La Jornada
El secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, anunció ayer que el gobierno federal impulsará los
cambios legales necesarios para que parte de los recursos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) puedan destinarse a
aliviar la carga financiera que Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá
afrontar este año debido a vencimientos de deuda.
Esta nueva inyección de capital, por 100 mil millones de pesos, se
suma a otros planes de apoyo a la empresa productiva del Estado
implementados por la actual administración, entre los que se incluyen
una reducción de su carga tributaria, una histórica capitalización
contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y un
incremento sustancial en la deducibilidad de sus costos, la cual pasará
de 12.5 a 65 por ciento.
La decisión con que el gobierno actual ha encarado el salvamento de
la que todavía es la empresa más importante del país, contrasta con la
política de sus antecesores, que en el mejor de los casos puede
calificarse como indolente, e incluso como de deliberado
desmantelamiento. No se trata de una exageración: entre 2004 y este año,
la producción de la otrora paraestatal se desplomó de 3.4 a sólo 1.7
millones de barriles diarios; la capacidad de refinación cayó de manera
tan estrepitosa que el porcentaje de las gasolinas importadas pasó de
17.8 por ciento en la década de 1990 a 78.5 por ciento a finales de 2018
–hasta 99 por ciento en el caso del combustible denominado Premium–, y
apenas entre 2014 y 2015 la nómina de la empresa sufrió un recorte de
9.5 por ciento, al pasar de 153 mil a 138 mil empleados.
El estado catastrófico en que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador recibió la petrolera se explica, en parte, por la caída en los
precios internacionales del hidrocarburo, pero el hecho de que otras
compañías del ramo hayan sorteado el trance en condiciones
incomparablemente mejores, obliga a centrar el grueso de la explicación
en las decisiones de los mandatarios recientes y de los funcionarios que
pusieron al frente de Pemex, empeñados en traspasar las riquezas
públicas al sector privado. Así lo indica, por ejemplo, el quebranto por
163 mil 172 millones 505 mil pesos sufrido en el primer semestre de
2018, pese a que desde inicios de 2016 los precios petroleros
experimentaban un alza sostenida.
Por el significado histórico de Petróleos Mexicanos, por su capacidad
para proveer recursos indispensables para detonar el desarrollo que la
nación requiere, por su importancia estratégica en la defensa y
fortalecimiento de la soberanía nacional y por su viabilidad de largo
plazo, cabe hacer votos porque el esfuerzo de rescate de la empresa
fructifique y se deje definitivamente atrás la aciaga práctica de
exprimirla sin ninguna consideración.
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