Presenta reforma legislativa
Ante
la falta de respuesta institucional a los testimonios de acoso y
hostigamiento sexual que desde marzo se han publicado en redes sociales
como parte del movimiento MeToo, la diputada federal de Movimiento
Ciudadano (MC), Adriana Gabriela Medina Ortiz, propuso una reforma
legislativa para atender estas denuncias.
En opinión de la diputada, es necesario que las instituciones
ministeriales investiguen los posibles delitos que se han publicado en
el ciberespacio y que el Ministerio Público esté obligado a revisar si
entre los testimonios que circulan en Internet hay evidencia para
fortalecer investigaciones que ya realizan por denuncias presentadas por
medios formales.
El pasado 9 de abril la legisladora presentó una iniciativa en la
Cámara de Diputados para reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General de la República, el artículo 259 Bis del Código
Penal Federal y el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, todas en materia de judicialización de denuncias en el
ciberespacio sobre acoso sexual y delitos sexuales.
La propuesta, explicó en su iniciativa, es que las autoridades puedan
integrar los señalamientos relacionados con violencia sexual contra las
mujeres y menores de edad que circulan en el ciberespacio,
exclusivamente cuando los testimonios especifiquen textualmente el
hecho, el probable acusado y la persona que acusa. Sólo a partir de
ello, serán integrados a una investigación.
La diputada Medina Ortiz explicó que actualmente el artículo 131 del
Código Nacional de Procedimientos Penales estable la obligación del
Ministerio Público de “recibir las denuncias o querellas que le
presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales,
incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones
legales aplicables sobre hechos que puedan constituir algún delito”.
En este sentido, señaló que tanto la policía y el Ministerio Público
están facultados para determinar si los hechos de los que tienen noticia
o información pueden constituirse o derivarse en delitos y destacó que
como autoridad investigadora también pueden deslindar responsabilidades.
En este caso, dijo, es importante recordar que las denuncias anónimas
por cualquier medio deben ser verificadas, como lo establece el
artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, norma que
dice que una vez que se constata la veracidad de los datos aportados se
iniciará la investigación correspondiente.
Sin embargo, la diputada de MC consideró que es necesario adecuar la
legislación actual para dar respuesta a las denuncias que se hacen a
través de Internet, estableciendo una nueva etapa de coordinación y
protocolos de investigación y con el objeto de fomentar la denuncia en
cualquiera de sus modalidades. La finalidad, dijo, también es disminuir
los niveles de inseguridad que viven millones de mujeres.
Por otra parte, consideró que se debe contemplar el tema de la
proporcionalidad para que en el momento de que una persona acusada sea
absuelta, como producto de las investigaciones ministeriales, pueda
tener elementos para articular jurídicamente una respuesta a la
difamación de la que haya sido objeto en el ciberespacio.
La iniciativa pretende generar condiciones para que la información
que se genera en el ciberespacio, que se puede consultar libremente y
que contiene explícita, textual y claramente un señalamiento de abuso
sexual, acoso u hostigamiento sexual, incluyendo nombres de la presunta
víctima y perpetrador, deba ser integrada en las denuncias que ya
investiga el Ministerio Público federal.
La reforma también busca establecer la responsabilidad de la Fiscalía
Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de
la República, de indagar de oficio los señalamientos directos,
específicos y textuales que se hagan en el ciberespacio en temas
relacionados con acoso sexual a menores de edad, pornografía infantil,
el acoso y hostigamiento sexual.
Asimismo, se propone establecer la obligación del Ministerio Público
federal para verificar de oficio los vínculos posibles entre personas
que tengan denuncias ministeriales sobre acoso u hostigamiento y los
señalamientos textuales, específicos y explícitos que se realicen en el
ciberespacio.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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