes sobrevivientes de violencia sexual. Lo que inició como un trabajo local pronto volvió viral la frase “A mí también” (Me Too en español) que identificó a miles de mujeres que han experimentado violencia sexual y abrió un debate global al respecto.
En octubre de 2017 la oleada de denuncias resurgió cuando “The New York Times” publicó una investigación con testimonios de actrices que fueron acosadas por el productor de Hollywood, Harvey Weinstein.
Dos años después de las denuncias que sacudieron la industria cinematográfica de Estados Unidos, en marzo pasado, en México se retomó la etiqueta #MeTooEscritoresMexicanos que desató otras similares para poner luz sobre la violencia recurrente en todos los círculos laborales: redacciones periodísticas, centros de estudios, oficinas de la administración pública y organizaciones civiles.
Los relatos del #MeTooMx son pruebas de que las instituciones han fallado en garantizar justicia a las víctimas, concuerdan académicas y defensoras de Derechos Humanos, quienes el 4 de abril publicaron un pronunciamiento donde dijeron que las respuestas agresivas contra las denuncias mostraban que la violencia contra las mujeres está profundamente normalizada.
La confidencialidad de las denuncias de acoso y hostigamiento vertidas en Twitter dividió a la opinión pública. Los señalados, en su mayoría hombres, argumentaron que la denuncia “desde el anonimato” carece de fundamentos y que las personas lo hacen por venganza personal.
Las estrategias de defensa de los acusados son similares: “Aquí es mi palabra contra la de ella”, “quienes me conocen saben que no soy violento”, “a lo largo de mi vida, me he desempeñado siempre con ética personal”, “no debemos satanizar ni hacer una cacería de brujas”, “que la persona aporte las pruebas que sustenten la acusación y proceda de manera legal”.
Las víctimas no sólo deben aguantar las desestimaciones de sus denuncias, el hostigamiento y acoso sexual impacta negativamente en sus relaciones laborales en su lugar de trabajo, el compromiso en su empleo, su productividad y su salud.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2018 que la violencia y el acoso puede impedir que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, especialmente en los sectores y trabajos dominados por los hombres, y permanezcan en los mismos.
De esta conferencia se derivó el informe “Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo” donde la OIT sustenta que el acoso psicológico y sexual pueden producir en las trabajadoras ansiedad, depresión, cefaleas y trastornos del sueño que afectan directo en su desempeño laboral.
Eloisa Farrera, por ejemplo, describió a Cimacnoticias tener varios de estos padecimientos después del acoso sexual y el asedio que el periódico emprendió en su contra, pero considera que el costo más grande fue a su carrera como periodista. Cuando decidió demandar al medio tuvo que renunciar a un empleo estable para dedicarle tiempo al proceso, el cual aún no tiene fecha para concluir.
Ahora Eloisa es freelance, no tiene un ingreso fijo y lamenta que su nombre sea referencia por la violencia que vivió y no por su labor periodística. Aunque también reconoce que su caso puede aportar a la erradicación de esta violencia y motivar a que otras mujeres rompan el silencio.
El acoso y hostigamiento sexual también tiene costos para el rendimiento de las empresas. La OIT refiere en el informe que puede generar baja productividad y dañar la reputación, imagen y la competitividad de las empresas. Gastos por subsidios de enfermedad, costos de los litigios y pagos de indemnizaciones. Rotar al personal por casos de acoso también supone gastos en la capacitación de las personas que ocupan lo lugares.
La OIT tuvo que discutir este problema el año pasado en la Conferencia Internacional por la efervescencia del movimiento #MeToo, se espera que en junio de 2019 apruebe un instrumento para abordar los casos de acoso contra mujeres y hombres en el ámbito laboral, ya que, hasta ahora, aunque diversos convenios de la OIT se refieren a las violencias en el trabajo, no es tema central en ninguno.

DESPUÉS DEL #METOO

La abogada María Alejandra Sánchez Guzmán, una de las representantes de Eloisa Farrera, afirmó en entrevista con esta agencia que obtener una resolución favorable dejaría un precedente sobre las medidas que deben implementar los centros laborales para garantizar espacios libres de violencia y seguros a sus trabajadoras.
La antropóloga de profesión agrega que el MeToo también debe generar cambios en las estructuras y las formas que están funcionando los centros laborales. Sánchez Guzmán refiere que la falta de paridad, de mujeres en cargos directivos, la brecha salarial, la falta de medidas de prevención, de reglamentos internos y de protocolos genera condiciones para perpetuar y normalizar la violencia sexual en los centros de trabajo.
“Estamos hablando de contextos para cambiar, más a largo plazo, las situaciones de acoso y hostigamiento sexual pasan porque hay un espacio permisivo en donde se ha normalizado la violencia, por eso a las víctimas les cuesta tanto reconocer que están siendo víctimas de violencia y tomar ciertas medidas”, puntualizó la doctora.
La abogada recomendó a quienes busquen denunciar un hecho de este tipo reconocer que están viviendo violencia, tratar de ubicar desde cuándo ocurre y si la empresa cuenta con protocolos o códigos de ética. En cada caso la víctima podrá determinar si denuncia por la vía penal, administrativa o laboral.
Es importante, agregó, acompañarse de una red de personas porque se trata de sumergirse en procesos de presión y en ambientes hostiles. Una acusación por hostigamiento o acoso sexual puede sumar violencia laboralmente o incluso agresiones fuera de las instalaciones del trabajo contra las mujeres que alzan la voz. De ahí, explicó, que solicitar la confidencialidad sea una medida fundamental de seguridad.
En tanto en las redes sociales continúan las denuncias de acoso y hostigamiento sexual. Algunas sindicalistas, organizaciones civiles, feministas y denunciantes se han organizado y en un pliego de peticiones exhortan a diversas instancias del Estado a dar cauce a las denuncias vertidas en el #MeToo, en cumplimiento de su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El 11 de marzo, un grupo llamó a diversas instituciones, entre ellas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus homólogas en las entidades federativas, las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, los tribunales laborales federales y la Secretaría de la Función Pública, a informar sobre las acciones que van a realizar respecto del hostigamiento y acoso sexual.
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-


4/20/2019

Diputada propone que MP pueda indagar denuncias de MeToo


Presenta reforma legislativa
   

Ante la falta de respuesta institucional a los testimonios de acoso y hostigamiento sexual que desde marzo se han publicado en redes sociales como parte del movimiento MeToo, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Adriana Gabriela Medina Ortiz, propuso una reforma legislativa para atender estas denuncias.
En opinión de la diputada, es necesario que las instituciones ministeriales investiguen los posibles delitos que se han publicado en el ciberespacio y que el Ministerio Público esté obligado a revisar si entre los testimonios que circulan en Internet hay evidencia para fortalecer investigaciones que ya realizan por denuncias presentadas por medios formales.

El pasado 9 de abril la legisladora presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el artículo 259 Bis del Código Penal Federal y el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas en materia de judicialización de denuncias en el ciberespacio sobre acoso sexual y delitos sexuales.

La propuesta, explicó en su iniciativa, es que las autoridades puedan integrar los señalamientos relacionados con violencia sexual contra las mujeres y menores de edad que circulan en el ciberespacio, exclusivamente cuando los testimonios especifiquen textualmente el hecho, el probable acusado y la persona que acusa. Sólo a partir de ello, serán integrados a una investigación.

La diputada Medina Ortiz explicó que actualmente el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales estable la obligación del Ministerio Público de “recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables sobre hechos que puedan constituir algún delito”.

En este sentido, señaló que tanto la policía y el Ministerio Público están facultados para determinar si los hechos de los que tienen noticia o información pueden constituirse o derivarse en delitos y destacó que como autoridad investigadora también pueden deslindar responsabilidades.

En este caso, dijo, es importante recordar que las denuncias anónimas por cualquier medio deben ser verificadas, como lo establece el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, norma que dice que una vez que se constata la veracidad de los datos aportados se iniciará la investigación correspondiente.

Sin embargo, la diputada de MC consideró que es necesario adecuar la legislación actual para dar respuesta a las denuncias que se hacen a través de Internet, estableciendo una nueva etapa de coordinación y protocolos de investigación y con el objeto de fomentar la denuncia en cualquiera de sus modalidades. La finalidad, dijo, también es disminuir los niveles de inseguridad que viven millones de mujeres.

Por otra parte, consideró que se debe contemplar el tema de la proporcionalidad para que en el momento de que una persona acusada sea absuelta, como producto de las investigaciones ministeriales, pueda tener elementos para articular jurídicamente una respuesta a la difamación de la que haya sido objeto en el ciberespacio.

La iniciativa pretende generar condiciones para que la información que se genera en el ciberespacio, que se puede consultar libremente y que contiene explícita, textual y claramente un señalamiento de abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, incluyendo nombres de la presunta víctima y perpetrador, deba ser integrada en las denuncias que ya investiga el Ministerio Público federal.

La reforma también busca establecer la responsabilidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, de indagar de oficio los señalamientos directos, específicos y textuales que se hagan en el ciberespacio en temas relacionados con acoso sexual a menores de edad, pornografía infantil, el acoso y hostigamiento sexual.

Asimismo, se propone establecer la obligación del Ministerio Público federal para verificar de oficio los vínculos posibles entre personas que tengan denuncias ministeriales sobre acoso u hostigamiento y los señalamientos textuales, específicos y explícitos que se realicen en el ciberespacio.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.

4/15/2019

Omisión y complicidad ante denuncias por acoso sexual


Emplazan a autoridades a dar respuesta al 6 de mayo
   

Tras reconocer que las denuncias presentadas por mujeres de forma confidencial en los diversos hashtags de #MeToo son legítimas, académicas, integrantes de organizaciones civiles y defensoras de los derechos de las mujeres, coincidieron en que esta violencia puede ser denunciada por tres vías; penal, laboral y administrativa.
Al participar la tarde de ayer en el Foro MeTooMx, realizado ayer en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), abogadas especializadas en perspectiva de género y académicas, señalaron que el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral es una práctica vieja, pero el movimiento MeToo, a través de las redes sociales, es una nueva herramienta en manos de las víctimas para denunciar y lograr un cambio.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, las panelistas entre quienes se encontraban la abogada feminista y experta en violencia de género, Patricia Olamendi; la académica Aimée Vega Montiel; la abogada feminista que litigó el caso Campo Algodonero, Andrea Medina Rosas; y la exlegisladora y una de las impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Angélica de la Peña, coincidieron que es necesario que diversas instancias respondan y definan qué harán con la violencia denunciada.
Por ello, emplazaron a las autoridades a informar, a más tardar el próximo 6 de mayo “sobre las acciones que van a realizar en cumplimiento de sus obligaciones ante la violencia de género contra las mujeres, en particular respecto del hostigamiento y acoso sexual”.
Las cifras que presentaron la académica Aimée Vega Montiel, la artista Lorena Wolffer, y la periodista Eloisa Farrera, revelaron que existen los mismos patrones en la violencia de género no importa si es el ámbito laboral, escolar, el arte, la cultura o el periodismo.
Por ejemplo, se mostró que en casi todas estas áreas la mitad de las denuncias era sobre acoso sexual. En MeTooAcademicos, da cuenta que de aproximadamente 350 denuncias 49.5 por ciento fue de acoso sexual, 13.4 por ciento, violencia verbal, seguido por hostigamiento con 5.8 por ciento de los casos. 2.2 por ciento de las denuncias relataron casos de encubrimiento.
También en las otras áreas laborales, las víctimas coincidieron que de las pocas que reportaron su caso ante recursos humanos, o un directivo, éstos las ignoraron, minimizaron o normalizaron su experiencia, la revictimizaron, o pidieron no reportar el caso ante el Ministerio Público. La cuenta MeTooPeriodistasMexicanos reveló que de 28 casos que fueron presentados ante esas instancias, no resultó ninguna acción. 8 denuncias fueron interpuestas ante fiscalías, algunas de ellas siguen pendientes.
Otro resultado que destacó en el análisis de los diferentes hashtags, fue que muchos agresores recibieron más de un señalamiento, sin embargo continuaron con su carrera durante años e incluso en diferentes instituciones. Por ejemplo, en MeTooAcadémicos hay más de 18 agresores con más de una denuncia. Un profesor y director con ocho denuncias en su contra en cuatro universidades distintas: el Tec de Monterrey, Claustro de Sor Juana, UAQ e ITAM.
De la misma manera, destacan los lugares de trabajo donde- al aparecer- hubo un ámbito propicio al acoso sexual, o donde éste fue tolerado. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM reúne 40 denuncias en MeTooAcadémicos, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 19 y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán 17.
El periódico La Jornada suma 15 denuncias; el grupo Imagen y Milenio 10, mientras que las agencias publicitarias con más denuncias fueron Ganem y Metrics, con 12 cada una, y Agencias Anónimo, con 11.
Todos estos datos, según las organizadoras del foro, muestran la amplitud del problema, pero también el por qué las mujeres afectadas en la mayoría de los casos no han buscado las vías institucionales para resolver el problema y una de las razones es el desconocimiento del marco normativo, señaló la abogada Andrea Medina Rosas.
Es posible hacer una denuncia ante las fiscalías o el Ministerio Público, lo que sería el ámbito penal, o buscar una solución en el ámbito laboral vía la misma empresa y las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Al respecto Patricia Olamendi enfatizó que un dato preocupante es la alta tasa de impunidad y falta de perspectiva de género al momento de juzgar. Por eso, dijo, “me preocupa mucho cuando alguien dice ‘hay que denunciar’”.
Olamendi Torres, Angélica de la Peña, Andrea Medina Rosas y Angélica González, explicaron cómo a través de décadas de trabajo de feministas dentro y fuera de los parlamentos, se crearon diversas leyes que hasta ahora no se ven bien implementadas en la realidad, pero que forman el marco normativo para llevar el movimiento MeToo más allá de la denuncia.
Los testimonios que surgieron a finales de marzo sirven para detectar patrones y encontrar otras víctimas de un mismo agresor, lo que sería útil al llevar una denuncia ante la corte, dijo Medina. Reiteró que las leyes mexicanas respaldan a las mujeres.
“La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia plantea la confidencialidad de la denuncia. La ley respalda y reconoce que denunciar es un riesgo”, dijo ante las múltiples críticas de los acusados del movimiento MeToo de revelar la identidad de las denunciantes.
Recordó que desde los procesos de los casos “Campo Algodonero” e Inés y Valentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los protocolos para juzgar con perspectiva de género se tradujeron en jurisprudencia para todas las materias, sea penal, civil, administrativa o laboral.
“La mayoría de las personas que nos están reclamando estas denuncias, no se han enterado que ya cambió la ley”, dijo la abogada, “de lo que antes pensaban era un piropo, nos agrede. Y es un delito.” En opinión de las organizadoras del foro, las leyes mexicanas proporcionan las herramientas para que las autoridades públicas, como organismos de Derechos Humanos, fiscalías, Inmujeres y otras, actúen.
Queda esperar si las instancias llamadas en la declaratoria final, entre las que se encuentran la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Instituto Nacional de las Mujeres y sus homólogos estatales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría del Trabajo y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, entre otras, tienen una respuesta sobre las acciones que tomarán sobre este tema.

CIMACFoto: Sonia Gerth
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.

4/13/2019

Machismo y #MeToo



Es machismo lo que hay atrás del #MeToo. Es el desprecio a lo femenino, un rasgo arcaico arraigado en nuestras culturas; no es un rasgo mexicano, no es de carácter nacional, es un flagelo con el que crecemos mujeres y hombres de todo el planeta, que tiene diversas expresiones regionales y de clase.
Muchísimas mujeres quisiéramos que desaparezca ese rasgo cultural que es causa de múltiples formas de sufrimiento y angustia; hay también hombres que comparten con nosotras la pretensión de erradicar el machismo. Y no hay duda, el peor rostro del machismo son las formas de violencia contra las mujeres. El silencio al respecto es otro rasgo cultural: crecimos con la idea de que eso se calla, eso no se dice, de eso no se habla.
Para romper el silencio, las jóvenes mexicanas hoy recurren a las redes sociales ( #MeToo) para denunciar las violencias sexuales que viven en los ámbitos laborales, escolares, artísticos y culturales. Por la enorme potencia de estos medios, el eco se multiplicó exponencialmente y mostró que la violencia machista ocurre en todas partes, incluyendo entornos universitarios y creativos, con dimensiones mayores de las que suponíamos. Porque los medios virtuales permiten expresar experiencias puntuales de abuso de poder y agresiones sexuales contra las mujeres sin tener que vulnerar la confidencialidad ni la identidad de quien las sufre. Las jóvenes han decidido hablar en las redes ante la omisión de las autoridades para escucharlas y atenderlas.
Hoy tengo una posición de autoridad, y como parte del gobierno de esta ciudad comparto la responsabilidad de escuchar y de atender a las mujeres que viven cualquier forma de violencia. Como titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y en conjunto con la Procuraduría General de Justicia, hemos manifestado el compromiso de contribuir a prevenir, atender e investigar las violencias de género contra las mujeres y niñas que ocurren tanto en el ámbito privado como público de esta ciudad. Nos hemos pronunciado para reconocer que esta violencia es sistemática, que se encuentra naturalizada, que se manifiesta de diversas formas y limita el pleno ejercicio de sus derechos.
En los espacios laborales y escolares se están denunciado casos de violencia cometidos por personas conocidas o de confianza y en ausencia de testigos, que obligan a investigar los hechos sin poner en duda su credibilidad, aplicando las reglas de valoración que fueron sostenidas por la CIDH, al resolver los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, según los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia, cuando se considera la naturaleza traumática de los actos y la declaración de la víctima como una prueba fundamental.
Para proteger de manera efectiva y garantizar los derechos de las mujeres estamos trabajando con toda energía. En la Secretaría de las Mujeres se están fortaleciendo las Unidades Territoriales o Lunas en las 16 alcaldías, en las cuales se ofrece orientación, atención sicológica y jurídica; este mes se están instalando módulos de abogadas de las mujeres, quienes les ofrecen escucha, orientación y acompañamiento en la denuncia en las 78 agencias de los ministerios públicos de la ciudad. Por su parte, la Procuraduría de Justicia está mejorarando las áreas especializadas que brindan atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, entre las que se encuentran los Centros de Justicia para las Mujeres; los Centros de Atención a Víctimas; la Fiscalía para la atención de delitos sexuales; la Fiscalía de trata de personas; así como el Refugio Especializado para Niños y Niñas Víctimas del Delito de Trata de Personas. Se organizaron grupos de supervisión y análisis para la adecuada investigación del delito de feminicidio, además de capacitación, creación e implementación del Programa Integral de Atención, Investigación y Combate a la Impunidad del Delito de Feminicidio.
El grado de la violencia marca como prioridad escuchar a las mujeres que viven situaciones de violencia, ofrecer una atención integral de calidad y mejorar el acceso a la justicia. Es momento de revisar las estrategias a la luz de las nuevas narrativas, así como de incidir sobre las causas estructurales y culturales que nos permitan reducir o erradicar la violencia, al menos en el mediano plazo.
Me hice antropóloga cuando entendí que la sexualidad y el género eran una construcción cultural. Los dispositivos teóricos y técnicos ayudan a comprender la complejidad que rodea a estos temas, la tendencia que tienen las creencias para perpetuarse, así como la fuerza de la historia para cambiar en lo concreto lo que es mucho más difícil de transformar: las ideas y las creencias. Para el cambio cultural estamos trabajando territorialmente con las mujeres y también con hombres jóvenes para que nos ayuden a fortalecer la solidaridad, tanto en instituciones laborales y educativas, y a recuperar el espacio público en colonias y vecindarios, porque es con la gente con quien debemos construir una vida sexual feliz y terminar con el machismo.
* Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México