Investigarán obstáculos por los que víctimas de violación no acceden a aborto
La
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim) aceptó la petición de Alerta de Violencia de Género
(AVG) por Agravio Comparado en Guerrero
y conformó un Grupo de Trabajo que investigará los obstáculos que
enfrentan las mujeres y niñas que desean interrumpir un embarazo
producto de una violación sexual.
El pasado 8 de marzo las organizaciones “Observatorio Ciudadano de
Violencia en el estado de Guerrero” y “Justicia, Derechos Humanos y
Género”, presentaron una petición de AVG por Agravio Comparado, es
decir, por existir en el estado un ordenamiento jurídico que transgrede
los Derechos Humanos de las mujeres.
El agravio que denunciaron es que el artículo 159 del Código Penal de
Guerrero, relativo a las excluyentes de responsabilidad en caso de
aborto, establece que cuando el embarazo es resultado de una violación
el Ministerio Público debe comprobar los hechos para autorizar su
práctica.
Esta regulación, señalan las peticionarias del mecanismo, contraviene
la Norma Oficial Mexicana 46 (NOM 046) sobre violencia familiar, sexual
y contra las mujeres y la Ley General de Víctimas, las cuales excluyen
el requisito de una denuncia para que las víctimas de violación sexual
accedan al aborto.
La falta de armonización de la normativa estatal genera confusión y
hace inaccesibles el servicio de aborto para las guerrerenses que los
necesitan, indica la petición de AVG.
La Conavim aceptó la solicitud de las organizaciones y conformó un
grupo de expertas provenientes de la academia para darle seguimiento.
Según la información que publicó la Comisión en su sitio web oficial, lo
conforman de la Universidad Anáhuac Puebla, Flor Aydeé Rodríguez; por
la Universidad Autónoma Metropolitana, Sandra Muñoz Miranda; del Centro
de Estudios Superiores de Guerrero, Alejandra Ventura Reyes; y Josabeth
Barragán Torres representante del Centro Universitario del Pacífico Sur.
Este Grupo de Trabajo una vez conformado tiene un mes para investigar
y generar un informe sobre la situación que denunciaron las
organizaciones civiles, que incluya recomendaciones al gobierno para
cambiarlo.
Al respecto las peticionarias de la Alerta hicieron cinco demandas en
la solicitud al gobierno: que el congreso de Guerrero modifique el
artículo 159 del Código Penal local para eliminar los obstáculos que
impiden a las víctimas de violación recibir el servicio de aborto; al
sistema de salud pública estatal que aplique la NOM 046 sin exigir el
requisito de denuncia; también que registren los abortos que practican y
tipo de causal; que las instancias de salud tengan personal no objetor
de conciencia; y al poder Ejecutivo del estado le demanda la creación de
Programa de interrupción legal del embarazo.
De acuerdo con datos oficiales reportados en el informe de AVG por
violencia feminicida en Guerrero, de 2009 a 2016 ocurrieron 2 mil 717
casos de violación sexual. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de
Guerrero informó que en el mismo periodo conoció mil 120 casos de
violación sexual.
A pesar de estos datos el informe “Violencia sin interrupción” del
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reporta que de enero
de 2009 a junio de 2016 la Secretaría de Salud de Guerrero practicó
únicamente 5 abortos por violación sexual.
De ser declarada la AVG por Agravio Comparado en Guerrero, la entidad
sumaría dos Alertas pues tienen decretada desde junio de 2017 una por
los casos de feminicidio en ocho de sus municipios.
La AVG por Agravio Comparado es un mecanismo que además de Guerrero
sólo se ha solicitado en Veracruz, donde finalmente procedió a
declararse y obligó al congreso local a despenalizar el aborto hasta las
12 semanas de gestación. Sin embargo, las y los legisladores veracruzanos se han negado y llevaron el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde permanece pendiente de discusión.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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